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31 de enero de 2017

PALMA DE MALLORCA: El Govern ordena la retirada de vigilantes en los tejados del centro de Es Pinaret

El Govern balear retirará el punto de vigilancia del tejado del centro de menores de Es Pinaret. Según fuentes oficiales de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, el servicio extraordinario se inició el pasado 16 de diciembre de 2016 al detectar el personal de seguridad que se habían registrado dos fugas en menos de una semana.

«Se están realizando una serie de obras de mejora en las instalaciones y durante las mismas se detectó un importante punto de fuga. De manera totalmente provisional se tomaron medidas extraordinarias y se colocó un vigilante en el tejado. En menos de diez días está previsto que nos lleguen unas vallas que están en proceso de fabricación y el problema quedará subsanado», señalan desde la Conselleria. Por su parte, el Govern también reconoce que la empresa responsable del servicio de seguridad no cuenta con el correspondiente informe de valoración de riesgo laboral, alegando que se trata de una medida temporal avalada por cuestiones de seguridad.

Interior confía en abrir el Centro de Desaparecidos en este semestre

El objetivo del nuevo organismo es el de centralizar y coordinar la búsqueda de personas en el territorio nacional

El pasado 21 de diciembre, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados la creación de un Centro Nacional de Desaparecidos, que, como su propio nombre indica, coordinará las actuaciones en casos de desapariciones. Según detalló Zoido justificando la iniciativa en esa intervención, "a pesar de los avances realizados estos últimos años existe una demanda generalizada, entre otras cosas, de mejorar la colaboración entre cuerpos policiales y otros servicios públicos".

Ayer, la mano derecha de Zoido en Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, pasó por Córdoba informando de que el objetivo del Ministerio del Interior es la de poner en marcha en este primer semestre del año ese Centro Nacional de Desaparecidos. Nieto adelantó que la intención del Gobierno es presentar a los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados un borrador con la estructura y funciones del nuevo organismo en esta misma semana. El secretario de Estado de Seguridad realizó el anuncio en la sede de la Subdelegación del Gobierno tras reunirse con los padres del joven Francisco Molina, quien fue visto por última vez en Córdoba hace ahora 19 meses. "Este dolor es compartido y lo sentimos como propio", indicó, para mostrar su deseo de que el caso del joven "se pueda esclarecer en el menor tiempo posible". "Por desgracia, hay muchos casos como el de Francisco Molina en España", detalló Nieto. "Por desgracia, son más frecuentes de lo que nos gustaría", dijo.

POR DESGRACIA, ESTOS CASOS SON MÁS FRECUENTES DE LO QUE NOS GUSTARÍA" El número dos de Interior destacó que el objetivo del Centro Nacional de Desaparecidos es el de "centralizar y ordenar todos los datos de búsqueda de personas desaparecidas, así como de restos humanos sin identificar; de forma que sea un gran observatorio del fenómeno de las desapariciones y realice análisis estratégicos en torno a las causas de las desapariciones y los datos que se puedan recabar".

Además, desde el departamento de Zoido esperan, tal y como relató Nieto, que esta nueva iniciativa "sirva para impulsar la coordinación y cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, a la vez que nos gustaría que se incorporaran policías locales, organizaciones de seguridad privada y datos que se recaban en espacios privados y puedan ser útiles en la búsqueda de las personas, como las imágenes de cámaras", añadió. Nieto subrayó que la próxima oferta pública de empleo estatal ya debería incluir algunas plazas para el Centro Nacional de Desaparecidos. "Con este nuevo centro España se situará a la cabeza de Europa en la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que no existe un órgano similar en ningún otro país de Europa", añadió al respecto el secretario de Estado de Seguridad .

Otro de los objetivos que se persiguen con el Centro Nacional de Desaparecidos, tal y como destacó el número dos de Interior, es que se puedan "fijar criterios homogéneos en las búsquedas y también elaborar, difundir y publicar información de forma periódica para evitar el olvido o abandono de las investigaciones; al tiempo que se constituirá un equipo multidisciplinar con distintos representantes policiales, equipos de salvamento y rescate, criminólogos, forenses, letrados, juristas, notarios, psicólogos, psiquiatras y asociaciones de desaparecidos y familiares", adelantó Nieto.

También, se pondrá en marcha una página web especializada en la que se difundirán informaciones sobre las personas desaparecidas y el ámbito en el que se produjeron para ordenar las informaciones que se puedan recabar de la colaboración ciudadana, aunque teniendo en cuenta que "en algunos casos esa colaboración no se realiza por personas que actúen de buena fe", apuntó.

SOSDESAPARECIDOS, una asociación que apoya a las familias de personas desaparecidas

Resultado de imagen de DESAPARECIDOSsosdesaparecidos es una asociación sin animo de lucro constituida en Caravaca de la Cruz - Murcia - en el año 2010 pero que esta activa desde el 2007 y colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben qué ha sucedido ni dónde se encuentran.


-Se ofrece información y ayuda de cualquier tipo a las familias que buscan a una persona desaparecida y no existe comunicación expresa del lugar donde se encuentra.

-Se canalizan las demandas que existen sobre desapariciones hacia las instituciones y organismos públicos y privados con competencias para la atención de estas necesidades.

-Se fomenta la solidaridad ciudadana mediante la difusión de alertas nacionales e internacionales a través de Internet, redes telefónicas y otros medios de publicidad con tal de ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.

-Se acogen y fomentan trabajos de auxilio y cooperación por parte del voluntariado asociativo individual y colectivo.

-Se promueven iniciativas institucionales y legislativas para un mejor cumplimiento de las finalidades de solidaridad y ayuda para localizar a las personas que faltan de su domicilio sin una razón justificada.

Crear y administrar bases de datos sobre Personas desaparecidas. Fomenta la colaboración con unidades de busqueda y rescate. sosdesaparecidos tiene como presupuesto 0 euros y no aceptamos ayuda economica alguna que no sean donaciones para campañas que sean necesarias realizar

CÓRDOBA: El Consistorio busca una solución 'in extremis' a la falta de porteros en los colegios

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Declara prioritario el servicio porque a partir de marzo no se podrá contratar a una empresa privada

La falta de porteros en los colegios no es un problema que, ni mucho menos, esté solucionado. Las limitaciones por la ley de la administración local y el varapalo judicial que supuso la suspensión del acuerdo para definir los servicios esenciales -recurrido por la Abogacía del Estado- ha dejado el problema a medio resolver.


El Ayuntamiento recurrió a una empresa privada, aunque esto también presenta algunos problemas de encaje legal, según ha podido saber este periódico, hasta tal punto que la continuidad del servicio sólo se garantiza hasta el mes de febrero, ya que después no se podrían firmar más contratos. El concejal de Educación del Ayuntamiento, Andrés Pino, se reunió la semana con una veintena de directores de colegios, que exigen una solución definitiva. Pino garantizó la prestación del servicio durante febrero y reconoció que se está buscando una alternativa que tiene que estar lista, sí o sí, antes de que finalice el próximo mes, porque ya no se pueden encadenar más contratos.

¿Qué es lo que se está haciendo? Desde el área de Recursos Humanos explicaron que se ha declarado el servicio de porteros en colegios como prioritario y ya cuentan con todos los informes favorables de Intervención y el resto de departamentos competentes. De esta manera, el Ayuntamiento ya podría tirar de la lista de reserva para la contratación interina de estos funcionarios. Para ello también debe haber una partida consignada en los presupuestos de estos años y que las cuentas estén aprobadas. Con todo, el objetivo es cerrar todo antes de marzo, si no otra vez se caería en la situación anterior de falta de porteros en varios centros. La responsable de la Asociación de Directores de Andalucía en Córdoba, Isabel Bernal, reconoció que se trata de "un problema muy grave", puesto que los centros "no tienen personal para asumir esas tareas", que son "muy importantes, ya que están en contacto con menores". Bernal detalló que el profesorado siempre tiene asignado un horario y no puede dejar un aula para ir a la portería. En el caso de las entradas y las salidas también se genera mucho trabajo, ya que "se trata de tareas muy complejas", puesto que estamos hablando de menores y cualquiera no puede llevarse a los niños, sobre todo cuando se trata de padres separados o cuando hay órdenes de alejamiento, que las hay", detalló.

