Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de noviembre de 2015

SEVILLA: CCOO acusa a la empresa Segur Ibérica de "persecución" sindical y prácticas "antidemocráticas"


Según avisa, la empresa incurre en prácticas "antidemocráticas" y "persigue y atosiga" a quienes demandan mejoras laborales.

El secretario general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Sevilla, Juan Martínez, ha advertido este lunes de una situación de "persecución" sindical en la empresa Segur Ibérica, que cuenta en Sevilla con una media (el número de trabajadores y trabajadoras fluctúan según las concesiones) de 120 trabajadores y trabajadoras y con más de 800 en el conjunto de Andalucía.

En rueda de prensa, Juan Martínez ha expuesto "el modelo de relaciones laborales absolutamente tercermundista que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de la empresa Segur Ibérica", concesionaria de los servicios en el Parlamento de Andalucía o empresas como Santa Bárbara o Persán. Según Martínez, en Segur Ibérica se está produciendo un "cuestionamiento permanente de la interlocución sindical" que ha llevado a que CCOO haya tenido que presentar 21 denuncias ante la Inspección de Trabajo, tres tutelas de libertad sindical que el Sindicato ha ganado, dos denuncias a Seguridad Privada o a la Fundación Tripartita. Además, Sindicato y Segur Ibérica se encuentran ahora mismo en los Juzgados por el cuestionamiento que la empresa hace del comité de empresa, electo hace seis meses y en el que CCOO de Sevilla obtuvo mayoría absoluta al ser apoyada por el 70% de los trabajadores y trabajadoras.

Juan Martínez ha explicado la "persecución y atosigamiento" que sufren los trabajadores y trabajadoras que piden mejoras laborales, supuestos que, en ocasiones, siguen sin cumplirse tras resoluciones de la Inspección de Trabajo. El secretario general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios ha subrayado también "las supuestas irregularidades y manipulaciones en cuadrantes para los permisos de formación de trabajadores y trabajadoras". Como ha sentenciado Martínez, estas situaciones están llevando las relaciones laborales en Segur Ibérica "a un callejón sin salida" porque "se ha llegado a un punto de no retorno por la actitud de sus dirigentes".

Tanto Juan Martínez como el responsable de Salud Laboral del comité de empresa de Segur Ibérica, Manuel Rueda, han denunciado que la empresa hace "caso omiso" a las peticiones de CCOO de dotar a sus trabajadores y trabajadoras de los equipos de protección integral (EPI), entre los que se encuentra un chaleco antibalas, para los trabajadores y trabajadoras que ejercen su labor de vigilancia en "puntos calientes" por la alerta antiterrorista como el Parlamento de Andalucía o la fábrica de Santa Bárbara. Junto a Juan Martínez y Manuel Rueda, en la comparecencia ante los medios de comunicación ha estado presente Francisco Márquez, presidente del comité de empresa de Segur Ibérica.

El Tribunal Supremo da la razón a los firmantes del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada 2016



Funcionarios del Fogasa y juristas admiten el fraude masivo

Libertad Digital ha tenido acceso a varias de las sentencias en entredicho por el cobro irregular de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial.

Establecer un porcentaje aproximado de casos fraudulentos de cobros irregulares del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es muy complicado, por no decir imposible. Pero lo que Libertad Digital ha podido contrastar es que realmente existe. Diferentes fuentes del mundo jurídico así lo atestiguan y explican aLibertad Digital cómo esa "fórmula del éxito" se aplica en el 30 o 40% de los procedimientos que llegan a los Juzgados de lo social.

Libertad Digital también ha conseguido que algunas fuentes -de entre los beneficiarios de este tipo de fraude- hayan reconocido ese cobro de ayudas irregulares. Por último, fuentes del propio Fogasa, uno de los principales perjudicados, reconocen las irregularidades, aunque insisten en que "serán testimoniales". Por otro lado, antiguos funcionarios del Fondo de Garantía Salarial aseguran a Libertad Digital que este fraude existe desde la fundación misma del organismo a mediados de los 80. En Libre Mercado hemos accedido a varias de las sentencias que han sido objeto de fraude, según las fuentes consultadas. Es más, algunas voces críticas del organismo público denunciaban hace unos años la escasez de recursos con los que contaban y el ingente número de casos que tenían que afrontar por causa de la crisis económica. Decían que la situación condenaba al Fogasa "al pago de prestaciones indebidas".

