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En el ejercicio económico 2015, y tras varios años de una profunda crisis en el sector, la seguridad privada en España ha experimentado una incipiente recuperación, pero todavía menor que el porcentaje de crecimiento de la economía española en este mismo período.
La facturación total del sector alcanzó los 3.481millones de euros, y aunque todavía es inferior a la realizada en 2007, representa un incremento del 2,87% en términos interanuales. De ellos, 2.159 millones corresponden al segmento de vigilancia, lo que implica un incremento del 1,79%. El área de Sistemas y Alarmas facturó 1.026 millones, con un incremento del 5,45% con respecto al año anterior, en tanto que la actividad de Transporte de Fondos alcanzó una facturación total de 296 millones de euros, con un crecimiento del 2,23%.
Las previsiones de cierre para 2016, en un escenario estable, deberían mejorar levemente las cifras de 2015, si bien las diversas incertidumbres del entorno nacional e internacional podrían tener una incidencia negativa en las cifras finales. Por otra parte, según se desprende de la información publicada por las empresas del sector, los márgenes comerciales han seguido contrayéndose, reflejándose una nueva e importante disminución en relación con 2014. La procedencia del negocio no representa variaciones significativas con ejercicios precedentes, proviniendo del sector público un 17%, frente al 83% del sector privado. A su vez, la facturación de las Administraciones Públicas muestra que el 23% procede de la Administración Estatal, la Administración Autonómica aporta el 17%, la Administración Local el 10% y las empresas públicas el restante 50%.
En cuanto a los segmentos de demanda en vigilancia, destaca el sector de Industria y energía con un 17,9%, seguido de Comercio, con un 16,1%. A continuación, las infraestructuras de transporte, que agrupan un 13,8% del total, las Entidades financieras con un 12,5%, los servicios con un 12,3% y la vigilancia en Edificios e instalaciones de Organismos Públicos, con un 8,5%. El resto se reparte en Residencial, Salud, Educación y otros. Con un total de 1.534 empresas de seguridad privada, 1.305 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 197 por la Generalitat de Catalunya y 32 por el Gobierno Vasco. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la mayoría de ellas,un 82%, tienen menos de 50 trabajadores, lo que refleja la atomización del sector.
Los vigilantes de seguridad privada en activo son 78.200, lo que representa un incremento del 3,4%, casi el doble del de la facturación. De ellos, el 87% son hombres. La edad media del personal de seguridad es de 44 años, en tanto que la del personal en estructura es de 42 años. Todas las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y las de mayor antigüedad en el sector están asociadas a APROSER. En el nivel de formación predomina FP y Bachillerato con un 47%, seguido de la enseñanza obligatoria con un 45%. Licenciados y diplomados son un 4% en cada caso. La modalidad de contratación es, mayoritariamente, de carácter indefinido, con un 82%, muestra de la apuesta del sector por la estabilidad en el empleo, situándose la rotación del personal en un 15%.
Los principales problemas a los que sigue enfrentándose el sector son: la competencia desleal, el intrusismo, la escasa rentabilidad, los bajos precios de licitación (en particular de las Administraciones Públicas), la ausencia de responsabilidad subsidiaria y la inseguridad jurídica.
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