El Ayuntamiento recurrió el año pasado a vigilantes de seguridad para cubrir los puestos necesarios. El área de Recursos Humanos tenía previsto contratar a cinco porteros de colegio, que se paralizó tras la decisión del juez.

30 de enero de 2017

MÁLAGA: Condenan a un policía local de Antequera por hurtar una cámara de vídeo

Condenan a un policía local de Antequera por hurtar una cámara de vídeo
El agente, que ha aceptado una pena de cuatro meses de prisión y 120 euros de multa, lesionó también al vigilante de seguridad que lo descubrió

El vigilante lo sorprendió in fraganti y lo siguió discretamente hasta que pudo echarle el guante. Tras forcejear con él, descubrió que el hombre al que acababa de reducir por intentar hurtar una cámara GoPro 5 era un agente de la Policía Local de Antequera.

El funcionario, que fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en calidad de detenido, ya ha sido condenado tras conformarse con el relato de los hechos realizado por la Fiscalía y aceptar una pena de cuatro meses de prisión por el hurto y 20 días de multa por las lesiones leves causadas al vigilante en el forcejeo. Los hechos sucedieron a las 13.20 horas del pasado día 3 de enero en el establecimiento de El Corte Inglés situado en la calle Hilera. El vigilante declaró en comisaría que, mientras realizaba su trabajo, vestido con su uniforme reglamentario y luciendo todos sus distintivos, observó a un hombre merodeando por la zona de ‘Hogar’, y más concretamente por la sección de ‘Fotografía’.

El empleado de seguridad observó cómo el individuo se aproximaba a la vitrina donde están expuestas a la venta las cámaras GoPro, muy conocidas en el mundo del deporte, y empezó a mirar a su alrededor y también al techo, al parecer, tratando de comprobar si lo estaba grabando el sistema de videovigilancia del establecimiento. Según declaró el vigilante, el sujeto abrió la vitrina y cogió una GoPro Hero 5 Black, que tiene un precio de venta de 429 euros. Tras «pegársela al cuerpo», comenzó a caminar hacia una de las puertas de la tienda, pero al ver que allí había otro empleado de seguridad, cambió de rumbo y se dirigió hacia otra salida, concretamente la de la cafetería Starbucks.

Al intentar darse a la fuga Al ver que iba a cruzar la puerta con la cámara, el vigilante lo interceptó cuando «intentaba darse a la fuga», según declara probado la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR. El individuo reaccionó dándole un empujón y se inició un «fuerte forcejeo» en el que ambos cayeron al suelo. El trabajador de seguridad tuvo que ser auxiliado por sus compañeros, quienes a su vez llamaron a la Policía Nacional. Mientras llegaban las patrullas, un cliente que se encontraba en el establecimiento les comentó que conocía a aquel hombre y que, según creía, era policía local en el municipio de Antequera.El vigilante lo interceptó cuando salía de la tienda con una GoPro valorada en 429 euros

El empleado de seguridad fue asistido en un centro sanitario por las lesiones producto del forcejeo. Según el fallo judicial, sufrió una cervicodorsalgia de la que tardó cuatro días en curarse, uno de ellos impeditivo. El detenido, por su parte, fue trasladado a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde se confeccionó el atestado del caso. Los investigadores contactaron con la Jefatura de la Policía Local de Antequera para comprobar si el arrestado, que tiene 40 años, figuraba entre su plantilla. La respuesta fue afirmativa. Es un agente en activo que en esos momentos se encontraba libre de servicio.

El fiscal consideró que los hechos eran constitutivos de los delitos de hurto y lesiones leves. Por el primero, solicitó una pena de seis meses de prisión y, por el segundo, un mes de multa a razón de una cuota diaria de seis euros, es decir, 180 euros. El Ministerio Público reclamó que abonara esa misma cantidad al vigilante de seguridad como indemnización. Al aceptar el acusado el relato de los hechos realizado por la Fiscalía, se dictó sentencia ‘in voce’, que adquirió firmeza al comprometerse las partes a no recurrirla. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga condenó al individuo a cuatro meses de cárcel por el hurto y a una multa de 120 euros, además de los 180 euros de indemnización al vigilante.

Asimismo, el magistrado acordó la suspensión de la pena de prisión, como había pedido la defensa, durante un periodo de dos años, siempre y cuando no vuelva a delinquir en ese tiempo y cumpla con la condición de abonar la responsabilidad civil impuesta en la sentencia.

¿Es lo mismo el ingreso mínimo vital que el salario mínimo?

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En el campo laboral mucho se habla del mínimo vital, confundiéndolo a veces con el salario mínimo, concepto que puede ser muy diferente.

El mínimo vital hace referencia el ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, recreación entre otras.

Una persona requiere de unas condiciones mínimas para vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, muchas de ellas elementales hasta en el mundo animal. Esas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por ese ingreso mínimo vital. Ese mínimo vital no sólo debe considerar las necesidades de la persona sino de su grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en nuestro medio suele estar conformado por 4 personas.

En teoría el salario mínimo busca cubrir ese mínimo vital, algo que parece no corresponder a la realidad. El salario mínimo actual escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia, de modo que no se puede hablar que el salario mínimo es igual o cubre el mínimo vital. El salario mínimo no es otra cosa que aquel valor, topeo o monto mínimo que un empleador debe parar a un trabajador, más no representa el mínimo vital. Lo ideal, claro está, sería que el salario mínimo obedeciera al menos en parte al mínimo vital.

Un juzgado de Almería declara la inaplicación de artículos del Convenio de Grupo Control que perjudicaban a la plantilla

La Federación deServicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) UGT Almeríamuestra su satisfacción por la sentencia dictada por el Juzgado de la Social número 4 de Almería, en la que declara la inaplicación de diferentes artículos del Convenio Colectivo de la empresa Grupo Control Seguridad S.A., publicado en el BOP en agosto de 2013.

Como ha explicado David Siles, Secretario General de SMC UGT Almería, “tras años de lucha hemos logrado acabar con la precariedad del Convenio de Empresa de Grupo Control que UGT denunció desde que se publicó en el BOP. Se trata de una sentencia muy importante ya que obliga a Grupo Control Seguridada devolver todo lo que haya dejado de pagar a sus trabajadores y trabajadoras”. A este respecto, ha detallado que "el Convenio impugnado contraviene el Estatuto de los Trabajadores por cuanto contempla unos descuentos en la paga de productividad a consecuencia de las sanciones firmes impuestas por la empresa que constituye una multa de haber; establece una nueva jornada de trabajo de 1826 horas frente a las 1782 del Estatal; reduce los días de vacaciones; y crea una nueva categoría profesional".

Sobre esta nueva categoría, ha explicado que “se trata de la categoría del Vigilante Novel o de nueva incorporación, una categoría que discrimina de forma directa y degradante a este personal, ya que sus condiciones laborales están muy por debajo de las del resto de vigilantes de seguridad, a pesar de realizar el mismo trabajo. Gracias a esta sentencia, que la ha declarado como ilegal, se va a evitar que las condiciones económicas y psicosociales de estos trabajadores sigan siendo gravemente mermadas”. Así mismo, el responsable sindical ha recordado que “por culpa de este Convenio, en los últimos tres años, la plantilla ha sufrido una gran disminución de sus salarios, en algunos casos, como el de los vigilantes nóveles, se han reducido hasta un 40%”. A este respecto, ha manifestado que “desde UGT esperamos que ahora y tras esta sentencia, los sindicatos que firmaron este Convenio, a pesar de perjudicar con él a los trabajadores y trabajadoras que representan, actúen con responsabilidad y no vuelvan a ser cómplices de la empresa. Por eso, les hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no acepten ningún nuevo acuerdo con la dirección de la empresa que impida que la plantilla pueda reclamar lo que se le ha quitado todo este tiempo”.

