Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de marzo de 2014

La patronal de los detectives defiende la nueva ley de seguridad privada


Los profesionales del sector aseguran que mejora la eficacia, garantiza los derechos y evita el intrusismo

Las asociaciones profesionales de detectives privados reclaman que se le dé una oportunidad a la nueva ley de seguridad privada, aprobada en el Congreso a principios de marzo.

La ANADPE, patronal que representa a los despachos más importantes del país, asegura que la nueva norma “garantiza los derechos de los ciudadanos y profesionales de la investigación” además de asegurar “la eficacia en la prestación de los servicios” y evitar el intrusismo. Antonio Marín, presidente de ANADPE, ha desmentido que el texto “restrinja una profesión que de por sí ya está muy fiscalizada”. Además, la asociación ha subrayado “el clima de entendimiento y colaboración que ha existido durante la redacción de la ley”.

Colaboración conjunta La asociación está colaborando con el Gobierno en el despliegue del texto junto al Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Empresas de Detectives Privados (AEDP).  Bajo su punto de vista, la nueva legislación “actualiza una ley existente”, además de garantizar “la confidencialidad” de los clientes. Cabe recordar que el proyecto estrella del Ministerio del Interior abre la puerta a la cooperación entre cuerpos de policía y detectives privados a la hora de investigar determinados delitos.

La crisis llega también a la seguridad

La razón de esta artículo no es otra que la de mostrarle a los lectores no sólo las repercusiones que implicaría la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Privada tal cual lo ha formulado, hasta ahora, el Gobierno, sino, aún de forma más contundente, la de esclarecer cómo funciona el Ejecutivo cuando pretende controlar cualquier asunto que pueda suponerle desventajas futuras.

En su preámbulo, el proyecto de Ley de Seguridad Privada, remitido hace bien poco a las Cortes Generales para su posterior aprobación, da una definición del concepto de Seguridad que conmovería a cualquiera, explicando cómo "la seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos". Dicho esto, solicitan en un artículo de dicha ley, tanto a empresas de seguridad como a detectives privados "constituir un aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente?", lo que implica que ya no es suficiente con el seguro de responsabilidad civil, sino que habrá que constituir un aval o seguro de caución con la cantidad que estimen oportuna.

Sin embargo, a pesar de las apariencias, expongo brevemente que ninguna cantidad es oportuna, ya que si por ejemplo determinan que el aval tiene que superar la cantidad de 600.000 euros –como parece que, en efecto, se va a decidir– o aunque fuera una cantidad diez veces menor, ninguno de los más 2.500 detectives que hay en España, ni las pequeñas y medianas empresas de seguridad, ni los miles de estudiantes que luchan por salir al deprimente mercado laboral que se les ha dejado podrán ejercer su trabajo por no disponer de esa desmesurada cantidad.

Quedamos, entonces, al servicio de las grandes empresas que puedan sufragar ese gasto leonino. ¡Bienvenidos nuevamente al oligopolio, ciudadanos! Las consecuencias de esto nos atañen a todos los ciudadanos, puesto que si, en efecto, la seguridad es uno de los pilares fundamentales de la libertad, las medidas contenidas en el documento conllevan una reducción en el número de efectivos que podrán realizar su labor profesional en el sector, lo que supone menos seguridad, y controlada por unos pocos. Según mi parecer, o no han entendido el concepto de seguridad antes expuesto o, si lo han entendido, están mostrando una doble faz impropia en cualquier gobernante. El tamaño de su hipocresía se verá, inevitablemente, reflejado en la inmensa muralla impuesta bajo la forma de un aval o seguro de caución.

30 de marzo de 2014

Aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados de la Ley de Seguridad Privada


YA HA LLEGADO: El presidente del Círculo Empresarial Leonés pretender que se pague por trabajar

ESTA "JOYITA" DICE QUE ¿POR QUÉ LOS EMPLEADOS NO INDEMNIZAN A LA EMPRESA POR DARLES TRABAJO?

José Ángel Crego, presidente del Círculo Empresarial Leonés, no ve lógicas las indemnizaciones por despido y asegura que el empresario debe tener facilidad para contratar y despedir. "El drama humano es duro, pero la realidad manda y es mucho más dura", afirma. 

Que los empresarios exijan una despido más barato y fácil y menos cotizaciones sociales no es nuevo, pero la idea del presidente del Círculo Empresarial Leonés, José Ángel Crego, va mucho más allá: "¿Por qué el trabajador no le paga 45 días por cada año que la empresa le ha estado pagando un sueldo y le ha dado trabajo?", preguntó el empresarios en una tertulia organizada por el Diario de León yLa 8 de Televisión Castilla y León en la que dejó muy clara su postura sobre las indemnizaciones por despido.

En opinión de Crego, "contratar y despedir debe ser natural" Aunque es consciente de que los trabajadores son "personas con nombre y apellidos", la viabilidad de la empresa es más importante para él y para el país en su conjunto, por eso -dice- "el empresario tiene que tenerlo fácil para contratar y despedir. El drama humano es duro, pero la realidad manda y es mucho más dura". 

El presidente de la patronal leonesa no escatima en peticiones: "Hay que tomar medidas. ¿Cuáles? Todas". Sabedor de que su discurso "puede sonar muy liberal", no tiene escrúpulos en olvidarse de la mano de obra, la fuerza de trabajo que el asalariado presta a una empresa a cambio de su salario, y afirma que "una persona que ha dejado diez años en una empresa, cuando se va tiene una indemnización", pero contrapone que "una empresa que da diez años de trabajo a una persona ¿por qué además tiene que pagar?.No podemos dar por válidos los axiomas de toda la vida. ¿Por qué el trabajador no le paga a la empresa 45 días por cada año que ha trabajado por haberle dado trabajo?". 

"Hay que ser imaginativos", dijo en la tertulia Y, efectivamente, imaginación no le falta, porque a diferencia de sus colegas del gremio, él no pide abaratar el despido: "No digo que haya que abaratar despidos ni bajar salarios. Una buena opción sería meter la parte proporcional de la indemnización en el sueldo, para no tener que pagar en el despido", propone Crego. El visionario líder de los empresarios leoneses también se ha dado cuenta de que el empleo indefinido ya no se lleva al asegurar que "lo de entrar en una empresa y morirse en ella, ya no existe".

Durante su intervención, Crego hizo un repaso por todo el panorama laboral de España y de León, empezando por las cuencas mineras, de las que asegura que "esas zonas están muy castigadas porque no se han hecho las cosas bien". Cuando dice cosas, Grego se refiere a las subvenciones a la minería: "¿Dónde está el retorno de esa inversión de 700 millones?", se pregunta para detallar que "un grupo empresarial compraría el mundo con ese dinero. Cuando el dinero no es de nadie, del uso que se hace con ello se pone el pelo de punta".