El Tribunal de Cuentas también denunciaba en su informe sobre el año 2013 que se habían producido irregularidades en el abono de prestaciones del Fogasa. Por aquel entonces, el responsable del Fondo denunciaba exceso de trabajo y falta de personal. El número de expedientes sin resolver en aquel momento ascendía al 67%. El organismo estuvo dirigido por Juan Carlos Arce, secretario general del Fogasa hasta noviembre de 2014. Arce sufrió la rigurosidad garantista de la legislación laboral española por una resolución que tomó desde el fondo en contra del pago de unas prestaciones a los trabajadores de una pequeña empresa. Le obligaron a rectificar. Finalmente dimitió en noviembre de 2014 y hasta diciembre el organismo estuvo sin secretario general.

Las riendas las tomó Gloria Redondo Rincón que, después de las polémicas por el informe del Tribunal de Cuentas y los problemas que tuvo que afrontar su antecesor, ha tratado de activar cuantos resortes se encontrasen en su mano para agilizar los pagos retrasados por un lado, y por otro -quizá más importante- para tratar de reducir al máximo la posibilidad de cobro irregular de subvenciones. En declaraciones a Libertad Digital, Redondo explicaba que el organismo está poniendo todo su empeño en investigar, perseguir y evitar este tipo de fraudes. Según asegura, el Fogasa se persona en tantos juicios como puede y, si sospecha que se ha producido un pago irregular pone en marcha "todos los elementos legislativos" a su alcance para que esas cantidades vuelvan al fondo. En este sentido, enfatiza que los letrados del organismo (que son unos 100) son "abogados especializados habilitados por la Abogacía del Estado". Otro de los resortes que el Fogasa está tratando de poner en valor es la alta informatización de los expedientes, algo que ha facilitado en los últimos meses alcanzar convenios de colaboración efectivos con otras administraciones públicas como Hacienda, con quien ya cruza los datos para evitar que se concedan pagos indebidos.

Redondo explicaba a LD que, gracias a este acuerdo, podrán identificar a aquellos contribuyentes que hayan cobrado indemnizaciones del Fogasa por nóminas impagadas pero que hayan declarado IRPF por esos mismos pagos supuestamente no cobrados. El Fogasa también ha cerrado recientemente acuerdos con la Inspección de Trabajo para colaborar en la lucha contra el fraude y con la Tesorería General de la Seguridad Social y han acordado compartir información sobre empresas ficticias y altas fraudulentas de trabajadores. En suma, toda una batería de medidas para tratar de frenar y corregir el cobro indebido de prestaciones que la excesivamente garantista legislación laboral española permite en los Juzgados de lo Social.

Imputan cuatro años más de delitos fiscales al capo de la seguridad 'amigo' del Gobierno


El Juzgado número 8 de Las Palmas ha vuelto a citar como imputado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria


El Juzgado número 8 de Las Palmas ha vuelto a citar como imputado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez. El juez Salvador Alba Mesa, que ha sustituido a la magistrada Victoria Rosell -quien encabeza las listas de Podemos por Las Palmas-, le llama a declarar en el marco de la investigación que sigue el Juzgado sobre la presunta defraudación a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social por parte del conglomerado empresarial de Ramírez.

Junto al dueño de Seguridad Integral Canaria, también ha sido citado como imputado Héctor de Armas Torrent, administrador de la sociedad desde octubre de 2011, cuando Ramírez dejó de ostentar el cargo. El presidente de la Unión Deportiva ya declaró por los mencionados delitos en relación a los años 2008 y 2009. Ahora tendrá que hacerlo también en referencia a los ejercicios 2010 y 2011, cuando ocupaba el puesto de administrador. Desde ese último año en adelante (hasta 2013), responderá De Armas Torrent.

La defensa de los imputados recurrió la providencia en la que el juez citaba a los dos por entender que no estaba motivada, pero el magistrado denegó el recurso y ordenó la declaración, que se ha producido hoy en el Juzgado número 8. El emplazamiento tiene lugar después de que la acusación particular -ejercida por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera- solicitara una ampliación de la querella a los años posteriores a 2009, al argumentar que sendos informes de Hacienda y la Tesorería alcanzaban también estos ejercicios.

Los mencionados documentos denunciaban que Seguridad Integral Canaria acumula un fraude a las arcas públicas de casi 21 millones de euros a lo largo de los cinco años analizados (2008-2012). Un perito de la Agencia Tributaria, de hecho, calificó de "estratosféricas" las dietas que abonaba la compañía, herramienta que habría utilizado la firma para pagar conceptos salariales sujetos a retención y de ese modo evadir el fisco. No en vano, también la mercantil se encuentra imputada en la causa que dirige el Juzgado número 8 de Las Palmas. Desde la empresa, por su parte, entienden que las prácticas realizadas por Ramírez en relación con las dietas son legales y que en esta nueva comparecencia el presidente de Seguridad Integral Canaria ha reiterado los argumentos que ya dijo en su primera citación. Afirman que este procedimiento se encuentra aún en estado embrionario.