En referencia a las amenazas de la empresa de recurrir la sentencia con el objetivo de alargar por más tiempo el Convenio Provincial, David Siles ha asegurado que “estamos seguros que la gran afectada con todo ello será la empresa”, asegurando que “no todo vale, no se pueden pisotear los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y así lo evidencia el fallo a favor de la demanda presentado por UGT”. Por otro lado, el responsable sindical ha sido tajante ante las diferentes informaciones y manifestaciones del resto de organizaciones sindicales, asegurando que “solo pretenden confundir a los trabajadores y trabajadoras para que la empresa salga ganando. Nuevamente, demuestran de lado de quién están, y precisamente no es de el de las personas que representan”, haciendo un nuevo llamamiento a la responsabilidad para que “dejen de defender los los intereses de la empresa, actúen con responsabilidad y paren de jugar con los intereses de los trabajadores y trabajadores del Grupo Control en Almería”.

29 de enero de 2017

PALMA DE MALLORCA: Es Pinaret coloca a vigilantes de seguridad en los tejados para evitar fugas de menores


Los vigilantes tienen que subir al tejado con ayuda de una escalera y gatear por una ventana.


El centro de menores de Es Pinaret, en los últimos meses, es un auténtico coladero de fugas. El Govern y la dirección de la cárcel de chicos conflictivos han decidido colocar vigilantes de seguridad en los tejados.

Esta medida ha sido denunciada por trabajadores y sindicatos ante la Inspección de Trabajo por poner en peligro la seguridad de los profesionalesy por el trato vejatorio al que están sometidos los mismos. «Es una vergüenza lo que sucede en Es Pinaret. La zona de los tejados no está habilitada para el tránsito de personas. Para protegerse de la lluvia y el viento les han colocado una caseta de las que se utilizan habitualmente para guardar escobas», señala Sebastià Oliver, coordinador de comunicación de Alternativa Sindical.

«Estamos cansados de que los responsables se salten las normativas. La empresa no ha realizado el informe de riesgo laboral y juega con la vida de las personas. Si los menores se fugan la solución pasa por incrementar las medidas de seguridad y aumentar la plantilla», concluye.

Real como la vida misma


Critican los certificados para nuevos vigilantes


El colectivo‘Marea Negra entiende que lo que se persigue es que los sueldos sean de unos 700 euros.


El colectivo Marea Negra, que representa a una importante parte del sector de la vigilancia privada, ha criticado que “recientemente el Ministerio de Educación junto al SEF han dado carta blanca a unos certificados de profesionalidad.

Se trata de que cualquier persona que quiera ser vigilante de seguridad hace un curso mediante el SEF y puede adquirir la cualificación necesaria para poder ejercer esta profesión tan digna. El trasfondo de todo esto está en que “lo que se quiere conseguir es pagar aún menos de lo que se paga hoy a este colectivo de la seguridad privada. Quieren que todos estos vigilantes sean ‘noveles’, para que su sueldo sea más bajo todavía. Estamos hablando de un salario de unos 700 euros”, señala el colectivo Marea Negra.

“En un principio se nos hizo entender que, sería un enriquecimiento del currículum pero la verdad no ha tardado en salir a la luz”, subraya la organización al respecto. Marea Negra está “totalmente en desacuerdo con esta iniciativa ya que, la verdadera intención es que, las empresas sigan haciendo su agosto, sin tener en cuenta la situación económica en la queda el trabajador. ¿Puede una familia vivir con este sueldo?”, se preguntan. “Si a la lucha que llevamos de incrementar el salario y la formación a este sector, le sumamos esta insensatez que ya se lleva a cabo, este colectivo pierde y mucho”, destacan.

El vigilante de seguridad a lo largo de su historia ha dependido del Ministerio del Interior. Se le hacía una serie de pruebas físicas y teóricas y una vez superadas, recibía la acreditación para desarrollar esta profesión. “Hoy, lo que se pretende con el Real Decreto 548/2014 de 27 de junio por la que se establecen 5 certificados de profesionalidad de seguridad es que, nos creamos que al aumentar las horas de formación (320 horas, actualmente 180) nos beneficia, sabemos fehacientemente que no es así porque solo facilita a que el empresario gane y gane”, critican.

“Por otro lado nos gustaría saber por qué promueven esta iniciativa los sindicatos de siempre. Gracias a ellos este colectivo pierde derechos continuamente”, añaden. “Ya hay una empresa que ha sacado adelante este proyecto, se trata de la empresa ‘Grupo y control’, la cual se encuentra descolgada del convenio nacional, trabajando con el suyo propio, el cual es ilegal”, denuncia el colectivo.

27 de enero de 2017

El CSN desmonta el modelo de seguridad ‘low cost’ de Miguel Ángel Ramírez


La empresa del canario amigo de Soria, rey de la seguridad 'pirata' perdió un contrato millonario por intentar colársela al CSN.


La empresa de seguridad Marsegur, relacionada con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, amigo del exministro José Manuel Soria y señalado por los sindicatos como uno de los grandes responsables de la precarización de la seguridad en España, fue excluida recientemente del concurso para hacerse con la vigilancia, seguridad y servicios auxiliares del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Lo más interesante no es la exclusión en sí misma, algo que empieza a ser norma una vez que las administraciones están empezando a poner el bienestar básico de los trabajadores por encima de las consideraciones puramente económicas. Lo verdaderamente interesante es que el CSN desmonta el modelo de Marsegur y lo desnuda sin piedad.

El pasado verano, el CSN abría las plicas de las trece empresas licitadoras y concluía que todas aplicaban a los respectivos importes de precio/hora el número de horas suficiente para la ejecución del servicio según lo exigido en el pliego de condiciones técnicas. ¿Todas? No. Marsegur ofrece “un error manifiesto en el importe de la proposición al no ser compatible el cálculo del precio unitario de su escandallo de costes con el número de horas a realizar para la ejecución del servicio”. Para la mesa de contratación, “el citado importe llevaría implícito el incumplimiento del número total de horas a contratar para su ejecución en las condiciones establecidas. Así pues, el CSN pidió aclaraciones.

En su respuesta la UTE, compuesta por las empresas de Ramírez Marsegur y Marservi, reitera su oferta de 1,32 millones de euros y reproduce los costes unitarios: 18,54 euros/hora por un vigilante con arma, 16,71 euros/hora por otro sin arma y 12,22 euros/hora por cada auxiliar.


Ahí es donde la mesa de contratación se queda a cuadros. “La oferta (…) resulta incoherente en sí misma con independencia de la estructura de costes que quepa considerarse, ya que el importe total ofertado no guarda concordancia con los precios unitarios que se ofertan. Tanto es así, que incluso elaboran un cuadro en el que queda claro que, a los precios que la UTE plantea, el coste total del servicio debería ser de 1,434 millones de euros. En el mus a esta jugada se la llama ‘por chicuela’.

Detenido, gracias a su sangre, un ladrón herido al asaltar un furgón en Barcelona en 2015

Barcelona, 26 ene (EFE).- La sangre que derramó un supuesto ladrón que quedó herido durante un frustrado asalto armado a un furgón blindado en Barcelona en julio de 2015 ha permitido identificarle y detenerle en el aeropuerto de Lisboa (Portugal), donde hizo una escala en un vuelo entre Londres y Estados Unidos.

Según han informado hoy los Mossos d'Esquadra, el detenido, en una operación de la policía portuguesa en colaboración con la catalana, es un hombre de 32 años, nacionalidad chilena y supuesto miembro de la banda de atracadores "Lanzas Internacionales". El asalto al furgón blindado se produjo el 14 de julio de 2015, en la calle Concilio de Trento de Barcelona, cuando hacia las 12.30 horas dos hombres armados -con una escopeta de caza y una semiautomática- intentaron apoderarse del dinero que llevaba el vehículo, si bien tuvieron que huir al ser repelidos por los vigilantes de seguridad, que efectuaron varios disparos.

Durante el tiroteo, uno de los dos asaltantes resultó herido y dejó en el suelo restos de sangre, que permitieron a la División de Policía Científica de los Mossos d'Esquadra descubrir que se trataba de la misma persona que había cometido varios robos en domicilios en Suiza. Gracias a estos datos, la policía danesa pudo identificar con nombre y apellidos al asaltante, a partir de su ADN, ya que le había extraditado a su país de origen en 2011, después de detenerle por haber cometido varios delitos contra el patrimonio.

Los Mossos d'Esquadra también lograron hacer un perfil de los asaltantes, ya que comprobaron que una de las dos armas que habían utilizado en el asalto -la escopeta de caza- procedía de un robo con fuerza en un domicilio de la comarca barcelonesa de Anoia cometido pocos días antes. Los Mossos determinaron que los dos asaltantes formaban parte de las "Lanzas Internacionales", un grupo de hombres de origen chileno con capacidad itinerante, multirreincidentes y polivalentes, ya que se dedican supuestamente al hurto, a robos con fuerza en domicilios, robos de vehículos para cometer otros delitos, robos en cajeros automáticos y asaltos a joyerías y furgones blindados.

Una vez identificado el sospechoso, se comprobó que había cumplido dos penas de cárcel en Chile por su participación en robos violentos, y que también había sido arrestado en Bélgica, aunque en este caso con una identidad falsa. Los Mossos concluyeron que el sospechoso tenía su domicilio en Ecuador y frecuentaba varias ciudades de Estados Unidos, con una gran itinerancia, lo que dificultaba su localización y detención. Finalmente, el pasado 11 de enero, los Mossos d'Esquadra lograron ubicar al fugitivo en un vuelo en tránsito procedente de Londres, con destino a Estados Unidos, que hacía escala en el Aeropuerto Internacional de Lisboa, por lo que lo comunicaron al titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona, que emitió una orden de detención y extradición. El detenido permanece en prisión provisional en Portugal, a la espera de ser trasladado a la Audiencia Nacional. EFE.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Vigilantes de seguridad de centro comercial frustran robo de ropa de banda organizada








Fuentes policiales confirmaron que el buen desempeño de los vigilantes de seguridad fue clave en la detención de esta banda dedicada al robo de ropa


Una banda perfectamente organizada, muy violenta y especializada en el robo de ropa. Ese es el grupo, formado por tres hombres y dos mujeres, al que el pasado lunes tuvieron que enfrentarse los vigilantes de seguridad del centro comercial As Cancelas. Tras hacerse pública la detención por parte de la Policía Local de tres de los presuntos implicados en este delito, ayer se han conocido todos los detalles de un incidente que dejó estupefactos a muchos de los clientes que presenciaron la persecución de los sospechosos.

Fuentes policiales confirmaron que el buen desempeño de los vigilantes de seguridad fue clave en la detención de esta banda dedicada al robo de ropa. Desde el primer momento, la actitud sospechosa del grupo hizo que fuesen vigilados a través de las cámaras del recinto. Las mujeres entraban en los comercios con bolsas vacías y salían con ellas bien llenas. Los cinco habían estacionado un vehículo en el aparcamiento subterráneo del centro comercial y aplicaron el modus operandi que suelen emplear este tipo de bandas. Tras sustraer la ropa, hicieron una descarga en el vehículo y volvieron para repetir la operación tantas veces como les fuese posible.

Salieron huyendo

Fue en ese momento en el que intervinieron los guardias de seguridad. Dieron el alto al grupo en la primera planta del centro comercial y, según explicaron testigos presenciales, les pidieron que les acompañasen. Este es el protocolo habitual que emplean los vigilantes en todos las grandes superficies, en las que siempre existen cuartos de intervención para hacer las inspecciones de bolsas en una zona que no esté a la vista de los demás clientes para preservar la intimidad de los sospechosos. Antes de llegar al cuarto de intervención, los cinco presuntos ladrones salieron huyendo a la carrera. Los vigilantes pudieron detener a las dos chicas, pero los tres hombres lograron escapar tras algún que otro violento forcejeo.

Cuando llegó la Policía Local de Santiago, identificó a las dos mujeres y, para asombro de todos, pudo hacer lo propio con los tres hombres que había huido porque volvieron al recinto alegando que no podían demostrar que hubiesen robado la ropa porque no llevaban encima ninguna prenda. Sus alegaciones les valieron de poco, ya que al día siguiente la Policía Local trasladó a comisaría a tres integrantes del grupo organizado al que, además, se les intervino parte del suculento botín que habían logrado reunir.

Los 36 comisarios que se disputan ser nombrados 'a dedo' máximo jefe de la Policía

El Ministerio del Interior decidirá en los próximos días en un concurso de 'libre designación' quién ocupará el cargo de director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el 'número 2' de la institución y con máximo poder de decisión en el día a día. Entre los aspirantes, el mando policial que ocupa actualmente el puesto de manera 'accidental', el responsable del órgano de coordinación de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, una mujer y varios que se han visto envueltos en escándalos mediáticos. 

Cerca de 40 candidatos para un puesto clave en la Policía de libre designación. La reciente convocatoria del Ministerio del Interior para elegir al nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el 'número 2' de la institución tras el político Germán López Iglesias, ha recibido una auténtica avalancha de aspirantes. Nada menos que 36 comisarios principales, entre ellos una mujer, aspiran a ocupar un cargo con un enorme poder y que en la anterior Legislatura se vio envuelto en numerosas polémicas de la mano del ya jubilado Eugenio Pino. Un número elevado de candidatos si se tiene en cuenta que en el anterior, y frustrado, proceso para elegir el pasado verano quién ocuparía el puesto hubo sólo 14 solicitantes. Algunos de aquellos vuelven ahora a repetir. La mayoría, sin embargo, son nuevos y algunos han visto como sus nombres saltaban en los últimos años a los medios de comunicación rodeados de polémica.

Entre los que se presentaron el pasado 6 de junio a un concurso que entonces Interior decidió suspender al estallar el escándalo de las conversaciones de Jorge Fernández Díaz con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, se encuentra Antonio Rodríguez Martín, quien desde la jubilación del anterior DAO ocupa el puesto de manera accidental ya que en aquel momento era el 'número 3 de la institución y el Ministerio optó por correr el escalafón para salvar la papeleta. Es, precisamente, su condición de miembro del antiguo equipo lo que lastra más sus posibilidades para acceder al cargo, ya que Juan Ignacio Zoido han dado muestras de querer romper con el pasado. Además, en estos meses como director adjunto operativo ha tenido roces con algunas organizaciones sindicales, entre otros motivos por una polémica circular sobre el disfrute de los permisos navideños de los agentes.

También repite en la lista de aspirantes el actual responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera Serrano. Él era el máximo favorito cuando se convocó la plaza en junio, dada su cercanía al ministro y al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. De hecho, su nombramiento se daba por hecho. Sólo la suspensión del concurso lo impidió. Él fue uno de los mandos policiales que acudió a finales de 2012 a reunirse con el fiscal del 'caso Palau' para pedir la entrada en las oficinas del Convergencia en plena precampaña catalana. Un año después, Olivera recibió una medalla 'al valor' que estuvo rodeada de polémica. También generó malestar en el cuerpo la condecoración que recibió otro de los comisarios que aspiran ahora al puesto. Se trata, en concreto, de Florentino Villabona Madera, quien ya ocupaba el puesto de comisario general de Seguridad Ciudadana cuando el 22 de marzo de 2013 se produjeron graves incidentes en Madrid al término de las Marchas por la Dignidad en Madrid que causaron 67 agentes heridos. Los sindicatos pidieron entonces su cese.

El 'caso Ático' y el 11-M También envueltos en la polémica se encuentran otros aspirantes a DAO, aunque por motivos muy diferentes. Así, figuran los comisarios Enrique García Castaño, Carlos Salamanca Vilches y Juan Jesús Sánchez Manzano. El primero apareció en la grabación que otro alto mando policial ya jubilado, el polémico José Villarejo, hizo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a cuenta de su ático en Estepona. El segundo estuvo imputado en el caso de la mafia china, aunque finalmente se le retiraron los cargos y no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados. El tercero era el máximo responsable de los TEDAX cuando se produjeron los atentados del 11-M. Entonces, fue acusado de engañar al Gobierno de José María Aznar y de falsear las pruebas del aquella masacre. Recientemente, la Justicia cerró tras doce años la causa abierta contra él a instancias de los que apoyaban la llamada 'teoría de la conspiración'.

Entre los comisarios que han presentado su candidatura hay una única mujer. Se trata de María Pilar Allúe Blasco, quien en 1997 ya hizo historia al convertirse en la primera fémina que alcanzaba la categoría de comisario. En 2007 fue nombrada jefe superior de una comunidad autónoma, la de Cantabria, y cinco años más tarde alcanzó la máxima responsabilidad en la Comisaría General de Policía Científica, cargo que sigue ocupando en la actualidad. Otro comisario general, en este caso el de Extranjería y Fronteras, Juan Carlos Ortiz Argüelles, también se postula para el puesto. Junto a ellos figuran los responsables de diez Jefaturas Superiores de Policía. Así, están Cirilo Durán Reguero (Murcia), José Javier Causante López (Comunidad Valenciana), Ignacio José Díaz Salazar (Asturias), Manuel Javier Peña Echeverría (Castilla y León), Antonio Emilio Jarabo de la Peña (Islas Baleares), Alfonso María Sánchez Núñez (Ceuta), José Luis Cerviño Guimera (Andalucía Oriental), Pedro Luis Mélida Lledo (La Rioja), y Daniel Rodríguez López (Navarra). 

Comisarios provinciales En la lista de los 36 candidatos también figuran varios comisarios provinciales. Uno de ellos es el de Alicante, Alfonso Cid Alguaci, cuyo paso anterior por la comisaría de Bernidorm se vio envuelta de varios enfrentamientos con los sindicatos policiales. También está su compañero en Valencia, Miguel González Defez; el de La Coruña, José Luis Balseiro Vigo; el de Castellón, Jorge Manuel Marti Rodríguez; el de Madrid, Antonio Martín Zaragoza; y el de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio Badenas Gil de Reboleño. A ellos se suman responsables de destacadas unidades policiales como el jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Félix Antolín Diego; y los jefes de las brigadas provinciales de Madrid de Seguridad Ciudadana e Información, Andrés Martín Garrido Cancio y Germán Rodríguez Castiñeira. Este último se ha visto ahora envuelto en la polémica por la reciente puesta en libertad por orden del juez Santiago Pedraz de dos detenidos por yihadismo que se hicieron fotos con un fusil 'kalashnikov'.


En la lista también hay comisarios provinciales, jefes de unidades centrales y varios destinados en puestos burocráticos Otros son el jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), Héctor Moreno García; el máximo responsable de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara Trueba; y el de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), Eugenio Pereiro Blanco. En cargos burocráticos se encuentran los también candidatos Félix José Álvarez Saavedra, secretario general de la dirección que, precisamente, aspira a encabezar, la DAO; Jacobo Orellana Toral, actual secretario general de Personal de la Policía y que con anterioridad fue director de Seguridad del Defensor del Pueblo; José García Molina, director de la Escuela de la Policía en Ávila;Ángel Riesco Sobre, en la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad; Jorge Zurita Bayona, destinado hasta ahora en la Secretaría de Estado de Seguridad; y el subdirector general de Logística de la Policía, Miguel Ángel Nogal Gómez. El último es el comisario José Piris Perpen, destinado en la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

26 de enero de 2017

Atrapan en Vigo al asesino de un vigilante en Coimbra

El detenido disparó 9 veces sobre su víctima. Se ocultó primero en Porriño y después en un albergue para indigentes

Las fuerzas de seguridad llevaba algún tiempo tras la pista del hombre más buscado de Portugal. Un joven de 21 años, Junior Souza, que en la noche del 8 de enero mató a tiros al seguridad de una discoteca de Coimbra. La víctima, un joven de 30 años de edad y natural de Guinea Bissau, recibió nueve tiros, varios de ellos cuando ya se encontraba agonizando en el suelo. El presunto asesino estuvo algunos días escondido en un establecimiento hotelero de O Porriño, donde logró dar esquinazo a los agentes. Finalmente fue localizado y detenido en un albergue en Vigo, donde se encontraba pernoctando después de que escapara del hotel y posiblemente por haberse quedado sin dinero. 

El detenido, de nacionalidad brasileña y afincado hace algún tiempo en el área de Coimbra, fue el supuesto autor material de los disparos a un vigilante de seguridad de la discoteca Avenue Club de la ciudad universitaria. El joven no tenía una profesión conocida y carecía de antecedentes policiales, aunque sí era habitual de la noche y de los clubes de la zona. El crimen tuvo lugar a primera hora de la mañana del día 8 de este mes, tras producirse una discusión en las puertas del local de ocio, situado en el centro de la ciudad portuguesa. Los medios del país vecino apuntaban que el detenido disparó contra el vigilante desde un coche en marcha que conducía otra persona. Los disparos dieron de lleno en la víctima, que cayó al suelo. fue rematada por Junior Souza, que bajó del vehículo para ello antes de huir del lugar. 
La Policía Judicial Portuguesa, encargada de la investigación, emitió un mandato de búsqueda internacional e informó a las fuerzas de seguridad españolas de la posibilidad de que el fugitivo se encontrase en O Porriño, donde fue localizado el establecimiento en el que se alojó antes de huir nuevamente y llegar a Vigo, donde buscó refugio en el albergue para personas sin techo, donde estuvo pernoctando. Varios efectivos de la Policía Judiciaria portuguesa, encargados de la investigación de la muerte del vigilante de la discoteca, se desplazaron ayer hasta Vigo para colaborar en la detención y hacerse cargo del detenido, que será juzgado en Portugal. 

Circulaba por la A-52 drogado en un coche robado y sin carné La Guardia Civil detuvo a un conductor, D.L.D.F., vecino de Oporto y de 29 años de edad, que fue sorprendido cuando circulaba por la A-52, a la altura de A Cañiza conduciendo un coche robado, sin carné, y bajo los efectos de la cocaína. La detención se produjo el martes después de que el Subsector de Tráfico de Pontevedra recibiese numerosas llamadas de conductores que alertaban de que un turismo, con matrícula portuguesa, circulaba por la A-52 en dirección a Ourense, dando bandazos de un lado a otro de la calzada. Una patrulla que se encontraba próxima al lugar localizó el vehículo cuando éste accedía a la gasolinera de A Cañiza. 

Se trataba de un BMW, que había sido robado en Portugal el pasado 21 de enero, y su conductor carecía de permiso de conducir y, además, dio positivo por cocaína en el test de drogas. El joven fue detenido por un supuesto delito de hurto de uso de vehículo a motor, y dos delitos contra la seguridad del tráfico. Además, en el interior, el conductor llevaba un perro "en malas condiciones", que fue entregado a los servicios municipales del Ayuntamiento de A Cañiza. El detenido, que tiene antecedentes policiales tanto en España como en Portugal, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ponteareas.

Revista Seguritecnia Nº 438 (Enero 2017)


MADRID: Un acusado por violencia de género se tira por la escalera del juzgado y golpea a un vigilante de seguridad


Un vigilante de seguridad de los juzgados de Leganés ha resultado herido leve


después de que le haya caído encima un hombre que se había tirado desde el tercer piso con la intención de quitarse la vida, según informaron Emergencias 112.


El suicida, acusado en un procedimiento de violencia doméstica, acababa de recibir una orden de alejamiento, y se ha tirado por la escalera interior del edificio. En su caída ha golpeado al vigilante, que ha sido trasladado al centro médico de su mutua con un fuerte dolor en la muñeca. El otro hombre ha sufrido una fractura de clavícula y de cadera y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre por una ambulancia del Summa.

25 de enero de 2017

Justicia muy deficiente en medios: conclusión del informe de la Comisión Interasociativa de Jueces de Madrid

La Comisión Interasociativa de jueces de la Comunidad de Madrid ha hecho llegar un informe a la presidenta del Gobierno de la Región, la popular Cristina Cifuentes, en el que describe una Justicia muy deficiente medios materiales -en línea con el comunicado de los 21 jueces decanos– y nada acorde con la primera Comunidad Autónoma en el ranking nacional de contribución al Producto Interior Bruto estatal.

Denuncian que las Sedes judiciales podrían verse asaltadas con facilidad 

Denuncian la ausencia o inoperatividad de arcos de seguridad en algunas sedes judiciales; la falta de escáneres en muchas de ellas; los recortes evidentes en vigilantes de seguridad, dejando, en muchos casos, a un único trabajador que no siempre reúne las características de edad y estado físico exigible para quien debe vigilar por el orden público de una sede judicial

El informe ha sido realizado partiendo del conocimiento -y del análisis- que los jueces tienen de los medios materiales que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligada a facilitar a la Administración de Justicia de Madrid ya que esta Comunidad Autónoma es una de las 12 que tiene las competencias transferidas. La Comisión Interasociativa, que está conformada por las 4 asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-, describe un panorama de carencia de medios más propio de países por debajo del Peñón de Gibraltar, y lo denuncia públicamente. Considera que es “fruto de años de dejadez y abandono, que explican la falta de voluntad política para poner fin a esta situación por parte de todos los partidos políticos”. Por ello “exhorta” a la Comunidad de Madrid adopte las medidas necesarias para poner en marcha un plan de actuación integral en la Justicia y anuncia “el inicio de acciones encaminadas a lograr de los poderes públicos que la Justicia en Madrid se convierta en una prioridad”.

En la carta que dirigen a Cifuentes, y que acompaña, al informe, las asociaciones de jueces le recuerdan a la presidenta, en un tono duro, pero educado, que el pasado 23 de diciembre le pidieron una reunión urgente y que no les ha respondido, ni para comunicar acuse de recibo alguno. En consecuencia, le comunican que harán público un primer informe, aunque tienen un segundo mucho más detallado, que harán llegar a los medios y a los partidos políticos con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Y le reiteran la necesidad de reunirse urgentemente con ella.

-Las deficiencias de la Justicia en Madrid La Comisión Interasociativa de Jueces de la capital de España identifica las deficiencias de forma muy clara y concisa:

-Ausencia de Salas de Espera, lo que se agrava en la jurisdicción penal al convivir en el mismo espacio víctimas y victimarios.

-Escasez de Salas de Vistas en algunos partidos, lo que condiciona la capacidad de resolución de los órganos judiciales afectados.

-Hacinamiento de funcionarios y expedientes, en condiciones de actividad impropias de un país desarrollado, dado el escaso espacio del que se dispone, que lleva a los trabajadores a agudizar el ingenio de forma sorprendente para poder ordenar el papel.

-Falta de medios materiales de uso corriente en otros territorios, como son los necesarios para la realización de actuaciones judiciales a través del sistema de video conferencia.

-Falta de estanterías, sillas ergonómicas, material de papelería, tóner de impresora, escáner…etc.

-Ausencia de limpieza e higiene de las sedes, paredes sin pintar desde la construcción del edificio, parásitos y roedores, humedad, suciedad acumulada, fruto de contratas de limpieza a precios bajos.

-Servicio de mantenimiento deficiente, que recurre a reparar al coste más bajo, sin importar la adecuación de la solución escogida.

-Falta de revisión de los sistemas de electricidad y suministro de agua, lo que trae como consecuencia cortocircuitos, sobrecargas eléctricas, goteras, rotura de tuberías e inundaciones, además de olores nauseabundos e insalubres en algunas sedes.

-Falta de la debida climatización de las sedes judiciales, con situaciones de frío por debajo de lo mínimo razonable o de calor en verano a temperaturas insoportables.

-Falta de alarmas anti-incendios y falta de previsión de planes de evacuación en caso de incendio. Además, no todas las sedes poseen escalera de incendios o puertas de emergencia, constituyendo un potencial peligro para la vida y salud de los usuarios y trabajadores, como ha podido evidenciarse en la sede de la calle Granados, nº 18 de Torrejón de Ardoz, en el incendio acaecido el 11 de enero de 2017.

-Falta de suficientes equipos psicosociales para atender la demanda de juzgados de familia, violencia sobre la mujer e instrucción en un tiempo razonable

-Flagrante incumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad a las personas con discapacidad a los espacios públicos, por ausencia de rampas, ascensores amplios e, incluso, acceso por otra vía que no sea la escalera.

-Falta de provisión de una oficina que atienda algunos de los Centros Penitenciarios de nuestra región, como la cárcel de Esterera, en el partido judicial de Arganda del Rey, que debe ser atendida por el personal de los juzgados del partido.

Mención aparte y destacada es la inexistencia de Instituto de Medicina Legal –única Comunidad Autónoma que carece de él– tan importante en la actualidad, tras la despenalización de las faltas de tráfico y la promulgación del Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

Personal Sobre el personal, la Comisión interasociativa destaca la alta interinidad, la falta de sustitución de bajas y ausencia de un plan de formación de funcionarios, lo que conduce a una situación de baja eficiencia en algunos órganos judiciales. Las asociaciones de jueces llaman la atención de que de los 550 puestos eliminados de funcionarios -según CC.OO.- sólo se han cubierto 260. El propio consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía, Ángel Garrido, reconoció en noviembre de 2016 que todavía quedaban 294 puestos por cubrir.

“La dejación en la aplicación de sistemas de reestructuración y organización de personal previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial genera que haya juzgados o tribunales con exceso de personal, al lado de otros con insuficiencia de funcionarios. La falta de cobertura de plazas ha reducido de hecho, fuera de los cauces legales, la plantilla de determinados órganos judiciales, en perjuicio además de los más sobrecargados de trabajo. Y la selección y gestión de los funcionarios interinos ha rebajado el nivel de preparación específico de los que ocupan provisionalmente plazas de funcionarios titulares”, dice el informe.

Sedes judiciales que podrían verse asaltadas con facilidad Otro punto que llama mucho la atención, según la Comisión Interasociativa, es la ausencia de medidas de seguridad para impedir que se cometan actos delictivos en su interior. “Por motivos de autoprotección, no se van a dar datos concretos, atendiendo a la publicidad que este informe puede a tener para la opinión pública, pero nos permitimos denunciar la ausencia o inoperatividad de arcos de seguridad en algunas sedes judiciales; la falta de escáneres en muchas de ellas; los recortes evidentes en vigilantes de seguridad, dejando, en muchos casos, a un único trabajador que no siempre reúne las características de edad y estado físico exigible para quien debe vigilar por el orden público de una sede judicial en la que puede haber situaciones probables de conflicto; ventanas sin protección y a nivel de calle; sedes judiciales sin vigilancia 24 horas; ausencia de elementos de custodia de los procedimientos, que pueden ser sustraídos con relativa facilidad, además de ser utilizados con fines contrarios a la legislación vigente dada la falta de tratamiento de los datos en ellos contenidos; despachos de jueces y letrados de la administración de Justicia en pasillos de paso, sin llave, en los que a diario hay riesgo claro de ser intimados, amenazados o agredidos…y un largo etcétera de situaciones que, por lo inauditas, resultarían increíbles para la ciudadanía”, se puede leer en el informe.