También quiso incidir en la "movilidad geográfica" Eso que los jóvenes formados en universidades públicas estatales que están en paro practican cuando se va a Alemania a buscar empleo, llamado"exilio económico" por varios colectivos juveniles. Pero para Crego, el hecho de que los jóvenes se tengan que ir fuera para encontrar no es tan dramático como se pinta: "Hay que desdramatizar y ser más natural. Los chavales tienen que formarse pero la movilidad geográfica tiene que ser más natural. Muchos nos hemos tenido que ir de España y eso tiene que ser menos dramático. Hay que formarse bien en lo que a uno guste, en León o en Huelva, y a partir de ahí hay que buscarse la vida en tu pueblo o fuera del entorno", dice.

El presidente de los empresarios también ha hecho autocrítica en lo relacionado con los fondos públicos para la formación, algo de lo que no es "partidario" y le "chirría" Él prefiere "buscarse los fondos y la vida" de otra forma. Para ello,apuesta por seguir con la senda de reformas y recortes del Gobiernoque, a su juicio, han devuelto a España una imagen menos desastrosa. Pero advierte: "Las reformas nos han hecho más competitivos,pero una parte de los fondos que llegan son para comprarnos a precio de chiste". En su opinión, la única salida de la crisis llegará si "se apuesta más por el empresariado que por otra vía, porque de fuera no va a venir Mister Marshall". (FUENTE: ser vigilante AQUÍ)

¡ EL UNICO ALIVIO ES QUE AL MENOS ESTE TIPO NO DIRIGE NINGUNA EMPRESA DE SEGURIDAD !

JAÉN: El Comité de empresa de Prosegur denuncia a la empresa en la Inspección de Trabajo

Los trabajadores aseguran que no reciben la información que les solicitan a la dirección impidiendo cumplir adecuadamente con la función del comité, según marca la legislación.

El presidente del comité de empresa de Prosegur, Antonio Serrano, indica que "los trabajadores están hartos de solicitar información a la empresa sin que ni siquiera se dignen a contestar". Insiste en que ” nos informan de lo que les interesa y cuando les interesa” manifiesta Serrano, están vulnerando el derecho de los trabajadores y el de sus representantes, al no facilitar la información requerida, que es obligatorio que nos la entreguen según la legislación”. 

Desde el Comité de empresa aseguran que "con esta actitud dejan a los trabajadores y sus representantes en total indefensión", impidiendo que el comité de empresa pueda realizar con eficacia su labor de defensa de derechos de los trabajadores, por lo que no les ha quedado más remedio que acudir a la Inspección de trabajo para denunciar tal situación. Según Serrano, la plantilla “esperamos que la denuncia entregada ante la Inspección de Trabajo, sirva para subsanar este atropello a los derechos fundamentales de los trabajadores de Prosegur”,ya que parece que los miembros del comité de empresa, pertenecientes CCOO, y que ostentan la Presidencia del mismo, no son del agrado de la empresa.

Guardia Civil: 170 años al servicio de España


29 de marzo de 2014

Circular Informativa del nuevo Delegado de Personal de SPV en Grupo Control Sevilla


El pésimo Convenio de Empresa de Grupo Control Sevilla

El colectivo de los trabajadores de la seguridad privada nos encontramos en unas circunstancias complicadas fruto de las condiciones laborales pactadas en convenio colectivo entre patronal y la parte social que dice representarnos. Estas condiciones se agravan aún más en algunas empresas como es el caso de Grupo control. En Sevilla la anterior representación sindical (CC.OO) les firmo a a la empresa unas clausulas a nivel local, recogidas en el convenio de empresa con vigor hasta finales de 2014. Un pésimo acuerdo que han colocado a la plantilla de Grupo Control Sevilla en una situación de desventaja no ya en referencia a otras empresas del sector, sino a las condiciones que se disfrutan en otras delegaciones de nuestra misma empresa. A grandes rasgos, el convenio de empresa de Grupo Control firmado para la provincia de Sevilla de aplicación desde el 01/09/2013 hasta el 31/12/2014 recoge entre otras medidas:

- PAGA DE BENEFICIOS: Se elimina la paga de beneficios y, crean una paga de producción que está supeditada a una serie de condicionantes (beneficios de su servicios) y además condicionadas con el cuadro de sanciones El Vigilante novel o de nueva creación no tendrá derecho a cobrar.

- VIGILANTE NOVEL: Se una nueva categoría, Vigilante novel o de nueva incorporación, a los que les pagan 700€ de salario base, sin pluses.. A los de nueva habilitación la duración en esta categoría es de 1 año y a los que ya han trabajado la duración de este salario es de 9 meses. Se les reduce el plus de transporte a 75,50€ en el 2013 y a 75.50 en el 2014 y el plus de vestuario es de 31€ durante los años 2013 y 2014.

- VACACIONES: 30 días de vacaciones al año en detrimento de los 31 contemplados en el convenio sectorial estatal.

- COMPUTO MENSUAL: Pasa de las 162 horas establecidas en el convenio sectorial estatal a las 166 horas.

Todas estas medidas, contenidas en el Convenio de Empresa de Grupo Control Sevilla,  y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla en enero de 2014, fueron refrendadas por el anterior representante de los trabajadores (CC.OO) y que las últimas elecciones se presentó bajo las siglas de ATES, sin llegar a salir electo.

CAMBIO HORARIO: ¡OJO en los relevos! en la madrugada del Sábado al Domingo los relojes se adelantarán una hora

TOLEDO: La Guardia Civil incluirá a los guardas particulares de campo en sus dispositivos

( Publicado por "Ser Vigilante" AQUÍ ) La Guardia Civil ha mantenido una reunión con el colectivo de guardas particulares de campo de la provincia de Toledo en la sede de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha de Toledo. 

A esta reunión, celebrada el pasado martes en el marco del Plan General de colaboración de la Guardia Civil con el sector de la seguridad privada, concretado en el Programa Coopera, asistieron más de cien profesionales del sector. En la reunión se trataron asuntos de actualidad e interés para el sector y se definieron los cauces de comunicación entre la Guardia Civil y el colectivo de guardas particulares de campo en la provincia de Toledo, así como la integración de los servicios de este personal incluido en el ámbito de la seguridad privada en los dispositivos propios de la Guardia Civil para potenciar el apoyo operativo mutuo.