La mercantil de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas tan sensibles como el Ministerio de Defensa, el Palacio Real, el Metro de Madrid e incluso la propia Tesorería General de la Seguridad Social, que ahora pone en evidencia a la mercantil y a sus administradores. En total, los contratos con la Administración superan los 100 millones de euros. El empresario ya fue indultado por el Gobierno después de ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Tribunal Supremo- debido a la conocida relación de amistad que mantiene Ramírez con el actual ministro de Industria, José Manuel Soria.

MADRID: Un usuario pierde 8.000€ en lotería en el Metro y los guardias consiguen recuperarlos

El metro de Madrid registraba el día 8 de septiembre una tarde normal, sin grandes incidentes, un día sin trabajo aparente para los vigilantes del suburbano capitalino. A eso de las 21.50 un viajero se apeó del tren en la parada Estadio Olímpico. Muy nervioso y preocupado se dirigió al vigilante de seguridad que hacía guardia en la estación, Rafael Bayano, a contarle sus problema. Se había olvidado un importante sobre en el tren.

Bayano atendió al alterado pasajero con educación y se puso en contacto con Julián Viloque, que en ese momento patrullaba por la estación de Simancas. El vigilante entró en el vagón y encontró el susodicho sobre. Vioque se lo entregó a David Morales, jefe de sector, y cuál no sería su sorpresa al descubrir que el sobre contenía 8.000 euros en lotería, motivo suficiente para que el viajero estuviese alterado. Se pusieron en contacto con el denunciante que se encaminó a Simancas para recoger, ya más tranquilo, sus pertenencias. El jefe de seguridad le conminó a que mirase con calma el contenido del sobre para que verificase que todo estaba en orden.

Historias como estas son frecuentes en el metro y, a veces, como en este caso, el Buscón se entera gracias a los canales internos de la compañía pública. Viloque y Bayano son ejemplos de lo que debe ser el servicio público de vigilancia y su ayuda al ciudadano.

28 de noviembre de 2015

Cádiz; Comerciantes y vecinos de Jerez pagan el servicio de seguridad de la calle Medina para garantizar su seguridad

Calle pública, vigilancia privada

Comerciantes y vecinos de Medina mantienen un servicio de seguridad tras un apuñalamiento hace un año en esa calle. "Se ha recuperado la normalidad pero a costa de nuestros bolsillos"

Un vigilante de seguridad privada permanece alerta y mira de un lado a otro de la calle Medina desde ya casi un año. Comerciantes y vecinos de esta céntrica vía tuvieron que recurrir a esta medida para garantizar la seguridad de los que transitan diariamente por la calle, donde el mercadeo ilegal de diferentes artículos venía provocando no pocos incidentes y peleas. El presidente de Asunico, Manuel García, propietario de un negocio en esta calle, recuerda que fue el apuñalamiento, en noviembre del pasado año, de un ciudadano rumano por parte de otro de su misma nacionalidad lo que hizo saltar la chispa de un malestar que iba creciendo entre comerciantes y vecinos. 

En aquel momento se unieron para reclamar presencia policial permanente en esta calle y en respuesta, el Ayuntamiento y la Subdelegación de Gobierno reforzaron la seguridad con dispositivos de agentes en la zona y en el caso del gobierno municipal, se comprometió también a modificaciones en la ordenanza de venta ambulante. Pero el dispositivo policial permanente no se pudo mantener por mucho tiempo y en cuanto se bajó la guardia, volvió la inseguridad. Fue entonces cuando comercios y vecinos decidieron recurrir a la contratación de vigilancia privada, un sobrecoste que, no obstante, consideran efectivo. La puesta en marcha de este servicio de seguridad privada exigió cumplir con una serie de requisitos y obtener el permiso de la Subdelegación de Gobierno. “Fue un montón de papeleo y trámites, pero aquello no podía ser. Se juntaban hasta 30 personas de distintas nacionalidades cogiendo toda la acera, no dejando pasar a los clientes, asustándolos.

Perdimos un 60% de la clientela”, afirma categórico García. Ahora -mantiene- “podemos decir que hemos recuperado prácticamente la normalidad y Medina es una de las calles más seguras del centro, eso sí a costa de nuestros bolsillos y cuando además comercialmente lo estamos pasando mal”. La iniciativa, aunque extraña por lo inhabitual que es ver en una calle un vigilante privado, ha sido positiva y de hecho, comerciantes y vecinos piensan seguir manteniéndola de momento ante el temor también de que se vuelva a la situación anterior. “Yo creo que seremos de las pocas calles en el país con vigilancia privada”, asegura este comerciante que mira con envidia hacia la vecina calle Larga, donde la presencia de agentes bien de la Policía Local o de la Nacional es habitual. “Somos una calle de primera, igual que Larga, a la hora de pagar de impuestos, pero no para otras cosas”.

