Tres empleados de SIC estaban de baja ayer y los funcionarios no tenían las llaves. Varios escritos mostraban las quejas del personal de la empresa por no haber cobrado.
El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, lleva meses denunciando por escrito ante la Dirección General de Justicia los supuestos incumplimientos de la empresa de seguridad que tiene la concesión para los juzgados del Archipiélago, Seguridad Integral Canaria (SIC). Astor Landete ha expuesto las carencias en materia de control de seguridad en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, pues considera que actualmente es insuficiente, así como la conflictividad laboral por parte de los trabajadores de SIC, ante los atrasos reiterados en el pago de salarios. Según Landete, el malestar entre el personal de la adjudicataria de la seguridad privada "se ha convertido en la tónica habitual". Y aclara que la actual situación "estaba anunciada".
Ayer ese descontento supuestamente quedó patente en las incidencias registradas en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, donde hubo varios vigilantes que no acudieron a su puesto de trabajo por estar de baja laboral, y, fundamentalmente, en las instalaciones de la Jurisdicción Social, en la avenida Tres de Mayo. En este último recinto, las puertas se abrieron con casi cuatro horas de retraso, ya que ninguno de los tres empleados de SIC pudo acudir a su puesto y los funcionarios no tenían llaves para acceder a las dependencias. En los cristales podían leerse varios folios con el mismo mensaje: "Los vigilantes de seguridad llevamos meses sin cobrar", en referencia a las nóminas impagadas de septiembre y octubre.
Esa situación generó un perjuicio considerable a ciudadanos, funcionarios de la Administración de Justicia y a profesionales diversos. En unos casos, los juicios y trámites previstos se suspendieron y, en otros, se celebraron con mucho retraso. El presidente de la Audiencia Provincial fue la persona que se puso al frente para solucionar este problema en la Jurisdicción Social. Además de avisar desde primera hora a la Dirección General de Justicia, puso los hechos en conocimiento del comisario Provincial de la Policía Nacional, Ignacio Badenas, que también acudió ayer al edificio de Tres de Mayo. Finalmente, las llaves se pudieron localizar en una sede de la empresa de seguridad privada. La apertura de puertas fue posible gracias a que un vigilante al que ayer no le tocaba trabajar se incorporó a su puesto.
Además, un inspector y un agente de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional también efectuaron tareas de apoyo a la seguridad privada en dicho espacio. Finalmente, las puertas se abrieron a las 11:39 horas y Joaquín Astor Landete pidió a funcionarios, ciudadanos y profesionales que colaboraran con una actitud "relajada, positiva y tranquila", así como que se intentarían celebrar todos los juicios posibles.
Un representante de Intersindical Canaria (IC) entre los funcionarios de Justicia, David Ortuño, explicó ayer que, a las 7:45 horas, "me avisaron de que no había seguridad y de que estaba cerrado el acceso, por lo que me personé aquí y me puse en contacto con la Dirección General de Justicia". Ortuño también informó de la situación al presidente de la Audiencia Provincial y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Comentó que ayer no era sencillo saber el número de juicios que quedaron suspendidos, tras más de tres horas y media de retraso en la apertura de las puertas. En cualquier caso, el miembro de IC señaló que se ha visto perjudicada gente que "vino del Sur de Tenerife", por ejemplo. La situación registrada en la Jurisdicción Social de Santa Cruz de Tenerife y parcialmente en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña puede considerarse una coincidencia o no. Sin embargo, algunos afectados ayer por las bajas laborales comentaron que se trata de una "huelga encubierta" del personal de SIC, que está cansado de trabajar sin cobrar o con serios retrasos. Situaciones similares se han vivido recientemente en los juzgados de La Orotava, en Arona, en el Puerto de la Cruz o en las dependencias del edificio El Cabo, también en Santa Cruz de Tenerife. Hubo un momento en que en el control de seguridad del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife únicamente estaban la responsable del servicio de Seguridad y el presidente de la Audiencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario