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16 de agosto de 2017

Convenio digno o huelga general de Vigilantes de Seguridad


Apoya la campaña firmando tu apoyo en "change.org"

Los Vigilantes de Seguridad se han convertido en la primera línea de la protección ciudadana en sectores críticos como el transporte, hospitales, la seguridad de edificios e infraestructuras de la administración pública, que van desde las oficinas de empleo a los juzgados, o incluso la protección de buques españoles en aguas internacionales, además de los servicios de naturaleza privada como seguridad en centros comerciales, bancos, urbanizaciones, accesos a centros de trabajo y un infinito etcétera.

Todas y todos sin importar nuestra profesión o forma de vida, tendremos interacción con estos profesionales en algún momento e incluso podríamos necesitar su ayuda ya que están preparados para evitar una agresión, ejecutar protocolos de evacuación o aplicar primeros auxilios mientras acuden los servicios públicos, por citar algunos ejemplos.

Lamentablemente una red de empresas beneficiadas por la permisividad de los departamentos de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía responsables de supervisar sus actividades, una legislación que sólo atiende al interés empresarial, una administración pública que sólo valora factores económicos para contratar empresas de seguridad y la pasividad de los sindicatos mayoritarios, han secuestrado un sector provocando que los Vigilantes realicen su trabajo en condiciones precarias, viviendo situaciones personales dramáticas debido a la pérdida de poder adquisitivo, cercano al 30%, que convenio tras convenio se ha visto mermado, especialmente tras las últimas reformas laborales.

Todo esto repercute en todos nosotros, en nuestra seguridad y la de nuestro entorno. Debemos exigir un convenio digno para las trabajadoras y trabajadores que velan cada día por nuestra integridad.

Así es Eulen, la polémica empresa que sobrevivió a su propia guerra familiar

Con 86.206 empleados y más de 1.500 millones en facturación, la sucesión enfrentó a padre e hijos

David Álvarez y sus siete hijos. Maria José, ahora al frente de la compañía, la primera por la izquierda en la fila inferior

Eulen, la empresa que emplea a los 360 trabajadores de los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona que están en huelga, está en el centro de todos los focos. Junto a los empleados, son las dos partes que deberán solucionar el conflicto para que los pasajeros no acaben pagando las desavenencias. Según el portal web de la empresa, emplea a 86.206 empleados a nivel mundial, 47.538 en España, el 55%. Desde 2004 ha ganado 35.000 empleados. “Somos la primera empresa española en inserción de personas con discapacidad”, saca pecho. Se presenta como una empresa que apuesta por la formación de sus empleados, por la conciliación de su vida laboral y familiar y por la integración de inmigrantes y discapacitados.

De limpieza a telemárketing Además de en seguridad trabaja en limpieza, mantenimiento, consultoría, jardinería, servicios logísticos o telemárketing. Especializada en externalizaciones, con sus operaciones toca sectores como el sanitario, el farmacéutico, la banca, el energético, el transporte o el comercio. Toda una multiservicios. Según la empresa, al externalizar servicios, como en El Prat, se da un “ahorro de costes y mejora de la calidad de sus servicios”. Eulen Seguridad, la concesionaria de la seguridad de El Prat y otra veintena de aeropuertos españoles, surgió en 1974. Se autodefine como “decana de la seguridad privada en España, especialista en vigilancia y protección y que ocupa uno de los primeros puestos en el ranking del sector”. “La formación y la selección son dos aspectos en los que EULEN Seguridad incide especialmente con el objetivo de tener en su plantilla los mejores profesionales”, se sigue. Este punto es fuertemente cuestionado por los huelguistas, que afirman que los nuevos empleados no tienen la formación adecuada.

Un grupo mundial En general, Eulen cuenta con presencia en Chile, con más de 10.000 empleados, México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Portugal, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Jamaica y en diversos países árabes. Una red que le permite facturar 1.500 millones de euros a nivel mundial. Una actividad rodeada de polémicas y diversas protestas de los trabajadores, que se quejan de unas retribuciones bajas y de que la empresa se hace con contratos a precios de derribo y siempre perjudicando al asalariado.

La guerra familiar de Eulen Eulen fue fundada por el empresario leonés David Álvarez Díez. Tiene su origen en Central de Limpiezas El Sol, constituida en 1962. La firma fue creciendo y expandiéndose año tras año. Álvarez también fundó El Enebro, sociedad patrimonial con la que controlaba Vega Sicilia. Su muerte, en 2015, avivó la guerra familiar por la sucesión del grupo. Padre de siete hijos, cinco de ellos –Marta, Elvira, Juan Carlos, Emilio y Pablo- ya se enfrentaban desde 2009 por la toma del control mientras vivía, después de que se casara con su secretaria, casi cuarenta años menor. Intentaron sacarlo del mando de Eulen haciendo uso de sus acciones y votos en los organismos de control, algo que resultó infructífero.

Álvarez maniobró para evitar una guerra familiar y constituyó junto a su hija María José –que lo apoyaba junto a su otro hijo Jesús- una sociedad para controlar el 60% de la compañía y así frenar a los demás vástagos. Finalmente, María José quedó al frente del grupo, tal y como se recogía en el testamento. Un albacea se encargó de que se cumpliera la voluntad. La empresa ha sido investigada en Galicia por el posible trato de favor en contratos de la Xunta de Galicía, con Alberto Núñez Feijóo al frente. Micaela Núñez Feijóo, su hermana, era apoderada de diversas empresas del grupo.

El Prat libra la batalla por el futuro de la seguridad privada

El sector negocia el nuevo convenio colectivo y los sindicatos utilizar el aeropuerto catalán para exponer las malas condiciones que sufren

Las colas ya forman parte del paisaje habitual del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Largas hileras de turistas son el día a día del aeródromo, que ahora sufre las aglomeraciones en los filtros de seguridad. 

Una huelga del personal subcontratado por Eulen ha desatado el enésimo caos veraniego en la instalación mientras lanza un mensaje a la patronal del sector en plenas negociaciones del convenio colectivo. Si las condiciones laborales de la plantilla ya eran ajustadas, la nueva licitación de Aena tensó todavía más la cuerda. El contrato se publicó en junio a la baja por 23,1 millones de euros y ya en agosto comenzaron las protestas tras el adiós de Prosegur.Las reclamaciones veraniegas del personal acabaron en enero en el Tribunal Laboral pero la nueva adjudicataria tomaba el silencio por respuesta, explican fuentes sindicales a Economía Digital.

Las denuncias se agolpaban sobre la mesa de la subcontrata, tanto desde el aeropuerto como de otras concesiones. El sindicato Prou, con sólo dos miembros en un comité de empresa de 21 personas pero con fuerte arraigo en El Prat, decidió vehicular el descontento. Actuó por libre y convocó varias jornadas de huelga parcial en la instalación catalana. Con la declaración se abrieron las primeras fisuras dentro de un comité de empresa liderado por ADN Sindical y el Sindicato Profesional Seguridad Privada (SPS). Las grandes asociaciones preferían afrontar la protesta de manera estatal, aunque se ha posicionado junto a la entidad minoritaria desde el primer día.

Los sindicatos y la patronal negocian un nuevo convenio colectivo con las posiciones todavía muy alejadas Y es que la seguridad privada se encuentra en un momento clave para conocer su futuro. La patronal y los sindicatos están inmersos de lleno en las negociaciones para aprobar el nuevo convenio colectivo, y la huelga en el aeropuerto barcelonés se ha erigido como una muestra de fuerza de los trabajadores del sector. Las reivindicaciones son parecidas tanto a nivel general como en el caso de El Prat: aumentos de personal en servicios cada vez más tensionados, incremento de las partidas para formación y mejoras salariales. Con unos 950 euros de sueldo medio, los empresarios sólo ofrecen una subida del 1,5%; muy lejos de, por ejemplo, la escalada del 31% que exigen los empleados en la instalación catalana. "No tenemos ni descansos para ir al baño, ha habido ocasiones en las que trabajadores de Eulen se han llegado a orinar encima debido a que el recambio no ha llegado a tiempo", explican desde el comité de huelga. "La tensión es brutal, estamos en nivel de alerta terrorista cuatro sobre cinco", recuerdan.

Alrededor de España, el clima no es mucho mejor. “El nuestro es un trabajo policial en muchas ocasiones y no estamos entrenados para vivir enfrentamientos como los que afrontamos”, lamentan desde ADN Sindical. “EnRenfe no es extraño ver robos, agresiones físicas o incluso agresiones sexuales”, añaden en SPS. Si la formación no es la correcta, tampoco el material. “En Andorra, los vigilantes de seguridad privada utilizan armas semiautomáticas mientras que nosotros vamos con viejos revólveres”, zanjan.

Las huelgas no son sólo en El Prat De este modo, los paros amenazan con extenderse como una mancha de aceite. Aena tendrá un papel protagonista. Reconocido por atornillar a la baja en sus licitaciones, el presidente José Manuel Vargas ha logrado huir huelgas entre el personal de seguridad de Ibiza y Madrid-Barajas gracias a los acuerdos alcanzados por Prosegur sobre la campana. En Barcelona la reacción ha llegado tarde para el pasajero. Eulen no ha contestado a los requerimientos informativos de Economía Digital.