García se muestra convencido de que la presencia del vigilante jurado, que permanece en la calle Medina en horario comercial, ha tenido un efecto disuasorio y ha frenado en gran parte las conflictivas concentraciones de personas y el ‘trapicheo’ que se producía. “No sólo es efectivo desde el punto de vista comercial, sino que además, por ejemplo, hace poco presenció un incidente relacionado con violencia de género y tuvo que intervenir y llamar a la Policía”. El presidente de Asunico señala que gran parte del problema está en el poco control que existe sobre la venta ambulante. “No se puede permitir ese tipo de actividad en una zona comercial. En Jerez es un problema muy grande, lo vemos todos los días en la calle Doña Blanca. Hay comerciantes que me dicen que o se acaba con eso, o mañana cierran su negocio y se ponen a vender también en la calle, sin pagar impuestos”.

BILBAO: Vigilantes abortan un ataque al metro de dos grafiteros catalanes que se ocultaron 4 horas en los túneles

Fueron interceptados de madrugada por los vigilantes en San Ignacio y quedaron en libertad sin cargos porque no llegaron a realizar pintada alguna

El servicio de seguridad de Metro Bilbao abortó en la madrugada del pasado miércoles un ataque que habían planificado al detalle dos grafiteros catalanes. Los sujetos aguardaron durante cuatro horas ocultos en los túneles de San Ignacio antes de lanzarse a emprender su acción. Sin embargo, fueron detectados y retenidos hasta la llegada de la Ertzaintza. Los agentes desplazados les identificaron, aunque los jóvenes quedaron finalmente en libertad, sin ningún tipo de imputación, ya que no llegaron a causar daño ni pintada alguna que pudiera deslucir el mobiliario o los bienes públicos, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Al parecer, los individuos tenían perfectamente estudiado su plan. No eran vizcaínos, sino que procedían de Barcelona. En las mochilas que portaban se descubrieron varios aerosoles de pintura y un mapa de la red del suburbano. También se encontró en su poder una cámara fotográfica. En su tarjeta de memoría había varias instantáneas de bienes y espacios públicos de Metro Bilbao.

Según las pesquisas realizadas, los intrusos entraron en las instalaciones subterráneas en la estación de Abando, en la tarde del martes, tras adquirir un billete. Viajaron por la red de metro durante varias horas. En concreto, se piensa que estuvieron tanto en la Línea 1 como en la 2. Finalmente, sobre las nueve de la noche, penetraron en los túneles de San Ignacio a través de las vías. Se cree que accedieron a las galerías desde el andén central de la terminal, aunque es un extremo que no está confirmado. Lo que sí parece claro es que lo hicieron cuando el suburbano se encontraba aún operativo, con varias decenas de trenes en circulación. Los grafiteros se ocultaron durante cuatro horas en un habitáculo de reducido tamaño. El escondite bien pudo tratarse de un hueco de ventilación o de una de las muchas estaciones de bombeo de agua que hay a lo largo de los túneles.

Detectados por las cámaras Sobre la una de la madrugada, cuando el servicio ya había acabado y los trenes descansaban -aunque a esa hora suele haber movimiento de máquinas de mantenimiento y limpieza-, los individuos salieron de su escondrijo y fueron detectados con las cámaras. Se activó entonces la alarma y los agentes de seguridad privada procedieron a interceptarles. Los guardias también avisaron a la Ertzaintza. Una patrulla se desplazó al lugar e identificó a los grafiteros. La intrusión de estos jóvenes catalanes en el suburbano vizcaíno se produjo mientras el país se encuentra en un nivel de alerta 4 sobre 5, tras los ataques terroristas de París.

No es la primera vez que se intercepta a personas foráneas con aerosoles de pintura en el metro. En junio del año pasado, la Policía autonómica detuvo, también en San Ignacio, a dos jóvenes que procedían de fuera de Euskadi por pintar varios vagones.

27 de noviembre de 2015

LA RIOJA: El SATSE pide vigilantes de seguridad las 24 horas en el Hospita

El Sindicato de Enfermería (SATSE) de La Rioja ha exigido hoy la contratación de personal de vigilancia para el Hospital de La Rioja que garantice la seguridad en el centro las 24 horas del día.

En una nota, esta organización sindical ha insistido en que el "deterioro" de este centro cada vez se hace "más patente" y evidencia que al Gobierno de La Rioja "no le preocupa la sanidad pública".