La Comisión Interasociativa tiene previsto reunirse con el PSOE, Ciudadanos y Podemos en los próximos días, y también con el PP. Ayer tuvieron un encuentro, en el Consejo General del Poder Judicial, con los vocalesMar Cabrejas y Gerardo Martínez Tristán, vocales territoriales para Madrid, en la que les explicaron las deficiencias y los pasos que iban a dar.

Timecode, un cortometraje español protagonizado por dos vigilantes de seguridad, candidato al Oscar

Resultado de imagen de timecodeDespués de alzarse con más de 50 galardones internacionales, entre los que se incluyen la Palma de Oro del Festival de Cannes, la Sección de Cortometrajes de la Academia de Hollywood ha seleccionado a Timecode, de Juanjo Giménez, como uno de los cinco candidatos al mejor cortometraje en la 89ª edición de los Oscar. 

Un drama de 15 minutos que cuenta la singular y enfermiza historia de amor de Luna (Lali Ayguadé), una vigilante de seguridad que trabaja en un parking y que encuentra una manera muy particular de comunicarse con su compañero de trabajo, Diego (Nicolás Ricchini). "Desde que lo pasamos por primera vez en Cannes", explica, "la respuesta del público ha sido espectacular. El corto es una mezcla de géneros, hay mucha sustancia concentrada en cinco minutos y la gente que lo ha visto normalmente no queda decepcionada".

Se suma, así, a Juan Carlos Fresnadillo, Nacho Vigalondo, Javier Fesser, Borja Cobeaga y Esteban Crespo como nominados españoles a la estatuilla de oro por un trabajo en corto. Pues, desde 2005, último año en que un largometraje español estuvo presente en los Oscar, cinco cortos han intentado alzarse con este premio. Cuatro de ficción: 7:35 de la mañana, Binta y la gran idea, Éramos pocos y Aquel no era yo; y uno de animación: La dama y la muerte. "Cinco es un buen número. No son pocos. Hay otras ramas y otras disciplinas en los que tampoco hay tantos. Que cinco hayan llegado recientemente dice bastante de la calidad de los cortos españoles", dice. Aunque reconoce que podrían haber sido más. "No sé si habrá otros países que tengan un número similar en los últimos años".

En esta ocasión, el corto competirá por la estatuilla el próximo 26 de febrero, en los Ángeles, con Sing, de Kristof Deák; Silent nights, de Aske Bang; La fémme et le TGV, de Timo Von Gunten; y, Ennemis intérviurs, de Sélim Azzazi. "Mi objetivo no era el llegar a los Oscar, sino hacer películas. Sin embargo, si ya es difícil dedicarse a este mundillo, imagínate plantearse llegar a estos premios u obtener algún reconocimiento, como en Cannes. Esto queda fuera de mi alcance". Lo más difícil, reconoce, es sin duda la financiación: "Juntar el dinero necesario para hacer una película es un reto". En su caso, ha hecho largometrajes y cortos, pero la ventaja que tienen los segundos es que la financiación no es tan complicada de levantar y es mucho más sencillo de rodar. "Quien ha pasado por eso, sabe que es complicado. Pero la verdad es que nadie me ha obligado a estar en esto. Y el que es cineasta lo es porque lo desea".

Desde su presentación en Cannes, Timecode se ha prodigado en una multitud de certámenes entre los que destacan el Ghent Film Festival, TOFIFEST, el Sarajevo Film Festival, el Festival de Melbourne, el del Cairo, el de Helsinki y el BFI - London Film Festival. A su vez, ha sumado varios premios y ha conseguido candidaturas a los Premios de cine europeo (EFA) y a los Forqué. Actualmente, el corto de Juanjo Giménez se encuentra nominado a los Premios Gaudí y a los Goya. "Ahora", concluye Giménez, "es el momento de cuidarlo y de que llegue al mayor número de gente posible".



TENERIFE: Detenidos en el interior de un instituto al que entraron a robar herramientas

Durante el acceso al instituto se activó la alarma de seguridad, por lo que el vigilante de seguridad se personó en el lugar, y al percatarse de que había tres personas en el centro solicitó apoyo policial.

Los presuntos autores, que tienen 19, 24 y 29 años, han sido acusados de un presunto delito de robo con fuerza en las cosas

Tres varones han sido detenidos en el interior de un instituto del sur de Tenerife cuando intentaban salir del mismo con herramientas sustraídas del centro, valoradas en 3.000 euros, y donde realizaron daños por valor de otros 3.000 euros, ha informado hoy la Guardia Civil. Las detenciones se llevaron a cabo en un instituto del municipio tinerfeño de Granadilla de Abona y los detenidos, que tienen 19, 24 y 29 años, han sido acusados de un presunto delito de robo con fuerza en las cosas.

Los tres hombres accedieron al instituto tras forzar la puerta de un garaje, para después romper otra puerta y un armario para sustraer las herramientas del taller del centro, con lo que causaron daños por un valor aproximado de 3.000 euros, se indica en un comunicado de la Guardia Civil. Durante el acceso al instituto se activó la alarma de seguridad, por lo que el vigilante de seguridad se personó en el lugar, y al percatarse de que había tres personas en el centro solicitó apoyo policial. Al lugar acudió personal de Policía Local y Guardia Civil, que detuvieron a los tres hombres cuando intentaban huir con las herramientas sustraídas, valoradas en 3.000 euros, se añade en el comunicado.

24 de enero de 2017

Una nueva cortina de humo sobre la negociación del convenio colectivo para empresas de seguridad privada


Reducir la edad de jubilación para los trabajadores de la privada a los 55 años es una reivindicación que no es nueva y que la mayoría del sector apoya. Es más, un trabajador del sector promovió a mediados del año pasado a través de la plataforma change.org (VER AQUÍ) una recogida de firmas dirigidas al Ministerio del Interior para que las autoridades se hicieran eco eco de esta iniciativa y la apoyaran.

En el razonamiento de la petición se exponía que el personal que trabaja en la seguridad privada se encuentra expuesto a unas condiciones laborales de alto riesgo, en muchos casos similares a las desarrolladas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y en otros casos trabajando bajo su coordinación y supervisión, asumiendo labores complemetarias. Estas tareas y funciones de complementariedad se han visto incrementadas notablemente con la puesta en marcha de la nueva Ley 5/2014 de seguridad privada, pero no han traído consigo otra serie de medidas, como la equiraración en materia de la anticipación de la edad de jubilación, o como el carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Llama la atención que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado puedan jubilarse a los 55 años, por las especiales circunstancias y peligrosidad que rodea a su actividad laboral, y no se aplique esta misma norma al personal de seguridad privada, a pesar de asumir estos parte de las funciones competentes y propias de la seguridad pública. Nadie puede comprender como un vigilante de seguridad de 60 años pueda salir corriendo detrás de un ladrón en un centro comercial, o pueda retener a un individuo que monta un altercado en un centro hospitalario, o pueda afrontar de noche una situación de riesgo en caso de una intrusión en su servicio, o tantas y tantas situaciones que se puedan dar.