Las policías privadas acaparan los controles aeroportuarios de medio mundo

Empresas como G4S tienen a cargo la seguridad de importantes aeropuertos del mundo. 

Cada vez más aeropuertos confían a empresas privadas especializadas en seguridad el control de pasajeros previo al embarque en los vuelos

Grupo Eulen, empresa prestadora de servicios externos y seguridad, es uno de los protagonistas en la huelga de los trabajadores del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La empresa está además presente en otros 21 aeropuertos españoles, de los cuales, en 19 tiene la responsabilidad de los controles de seguridad. Los pasajeros todavía se preguntan por qué la revisión previa al embarque no se efectúa por la Policía Nacional o la Guardia Civil, como hasta hace solo unos años. Actualmente en España son siete las empresas que tienen adjudicadas, por licitación, la seguridad de los 41 aeropuertos de Aena. Entre ellas destacan Eulen y Eulen Seguridad; Securitas Transport y Securitas Aiport Service; Segurisa Servicios Integrales y Sagital; y Prosegur.

Sin embargo, España no es el único país de la Unión Europea ni del mundo en encargar la seguridad de sus aeropuertos a terceros. Desde los atentados y amenazas terroristas de los últimos 20 años la dirección de varios aeropuertos internacionales, apoyados por los gobiernos de sus respectivos países, han puesto en manos de empresas privadas especializadas el control en la seguridad de las terminales aéreas. Se trata, desde entonces, de un trabajo conjunto entre la empresa privada y la fuerza pública en decenas de países. G4S es una empresa de seguridad aeroportuaria británica, la más grande y consolidada del mundo desde 2004. El grupo cuenta con más de 580.000 empleados en los 110 países en los que está presente. El gigante de seguridad a nivel mundial tiene a cargo la seguridad en los aeropuertos de Schiphol enAmsterdam, Heathrow en Londres, el aeropuerto de Oslo, el de Tallin y el deJohannesburgo, entre otros.

ICTS Europe presta sus servicios a aeropuertos en París, Atenas, Belfast, Edimburgo, Génova, Marsella, Londres Heathrow y Londres Gatwicky Hannover, entre otros. Algunas aerolíneas europeas que hacen uso de sus servicios son Air France, Alitalia, British Airways, Easyjet, KLM o Lufthansa. La empresa de seguridad está presente además en aeropuertos de Asia, Oriente Medio y África. GardaWorld, fundada en Canadá, tiene a cargo la seguridad de 28 aeropuertos en Norte América. Funciona también en otros países de América, África y el Medio Oriente. Por otro lado, grandes aeropuertos en América Latina también hacen uso de empresas privadas que dotan de seguridad a sus terminales. Este es el caso de Seguridad Privada Integral en la Ciudad de México, de Pysec Seguridad en Bogotá, o MSA Seguridad, en Buenos Aires.

El caso de los Estados Unidos Tras de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos se creó la TSA (Transportation Security Administration). La agencia del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense es la encargada desde entonces de la seguridad en todos los aeropuertos del país. Aunque exista este órgano estatal para brindar seguridad a las terminales aéreas, aeropuertos como el de San Francisco o Kansas City prefieren hacer uso de un tercero para dotar de seguridad a sus instalaciones. De los más de 500 aeropuertos en EEUU, sólo 11 no son controlados por la TSA, sino por empresas privadas. Con todo, existe un debate latente en el sector de la aviación comercial estadounidense en cuanto a la fragmentación de su seguridad aeroportuaria. ¿Cómo se debe gestionar en uno de los países con más controles? La respuesta está en el aire.

15 de agosto de 2017

Los vigilantes de El Prat mantienen la huelga indefinida pese a la inminencia del arbitraje

La presencia de la Guardia Civil en los filtros evita las colas en el aeropuerto de Barcelona

El primer día de la huelga total de los vigilantes de los arcos de seguridad en el aeropuerto de El Prat está siendo una de las jornadas más tranquilas de las últimas semanas en el aeródromo barcelonés. Ante la amenaza del paro indefinido, el Gobierno ha movilizado este lunes a la Guardia Civil, que supervisa las tareas de los trabajadores de Eulen Seguridad, y vigila que se cumplan los servicios mínimos, del 90%. El comité de huelga denuncia que esta injerencia es una "vulneración" de sus derechos, y asegura que continuará con la huelga hasta que se cumplan sus reivindicaciones o hasta que se publique un laudo de arbitraje obligatorio, que les haría volver al trabajo, algo que el comité considera "ilegal".

Los trabajadores de Eulen, la empresa que desde hace algo más de un año gestiona los controles de seguridad del aeropuerto barcelonés, rechazaron este domingo, por segunda vez, una oferta económica de la Generalitat que hubiese puesto fin a la huelga. La decisión de la plantilla obligó al Gobierno a tomar medidas. La primera, el refuerzo de agentes de la Guardia Civil en El Prat. Entre dos y tres efectivos del instituto armado vigilan que cada filtro de seguridad funcione según los servicios mínimos. Esto ha hecho que las colas, que en las últimas semanas llegaron a superar las dos horas, este lunes no hayan llegado a los 30 minutos. Durante buena parte de la mañana la espera oscilaba entre los cinco y los diez minutos. Sin embargo, la gran antelación con la que los pasajeros han llegado al aeropuerto ha hecho que se formaran largas colas en los mostradores de facturación.

La segunda medida es la puesta en marcha de un arbitraje que elabore un laudo obligatorio, un procedimiento usado en pocas ocasiones que obligaría a los trabajadores a volver al trabajo y a aceptar unas condiciones laborales determinadas, las que decida y plasme en el laudo el árbitro designado. El Gobierno ha acelerado los trámites para aplicar el arbitraje, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, valorará la situación esta tarde tras la primera reunión de seguimiento de la huelga. En el caso del conflicto de Eulen, las condiciones del laudo serían las que recogía la propuesta que la Generalitat, como agente mediador, ofreció el pasado martes. Esta oferta incluía importantes mejoras organizativas, una ampliación de personal y un complemento de hasta 200 euros por 12 mensualidades para equiparar los salarios de los trabajadores, que actualmente oscilan entre los 800 y los 1.100 euros mensuales.

La plantilla de Eulen rechazó dos veces la propuesta de la mediación, con el objetivo de alargar la negociación para conseguir que el complemento sea de 250 euros por 15 mensualidades. Sin embargo, la inminencia del laudo de arbitraje obligatorio podría enterrar estas reivindicaciones. El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha tachado de "ilegal" este procedimiento y ha anunciado que los trabajadores lo recurrirán en los tribunales. Giménez también ha criticado el despliegue de la Guardia Civil: "Hoy no hay colas y se olvida el fondo del conflicto, las condiciones laborales de unos trabajadores que cobran una media de 900 euros y no pueden ni ir al lavabo", ha asegurado a Efe.

Fuentes del comité de huelga aseguran que la propuesta de la Generalitat "no está mal del todo", pero que "estas no son formas de solucionar un conflicto". "Se utiliza a funcionarios públicos para vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores", asegura un empleado de Eulen, que afirma que los agentes de la Guardia Civil no tienen la suficiente formación en el escáner de objetos en los arcos de seguridad. Por su parte, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Fernández, ha expresado que los guardias civiles se sienten "utilizados" por el Gobierno que, a su juicio, recurre “a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego" en situaciones de conflicto, como la huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto El Prat (Barcelona).

El personal Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante

El personal Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante
El personal Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante

Piden que el Gobierno apruebe "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que "respete el convenio colectivo estatal". Los trabajadores de Eulen de Barajas también planean acciones para solidarizarse con los de El Prat

El personal de Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos deValencia y Alicante si el Gobierno no aprueba "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que garantice que "se respeta el convenio colectivo estatal" para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar salarios y derechos de los trabajadores. Al respecto, el responsable del sector de seguridad y limpieza de FeSMC-UGT-PV, Saturnino Martínez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en el aeropuerto valenciano de Manises ya hay un acuerdo de movilización sindical si este miércoles el consejo de ministros aprueba el nombramiento de un mediador para resolver el conflicto en el aeropuerto de El Prat. La próxima semana se reunirá el personal del alicantino de El Altet.

"El problema no es con una empresa concreta" Al respecto, ha aclarado que si el Ejecutivo aprueba nombrar un mediador convocarán la huelga en los aeropuertos valencianos para que "reflexione" porque "el problema no es con una empresa concreta" sino con "las licitaciones de los concursos por debajo del precio del convenio". "Más que concursos parecen subastas", se ha lamentado. Por ello, ha insistido en que el problema no es con una empresa concreta de un aeropuerto determinado, si no que el Gobierno saque licitaciones que no cumplen con el convenio colectivo estatal. De hecho, ha apuntado que otros aeropuertos, como Galicia, Andalucía o Madrid, también se están planteando ir a la huelga.