El Programa Coopera estableció los mecanismos de colaboración entre la Guardia Civil y el sector de la seguridad privada para materializar unacolaboración real y efectiva en el ámbito de las competencias de este Cuerpo, enfocada a la integración de sus servicios y a la potenciación de sus capacidades respectivas en beneficio de la seguridad ciudadana. La figura del Guarda Particular de Campo, de honda raigambre en España, tiene encomendadas funciones de seguridad en fincas rústicas y de caza, establecimientos de acuicultura y zonas marítimas, funciones íntimamente ligadas a una parte importante del servicio que desarrolla la Guardia Civil.

¿Espionaje en las autonomías?


La futura Ley de Seguridad Privada, recién aprobada por el Congreso de los Diputados ha planteado no pocas reticencias, singularmente de los sindicatos policiales aunque no solo. Y la verdad es que esconde detrás aspectos bastante inquietantes. Ahí están las discutibles atribuciones a vigilantes jurados para identificar y hasta retener ciudadanos en la vía pública. Una competencia que me parece más que discutible, que ha causado cierta alarma social. En general, extraña el amplio el papel que se otorga a las compañías privadas, en detrimento, sin duda, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y también, lógicamente, de los cuerpos policiales autonómicos, como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.

Era de suponer que tal aparente merma de competencias de las policías autonómicas tendría que haber soliviantado a los presidentes y altos cargos del País Vasco y de Cataluña, celosos de las atribuciones de sus cuerpos de seguridad. Pero no. Todo lo contrario. Resulta que la Ley de Seguridad Privada fue aprobada en el Congreso con los apoyos de los catalanes de CiU y los vascos del PNV.

He planteado a un gran experto en asuntos de seguridad cómo se entiende de los dos principales partidos nacionalistas, que cuentan en sus territorios con cuerpos policiales que teóricamente controlan, hayan aceptado la 'intromisión' de empresas privadas en su propio terreno. La respuesta está en que, de acuerdo con esa nueva ley, Cataluña y País Vasco van a controlar las firmas de seguridad que operen en sus demarcaciones: las van a supervisar y tutelar.

Las compañías de seguridad privada acumulan muchísima información, sobre movimientos, personas, empresas, entidades de todo tipo... Una información que, en virtud de la Ley de Seguridad Privada, pasará a manos de los gobiernos nacionalistas, que seguro que sabrán aprovecharla bien. Los partidos nacionalistas españoles siempre han mostrado una intensa inclinación hacia el espionaje. Ahí están los libros de historia. Y también acontecimientos muy recientes.

28 de marzo de 2014

TEMPLAR sigue pagado tarde y mal




SPV pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo nuevos retrasos en el abono de los haberes salariales

Con fecha 18 de marzo de 2014, SPV se ha personado en las dependencias de la Inspección Provincial de Trabajo para denunciar un nuevo retraso en el abono de los haberes salariales de la empresa TEMPLAR ACSA UTE EPGASA, en este caso concreto en el ingreso de la paga de beneficios. No es la primera vez, ya el pasado mes de diciembre ingresaron la paga extra de navidad el día 19 (cuando el convenio colectivo en vigencia marca su abono entre el 13 y el 15 de diciembre) y en la nómina de enero de 2014 tuvimos que recurrir a la Inspección de Trabajo porque se retrasó en el ingreso de la nómina mensual (VER AQUÍ) estando aún pendiente de la resolución inspectora.

Curiosamente, al día siguiente de poner en conocimiento los incumplimientos salariales de TEMPLAR (tanto en el mes de enero como en el de marzo) procedieron a ingresarle a los trabajadores el salario que tenían que haber estado en poder de los trabajadores en los tres primeros días hábiles del mes vencido y en todo caso dentro de los cinco primeros días naturales.

Además, esta empresa ha ido acumulando otras irregularidades como son el pago puntual de las horas extraordinarias y el cálculo de su valor. De la misma manera hay quejas de los trabajadores en la entrega deficiente de la uniformidad que por ley le corresponde, asuntos que se han ido resolviendo parcialmente a base de quejas. Más recientemente, algunos trabajadores han denunciado el impago de las horas de un curso de formación realizado en diciembre de 2013. También han tenido que reclamar al departamento de administración la subsanación del certificado del IRPF del 2013 emitido defectuosamente por TEMPLAR y que ya ha sido rectificado.

MADRID: Los vigilantes de seguridad de Alerta y Control hacen visible su malestar a los pies de la Junta de Repsol

Los empleados de Alerta y Control quieren que se conozca su malestar contra la empresa de seguridad.

Carteles, cornetas, megáfonos y vuvucelas. Todo preparado para que este viernes quien acuda a la Junta de Accionistas de Repsol pueda sentir el malestar de los empleados de otra empresa. En concreto, los de Alerta y Control, la compañía encargada de la seguridad delPalacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. “Queremos que las personalidades que acudan a la Junta conozcan la situación que estamos pasando y el pisoteo de sus derechos laborales”, explica uno de los trabajadores.

La manifestación, convocada por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS) en nombre del comité de empresa de Alerta y Control, cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid desde las 9.00 de este viernes. “Esta es una buena oportunidad para que la gente sepa que nuestra empresa se ha descolgado del acuerdo sobre la congelación salarial del sector que ya prevé una reducción anual de 800 euros en todas las nóminas”. Sin embargo, hasta las 12.00 no está previsto que de comienzo la Junta de Repsol y una hora antes se termina la autorización para la manifestación de los vigilantes.

La empresa de seguridad Alerta y Control es la encargada de la vigilancia del edificio donde se celebra la Junta de este viernes. Según fuentes del STSyS, Repsol ha contratado a Prosegur para que se encargue de la seguridad del evento. “Normalmente para este tipo de servicios se contrata a la empresa que ya lleva la seguridad del complejo, en este caso Alerta y Control. Sin embargo, dadas las protestas y manifestaciones, esta vez Repsol ha decidido buscar otra compañía”, explica un portavoz del sindicato. Los trabajadores han preparado un vídeo en el que utilizan imágenes de la convocatoria de la Junta de Accionistas enviada por Repsol. FUENTE: politicalocal.es AQUÍ

El poder Judicial considera inconstitucional que la seguridad privada colaborare en la disolución de manifestaciones

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves por unanimidad el informe que ha elaborado sobre la futura Ley de Seguridad Ciudadana, a la que tacha de inconstitucional en gran parte de su articulado y opone numerosos reparos jurídicos.

El informe cuestiona la regulación de cacheos a ciudadanos en la calle (“es imprecisa e incompleta”) y que estos se puedan hacer con la finalidad de “sancionar infracciones” pero sin delimitar si se persigue un delito o un problema administrativo. Además, deja claro que la seguridad ciudadana es tarea y competencia exclusiva de las fuerzas del orden y en ningún caso, en contra de lo que propugna la citada normativa, de los vigilantes de seguridad.

El informe aprobado por todos los vocales, sin distinciones ideológicas, ratifica punto por punto el que consensuaron, y este jueves elevaron al pleno, los dos ponentes: Wenceslao Olea (magistrado del Tribunal Supremo, conservador) y María Victoria Cinto (de la Audiencia de San Sebastián, progresista). Solo una novedad: los dos consejeros nacionalistas del Consejo (Enrique Lucas, propuesto por el PNV, y Mercè Pigem, por CiU) han ido más allá y han anunciado votos concurrentes. Es decir, han querido dejar más patente su abierta discrepancia con el espíritu del anteproyecto normativo de Interior: tal como está redactado, prioriza la seguridad ciudadana sobre derechos fundamentales individuales. Y debe ser al revés. Este será el sentido de sus escritos.

La norma tildada de inconstitucional (la también llamada ley Fernández, en alusión a su impulsor, el ministro Jorge Fernández Díaz) endurece el castigo a manifestantes y establece medidas muy restrictivas para combatir los desórdenes públicos. Tras avanzar este periódico el pasado 25 de febrero el crítico informe elaborado por los ponentes, Interior adelantó su intención de modificar esta norma (erigida en uno de sus proyectos estrella) y adecuarla a esas observaciones, y también a las que han formulado el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, que también la ven de dudosa constitucionalidad. Apenas ha suscitado debate el informe de los ponentes en el pleno. Todos los vocales lo conocían ya, y ninguno había formulado alegaciones. Tampoco este jueves. La única novedad, los votos concurrentes de Pigem y Lucas.

Cacheos y respeto a la dignidad. El informe del Poder Judicial ve ilegal que se pueda cachear a los ciudadanos para ver si han cometido una “infracción” [se supone que administrativa], y critican la imprecisa redacción del texto, que ni siquiera define la figura del cacheo ni lo limita al registro externo y superficial, de lo que se infiere que “no excluye la práctica de desnudos, siquiera parciales”. El texto de Interior tampoco especifica cómo ha de realizarse un cacheo y echa en falta que el proyecto normativo indique expresamente el respeto a la dignidad e intimidad de la persona que se someta a él. Además, critica que no especifique que el agente encargado del cacheo debe ser del mismo sexo que el afectado, y con el máximo respeto a su identidad sexual.

Disoluciones de reuniones. El anteproyecto, en su artículo 22.3, recoge como causa de disolución de reuniones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. El informe ve inadmisible semejante expansión de los supuestos de disolución de las reuniones y manifestaciones.Derecho penal de peligrosidad.Según el informe del Consejo, el texto de Interior sigue la línea de la también anunciada reforma del Código Penal en el sentido de situarla en el marco del llamado derecho penal de peligrosidad, pues convierte la seguridad en una prioridad de la política criminal por encima aun de los derechos individuales.

Vigilantes de seguridad. El texto de Interior permite a los vigilantes de seguridad colaborar con la policía. El informe del Consejo recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, cuya defensa atribuye la Constitución en exclusiva a las fuerzas del orden estatales.

Faltas y delitos. Ahora las multas penales las impone un juez atendiendo a la capacidad económica del denunciado, mientras que el texto de Interior obvia esta circunstancia. El informe del Poder Judicial también critica que la futura norma tipifique conductas de las que difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública, de ahí que no esté justificado que se consideren una infracción. Además, señala que en algunas infracciones se aprecia falta de proporción, pues se sancionan conductas insignificantes.

Revista NEWS ADSI FLASH Nº 375


El asalto a la Aduana de Huelva se salda con la condena al vigilante

La investigación policial queda en nada al ser absueltos once acusados del robo de mil kilos de hachís
La ardua y brillante investigación policial que le valió una condecoración a los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Huelva se ha quedado en agua de borrajas en los tribunales. De los doce imputados por el asalto al edificio de la Aduana de la capital, del que fueron sustraídos mil kilos de hachís durante las campanadas que dieron la entrada a 2013, once han salido indemnes. 

El único condenado por el asalto a la sede aduanera onubense ha resultado ser el vigilante de seguridadF.J.L.R., al que el magistrado considera autor penalmente responsable de un delito de robo con fuerza en concurso con un delito contra la salud pública. Pese a aplicarle la atenuante de cooperación con la Justicia (el vigilante confesó su participación en los hechos cuando fue detenido), le aplica una pena de cuatro años de cárcel y el pago de una sanción económica de 6.132.000 euros "en atención al valor de la droga sustraída".

F.J.L.R. también tendrá que hacer frente a la parte proporcional de las costas del plenario. No obstante, le computará el año de cárcel que prácticamente ya había cumplido en prisión preventiva. El vigilante onubense sí ha sido absuelto del delito continuado de hurto y de otro delito contra la salud pública que le atribuía el Ministerio Fiscal. El titular del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, el magistrado Juan Luis Rodríguez Ponz, absuelve a A.V.V., A.J.B., J.C.M.G., J.M.G.V., C.J.R.C. del delito contra la salud pública que se les atribuía; a F.O.J., J.R.B.F. y M.C.L., los exime de toda responsabilidad en los delitos de coacciones, robo con fuerza en las cosas y contra la salud pública de los que se les acusaba; y absuelve de robo con fuerza y del delito contra la salud pública a A.D.G., M.P.R. y J.M.M.A. La abogada de tres de los acusados, Esperanza Lozano, se mostró ayer muy satisfecha con el fallo. 

En una sentencia extensa (48 páginas) y ampliamente argumentada, Rodríguez Ponz da por probado que sobre las 23:58 del 31 de diciembre de 2012 un número indeterminado de individuos "cuyas identidades no se han precisado" irrumpieron a bordo de dos todoterreno en las instalaciones de la Aduana, "enmascarados con pasamontañas y provistos de guantes". Utilizaron un mando a distancia para acceder al recinto del edificio de la Agencia Tributaria y desactivaron la alarma usando la clave. Tuvieron que reventar la cerradura de una puerta interior para acceder a la puerta del depósito de hachís proveniente de incautaciones policiales. Ésta la abrieron de un empujón. 

Así lograron apoderarse de casi una tonelada de hachís, "unos 950 kilos", cargándola en los dos vehículos y huyendo a San Juan del Puerto. Culminar la operación les llevó nueve minutos. F.J.L.R., de 41 años y que trabajaba como vigilante en la Aduana, fue quien les facilitó el mando a distancia y la clave "a cambio de una compensación económica no determinada".  Descarta el ponente, sin embargo, que F.J.L.R. hurtara en noviembre de 2012 una tableta de hachís de las que se custodiaban en el edificio de la Plaza 12 de Octubre ni que se la regalara a J.C.M.G., alias Pocholo (de 18 años), ni que luego conviniera con éste y con su cuñado, A.V.V., la entrega de más hachís para que lo vendieran a terceros y repartieran los beneficios.

LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN: Personal del centro de salud La Velada pide seguridad ante las últimas agresiones

Médicos, personal sanitario y de administración del centro de salud La Velada, acompañados por los representantes sindicales de UGT, CCOO y el Sindicato Médico Andaluz, se concentraron ayer a las puertas del ambulatorio para solicitar al Servicio Andaluz de Salud "vigilancia y seguridad" despuás de las agresiones sufrida s por una doctora y celadores la pasada semana.  Al personal del centro se unieron varios usuarios que se encontraban en el ambulatorio y algunos ciudadanos que pasaban por la zona. 

José Luis Maiztegui, del sindicato CCOO, solicta al gerente del Área Sanitaria de la comarca un vigilante para este centro. "Las agresiones se han repetido en estos dos meses en la comarca y no entendemos como se deciden qué centros son preceptivos de seguridad privada y cuales no. Es algo irracional y aleatorio, y contratar un vigilante en los centros no va a hundir al área". 

Los tres sindicatos coinciden en sus peticiones del plan de actuación al SAS, "para que un día no lamentemos una desgracia", aseguró Maiztegui. Entre las demandas destacan la necesidad de sentencias ejemplares, que apliquen "multas coercitivas y considerar las agresiones como atentado a un funcionario".

FUENTE: europasur.es AQUÍ

27 de marzo de 2014

La Policía Nacional desarticula el grupo de asaltantes de establecimientos más activo de Andalucía

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo de jóvenes que supuestamente asaltó 14 establecimientos en Huelva, Sevilla y Cádiz al detener e imputar a sus 32 presuntos integrantes, que constituían la banda más activa en robos con fuerza en Andalucía.

Según informa en un comunicado, se han recuperado objetos por valor de 1,8 millones de euros, entre ellos un valioso diamante, 13 vehículos de alta gama, ocho furgonetas industriales, un tráiler completo (cabeza tractora y remolque) y 26.000 euros en efectivo. En uno de los registros realizados se ha intervenido un anillo de diamantes valorado en 600.000 euros. Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla, relacionado con conocidos aluniceros de Madrid actualmente en prisión, y sus supuestos colaboradores más directos, que dirigían a un nutrido grupo de jóvenes captados en ambientes marginales de Sevilla para cometer robos.

Los miembros del grupo eran instruidos en técnicas delictivas y actuaban perfectamente organizados, cada uno de ellos especializado en una función concreta. El líder decidía los lugares para cometer los robos y sus colaboradores más directos estaban especializados en recabar información del objetivo elegido mediante vigilancias discretas o simulando ser clientes potenciales de los negocios para obtener la máxima información de las medidas de seguridad. Según añade la Policía, el resto de detenidos e imputados ejercían labores de asalto físico a los negocios y carga del material. Eran expertos en conducción a alta velocidad para eludir la acción policial, colaboraban en la ocultación del material robado o ejercían como peristas receptadores en Sevilla que recibían y daban salida a los artículos sustraídos.

DE MADRID A SEVILLA POR AMOR El presunto cabecilla de la trama es un viejo conocido en los ambientes delincuenciales de Madrid, piloto ocasional de rallyes, y relacionado con los grupos más famosos de aluniceros y asaltantes de comercios de la capital de España, cuyos integrantes en estos momentos cumplen penas de prisión. Esta persona desplazó su domicilio desde Madrid hasta un barrio en la zona este de Sevilla debido a una relación sentimental.

Una vez establecido en la capital andaluza comenzó a entablar contacto con delincuentes jóvenes de la ciudad, transmitiéndoles los conocimientos delictivos que había adquirido en Madrid y organizando su propia estructura con el objetivo de empezar a cometer este tipo de delitos en la zona sur de España, ha explicado la Policía. Una vez identificados los miembros del grupo y localizados los domicilios e inmuebles que podrían estar utilizando en su actividad delictiva, solicitaron a la Autoridad Judicial competente la autorización para llevar a cabo diez registros simultáneos a la consecución de las detenciones. Cinco de ellos se han practicado en Sevilla capital, uno en Dos Hermanas, uno en Camas y los tres restantes en Huelva capital. En estas actuaciones se han localizado siete vehículos de alta gama robados en Huelva y valorados en 140.000 euros que los arrestados usaban en sus golpes, ocho furgonetas industriales de carga sustraídas de las diferentes empresas asaltadas, una gran cantidad de prendas de motociclismo y cascos con un valor de 600.000 euros y fruto de un robo en Jerez de la Frontera (Cádiz).

También se ha recuperado gran cantidad de material telefónico (terminales), electrónico e informático (ordenadores de sobremesa, portátiles y vídeo consolas) robado, bebidas alcohólicas sustraídas con un valor de 40.000 euros, joyas y gemas por valor de 600.900 euros -entre las que figura el anillo de diamantes-, 26.000 euros en dinero en metálico, numerosas herramientas y elementos electrónicos que utilizaban en los asaltos. Asimismo se ha recuperado un camión tráiler completo, robado en un municipio sevillano y que posteriormente utilizaron en el asalto a un supermercado en Huelva donde se hicieron con las bebidas alcohólicas. Igualmente se les ha intervenido como objetos procedentes de ilícitos penales seis vehículos tipo turismo utilizados por los integrantes de la banda de las marcas Mercedes, Ford, Dodge, Audi y BMW.

El total del valor de los efectos recuperados e intervenidos asciende a 1.800.411 euros y se estima que los daños provocados en los elementos estructurales de las empresas y comercios afectados debido a la rotura y fractura de puertas, lunas, techos e incluso muros y destrozo de material de oficina, tienda y almacén e informático ascienden a 29.700 euros. Los investigadores están haciendo averiguaciones para determinar la procedencia de todos los objetos aprehendidos.

ATACABAN A LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD DE LOS POLÍGONOS A los detenidos se les imputa la autoría de 14 robos en negocios de muy distinta índole, utilizando los medios más variados, desde el alunizaje con vehículos y la rotura de lunas de escaparates mediante mazas de gran tamaño, el método del rififí por el que accedían practicando boquetes en los techos de las naves industriales, hasta el conocido método del butrón realizando agujeros desde locales anexos a los robados y los métodos más violentos como el atacar directamente a los vigilantes de seguridad nocturnos en los polígonos industriales. La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por agentes integrantes de las Brigadas de Policía Judicial de las Comisarías de Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz), con la colaboración del Grupo 4 de Atracos de la Udyco de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental y el Grupo de Patrimonio de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial.