El SATSE ha alertado que la falta personal ocasiona problemas de seguridad en este hospital, especialmente a determinadas horas del día, que son a primera hora de la mañana, a mediodía y a última hora de la tarde. Ha recordado que en el Hospital de La Rioja trabajan medio centenar de profesionales sanitarios, en los servicios de psiquiatría, geriatría y cuidados paliativos, por lo que debe haber un control de accesos las 24 horas, como ocurre en el Hospital San Pedro.

Fallece David Álvarez, patriarca de Eulen y Vega Sicilia

David Álvarez, el fundador del Grupo Eulen, ha fallecido a los 88 años de edad, según ha informado la compañía a través de un comunicado

El empresario David Álvarez, fundador del Grupo Eulen, ha fallecido a los 88 años de edad, según ha informado la propia compañía a través de un comunicado. Nacido en Crémenes (León) en 1927, desarrolló uno de los grupos de servicios auxiliares para empresas más importantes del país, con una facturación de 1.400 millones de euros y más de 85.000 empleados.

Esta dilatada carrera no fue ajena a la polémica. En los últimos años, fueronpúblicos y notorios sus enfrentamientos con cinco de sus hijos, con tribunales de por medio, por discrepancias sobre la gestión de la compañía desde 2010. Ese pulso familiar se dirimió con la creación de un núcleo duro, al frente del cual colocó a su hija María José, elegida para sucederle en la presidencia. A pesar de su origen humilde, David Álvarez labró una exitosa trayectoria empresarial por la que fue reconocido institucionalmente con distinciones como la Gran Cruz del Mérito Civil, otorgada por el Gobierno de España, y el marquesado de Crémenes, concedido por Juan Carlos I en 2012, además de laMedalla de Oro al Trabajo, recibida en 1999.

De la docencia al imperio La andadura empresarial de David Álvarez arrancó en los años cincuenta, cuando recién completados sus estudios emigró a Bilbao para montar una academia de formación técnica. Aquel debut emprendedor sirvió para forjar su salto al mundo de la empresa con la creación de la compañía El Sol (1962), dedicada a la limpieza de edificios y embrión de su futuro 'holding' de servicios integrales. Pese a la dimensión de Eulen (mantenimiento, vigilancia, limpieza, formación, trabajo temporal, servicios sociosanitarios, gestión mediambiental…), la compañía ha mantenido desde sus orígenes el componente familiar, tanto en la propiedad como en la gestión, pese a que durante años, sobre todo antes de la crisis, la familia fue objeto de ofertas por parte de constructoras y fondos de inversión para vender su negocio.

Probablemente, una decisión así habría evitado problemas internos que afloraron con el tiempo y terminaron dividiendo al clan de los Álvarez. A partir de ese momento, el cisma familiar se convirtió en uno de los culebrones corporativos más sonados, con el patriarca casado en terceras nupcias, la mayoría de los hijos enfrentados al padre y los herederos divididos en dos bandos para disputarse el control. Más allá del negocio original, David Álvarez extendió su dimensión empresarial a otras actividades, sobre las que destacan de forma especial las Bodegas Vega Sicilia, la famosa referencia de Ribera de Duero que adquirió en 1982 y que llevó a cotas de fama internacional, hasta el punto de asociarse recientemente con la familia Rothschild. Quién iba a decirle a aquel humilde emprendedor de Crémenes que terminaría codeándose con la vieja aristocracia financiera europea.

Entrevista a Jorge Salgueiro, asesor jurídico de Asefosp de Aecra, vicepresidente jurídico de Ajse y presidente de Aecra


El presidente de
Aecra y vicepresidente jurídico de Ajse analiza en esta entrevista, entre otros aspectos, el momento actual tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada, las iniciativas a llevar a cabo para mejorar la formación en seguridad privada así como entender la teleformación como principal metodología en esta materia.


¿Después de haber transcurrido más de un año tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada, cuál es su valoración respecto de la misma?

La valoración es más que positiva. Todo marco regulador que pretende adaptar su texto a las necesidades de los que intervienen en un sector, debe ser bienvenido. No cabe duda que la nueva Ley de Seguridad hace un clara apuesta por la profesionalización de las empresas y personal de seguridad privada, al elevar los requisitos subjetivos y materiales exigidos a dicho personal y Empresas de Seguridad Privada. La formación del personal de seguridad privada va a ser multidisciplinar ante la aparición de actividades compatibles como la seguridad informática que van a poder ser ofertadas por las Empresas de Seguridad. El personal acreditado también se verá afectado por dicha elevación de exigencias formativas y especialización en sus funciones.

¿Estima que el sector de la Seguridad Privada tiene un conocimiento correcto del alcance y contenido de las vías de acceso abiertas con la nueva ley de Seguridad privada en el articulo 29?