El personal de seguridad "ha ido perdiendo masa salarial y derechos adquiridos" En ese sentido, ha puesto de manifiesto que en la última década el personal de seguridad "ha ido perdiendo masa salarial y derechos adquiridos". Por ejemplo, en Valencia ya no se les paga el párquing en el aeropuerto, lo que obliga a la plantilla a dejar el coche en un polígono cercano y, al no haber pasarela de paso, los trabajadores cruzan por la carretera, con "el consiguiente peligro para su seguridad". Esta compañía se ocupa, junto con Eulen e ICTS Hispania, de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles, según datos de Aena. Concretamente, estas compañías prestan servicios en 45 de los 48 aeropuertos de la red. Eulen se encarga de la seguridad en 21 aeropuertos españoles, Prosegur en 17 e ICTS en otros siete. Los tres aeropuertos restantes son para Segurisa (Santander y Jerez de la Frontera) y Tablisa (Palma de Mallorca).

Solidaridad en Barajas con El Prat Por ptra parte, el comité de empresa de Eulen en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas mantendrá este miércoles a las 9.30 horas una reunión para debatir qué medidas toman en solidaridad con sus compañeros en huelga del Aeropuerto de El Prat, protestas que sólo afectarían a las labores de facturación y vigilancia en terminales, y no a los arcos de seguridad como en Barcelona. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité, que han insistido en que este encuentro "extraordinario" es sólo "para analizar lo que está ocurriendo y ver qué pasos va a dar el comité de Madrid". "Es muy pronto y no corresponde al comité, sino a los trabajadores, el decidir si hay o no alguna acción", han enfatizado.

Eulen es la empresa responsable de los arcos de seguridad en El Prat y su plantilla de vigilantes ha comenzado esta semana una huelga indefinida. Su protesta tiene origen en la falta de personal que perciben en el control de seguridad en los nuevos contratos, que consideran precarios, ya que no alcanzan los 900 euros mensuales según los sindicatos. En cambio, Eulen en Barajas tiene otra labor, ya que los arcos compete en este caso a otra empresa, Prosegur. En el aeropuerto madrileño Eulen se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia en las terminales, han señalado fuentes sindicales.

Trabajadores de Eulen en Barajas estudiarán mañana cómo solidarizarse con sus compañeros de El Prat


El comité de empresa de Eulen en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas mantendrá este miércoles a las 9.30 horas una reunión para debatir qué medidas toman en solidaridad con sus compañeros en huelga del Aeropuerto de El Prat, protestas que sólo afectarían a las labores de facturación y vigilancia en terminales, y no a los arcos de seguridad como en Barcelona.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité, que han insistido en que este encuentro "extraordinario" es sólo "para analizar lo que está ocurriendo y ver qué pasos va a dar el comité de Madrid". "Es muy pronto y no corresponde al comité, sino a los trabajadores, el decidir si hay o no alguna acción", han enfatizado. Eulen es la empresa responsable de los arcos de seguridad en El Prat y su plantilla de vigilantes ha comenzado esta semana una huelga indefinida. Su protesta tiene origen en la falta de personal que perciben en el control de seguridad en los nuevos contratos, que consideran precarios, ya que no alcanzan los 900 euros mensuales según los sindicatos. En cambio, Eulen en Barajas tiene otra labor, ya que los arcos compete en este caso a otra empresa, Prosegur. En el aeropuerto madrileño Eulen se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia en las terminales, han señalado fuentes sindicales.

Trabajadores de Prosegur también podrían ir a la huelga Por otro lado, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES) se reunirá el próximo 11 de septiembre con representantes de Prosegur para comprobar si ha habido avances en el acuerdo que se alcanzó el pasado julio. Gracias al acuerdo el sindicato desconvocó el mes pasado varios paros parciales, y consiguió que la empresa aceptara una serie de demandas a cumplir "en un periodo de tres meses", han señalado las mismas fuentes sindicales. El plazo expira a finales del próximo mes de octubre. En el acuerdo, los trabajadores reclamaban más contratación, una especialización en el convenio de vigilantes aeroportuarios dentro de su categoría profesional y mejoras varias en el funcionamiento y la organización de la empresa.

Para ATES la parte del acuerdo relativa a la contratación de personal se ha cumplido, pues se han contratado a nuevos trabajadores, pero aún no ha habido avances en la creación de la especialidad de vigilante aeroportuario, que, según el sindicato, se ha parado en agosto. "A principios de septiembre se retomarán las negociaciones, porque de palabra y por escrito tienen muy buena voluntad de todo; veremos a ver como acaba este tema", han concluido.

Los vigilantes de El Prat denunciarán al Gobierno ante la ONU si impone un arbitraje forzoso

Consideran que no cabe esta medida excepcional ya que cumplen con los servicios mínimos y el Parlamento no ha declarado el estado de alarma

Un mero conflicto laboral corre el riesgo de acabar en Naciones Unidas, con una posible condena a España por violar derechos fundamentales. Ahí es donde apuntan los vigilantes del Grupo Eulen del aeropuerto de El Prat en el caso de que el Gobierno les imponga un arbitraje forzoso.

El laudo arbitral forzoso es una medida excepcional que prevé una ley de 1977 -previa a la aprobación de la Constitución- para cuando en una huelga se vulneren los servicios esenciales, y éstos no se pueden ejercer por la ciudadanía. Es tan excepcional que sólo se ha aplicado en casos tales como en la huelga de transporte de viajeros de Madrid del año 2002 -donde no se cumplieron los servicios mínimos- o con motivo de la huelga de pilotos de Iberia de 2012, recrudecida tras 40 jornadas de huelga.

En el caso de los vigilantes del aeropuerto de Barcelona, el 14 de agosto ha sido su primer día de huelga indefinida, en la que todo apunta a que han respetado los servicios mínimos decretados por el Gobierno con guardias civiles desplazados al aeropuerto y que han hecho las tareas de los vigilantes, como la inspección de equipajes, revisión de los billetes o control de los arcos de seguridad. La delegación del Gobierno fijó en un 90% estos servicios mínimos, “y, a pesar del abuso, los trabajadores lo están cumpliendo a rajatabla”, destaca Leopoldo García Quinteiro, abogado de los huelguistas.

Si el Gobierno optara por aprobar un laudo arbitral obligatorio, “sería una auténtica alcaldada. ¿Cómo puede imponerlo si los trabajadores ejercen una huelga legal, cumplen los servicios mínimos y los servicios esenciales no están en riesgo?”, se pregunta. Este letrado argumenta que en las tres semanas previas de conflicto, los trabajadores se han limitado a cumplir horario, lo que ha puesto en evidencia la carencia de empleados, y otros vigilantes han estado de baja sin que hayan sido recurridas. “Ha habido colas, ha habido malestar pero desórdenes públicos, ninguno”, concluye.

La huelga sólo se suspende en el estado de alarma En España sólo se pueden sustituir a trabajadores en huelga por medio de la declaración del estado de alarma en España, que realiza el Parlamento. Así se hizo en diciembre del año 2010, con la huelga ilegal de los controladores aéreos. Y si entonces fueron los controladores aéreos militares los que reemplazaron a los huelguistas, ahora el Gobierno ha optado por no solicitar la declaración del estado de alarma pero ha mandado a El Prat a la Guardia Civil, que es también un cuerpo militar, para hacer las tareas de los vigilantes en huelga legal. La estrategia de los vigilantes jurados pasa por acudir al procedimiento de urgencia previsto cuando la Administración viola derechos fundamentales. En este caso, el derecho de huelga reconocido en la Constitución.

Comité de Libertad Sindical de la ONU Sería un recurso contencioso que acabaría en el Tribunal Constitucional.Una vez agotados los tribunales españoles, los vigilantes planean denunciar a España ante el Comité de Libertad Sindical de la ONU. Otra de las alternativas que barajan es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Ejecutivo basará su medida en el artículo 10 de la Ley de huelga, aprobada por las Cortes franquistas en marzo de 1977. Este artículo prevé que el Gobierno “a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio".

Todos los expertos consideran que el arbitraje forzoso es una medida excepcional. Y discrepan si se puede aprobar con uno solo de los requisitos que exige la norma o si el conflicto debe cumplir todas las condiciones (la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional). El envío de la Guardia Civil a los arcos de seguridad de El Prat se basa en esa ley de 1977, que prevé adoptar medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Ahora bien, existe una norma posterior que exige que toda prohibición del derecho de huelga debe ser aprobada por el Congreso. Es la ley 4/1981 sobre los estados de alarma, excepción y de sitio que establece que la autoridad gubernativa podrá prohibir las huelgas “cuando la autorización del Congreso” comprenda la suspensión de los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución. [Ambos reconocen el derecho de huelga y prevé que una ley regulará la garantía de los servicios esenciales].

Denuncian presiones En el primer día de huelga, la plantilla de Eulen ha llevado a Inspección de Trabajo supuestas "presiones" de la Guardia Civil hacia los trabajadores que están cubriendo los servicios mínimos en los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Así lo han detallado fuentes del comité de huelga, que ha asegurado que un grupo de trabajadores han puesto en conocimiento de la Conselleria de Treball estas supuestas presiones en el primer día de huelga indefinida en el que la Guardia Civil está también en los filtros de seguridad, informa EP.

Subida de 250 euros La protesta de los trabajadores de Eulen tiene su origen en la falta de personal que perciben en el área de control de seguridad de El Prat en los nuevos contratos, que consideran precarios, ya que no alcanzan los 900 euros mensuales según los sindicatos. Sólo pueden aumentar sus ingresos a base de largas jornadas de horas extra (a razón de ocho euros la hora) y piden una subida de 250 euros en 15 pagas. En el año 2012 trabajaban en El Prat en las funciones de filtro de los pasajeros -los arcos de seguridad- un total de 500 vigilantes, En el 2017 son 350 trabajadores, cuando el volumen de viajeros ha crecido en un 30%.

La Guardia Civil dejó de realizar estas labores de seguridad en el año 2010. El Grupo Eulen arrebató el año pasado la subcontrata de estos vigilantes jurados al ofrecer a AENA una rebaja del 2% respecto a la empresa que ejercía estas funciones, Prosegur. AENA fue privatizada en el 49% de su capital en el año 2015. Esta empresa adjudicó el contrato a Eulen en 2016, a pesar de que el número de viajeros en Barcelona había crecido un 12% en sólo ese año. Ambas empresas han rechazado que fuera temeraria la oferta con la que Eulen ganó el concurso para el control de seguridad del aeropuerto.

FUENTE: www.publico.es AQUÍ

Así se reparten los 284 millones de la seguridad privada en los aeropuertos de Aena


Eulen opera en 21 aeropuertos de Aena, entre ellos Barcelona-El Prat. Le siguen Hispania (7) y Prosegur (17), proveedor en sitios clave como Madrid-Barajas. ¿Quién recibe más dinero?


El conflicto que amenaza con extenderse como la pólvora por la red de aeropuertos de Aena nació en Barcelona-El Prat, donde la seguridad privada "en filtros de pasajeros y mixtos" está a cargo de Eulen. Esta empresa subcontratada es la que gestiona la seguridad en más aeropuertos españoles, al operar en el 42% de ellos (21), y se reparte el pastel de las adjudicaciones con Prosegur, ICTS Hispania o Ilunion. Un 'negocio' valorado en un total de 284 millones de euros por todos los conceptos, incluyendo prórrogas presupuestarias y servicios complementarios de vigilancia. El Confidencial ha tomado como referencia todos los contratos en vigor de esta naturaleza publicados en el portal de proveedores de Aena.

San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Melilla, Valladolid, León, Córdoba o Albacete son algunos de los aeropuertos vigilados por Eulen. Prosegur se ocupa del control de pasajeros y equipajes en destinos como Gran Canaria, Valencia, Lanzarote, Almería, Murcia o Granada-Jaén. Y también se encarga de una parte de la seguridad en aeropuertos clave como Madrid-Barajas, donde también opera Eulen en menor proporción. De hecho, los vigilantes de esta última empresa están a punto de secundar la huelga de sus compañeros en Barcelona, decisión que ratificarán mañana miércoles. Los trabajadores deTenerife Sur (contratados por Prosegur) también se lo están planteando, confirma UGT a este periódico. Su responsable de Seguridad Privada a nivel nacional, Diego Giráldez, lamenta que la Administración pública no garantice unas "condiciones laborales dignas" y una prestación de servicios "suficiente". 

Los que ya han anunciado que con toda seguridad se sumarán a la huelga a partir del 20 de agosto son los vigilantes de Santiago de Compostela (Prosegur) y A Coruña (Eulen), así como los de Ilunion en Barcelona, responsables de la inspección de equipaje de bodega y control tanto de acceso de personal como de las instalaciones. No obstante, los empleados de este grupo de empresas de la ONCE decidieron aplazar los paros al 1 de septiembre para facilitar las negociaciones. 

ICTS Hispania y Prosegur tienen presencia en menos aeropuertos (siete y 17, respectivamente), pero más estratégicos. El primero ganó una adjudicación en Málaga-Costa del Sol, el cuarto aeropuerto con mayor volumen de pasajeros. Por su parte, Prosegur opera en la popular Ibiza, Gran Canaria o Valencia, aparte de Madrid-Barajas. La subcontrata logró extinguir un conato de huelga en la capital tras firmar un acuerdo sobre temas organizativos y aprobar un complemento salarial a principios de verano. 

¿Quién recibe más dinero? Uno de los aspectos más polémicos tiene que ver con el reparto de recursos entre los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas. Este último destina casi 70 millones de euros para los controles de pasajeros tras adjudicar un contrato de tres años, mientras que el presupuesto del aeropuerto catalán en seguridad privada supera los 41 millones de euros distribuidos en 24 meses. O lo que es lo mismo: la seguridad privada de Madrid-Barajas cuesta dos millones de euros mensuales por los 1,7 millones de Barcelona-El Prat, una diferencia acorde con el volumen de pasajeros que mueve cada aeropuerto: 50,4 millones de pasajeros anuales en el primer caso y 44,1 millones en el segundo. El tercer aeropuerto que más dinero recibe en este ámbito es Palma de Mallorca (21,2 millones), seguido de Málaga-Costa del Sol (18,7 millones), Alicante-Elche (16,3 millones), Gran Canaria (11,1 millones) yTenerife Sur (9,5 millones). 

El conflicto que amenaza con extenderse como la pólvora por la red de aeropuertos de Aena nació en Barcelona-El Prat, donde la seguridad privada "en filtros de pasajeros y mixtos" está a cargo de Eulen. Esta empresa subcontratada es la que gestiona la seguridad en más aeropuertos españoles, al operar en el 42% de ellos (21), y se reparte el pastel de las adjudicaciones con Prosegur, ICTS Hispania o Ilunion. Un 'negocio' valorado en un total de 284 millones de euros por todos los conceptos, incluyendo prórrogas presupuestarias y servicios complementarios de vigilancia. El Confidencial ha tomado como referencia todos los contratos en vigor de esta naturaleza publicados en el portal de proveedores de Aena. San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Melilla, Valladolid, León, Córdoba o Albacete son algunos de los aeropuertos vigilados por Eulen. Prosegur se ocupa del control de pasajeros y equipajes en destinos como Gran Canaria, Valencia, Lanzarote, Almería, Murcia o Granada-Jaén. 

Y también se encarga de una parte de la seguridad en aeropuertos clave como Madrid-Barajas, donde también opera Eulen en menor proporción. De hecho, los vigilantes de esta última empresa están a punto de secundar la huelga de sus compañeros en Barcelona, decisión que ratificarán mañana miércoles. Los trabajadores deTenerife Sur (contratados por Prosegur) también se lo están planteando, confirma UGT a este periódico. Su responsable de Seguridad Privada a nivel nacional, Diego Giráldez, lamenta que la Administración pública no garantice unas "condiciones laborales dignas" y una prestación de servicios "suficiente". Los que ya han anunciado que con toda seguridad se sumarán a la huelga a partir del 20 de agosto son los vigilantes de Santiago de Compostela (Prosegur) y A Coruña (Eulen), así como los de Ilunion en Barcelona, responsables de la inspección de equipaje de bodega y control tanto de acceso de personal como de las instalaciones. No obstante, los empleados de este grupo de empresas de la ONCE decidieron aplazar los paros al 1 de septiembre para facilitar las negociaciones. 

ICTS Hispania y Prosegur tienen presencia en menos aeropuertos (siete y 17, respectivamente), pero más estratégicos. El primero ganó una adjudicación en Málaga-Costa del Sol, el cuarto aeropuerto con mayor volumen de pasajeros. Por su parte, Prosegur opera en la popular Ibiza, Gran Canaria o Valencia, aparte de Madrid-Barajas. La subcontrata logró extinguir un conato de huelga en la capital tras firmar un acuerdo sobre temas organizativos y aprobar un complemento salarial a principios de verano. 

¿Quién recibe más dinero? Uno de los aspectos más polémicos tiene que ver con el reparto de recursos entre los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas. Este último destina casi 70 millones de euros para los controles de pasajeros tras adjudicar un contrato de tres años, mientras que el presupuesto del aeropuerto catalán en seguridad privada supera los 41 millones de euros distribuidos en 24 meses. O lo que es lo mismo: la seguridad privada de Madrid-Barajas cuesta dos millones de euros mensuales por los 1,7 millones de Barcelona-El Prat, una diferencia acorde con el volumen de pasajeros que mueve cada aeropuerto: 50,4 millones de pasajeros anuales en el primer caso y 44,1 millones en el segundo. 

El tercer aeropuerto que más dinero recibe en este ámbito es Palma de Mallorca (21,2 millones), seguido de Málaga-Costa del Sol (18,7 millones), Alicante-Elche (16,3 millones), Gran Canaria (11,1 millones) yTenerife Sur (9,5 millones). A diferencia de lo manifestado por el PSOE la semana pasada, Giráldez no cree que el problema esté en la privatización de estos servicios en los aeropuertos: "La seguridad privada está lo suficientemente madura como para ser un buen complemento —que no sustituto— de la pública. Otro tema es el modelo precario" que se lleva aplicando desde la crisis y, en concreto, a partir de la reforma laboral de 2012. El responsable de UGT responsabiliza al Gobierno por su "nefasta" política de contratación pública basada en el precio e insta a Fomento a sentarse con los sindicatos para buscar soluciones.