LAS PALMAS: Hacienda se ratifica en el fraude de Seguridad Integral Canaria en las horas extras

Un inspector califica de "inverosímiles" los gastos pagados por dietas de desplazamientos

La magistrada Victoria Rosell le ha tomado declaración como testigo al inspector de Hacienda que inició la investigación por el supuesto fraude en el pago de las nóminas de Seguridad Integral Canaria.El técnico, que compareció ayer en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, se ratificó en el informe en el que se ha basado la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas para querellarse contra Miguel Ángel Ramírez, administrador único de la empresa de vigilancia privada durante los años investigados. Según ese dictamen, que fiscaliza los ejercicios económicos de 2008 y de 2009, Seguridad Integral Canaria ha podido cometer un fraude superior a los 2,3 millones de euros al pagar a sus vigilantes las horas extraordinarias fuera de la nómina o enmascaradas en otros conceptos con una carga tributaria menor, incluso en algunos casos exentos de cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El especialista, a preguntas de la magistrada, calificó de "absolutamente inverosímil" que la facturación analizada se corresponda con dietas por desplazamientos y conceptos similares, pues la empresa no ha presentado justificantes de unos gastos que constituyen casi el 30 % de su masa salarial, además de arrojar unas cantidades por horas extra trabajadas "totalmente desproporcionadas", tanto por la comparativa con otras empresas del sector como por las particularidades territoriales y del transporte en Canarias.

El Ministerio del Interior modificará la ley de seguridad ciudadana para "evitar dudas de legalidad"

El Ministerio del Interior modificará los aspectos polémicos del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, criticados por los jueces y fiscales, para evitar cualquier duda sobre la constitucionalidad de sus artículos. "Se van a recoger las sugerencias del Poder Judicial y del Consejo Fiscal y se modificarán todos los artículos afectados para que no haya ninguna duda sobre su constitucionalidad", ha explicado a Efe un portavoz de Interior.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate precisamente el jueves la propuesta de informe sobre el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que considera inconstitucionales varios aspectos de la normativa elaborada por Interior. Uno de los asuntos que el informe considera que choca frontalmente con la Constitución es el establecimiento de controles para permitir la detención de personas por faltas penales o infracciones administrativas. Otro de los aspectos criticados por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ser contrario a la Constitución es la posibilidad que contempla la ley de identificación de personas cuando existan indicios de que han podido cometer una infracción o se sospeche que puedan cometerla.

El informe crítico con el proyecto elaborado por el departamento de Jorge Fernández Díaz, que será debatido y votado en el pleno de mañana jueves, ha sido elaborado por los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto, que representan a los sectores conservador y progresista del Poder Judicial. El documento establece que "podría ser difícilmente compatible" con el artículo 17 de la Constitución, que regula los límites de la detención, el artículo del anteproyecto que faculta a las fuerzas de seguridad a requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de que han podido cometer una infracción o se sospeche que puedan cometerla y establece la posibilidad de retenerlas si se niegan o no es posible identificarlas en ese momento.

En este sentido, la propuesta de informe afirma que "debería incorporarse" al citado artículo la obligación de los agentes de las fuerzas de seguridad de informar, de modo inmediato y comprensible, de las razones del requerimiento de identificación, así como indicarse la duración máxima tanto de la retención como de la medida de identificación en dependencias policiales. "Considera contraria a la Constitución" también la posibilidad de establecer controles en lugares públicos para la identificación de las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción, "ya que se viene a reconocer la posibilidad de una detención por faltas penales o infracciones administrativas".

Muchas dudas El CGPJ rechaza la obligación de empresas y empleados de seguridad privada de colaborar con las fuerzas de seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones, ya que afecta al ejercicio de un derecho fundamental cuya defensa "se atribuye a estas últimas y a la autoridad gubernativa". La propuesta de informe también considera de "dudosa legalidad" el supuesto de denegación del pasaporte mediante una resolución motivada del Ministerio del Interior cuando sea necesario para la efectividad de las medidas que deban adoptarse en los supuestos de los estados de alarma, excepción y sitio. Hace dos meses el Consejo Fiscal puso en duda la proporcionalidad de castigar como infracción grave alterar la seguridad usando capuchas, cascos, prendas u objetos que cubran el rostro.

El informe fiscal aprecia que el anteproyecto permite un excesivo margen de discrecionalidad policial e incluso duda de la constitucionalidad de medidas de seguridad extraordinarias previstas como la prohibición del paso y la retención de personas, sobre las que dice que debe haber mayor concreción de condiciones y requisitos. El Consejo Fiscal ve innecesario el artículo referido al uso de vídeo-cámaras al haber ya una ley que regula su utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. También hace alusión a los "amplios e inconcretos términos en los que el anteproyecto formula la obligación de colaboración de la seguridad privada en un ámbito, el de la disolución de reuniones y manifestaciones, que incide en el ejercicio de un derecho fundamental".

PALMA DE MALLORCA: Arrestado por robar en una discoteca y amenazar de muerte a varios policías

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La Policía Local de Palma detuvo el pasado domingo de madrugada a un hombre de 33 años que fue sorprendido robando efectos en una discoteca y amenazó de muerte a los agentes que lo arrestaron. Los hechos ocurrieron en un local del Paseo Marítimo, cuando los vigilantes de seguridad del establecimiento sorprendieron al sospechoso cuando se adueñaba de los efectos de otros clientes.

Los agentes que acudieron al lugar comprobaron que llevaba un teléfono móvil de alta gama y 25 euros en efectivo en la ropa interior. Al ser arrestado, el acusado, que llevaba además un destornillador oculto en uno de los dobladillos de la chaqueta, amenazó de muerte a los agentes, informó la Policía Local.

Real como la vida misma


26 de marzo de 2014

STOP al INTRUSISMO en la Seguridad Privada ¡Colabora!


Prosegur instalará bancos móviles en las áreas de menor densidad demográfica

La empresa de seguridad privada Prosegur instalará en España "oficinas bancarias móviles" que permitirán concentrar la retirada e ingreso de efectivo de distintas entidades financieras en un único espacio, así como facilitar la presencia del sector bancario en áreas de menor densidad demográfica.

Madrid, 26 mar.- La empresa de seguridad privada Prosegur instalará en España "oficinas bancarias móviles" que permitirán concentrar la retirada e ingreso de efectivo de distintas entidades financieras en un único espacio, así como facilitar la presencia del sector bancario en áreas de menor densidad demográfica. Este servicio, que se implantará en España a partir del próximo mes de mayo, ha sido presentado hoy en el marco del acto "Prosegur. Soluciones Integrales", en el que han participado en Madrid unos 400 profesionales y expertos de diversos sectores.

La empresa, que ya ofrece este servicio en Alemania o Colombia, ha explicado que la "principal ventaja de esta solución, que también está orientada a grandes eventos culturales o deportivos, es que dota a las entidades financieras de una mayor movilidad". De esta manera, la oficina móvil da respuesta a las necesidades del sector financiero y les permite llegar a un mayor número de clientes. En la actualidad Prosegur realiza el mantenimiento técnico y planificación de más de 11.000 cajeros automáticos distribuidos por todo el territorio nacional.

Prosegur también ha presentado hoy una aplicación que permitirá utilizar las gafas Google Glass como apoyo en las funciones de seguridad, por lo que los vigilantes contarán con información audiovisual sobre las instalaciones en las que trabajan y desarrollarán su labor más eficiente, según la empresa. Además, desde las Google Glass, los profesionales de la compañía podrán proporcionar a su centro de control datos precisos sobre el escenario que se han encontrado, en formato vídeo o foto, y podrán contextualizarlo con mapas geolocalizados y con la información específica sobre diversos aspectos, como son el estado de los accesos a las instalaciones. (Agencia EFE)

¿Cuáles son las nuevas funciones de un agente de seguridad privada?

Hacienda unifica 22 contratos de seguridad privada para mejorar las condiciones

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha el procedimiento para convertir 22 contratos de seguridad privada en la Administración del Estado en uno, que incluya la protección de 114 edificios repartidos en cuatro ministerios y catorce organismos.

La Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, María Luisa Lamela, se ha reunido hoy con representantes del sector empresarial de la seguridad privada para informarles de las líneas generales del próximo procedimiento de licitación. Este contrato supondrá la primera fase de la centralización de estos servicios, la cual se completará el próximo año. Su valor estimado será de unos 50 millones de euros, referido al todo el periodo de duración del contrato y sus posibles prórrogas.

Según ha informado Hacienda, se pretende mejorar la contratación de los servicios de seguridad privada, homogeneizando las prestaciones y aplicando un planteamiento integral de la seguridad, que tenga en cuenta tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad. Los servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán de forma sucesiva al contrato centralizado a partir de finales de 2014, conforme se produzca la extinción de los contratos que actualmente están en vigor. La fecha de finalización del contrato centralizado será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial.

BARCELONA: Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF

La magistrada-juez de instrucción 19 de Barcelona ha citado a José Luis Novales por una estafa que podría superar los 450.000 euros. En la actualidad hay abiertas cuatro causas contra Segur Ibérica en juzgados de Madrid, Barcelona y Valencia. La compañía colocaba vigilantes sin titulación o “fantasmas”

El presidente y directivos de la tercera empresa de seguridad de España, Segur Ibérica, comparecerán entre los días 6 y 8 de mayo ante la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona en calidad de imputados por sendos delitos de estafa y falsedad documental, para prestar declaración, tras ser admitida a trámite la querella que presentó el pasado mes de diciembre la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción” “ASPACOM”. En días posteriores prestarán declaración los testigos aportados, tres de ellos ex empleados de la propia compañía de seguridad.

Según la querella presentada por Aspacom Segur Ibérica obtuvo un contrato con la empresa pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, dependiente del Ministerio de Foment, dedicada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias del Estado. En el contrato concurso entre ambas empresas –para los años 2009 y 2010- Segur Ibérica adquiría el compromiso contractual de dotar de vigilantes de seguridad –tanto vigilancia armada como no armada- en número suficiente, de acuerdo con los pliegos firmados. Obviamente y tal como establece la ley de seguridad privada en España, todos estos vigilantes debían estar obligatoriamente en posesión de la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior para la realización de sus funciones, denominada TIP, Tarjeta de Identidad Profesional.

Según la querella, este requisito no se cumplió, “con el fin de obtener un lucro ilícito”, bien facturando servicios no realizados, contratando vigilantes no habilitados por el Ministerio del Interior o bien –según la querella- anotando en los cuadrantes nombres falsos con la intención de hacer creer al cliente, en este caso ADIF, que los servicios contratados se habían cumplido. Estas supuestas prácticas delictivas habrían generado un lucro ilícito superior a los 450.000 euros procedentes de las arcas públicas.

Según un representante de ASPACOM, “esta es una práctica al parecer común llevada a cabo por Segur Ibérica desde 2006 hasta al menos 2010 o 2011, en un gran número de empresas tanto públicas como privadas y que en varios casos, como con la Universidad Complutense o la Generalitat de Cataluña se están instruyendo las correspondientes diligencias judiciales”.

Para acreditar los hechos denunciados ASPACOM contó con los servicios de un detective privado de la empresa Gestaltia que consiguió analizar miles de cuadrantes de servicios y cruzar estos datos con informaciones procedentes de ficheros públicos e informes de Seguridad Privada del Ministerio del Interior solicitados a instancias de varios juzgados en casos similares. Como consecuencia de ese análisis de datos concluyó la existencia de un presunto fraude, que incluía también la alteración del programa informático que controlaba los servicios programados y facturados”. Según la querella, “Segur Ibérica facturaba a ADIF en Barcelona y ADIF abonaba a Segur Ibérica, SA, éstas con conceptos y detalles de las facturas que no correspondían con los servicios efectivamente prestados, ni las condiciones de los contratos suscritos entre estas dos entidades”.

De forma mensual Segur Ibérica, S.A. presentaba una factura de los servicios de seguridad prestados durante ese mes por cada uno de los contratos y un resumen oficial de las horas realizadas que validaba con un Responsable de ADIF (el cual era visado y firmado por ADIF) por cada uno de los contratos. Cada factura y resumen mensual de los contratos, eran validados por un Responsable de ADIF y otro de Segur Ibérica, S.A. en un documento denominado Acta Oficial firmado por ambos responsables”.

Manipulación a su antojo Asimismo, según denuncia ASPACOM “Segur Ibérica, S.A. modificaba a su antojo los valores que aparecían en los resúmenes mensuales, aumentando las horas realizadas, suponiendo la intervención de trabajadores (ficticios o reales) que no habían prestado servicio y así poder facturar más importe mensual del que realmente se había prestado y evitando la sanción incluida en una de las estipulaciones de los contratos correspondiente del 4%, si no se cubrían completamente los servicios contratados. Para aumentar el número de horas realizadas de los resúmenes se utilizaban tres procedimientos diferentes que denominamos casos:

- CASO 1. Se facturaban horas de más, aunque realmente no correspondían con las del cuadro resumen mensual. Se produce en los meses de Enero, Febrero y Agosto de 2.009. Este caso es minoritario y muy simple de comprobar aritméticamente con las facturas, cuadrantes y Actas Oficiales.