De momento he podido percibir que no. Los certificados de profesionalidad abiertos por Ministerio de Educación y Ministerio Empleo dentro de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, publicados el año 2014, para vigilante de seguridad han abierto una vía desigual en cuanto al nivel de exigencias y planteado enormes dudas en cuanto a su futura utilización. Es claro que desde el Ministerio de Interior se va a trabajar en via reglamentaria en ampliar la carga lectiva a dichos profesionales imponiendo un Programa y metodología que deberá ser utilizadas por el Ministerio de Educación y Empleo, dentro de las competencias materiales a tal efecto atribuidas al Ministerio de Interior por la propio texto legal referenciado.

Las vías contempladas en el espacio superior universitario para ‘Jefe’ y ‘Director de Seguridad’ así como detectives privados, como titulo oficial de grado, parecen todavía en fase embrionaria y un poco alejadas de la realidad universitaria a nivel de orientación y salidas profesionales. No cabe duda que el Ministerio de Interior tiene que orientar sus esfuerzos en vía reglamentaria a ampliar la carga lectiva en su vía contemplada legalmente del Curso de Dirección de Seguridad y Detective, con una clara vocación a nivel de exigencias al posgrado universitario, logrando con ello el cumplimiento a nivel normativo del principio de igualdad.

¿Cree que la formación a distancia va a ser la metodología principal en el diseño de los programas específicos para el personal de Seguridad Privada en el futuro Reglamento?

La teleformación es una metodología ya exigida normativamente en la formación profesional como fruto de la aplicación de las nuevas tecnologías en todos ámbitos sociales. Que dicha metodología se aplique a la formación específica, siempre y cuando el contenido de las materias lo permita, como por ejemplo las pruebas físicas a vigilantes, es consecuencia por supuesto de un aprovechamiento racional de los recursos empresariales y de empleo.

Me consta que en numerosas Escuelas y Centros Formativos se está apostando por herramientas tecnológicas que permiten un aprovechamiento y seguimiento y control en la impartición de la formación que acredita una superación por el alumno de las pruebas exigidas, con tanto o mayor nivel supervisor que la formación presencial.

¿Qué acciones, eventos e iniciativas entiende que como Socio Experto de Aecra puede emprender dicha Asociación el próximo año 2015-2016 para mejora de la formación en el ámbito sectorial de la Seguridad Privada? Enumérelas.

Aecra ha celebrado recientemente en León con Asefosp en octubre una primera jornada de reflexión sobre la realidad normativa en formación del personal de seguridad privada con gran éxito y participación de Cuerpo Nacional de Policia, Guardia Civil y Ministerio de Educación, que ha permitido extraer una serie de conclusiones bastante claras para el sector particular de los Centros de Formación de personal de seguridad privada. Entre las principales conclusiones destacan: que hay desarrollar más talento y dedicación por los Centros de Formación en la impartición de la formación vigente, adaptando los textos o manuales a los propios alumnos a fin de lograr un éxito en dicha labor didáctica, que obviamente se traduce en primer lugar en un nivel de aprobados suficiente para los alumnos candidatos que se presenten por ejemplo a la formación previa para vigilante o guarda rural.

Con Ajse estamos explorando la profundización en temarios específicos dentro del Curso de Dirección de Seguridad que permitan diferenciar y especializar dicha figura del Jefe de Seguridad de tal manera que en el ejercicio de sus funciones pueda acreditar la diligencia debida a un buen profesional, evitándose con ello un reproche administrativo a nivel de sanción.

3.001 euros de multa para los aficionados que increparon a un vigilante de seguridad

La Comisión Antiviolencia ha propuesto una multa de 3.001 euros, con prohibición de acceso a los recintos deportivos durante seis meses, para cada uno de los dos aficionados que increparon e insultaron gravemente a una vigilante de seguridad en el partidoBetis-Atlético de Madrid.

Según informó el ministerio del Interior, Antiviolencia también ha propuesto otras dos multas en la misma cuantía, y con idéntico periodo de prohibición, para otros dos espectadores queen el derbi gallego Deportivo de la Coruña-Celta de Vigo"profirieron graves insultos contra un grupo de aficionados del equipo local" dentro del campo.

Entre las otras propuestas de sanción acordadas por la Comisión destaca otra multa de 3.001 euros para un aficionado identificado que en el partido Betis-Atlético causó una seria alteración de la seguridad ciudadana en el exterior del estadio, "provocando e insultando a un grupo numeroso de seguidores ultras con la intención de exaltarlo y violentarlo ante la presencia policial". Esta sanción va acompañada de un período de seis meses de prohibición de acceso a recintos deportivos.