La privatización de la seguridad arrancó hace unos 15 años en los principales aeropuertos de España —como Madrid o Barcelona—, para extenderse más tarde al resto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado delegaron el control de pasajeros y equipajes en las empresas subcontratadas por Aena. El secretario general del gestor aeroportuario en CCOO, Paco Casado, critica la decisión del Gobierno de recurrir a la Guardia Civil en plena huelga porque "revienta un derecho recogido en la ley y provoca esquirolaje".


Castigo a Prosegur: el rival de Eulen pierde 220 millones en bolsa desde la crisis de El Prat

Resultado de imagen de prosegurLa compañía alcanza mínimos desde el 30 de marzo Junto con Eulen e ICTS controlan el 94% de la seguridad de los aeropuertos españoles Sus adjudicaciones con Aena suponen menos del 2,5% de su facturación total

Prosegur pierde un 7% desde el pasado 1 de agosto, es decir, más de 220 millones de euros de valor bursátil. La compañía de servicios de seguridad se situaba esa jornada en 5,85 euros por acción, desde entonces, su cotización retrocede hasta los 5,46 euros, su nivel mínimo desde el 30 de marzo. Una caída del valor de sus acciones que se ha producido en plena protesta en el Aeropuerto del Prat de los trabajadores de seguridad de Eulen, empresa que sustituyó a Prosegur en este servicio. Este conflicto ha colocado la lupa sobre las adjudicaciones de los servicios de seguridad de los aeropuertos. Eulen, Prosegur e ICTS Hispania se ocupan de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles, según datos de Aena que indican que estas compañías prestan servicios en 45 de los 48 aeropuertos de la red:Eulen, en 21; Prosegur, en 17; e ICTS, en 7.

La empresa que preside Helena Revoredo gestiona, desde noviembre de 2016, la seguridad de importantes aeropuertos de la red de Aena como Ibiza, Menorca, La Palma, Sevilla, Tenerife Norte y Sur por 16,8 al año. Además también logró, un mes después, la adjudicación del paquete de aeródromos de Lanzarote, Gran Canaria, Almería, Granada por otros 16 millones. Además, la compañía administra desde 2015 la seguridad del aeropuerto con mayor número de pasajeros de la red, Madrid-Barajas, por 23,7 millones al año. Un contrato que se amplió hasta 2018. El resto de adjudicaciones tienen una duración de dos años.

En Barajas, el pasado mes de julio, Prosegur tuvo que enfrentarse a una huelga parcial de sus trabajadores. No obstante, la compañía logró atajar este conflicto, evitando una situación como la del Prat, mediante un acuerdo con los sindicatos. La compañía accedió al reconocimiento de la singularidad de los trabajadores de escáneres de seguridad con un plus salarial. Aunque podrían abrirse nuevos frentes para Prosegur. Tras la repercusión mediática de la huelga del Prat y la renegociación de la situación de Barajas, los trabajadores de la compañía en aeropuertos como Tenerife Norte y Tenerife Sur, Gran Canaria y La Palma alertan de una posible huelga para la mejora de sus condiciones laborales.

MENOS DEL 2,5% DE SUS INGRESOS Los 55,7 millones que factura Prosegur en total por su gestión de los aeropuertos españoles supone menos del 5% de los 1.561 millones de euros que ingresó su negocio de seguridad en 2016. Junto a Prosegur Cash y Alarmas, la compañía que preside Helena Revoredo facturó 3.902 millones de euros en el pasado ejercicio. Por lo tanto, la gestión de los aeropuertos supone menos del 2,5% de la facturación total de la facturación compañía. Pero sus últimos resultados no le permiten poner en riesgo ningún negocio. Prosegur registró un beneficio neto atribuido de 134 millones de euros en 2016, un dato que supone un recorte del 26% respecto al ejercicio anterior.

UN RETROCESO DEL 7,63% EN 2017 Prosegur no está disfrutando de un buen 2017. En los ocho meses del año, la compañía, quecapitaliza 3.370 millones de euros, ha retrocedido un 7,63% en bolsa. Pese a ello, las casas de análisis siguen confiando en este valor. La última en subirse al carro ha sido Goldman Sachs que recomienda la compra de las acciones de la empresa de seguridad. Además, la entidad otorga un precio objetivo a las acciones de Prosegur de 6,66 euros por acciónpara este año. Un nivel que otorga un potencial alcista de un 22% a la compañía. Los analistas consideran que "las tendencias macroeconómicas siguen siendo el motor clave de la demanda de servicios de seguridad". Una nota positiva para el valor en tiempos convulsos.

Desde el PSOE tildan de "esquiroles" a los agentes de la Benemérita


'Efecto Tricornio': basta la presencia de la Guardia Civil para que todo vaya como una malva

Lo tremendo, vergonzoso para España, es que tienen unos sueldos todavía más miserables que los de los ‘securatas' en huelga

Es lo que se conoce como ‘efecto terapéutico del tricornio'. Estamos tan acostumbrados que no nos damos ni cuenta, pero seguro que todos ustedes lo han experimentado muchas veces. Basta la presencia de la Guardia Civil para que casi todo, desde el tráfico en carretera a las fiestas del pueblo, pasando por un desastre natural, comience a ir como la seda. Y eso que el charol lo han reservado para el uniforme de gala y el sombrero de picos ha sido sustituido por el casco, la boina o la gorra de faena.

Lo comprobamos ayer en el Aeropuerto del Prat donde milagrosamente y a pesar de ser jornada de huelga en los controles de seguridad, el flujo de pasajeros discurrió con más velocidad que ninguno de los días precedentes.

No voy a opinar sobre si los vigilantes tienen una actitud ‘sensata'. Tampoco si la culpa es de Eulen, el comité, la Generalitat o el ministro de Fomento, aunque algún alto responsable tendría que explicar como es posible que nadie viera venir la bronca y se haya permitido su estallido en pleno agosto, cuando la totalidad de España toma vacaciones y la mitad de los turistas de Europa nos caen encima. A la espera de esa explicación, que quizá no llegue nunca, quiero subrayar un detalle que corre el riesgo de pasar desapercibido.

Esos 200 agentes de la Benemérita que le han ahorrado a usted un montón de horas de cola e innumerables sinsabores, tienen unos sueldos todavía más miserables que los de los ‘securatas' en huelga. Y trabajan más horas, en condiciones más complicadas y con bastantes menos derechos. Tras aprobar la oposición y pasar un curso entero en la Academia de Baeza, lo que cobra un número de la Guardia Civil son 1.177 euros al mes, más o menos el sueldo que los vigilantes del Prat, por abrumadora mayoría, rechazaron este domingo por ‘escaso e inadmisible'.

Habrá quien diga que es un trabajo estable, en el que se va escalando y que los emolumentos mejoran con la edad. Pues tampoco, porque un guardia veterano, con especialidad de Policía Judicial, 4 trienios y un hijo, todo lo que se lleva neto al concluir el mes son 1.342 euros. Un poco más, si le especialidad es Tráfico. Y eso de que no pagan vivienda, porque les ponen Casa Cuartel es una milonga. Vale para Betanzos, Bembibre o Monforte de Lemos, pero en las grandes ciudades, no hay hueco. Díganme si no es de vergüenza que este país y sus políticos traten tan mal a los héroes del tricornio.

FUENTE: www.periodistadigital.com AQUÍ

14 de agosto de 2017

Las grandes empresas de seguridad defienden una solución única para todos los aeropuertos

La patronal Aproser cree que el convenio sectorial es el mejor escenario para resolver la situación

La patronal que agrupa a las grandes empresas de seguridad (Aproser) cree quedar una solución individual al conflicto de El Prat es “tapar con una tirita una infección”. La opción que defiende su presidente, Ángel Córdoba, pasa por buscar una salida conjunta en las negociaciones del convenio colectivo en las que participa su organización. También UGT, que el día anterior convocó paros parciales en dos aeropuertos gallegos, reclamó ayer una solución conjunta y advirtió que “intensificará las movilizaciones si no se implican Aena y el Gobierno”.

Las patronales de seguridad (Aproser y FES) y los sindicatos están negociando este año el convenio sectorial. Y es en este marco en el que Aproser, presidida por Ángel Córdoba, propone negociar las condiciones laborales que resuelvan los conflictos que se están gestando en los aeródromos españoles. Aproser es la patronal de las grandes empresas de vigilancia, en la que están representadas cuatro de las cinco compañías con contratos en aeropuertos de Aena. Aunque Córdoba, en conversación con este diario, pone dos condiciones: no negociar con las convocatorias de movilizaciones sobre la mesa y que la Administración —a través de los Ministerios de Fomento y de Interior— se implique.

Solucionar solo lo de El Prat es, para Córdoba, “una tirita”. Además, la solución que ha ofrecido la mediación de la Generalitat pasa por un suplemento de 200 euros al mes. Y eso para Aproser “no es extrapolable al sector, imposible. Venimos de una crisis tremenda”. Córdoba, que subraya que todas las empresas a las que representa cumplen las condiciones laborales del convenio sectorial, sí que admite que el sector se están precarizando. Pero matiza que no cree que el problema esté en los aeropuertos, sino en aquellas compañías que aprovechando la reforma laboral —que daba prioridad a los convenios empresariales por encima de los sectoriales— “rebajan los sueldos de 1.000 euros al mes a 700 euros”.

Punta del iceberg Aquí los sindicatos más representativos también defienden una la solución global. Pero discrepan de su perspectiva. UGT denunciaba que “la situación de El Prat es la punta del iceberg fruto de un contrato de seguridad [...] que recorta derechos a los trabajadores y no garantiza una correcta calidad del servicio”. En este punto, esta central reclama la implicación de Aena y el Gobierno, a los que responsabiliza de “situar en la protección de servicios de alto riesgo a vigilantes de seguridad con salarios de 700 euros”. Esta última situación se refiere, en realidad, a casos como los que se dan en el Ministerio de Defensa o contratos del Ministerio de Empleo (Fogasa y Centros de Atención a Refugiados). De hecho, el pasado jueves USO puso una demanda de conflicto colectivo contra Marsegur, una empresa de vigilancia a bajo coste que se hizo cargo del servicio en Defensa en marzo y aplica su propio convenio, declarado ilegal por la Audiencia Nacional, por reducciones de sueldos que superan los 400 euros al mes.

El Gobierno ‘militariza’ los controles del Prat y puentea el derecho de huelga


Los agentes revisan equipajes, controlan los arcos de seguridad y hasta piden documentación de embarque a los pasajeros. AENA habla de "normalidad" en el aeropuerto de Barcelona

El Gobierno ha recurrido a la Guardia Civil para hacer frente a la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona de la empresa privada Eulen. Los agentes, que son militares, se han hecho con el control de la seguridad en los arcos, tanto de los pasajeros como de los equipajes mientras los trabajadores deben cumplir unos servicios mínimos del 90%. La medida es polémica, no en vano los 350 trabajadores de Eulen encargados de los arcos de seguridad ejercen un derecho fundamental en su primera jornada de huelga indefinida tras sucesivas protestas parciales ejercidas en semanas anteriores.

La huelga se ha convocado en pleno puente de agosto, cuando se prevé que91.800 pasajeros salgan del aeropuerto de El Prat sólo este lunes en los 500 vuelos programados de salida desde el citado aeropuerto. Los agentes del instituto armado están presentes en los filtros de control de pasajeros y comparten con los empleados de Eulen tareas ejecutivas y no sólo de vigilancia, como solían hacer antes de los paros, según se aprecia esta mañana en la Terminal 1 del aeropuerto, informa Efe.

En los controles se aprecia la presencia de un par de agentes de la Guardia Civil en cada filtro, donde llevan a cabo tareas como revisión de equipajes de mano -para asegurar que no se transporta ningún objeto prohibido-, petición de la documentación de embarque y control del pase por el arco de seguridad. Fuentes del aeropuerto de El Prat aseguran que, a partir de las 9.00 horas, se puede hablar incluso de "normalidad", ya que los tiempos de espera son de unos 10 minutos, mientras que en las horas previas oscilaban en los 20 minutos.

Los pasajeros realizan colas sin aglomeraciones, mientras que en los días de más afectación del conflicto atravesaban el vestíbulo y llegaban casi a las puertas de salida de la terminal. La Delegación del Gobierno fijó en un 90% el servicio mínimo que deben cumplir los huelguistas, para garantizar los servicios esenciales, de tal manera que los guardias civiles se han colocado en cada arco de seguridad para asegurar su cumplimiento.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil criticó que el Ejecutivo "haga uso de unos funcionarios carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva" para "solventar" un problema que ha creado con la "privatización de la seguridad pública" en los aeropuertos y en otros sectores, como los centros penitenciarios. "Ya habíamos advertido sobre las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública", subrayó la AUGC cuando estalló este conflicto al tiempo que recordó que "la plantilla de la Guardia Civil se encuentra bajo mínimos".

El Gobierno planea un órdago Los aviones despegan sin incidencias desde primera hora de la mañana, mientras el Gobierno prevé lanzar un órdago a los huelguistas con la imposición de un laudo arbitral obligatorio. El abogado de los trabajadores, Leopoldo García Quinteiro, considera "abusivos" los servicios mínimos fijados ante esta huelga indefinida. Además, criticó el laudo arbitral obligatorio que pretende el Gobierno para doblegar a los huelguistas: "Mientras no se quiebren los servicios mínimos no se puede ir al arbitraje obligatorio", ha destacado el letrado quien apunta que esta fórmula surgió de "una ley franquista" cuyo "vigor ha quedado claramente desautorizado por las sentencias del Tribunal Constitucional". "La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga", denunció: los servicios mínimos "se van a cumplir", como "se han cumplido escrupulosamente" hasta ahora.

Privatización de AENA y de su seguridad Se da la circunstancia de que los guardias civiles se encargaban de los controles de seguridad de los aeropuertos hasta que el Gobierno decidió privatizar la seguridad pública. La empresa propietaria del aeropuerto y responsable de sus servicios es AENA, propiedad del Estado en un 51% de su capital. El otro 49% de la sociedad fue privatizado en febrero de 2015. Los trabajadores de Eulen rechazaron este domingo por votación la propuesta de mediación presentada por la Generalitat y que incluía un aumento salarial de 200 euros por doce pagas, lo que evitó que se pudiera cerrar el conflicto que se arrastra desde hace ya más de tres semanas y con paros parciales.

AENA ganó en el año 2016 1.164 millones de euros, lo que supuso un 40% más de incremento respecto al año anterior.Mientras, el Grupo Eulen ganó 14 millones de euros en 2016, un 65% más. Ambas empresas han rechazado que fuera temeraria la oferta con la que Eulen ganó el concurso para el control de seguridad del aeropuerto. Eulen se hizo con la subcontratación de la seguridad de las puertas de embarque en El Prat al realizar una oferta de un 2% inferior a Prosegur, que se encargaba de estas tareas hasta entonces después de que la Guardia Civil fuera apartada de estas funciones

Las colas más importantes se han vivido esta madrugada, antes de las 6.00 horas, y se deben, en gran parte, a que a esa hora sólo hay un filtro de seguridad abierto, y además los pasajeros tienden estos días a adelantar mucho su llegada al aeropuerto de El Prat para evitar perder sus vuelos por las demoras en los puntos de control de seguridad.

El CIG reprocha a UGT convocar paros parciales sin el respaldo de todos los agentes

El CIG reprocha a UGT convocar paros parciales sin el respaldo de todos los agentes

Santiago de Compostela, 14 ago (EFE).-El sindicato gallego CIG reprochó hoy a UGT la convocatoria de paros parciales de los trabajadores de la seguridad privada de los aeropuertos gallegos de Santiago de Compostela y de A Coruña sin tener en cuenta al conjunto de trabajadores y sindicatos. UGT anunció el pasado 10 de agosto la convocatoria de paros parciales en los servicios de seguridad privada de esos aeropuertos a partir del 20 de agosto, para protestar contra la "precarización de las condiciones laborales y un modelo de sector basado, exclusivamente, en la competencia de precios".

La Xunta se apresuró entonces a invitar a una "negociación" para evitar una huelga perjudicial para el turismo y los sindicatos CCOO y USO acusaron a UGT de pretender "hacer campaña publicitaria" a cuenta de la huelga del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. En un comunicado, CIG indica que sus representantes tuvieron un primer contacto con las secciones sindicales de los dos aeropuertos gallegos y acordaron una reunión posterior para "unificar las reivindicaciones", con el fin de "hacer las cosas correctamente", incluido convocar una asamblea, tras analizar los contratos de seguridad privada con las empresas Prosegur y Eulen.

Sin embargo, "UGT decidió no contar con las demás fuerzas sindicales y tomar la decisión de espaldas a los trabajadores de los aeropuertos y de los demás sindicatos", indica CIG, que lamenta, además, haber conocido la convocatoria por los medios de comunicación. CIG invita a UGT a "recapacitar, procurando el apoyo tanto de los demás sindicatos como contando con la opinión de los trabajadores" y a "no buscar sacar rédito sindical aprovechando la ocasión", añade la nota. Además, indica que los representantes de UGT "permitieron y colaboraron" con las empresas de seguridad privada y con Aena en la adopción de nuevas condiciones laborales en los aeropuertos en 2012, "amparándose en la crisis".