- CASO 2. Se facturaban horas de más, aunque no se habían realizado. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Diciembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive).

- CASO 3. Se facturaban horas realizadas por personal NO HABILITADO por el Ministerio del Interior (en adelante FALSOS VIGILANTES), que no están autorizados a realizar trabajos de vigilancia y seguridad. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Septiembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive). No se han incluido los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.009 por no disponer de los cuadrantes de trabajo.

El total del fraude cometido por los tres casos descritos en el período comprendido entre el mes de Enero de 2.009 y Octubre de 2.010 suma 451.709,20 €. Un aspecto clave para sus propósitos, según la querella de ASPACOM, “era un programa informático llamado KSPRO que ejecutaba una acción denominada “EFECTO FACTURACIÓN" para engañar y defraudar a ADIF”. Según denuncian “a lo largo del mes de junio de 2.008, la empresa Segur Ibérica implantó en todas sus delegaciones la Aplicación Informática KSPRO y desde esa fecha utiliza ésta, para gestionar los cuadrantes de trabajo de todos los servicios de sus clientes, entre los que se encuentran muchos de carácter público, a los cuales les viene facturando Segur Ibérica, S.A., por los mismos”.

Un programa informático de gestión de cuadrantes se utiliza para asignar un servicio en un cliente, con horarios o turnos de trabajo determinado a sus empleados. “KSPRO, había sido diseñado para Segur Ibérica, S.A., para que permitiera mediante la utilidad EFECTO FACTURACIÓN el asignar a un código de empleado, en Barcelona era el 108, turnos de servicios solapados y repetidos, que no pertenecen a ningún empleado, por lo que se puede considerar una utilidad o programa para gestionar vigilantes ficticios, que nunca van a realizar el servicio asignado en el cliente”.

25 de marzo de 2014

Alternativa Sindical pide al gobierno reconocimiento para los vigilantes que auxiliaron a las víctimas del 11-M

Un recuerdo para "los héroes olvidados" del 11-M

Madrid, 11 de marzo de 2004, 7.37 horas. Una bomba explota en un cercanías en la estación de Atocha. Apenas un minuto después se producen otras dos explosiones en el mismo tren. El caos y el desconcierto invaden los andenes y escaleras mecánicas de la terminal. Son las 7.38 cuando explotan otras dos bombas en un convoy en la estación de El Pozo y otra en Santa Eugenia. A las 7.39, cuatro explosiones más destrozan otro tren a 500 metros de Atocha. En apenas tres minutos, 10 bombas reescriben la Historia: Madrid acaba de sufrir el mayor atentado terrorista perpetrado jamás en España. 191 muertos y más de 1.500 heridos hacen imposible olvidarlo.

La capital y sus habitantes despiertan entre el caos, los gritos y sirenas que retransmiten las emisoras de radio y el horror de las primeras imágenes que dan las páginas de Internet y las cadenas de televisión. Quienes no estaban allí compartían el dolor y la tragedia de los cientos de estudiantes y trabajadores que ese día, en hora punta, como hacían casi a diario, habían tomado uno de esos cuatro trenes de enlace entre el Corredor del Henares y la capital. Los hospitales ponen en marcha el Plan de Emergencia ante catástrofes, mientras la impotencia, la tristeza y la solidaridad emanan de las colas de ciudadanos que acuden masivamente a donar su sangre.


Cuando surgen las primeras explosiones, los vigilantes de seguridad que trabajaban en el entorno fueron de los primeros en llegar a la zona para auxiliar a las víctimas y a los heridos, tomando conciencia de la gravedad de la catástrofe que acababa de ocurrir. Colaboraron a destajo, muchos de ellos gravemente heridos, pero aún así no cejaron en su empeño de ayudar y rescatar a todo aquel que necesitaba ayuda, cualquier tipo de asistencia o una indicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una extraordinaria labor y profesionalidad digna de resaltar.

Con el tiempo, todos los medíos de comunicación, al igual que las autoridades de entonces, felicitaron y alabaron la labor de todos los que colaboraron con las víctimas y heridos de ese brutal atentado (Cuerpo Nacional de Policía, Policía Municipal de Madrid, Samur, Bomberos, Protección Civil, etc) pero nadie, absolutamente nadie, se ha acordado de la gran labor y profesionalidad mostrada por parte de los vigilantes de seguridad de Atocha. Es de justicia apoyar la reivindicación de los compañeros de Alternativa Sindical para que se le otorgue el merecido reconocimiento público a los vigilantes de seguridad que colaboraron en la catástrofe de Atocha: "Los héroes olvidados del 11-M"

Acta de desacuerdo sobre la impugnación e incumplimiento del convenio colectivo de seguridad privada


Prosegur analizarán en unas jornadas las tendencias en seguridad y gestión del efectivo

La empresa de servicios de seguridad privada, Prosegur organizará el próximo 26 de marzo, la cuarta edición de su encuentro anual, en el que se analizan las novedades y tendencias del sector de la seguridad y la gestión de efectivo.

La jornada “Prosegur, Soluciones Integrales”, reúne en Madrid a cerca de 400 profesionales de las principales entidades bancarias de todo el mundo, así como a perfiles directivos de los sectores de distribución, servicios o administración.

Los asistentes tendrán la oportunidad, a lo largo de este encuentro, de debatir sobre temas como el papel de la tecnología en materia de seguridad, el futuro de la gestión del efectivo o las tendencias en los medios de pago, al tiempo que podrán disfrutar de la presentación que Prosegur realizará sobre su aplicación para Google Glass que dotará al vigilante de los servicios tecnológicos necesarios y le permitan desarrollar su labor de manera más eficiente, según destacó la compañía en un comunicado.

Como principal novedad, en el marco de la gestión del efectivo, presentará un modelo de oficina bancaria móvil que ya está se ha utilizado en países como Alemania o Colombia. El sistema ofrece servicios de retirada e ingreso de efectivo y tiene especial aplicación para grandes eventos culturales o deportivos, así como para aquellas zonas en las que las sucursales bancarias no ofrecen ese servicio.

Este evento estará presidido por el presidente del Consejo Europeo de la ATM Industry Association (ATMIA),Ron Delnevo, y la vicepresidenta de Estudios de Mercado y Asuntos Públicos en Fiserv, Virginia Heyburn y contará con la participación de ponentes internacionales como el director ejecutivo de Retail Banking Research(RBR), Dominic Hirsch, o el director de Cato Partners y experto en branding, Andy Stalman.  Además, algunos de los principales clientes de Prosegur, expondrán sus experiencias y compartirán prácticas y casos de éxito con el resto de asistentes, según se destaca en el comunicado.