Igualmente, la Comisión ha decidido proponer otras dos multas de 3.001 euros, con el mismo periodo de prohibición de acceso, para dos espectadores del partido Deportivo-Celta. Una de ellas es para a un aficionado del equipo visitante que amenazó e insultó gravemente a un aficionado local de forma reiterada, sin hacer caso de las indicaciones policiales, y otra para una espectadora del equipo visitante que insultó gravemente y de forma reiterada a los agentes policiales.

FUENTE: marca.com AQUÍ

26 de noviembre de 2015

SPV contra el acoso laboral, por una igualdad sin género


Nuevas funciones de los vigilantes de seguridad


A CORUÑA: Sindicatos piden a Defensa que actúe ante la falta de vigilancia en la fábrica de armas

El sindicato UGT y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada-USO solicitan la intervención "urgente" del Ministerio de Defensa tras alertar de que la fábrica de armas de A Coruña ha pasado su primera noche "sin ningún tipo de vigilancia en sus instalaciones". "Tras varios meses de impagos y con una deuda que suma el medio millón de euros, la empresa encargada de la vigilancia y seguridad de esta instalación ha retirado a sus vigilantes informando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", sostienen fuentes de USO en un comunicado.

No obstante, esta mañana "ni policía ni guardia civil se ha hecho cargo de la seguridad de esta instalación calificada de crítica y estratégica ante cualquier posible acción terrorista", añaden las citadas fuentes. Por ello, esta federación, junto a otras centrales sindicales, solicita al Ministerio de Defensa o a otra Administración competente que "se haga cargo de esta situación", que califica de "grave riesgo al tratarse de una fábrica de armamento de guerra".

"Desde la medianoche de ayer y en plena alerta 4 del plan de Prevención y protección antiterrorista, la fábrica de armas de A Coruña se encuentra sin ningún tipo de vigilancia en sus instalaciones", advierten las mismas fuentes. UGT A Coruña ha manifestado asimismo su "estupefacción" por esta situación en una instalación "crítica" en la situación actual de alerta por riesgo de atentados terroristas.

El sindicato insta a una intervención "urgente" de Defensa ante la "incomprensible" la adjudicación de la fábrica de armas a la empresa Hércules de Armamento, que "pone de nuevo en peligro quince puestos de trabajo fijos" en A Coruña y que "se suman a los que en su día se perdieron por esta adjudicación".EFE

VALENCIA: El hospital de Gandia refuerza la seguridad con 40 cámaras y nuevos pulsadores alarma


El centro aumenta la vigilancia con más personal y forma a los empleados sanitarios para actuar en caso de emergencia



El nuevo hospital Francesc de Borja cuenta con sistemas de seguridad de última tecnología con el fin de controlar los accesos del edificio y los puntos más críticos, y actuar con la mayor celeridad posible en caso de emergencia. Para ello, el hospital dispone de pulsadores manuales de alarma distribuidos por todo el edificio. Cuando una persona (trabajador, paciente o familiar) quiere dar aviso de una emergencia, únicamente tiene que pulsarlo. A continuación, se activa una alarma sonora en el punto de control de seguridad. El vigilante comprueba en el plano de su pantalla de dónde procede la emergencia (que se marcará en rojo automáticamente) y activa el protocolo adecuado según el tipo de emergencia y asegurándose previamente de que no se trata de una falsa alarma.

El hospital ha ampliado el número de cámaras. Así, el actual centro cuenta con 40 dispositivos, 28 más que en el antiguo edificio, cuyas imágenes se visualizan a tiempo real y durante las 24 horas desde el punto de control. La vigilancia también se ha reforzado a nivel presencial con una persona más en el edificio. El sistema antiincendios también se gestiona desde el mismo punto, unificando así todos los controles, que en el antiguo edificio estaban dispersos, con lo que, según afirma el jefe de Mantenimiento del hospital de Gandia, Antonio Luján, «se gana tiempo en caso de emergencia y se mejora considerablemente la seguridad».

Los trabajadores del hospital han recibido formación básica sobre el Plan de Autoprotección y Evacuación de las nuevas instalaciones de la avenida de la Medicina desde que comenzaron a trasladarse a sus nuevos puestos de trabajo el 16 de marzo. Esta formación es obligatoria para todo el personal de aquellos hospitales que cuentan con más de 200 camas. Además, los llamados equipos de primera y segunda intervención han recibido formación específica, tanto teórica como práctica. En este último caso, sobre la extinción de fuegos con extintores y mangueras. Por las características del edificio, los riesgos de emergencias internas son muy bajos. A esto ayuda el hecho de que no hay sótanos.