Seguridad Integral Canaria continua sin pagar a sus trabajadores

El responsable de SIC, Miguel Ángel Rámirez, incumple con el convenio laboral y los empleados reclaman los sueldos a la empresa

Las relaciones entre los trabajadores de Seguridad Integral Canaria(SIC), han llegado a un momento de máxima tensión con el responsable de este empresa, el magnate de la seguridad en España, Miguel Ángel Ramírez, por el reiterado incumplimiento en el pago a los empleados. Durante la mañana del viernes, los trabajadores de seguridad afectados por este conflicto laboral al no cobrar su sueldo este mes, se han ido concentrando en la sede de SIC en Tenirife en señal de protesta. Los empleados de Ramírez soportan esta situación de retraso en los pagos desde hace 36 meses, tal como expuso Basilio Febles, Secretario General a nivel nacional del sindicato FTSP-USO, en el último pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Febles denunció la precariedad laboral que sufren los trabajadores de SIC, así como la falta de resolución del consistorio.

Febles ha asegurado en declaraciones a Diario 16, que “los trabajadores de seguridad no han cobrado aún este mes, cuando el convenio laboral estipula que los pagos se efectuarán del 1 al 5 de cada mes. Este nuevo incumplimiento de la empresa no solo afecta a los empleados deSIC en el ayuntamiento, sino a otros trabajadores de seguridad destinados en otros servicios”.La presidenta del Comité de empresa, Dolores Espinosa, también ha acudido a la delegación de Seguridad Integral Canaria sita en Santa Cruz de Tenerife, para formalizar las protestas por escrito en un documento que “han firmado numerosos trabajadores exigiendo el abono inmediato de las nóminas”.

“Los trabajadores han ido a hablar con el gerente de SIS, Leonardo Clemente, pero también han requerido la presencia del administrador único de esta empresa, Héctor de Armas, para solucionar el problema con las nóminas”, explica Espinosa a Diario 16, y aclaró que “los trabajadores de seguridad pueden usar libremente las instalaciones del Comité para reunirse, independientemente de las instalaciones, al ser el espacio destinado para los encuentros de laborales, y nadie les puede obligar a abandonar sus dependencias”.

Los trabajadores de SIC le han recordado a la empresa de Ramírez en su demanda, el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada en vigor en su artículo 64, que “establece los pagos entre los tres primeros días hábiles y cinco días naturales”. “Es una situación muy complicada para los trabajadores sin cobrar, porque de ellos dependen sus familias, hipotecas, alimentación, y esta precariedad provoca situaciones de estrés que se prolongan en el tiempo”, asegura Basilio Febles (FTSP-USO), y expone que “no se comunica a los trabajadores de seguridad cuándo van a cobrar, mientras los intereses bancarios siguen en aumento para los empleados que se ven obligados a usar créditos todo los meses”

“El responsable del ayuntamiento de Santa Cruz en cuanto a las comunicaciones en este conflicto laboral con la empresa SIC es el Jefe de contratación, Javier Galarza, que “debería solucionar cuanto antes esta problemática con la empresa de Ramírez y encontrar las vías para paliar el sufrimiento de los trabajadores”, subraya Febles, que indica volverá a contactar con el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, y con el alcalde del consistorio, José Manuel Bermúdez, “al continuar la polémica de los pagos irregulares, que a pesar de haber llevado al pleno de este ayuntamiento cuatro veces el mismo conflicto, lamentablemente se sigue repitiendo”.

13 de agosto de 2017

La Generalitat acepta la votación de la plantilla de Eulen y se abre a negociar "toda la noche"

La consellera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, ha defendido que la situación de El Prat no es nueva y ha advertido de que se puede repetir en otras infraestructuras: "Nos llega que los trabajadores de Eulen de Madrid proponen reuniones para hacer una huelga".

La consellera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, ha aceptado el resultado de la asamblea de trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que ha votado en contra de la mediación de su departamento, pero se ha mostrado dispuesta a retomar la negociación: "Estaríamos abiertos hoy mismo toda la noche para que no hubiera huelga, pero tiene que ser que las dos partes nos lo pidan".

"Se acaba nuestra tarea y ahora, si quieren negociar, tienen que hacerlo las dos partes, que son Eulen con Aena y los trabajadores", ha explicado en rueda de prensa después de que la plantilla haya rechazado el pacto al que llegaron las partes que contemplaba un plus de 200 euros mensuales en 12 pagas al año, y ha insistido en que sólo lideraran una nueva mediación si lo piden todas las partes. Bassa ha explicado que la participación en la asamblea ha contado con un 44% de participación y ha reconocido que "está muy claro que ha salido el 'no", que ha obtenido 150 de 187 sufragios.

"No podemos decir que estamos decepcionados ni que no porque democráticamente ha salido el 'no' y nuestro trabajo de mediar, que es acercar posiciones, ha acabado", ha afirmado, y ha reivindicado que su Conselleria ha trabajado en el conflicto desde que estalló e incluso han realizado gestiones este mismo domingo para acercar posiciones. La consellera, a quien ha acompañado el director de Relaciones Laborales de la Generalitat, Enric Vinaixa, ha defendido que la situación de El Prat no es nueva y ha advertido de que se puede repetir en otras infraestructuras: "Nos llega que los trabajadores de Eulen de Madrid proponen reuniones para hacer una huelga".

Ha agradecido a Eulen que aceptara un incremento salarial de 200 euros, ya que proponía 30 euros al principio, pero ha pedido "entre todos replantear" cómo se llevan a cabo las contrataciones y licitaciones de servicios públicos para evitar este tipo de situaciones. "Tenemos que pensar más en dar un buen servicio y no en las apuestas económicas", ha sentenciado.



Huelga total en El Prat desde este lunes tras rechazar de nuevo los vigilantes la propuesta de la Generalitat


Solo votó el 53% de la plantilla de Eulen, concesionaria del servicio en el aeropuerto barcelonés, y apenas uno de cada cinco aceptaron una subida de 200 euros en 12 pagas

Desde este lunes la imagen de colas superiores a una hora y las protestas de cientos de pasajeros ante el miedo a perder sus vuelos pueden volver a repetirse en los controles de acceso al área de embarque del aeropuerto barcelonés de El Prat. Los vigilantes de Eulen, la compañía concesionaria de este servicio, confirmaron en la tarde de este domingo el inicio de una huelga total de duración indefinida a partir de este lunes, tras haber rechazado por segunda vez la propuesta de la Generalitat catalana que ejerce el papel de mediador en este conflicto laboral que se viene agravando desde principios de mes, en pleno apogeo de las vacaciones estivales.

A semejanza de la asamblea que se celebró el jueves –en la que el comité de huelga llegó a presentar cuatro propuestas distintas, tres de las cuales no había puesto antes encima de la mesa de negociación–, solo votó poco más de la mitad de la plantilla, en concreto el 53%. Fueron 187 vigilantes de los 350 que integran la sociedad con la que Eulen se encarga de los arcos de seguridad y los escáneres del aeropuerto, y la gran mayoría rechazó por segunda vez el planteamiento de las autoridades para resolver el conflicto, aceptado días atrás por la empresa: una subida salarial de 200 euros distribuidos en 12 pagas.

No obstante, esta vez tuvo más respaldo que hace cuatro días, en la primera consulta a la plantilla. Frente a los dos únicos votos que tuvo entonces (cuando participaron 176 vigilantes), esta vez sumaron 36, aunque insuficientes frente a los 150 que mostraron su negativa a la subida de sueldo planteada por la Generalitat y otro voto nulo. Un grupo menor (89 trabajadores), pero aún así mayoritario, apoyó el jueves la reivindicación que el comité de huelga piensa defender en la mesa de negociación: un incremento de 250 euros en 15 pagas, cuyo coste para Eulen supera en un 56% lo ofertado.

En previsión de este probable rechazo, el comité de crisis convocado por el Gobierno decidió el viernes dos medidas de peso. De un lado, reforzar la presencia de la Guardia Civil en las tareas de control de embarque en El Prat –lo que ha requerido el desplazamiento de agentes desde otras comunidades–, aunque «solo para reforzar, no para sustituir», puntualizó este domingo el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, quien defendió esta actuación para «garantizar la seguridad de los pasajeros y el orden público». Sin embargo, ha sido criticada desde los sindicatos ante el riesgo de que terminen haciendo labores que desempeñaban los huelguistas, pues a los refuerzos se les está dando una «formación específica» para manejar los aparatos.

Aunque su presencia ya era visible este domingo en esas instalaciones –al no haber paros previstos, apenas hubo colas–, se prevé que el mayor despliegue se produzca desde hoy, «momento crítico» por el inicio de la huelga indefinida según el Ejecutivo, que destaca que la competencia de seguridad sigue recayendo en la Guardia Civil aunque parte del servicio haya sido privatizado. En cualquier caso, la delegación del Gobierno ha previsto unos servicios mínimos elevados, de hasta el 90%, en línea con los que se suelen fijar en paros totales dentro del transporte público. Su argumento es que los paros afectan a un sector «estratégico», donde se prestan «servicios esenciales», y que «podrían verse afectados gravemente derechos fundamentales» como la libertad de circulación. Aunque el comité de huelga descartó ese tipo de efectos, garantizó que se cumplirán los mínimos fijados.