Nuestro sindicato apoyó y difundió esta iniciativa (VER AQUI), máxime cuando partió de un trabajador, al margen de siglas que intentaran acaparar el tema para apuntarse un tanto. Algo así ha sucedido ahora, pasado unos meses, cuando UGT sale en estos días a la palestra vendiendo a bombo y platillo que han promovido ante el ministerio de empleo y seguridad social el inicio del procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación de los trabajadores de la seguridad privada a los 55 años y equipararlas a las que se aplican a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Esta campaña mediática de UGT pidiendo a nuestros gobernantes que los vigilantes de seguridad tengamos la posibilidad de acogernos a la jubilación a los 55 años, es un corta y pega en toda regla de una iniciativa que ya estaba encima de la mesa.

Mas de uno piensa que esto es una estratagema más de la UGT para tapar la realidad de la situación en la que se encuentra el sector de la seguridad privada, con antiguos sindicalistas reconvertidos como jefes de RR.HH negociando un ERE masivo de una de las principales empresas de seguridad (Ver Segur Iberica), con agresiones a vigilantes de seguridad a diario sin que pase nada porque nuestros políticos son incapaces de reconocer en una ley la peligrosidad que tiene nuestra profesión, con el mayor escándalo de la formación jamás vivido en nuestro país, donde se han perdido miles de millones que teóricamente tenían que haberse invertido en mejorar las formación de trabajadores y desempleados, con compañeros que malviven porque están rozado la pobreza salarial debido a los bajos salarios que se pagan y con un marco laboral congelado por la inoperancia de nuestra clase negociadora.

El convenio colectivo de seguridad privada caducado y sin expectativas de nada para 2017 porque la patronal ya ha decidido de antemano congelarnos el suelo este año. Y nuestros compañeros de la mesa negociadora desaparecidos y sin margen de reacción ninguna... Eso si, de vez en cuando salen intentando lavar su imagen con una campaña publicitaria a escala nacional, como la que estamos viendo ahora. Auténticas cortinas de humo destinadas a desviar la atención.


¿HASTA CUANDO?

Revista Cuadernos de Seguridad Nº 318 Enero 2017


Coronel Sanz: «La seguridad privada es fundamental para complementar a la pública»

Andrés Sanz Coronado, Coronel Jefe del Servicio de Protección de Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, asegura en esta entrevista para CUADERNOS DE SEGURIDAD que «convivimos con los profesionales de la Seguridad Privada no como elementos del paisaje sino como auténticos actores en el ámbito de la seguridad con funciones propias y con un reconocimiento cada vez mayor». El coronel Sanz considera prioritario potenciar mecanismos de colaboración y coordinación entre ambas seguridades, así como la necesidad de trabajar en la concienciación sobre una«cultura de seguridad integral y vigilancia para la detección temprana de las ciberamenazas».

—Meses después de ratificarse su nombramiento como jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil –cargo que ocupaba previamente como responsable interino–, ¿sobre qué pilares y objetivos ha asentado su nueva andadura profesional?

—Los pilares para crecer o para avanzar en el periodo inicial al frente del Servicio son los que encontré cuando me hice cargo: un equipo humano reducido, pero muy comprometido con la misión; unos programas de colaboración público-privada consolidados aunque con enorme potencial de mejora y de crecimiento; y una buena predisposición de todos los interlocutores fundamentales en el sector de la Seguridad Privada para colaborar con la Guardia Civil en general y conmigo en particular. Esos son los mimbres de la cesta.

Hacia donde he puesto la proa es hacia una mayor labor de apoyo y dirección del SEPROSE sobre las actividades que las Unidades de la Guardia Civil realizan en el ámbito de la seguridad corporativa, en el ámbito de la seguridad de las empresas y en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas. Nos hemos dado cuenta de que las iniciativas que adoptamos a nivel central y las relaciones que establecemos con asociaciones, empresas y otros interlocutores precisan de seguimiento, continuidad, engrasamiento y engrosamiento en otros niveles de organización territorial. Por ello dedicaremos un importante esfuerzo durante 2017 a optimizar nuestra gestión interna dentro de la Guardia Civil.

Por otra parte, debo decir que ya hemos tomado varias decisiones de cierta importancia para tratar de reordenar el espacio de prestación de los servicios que corresponden a los guardas rurales, pues no ha sido suficientemente respetado por los contratantes de servicios de seguridad, entre los cuales a menudo hay que incluir a órganos de diferentes administraciones públicas. En este sentido, entendemos que deberemos realizar sobre todo labores de información y concienciación más que de denuncia, pues se trata de un problema generalizado.

En otro orden de cosas, durante el año próximo tendré que implicarme de forma muy personal en la coordinación del sistema de protección de infraestructuras críticas en el ámbito de la Guardia Civil en relación con los numerosos cometidos atribuidos al SEPROSE, puesto que la implantación del Sistema de Protección en su conjunto y a nivel nacional está avanzando de modo muy acelerado y constantemente creciente, mientras que los recursos humanos de mi Servicio están sufriendo el proceso contrario. Cada vez cuento con menos oficiales a causa de nuestros procedimientos de gestión interna de los recursos humanos.

Finalmente, también estamos dando pasos importantes para establecer programas de colaboración para colectivos del Sector que tenían encaje en los ya creados. Ya tenemos definidas las líneas maestras de su caracterización y contenido, pero falta todavía su aprobación por parte de nuestra Dirección General. Dado que estamos en un momento de relevo en la cúpula institucional, quizá tengamos que esperar un cierto tiempo antes de poder ponerlos en funcionamiento puesto que son ciertamente novedosos y ambiciosos.

—Existe una clara apuesta de la Guardia Civil por la Seguridad Privada plasmada en el Plan General de Colaboración, desarrollada a través de los Programas Coopera y Plus Ultra, ¿cómo se potenciarán en los próximos años estos programas de colaboración?

—Estos programas de colaboración creados en 2010 y 2013, respectivamente, establecieron en su momento el marco para que se pueda desarrollar una colaboración institucional y operativa de tipo genérico. Ahora, tras haber acumulado una considerable experiencia sobre los campos en los que la Seguridad Privada precisa de un modo más concreto del apoyo y el respaldo de la Seguridad Pública, nos disponemos a ir abordando paso a paso el dar respuestas específicas a problemáticas concretas. Conscientes del papel que nos corresponde como el mayor cuerpo policial de España, debemos responder a las demandas que se nos han planteado desde el Sector en aspectos operativos concretos, a menudo estratégicos y casi siempre trascendentes y de solución compleja. Por ello, estamos preparando en este momento tres protocolos operativos que esperamos que en su momento puedan incorporarse como Addendas del Programa «Coopera» para desarrollar la colaboración en ámbitos específicos de actuación y de intercambio de información relevante para la seguridad.

—Con una visión general, ¿qué valoración haría de la situación actual en la que se encuentra el sector de la Seguridad Privada?

—Quisiera ser muy prudente al contestar a esta pregunta, pues la percepción que tiene el SEPROSE del Sector no deja de ser la de un espectador externo. Por mucho que queramos acercarnos a sus verdaderos actores e interactuar con ellos, no podemos perder de vista que no formamos parte del Sector en sí mismo, y que nuestra perspectiva para analizar su evolución es muy distinta de la que pueden tener las personas que viven de, por y para la Seguridad Privada.

Dicho lo anterior, entiendo que el Sector se encuentra en un momento de transición que los diversos colectivos que lo integran viven de un modo diferente. Posiblemente haya en este momento una considerable mezcla de ilusión, confianza o desconfianza -según de quién se trate- e incertidumbre por las expectativas que cada cual pueda haberse creado ante la salida de la crisis, en relación con los cambios en la cúpula del Ministerio del Interior y los que ha habido y los que habrá en las estructuras de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, respecto a la obligación de desarrollar reglamentariamente la Ley de Seguridad Privada y, en los casos en que sea de aplicación, con motivo de la implantación del sistema de protección de las infraestructuras críticas. Estos cuatro factores impactan de un modo distinto en empresas proveedoras o usuarias de seguridad privada, en los guardas rurales autónomos, en los detectives privados, en los centros de formación, etc. Sacaríamos la incertidumbre como el denominador común.