Arbitraje a la vista La otra medida de importancia que va a adoptar el Gobierno es la imposición de un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto, del cual saldría luego en menos de dos semanas un laudo de cumplimiento forzoso para ambas partes, Eulen y sus vigilantes. El problema es que ese proceso debe aprobarlo el Consejo de Ministros, que podría reunirse el viernes próximo, pendiente además de cómo se desarrolle en paralelo la estrategia independentista en Cataluña, el otro foco que más preocupa ahora al gabinete de Mariano Rajoy.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna evitó concretar plazos al respecto, aunque espera recibir en breve un informe de la Abogacía del Estado. La decisión final debería contar en cualquier caso también con el respaldo de la Generalitat, dado que es la administración con competencias laborales sobre El Prat.

Según el Real Decreto Ley 17/1977 (avalado en su mayor parte por el Tribunal Constitucional en 1981), el Ejecutivo puede imponer el arbitraje si concurren circunstancias excepcionales, entre las que se encuentran los «perjuicios graves» que puede provocar la huelga para la economía española, la duración de los paros –aquí indefinidos– y la posición de las partes –esto es, las opciones de que puedan alcanzar un acuerdo por su cuenta, algo que parece improbable a la vista de lo sucedido estas últimas semanas–.

Esta figura, aunque controvertida, ya se ha utilizado antes en otros enfrentamientos laborales como, por ejemplo, las negociaciones entre Iberia y el sindicato de pilotos Sepla en 2013 con motivo del severo ajuste en su plantilla. En todo caso, De la Serna ya advirtió el sábado a los vigilantes de Eulen de que la votación de este domingo era su «última oportunidad» para evitar el arbitraje forzoso, declaraciones que desde parte del comité de huelga se han interpretado como «coacciones».

Cruce de reproches El abogado de la plantilla, Leopoldo Quintero, argumentó que si se cumplen los servicios mínimos no habría causa para el arbitraje obligatorio, al tiempo que acusó al ministro de «una arrogancia absolutamente incompatible con los principios básicos del derecho». De la Serna, por su parte, les pidió «un poco más de responsabilidad» y lamentó que hubieran «desatendido los llamamientos a la responsabilidad». Sobre el comité de huelga, el ministro criticó su postura como «muy inmovilista». Sus miembros, a su vez, denunciaron que la Guardia Civil está «presionando» a los vigilantes del aeropuerto y por eso la convivencia ya ha empezado a ser «mala».

BARCELONA: Los vigilantes de El Prat rechazan el acuerdo y mantienen la huelga indefinida a partir del lunes

El 'no' se se ha impuesto de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del 'sí' y un voto nulo

El aeropuerto de El Prat inicia el puente de agosto en situación de tensión máxima. Los vigilantes de seguridad rechazaron el domingo el acuerdo ofrecido por la Generalitat y decidieron mantener la convocatoria de huelga indefinida, que comienza el lunes. El Gobierno respondió rápidamente. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que está en marcha la aprobación de un arbitraje capaz de obligar a los trabajadores a volver a sus puestos, así como el despliegue de la Guardia Civil para evitar percances de lo que el ministro definió como “un problema importante de seguridad y de orden público”.

Pese al ultimátum lanzado por el Gobierno central, los trabajadores votaron no al aumento salarial aceptado por Eulen y mantienen el pulso que amenaza con provocar una situación de colapso en El Prat. En la asamblea participaron 187 de los 350 empleados de los controles de seguridad. El no se impuso de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del síy un voto nulo. De la Serna justificó la intervención del Gobierno con el fracaso de las dos negociaciones anteriores. El ministro dijo que ya había hecho una petición formal a la Abogacía del Estado para que redacte un informe que pueda ir al Ministerio de Empleo; y de este al Consejo de Ministros, el responsable de dar el paso definitivo para obligar a los huelguistas a volver al trabajo y nombrar un árbitro que dirima el conflicto. En principio, no estaba previsto que el Consejo se reúna en agosto, pero el presidente, Mariano Rajoy, ya dijo que se podría convocar el día 16 para abordar la tensión separatista en Cataluña La propuesta del árbitro, avisó el ministro, “tendrá carácter vinculante para las partes”.

Con la votación, se abre un panorama incierto. En primer lugar, para los pasajeros de El Prat, que desde el pasado 24 de julio sufren las consecuencias del conflicto y han tenido que soportar largas colas en los controles. Ahora, los pasajeros afrontan una huelga indefinida en una de las épocas del año con mayor tráfico aéreo. En segundo lugar, para el Gobierno, que deberá gestionar no ya unos paros parciales, sino una huelga indefinida. Las consecuencias también las afrontarán los propios trabajadores, que seguirán buscando mejoras a sus condiciones pero con una espada de Damocles sobre la cabeza: la advertencia de De la Serna de que impulsará el laudo arbitral y de que la Guardia Civil se hará cargo de los filtros de seguridad en las dos terminales del segundo aeropuerto español.

LA GENERALITAT CREE QUE SU MEDIACIÓN HA ACABADO La consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, ha dicho que la mediación de la Generalitat en el conflicto laboral de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat ha terminado, después de que estos hayan decidido "democráticamente" rechazar su propuesta. Bassa ha señalado que ahora les corresponde negociar a "las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores. La consejera ha dicho que en la asamblea participó el 44% de la plantilla de Eulen y ha agradecido al comité de huelga haber convocado esta segunda asamblea, en la que, a diferencia de lo que ocurrió el pasado jueves, sólo se ha sometido a votación la propuesta que había sido consensuada y aceptada por la empresa.

Bassa ha dicho que no estaban "ni decepcionados ni no decepcionados" por el resultado y ha subrayado que "durante los 21 días que ha durado el conflicto" la Generalitat ha tratado de alcanzar un acuerdo entre las partes que permitiera salvar unas diferencias que considera que no son "insalvables". También ha agradecido a la empresa haber permitido que su propuesta inicial de una subida salarial de 30 euros mensuales se incrementase hasta otra de 200 euros por 12 pagas. Bassa ha recalcado que el conflicto de Eulen en El Prat no es un "problema puntual" sino un "problema endémico".

Las amenazas de De la Serna no han servido para calmar el ánimo de los vigilantes de seguridad, sino más bien lo contrario. “La actitud del ministro ha sido arrogante, sus amenazas están fuera de lugar”, dijo Leopoldo García Quinteiro, abogado del comité de huelga de Eulen, al término de la votación, que se produjo en un centro cívico de El Prat de Llobregat cercano al aeropuerto. Por la mañana, en plena incertidumbre por los resultados, Puri Infante, miembro del comité de huelga, había advertido ya sobre las “coacciones” del ministro. “Esto se podría haber solucionado mucho antes. Ahora se preocupa por tumbar una huelga, que es un derecho constitucional”, denunció.

El pasado jueves, los trabajadores rechazaron ya la propuesta ofrecida por la Generalitat, que ejerce de mediadora en el conflicto, en su aspecto económico. La propuesta supone un incremento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas. Fuentes del comité, sin embargo, señalan que esa es solo una parte de la verdad. En especial, para los vigilantes veteranos, que según ese acuerdo ven suprimidos dos pluses que cobraban cuando fueron contratados por Prosegur. En junio del año pasado, Aena adjudicó a otra empresa, la multinacional Eulen, el control de seguridad en el aeropuerto.

Los trabajadores subrogados de Prosegur —que tenían mejores condiciones laborales con esa compañía— son los que han decantado el sentido de la votación. Muchos de ellos ocupan su puesto en el aeropuerto desde 2009, cuando se inauguró la nueva terminal, la T1. Es el caso de Francesca, que por la tarde se acercó al centro cívico para anunciar su voto negativo. “Lo de los 200 euros se ha explicado mal. Al quitarnos los pluses de Aena, el aumento en realidad es de 100 euros brutos. Así que no vale la pena”, explicó la vigilante, que aseguró no tener “ningún miedo” al ultimátum lanzado por el Gobierno.

La votación clave del domingo coincidió con una nueva jornada de paros parciales (la quinta). Las colas en los controles de seguridad por la mañana fueron, sin embargo, menores que en días precedentes. Los pasajeros tuvieron que esperar un máximo de 30 minutos para atravesar el arco de seguridad en las dos terminales (T1 y T2) del segundo aeropuerto español. Una de las causas de esa relativa tranquilidad pese a la huelga fue la presencia -cada vez más ostentosa- de agentes de la Guardia Civil, que desarrollaron tareas de control de equipajes y supervisaron las tarjetas de embarque junto al personal privado de Eulen.

Como ha sido habitual desde que estalló el conflicto laboral -el 24 de julio-, la mayor concentración de pasajeros se ha producido a primerísima hora de la mañana. Conscientes de que podrían producirse retenciones, los viajeros se presentaron en las terminales con más de las dos horas de antelación aconsejadas. Esa precaución extrema, unida al elevado tráfico aéreo propio de un fin de semana de agosto, provocó colas voluminosas a las cinco de la mañana. El tráfico, además, no para de crecer en El Prat: 22,1 millones de pasajeros (un 8,5% más) en el primer semestre del año, según dio a conocer el Consejo Internacional de Aeropuertos.