En cuanto a los condicionantes externos, el único riesgo alto es el de inundación por la proximidad al río Serpis, porque cuando llueve suele ser de forma torrencial (gota fría) y porque el nivel freático es muy bajo (el terreno era marjal), mientras que existe un riesgo moderado de terremoto, dada la orografía del terreno.  En caso de incendio, el primer paso a seguir es el de dar aviso para que se active el protocolo. A continuación, y según la envergadura del fuego, se podrá utilizar el extintor y, por último, cerrar las puertas para que no se propague el incendio. Las puertas son de resistencia al fuego durante 120 minutos, de manera que al cerrarlas, las llamas aguantan hasta dos horas sin propagarse.


25 de noviembre de 2015

25-N: SPV dice ¡NO! a la violencia de género en el trabajo

La violencia sexista puede darse y se da en todos los ámbitos tanto de la vida privada como pública de una persona. Mucho se ha hablado de la violencia doméstica pero no hay que olvidar que también sucede en otros ámbitos como puede ser el laboral, tanto por posibles malas praxis de empresarios, mandos intermedios o por situaciones que se puedan dar en los centros de trabajo. Creemos que es importante conocer las medidas para su prevención así como las obligaciones para trabajadores y empresarios.

Las empresas de seguridad privada se han dedicado en los últimos años a formular planes de igualdad, que en la inmensa mayoría están hechos de cara a la galería, pero que avanzan bien poco en la la lucha contra esta lacra en el mundo del trabajo. Eso si, no les han faltado tiempo para acogerse a subvenciones estatales que se conceden para trabajar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. SPV Sevilla, en colaboración con la coordinadora "Mujer Vigilante" está terminando de elaborar un folleto informativo en el que se recogerán las formas en las que se manifiesta la violencia de género en el trabajo, las consecuencias que comporta y el papel que debe ocupar la empresa en su prevención y detección.

La violencia de género en el ámbito laboral puede ser física, sexual o psicológica y puede presentar dos tipologías: acoso por razón de sexo y acoso sexual. Este tipo de violencia puede darse tanto en el centro de trabajo y dentro de la jornada laboral como fuera, siempre que tenga relación con el trabajo. El acoso por razón de sexo constituye un comportamiento no deseado que está relacionado con el sexo de una persona que aprovecha una situación de acceso al trabajo, de promoción laboral, de ocupación o formación para atentar contra su dignidad y crearles un entorno intimidatorio, humillante y hostil. Las razones que pueden motivar la violencia de género en el ámbito laboral son de diversa naturaleza. Desde los estereotipos que tradicionalmente han envuelto al papel del hombre y la mujer  trasladados al ámbito laboral (ampliamente extendido en el ambiente de la seguridad privada) pasando por el deseo de obtener un beneficio sexual utilizando situaciones de poder, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo con el fin de obtener bajas voluntarias u otros fines, hasta el cuestionamiento o menosprecio de las facultades profesionales sin tener motivos para ello.

CASOS ATENDIDOS Entre otros casos, en los últimos tiempos hemos atendido denuncias donde las empresas ponían trabas a la hora hacer efectiva la reducción de jornada por el cuidado de menores o familiares a su cargo, o a la hora de hacer uso de algunos de los permisos que contempla el convenio colectivo en vigor. También hemos detectado como mandos intermedios tienen un trato diferenciado sobre el personal a su cargo, con comentarios ofensivos e insultantes hacía la persona afectada, en presencia de ella o en su ausencia, y en ocasiones cuestionando su profesionalidad. Otro grupo de quejas se refiere a la planificación de cuadrantes y el no respeto al descanso mínimo semanal y el tiempo mínimo que tiene que haber entre una jornada y otra de trabajo. Es práctica habitual de las empresas dejar a un grupo de trabajadores sin cuadrante efectivo y darle luego los turno de manera telefónica, casi siempre de un día para otro, y llamando en ocasiones a horas intempestivas bajo el argumento de que están "por debajo de cómputo". Asimismo hemos venido observando casos en los que trabajadores o trabajadoras que terminan su jornada son presionados por los mandos intermedios para ampliar su horario, afectando gravemente a la conciliación de la vida familiar y laboral. Todo ello, aunque a fuerza de cotidiano pasa a convertirse en algo habitual, no deja de ser violencia laboral, muchas veces de género, otras en materia de igualdad.

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO ANTE LA VIOLENCIA DE GENERO La Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres establece la prevención del acoso sexual en el trabajo como un deber de toda empresa. Este deber se determinar en: promover condiciones de trabajo igualitarias que prevengan el acoso así como habilitar conductos para que las personas que lo sufran puedan denunciarlo. Aunque la ley no obligue a implementar un plan de igualdad, es importante adoptar medidas específicas que puedan prevenir el acoso, hay que disponer de una política anti-acoso que conozcan todos los trabajadores y trabajadoras de la plantilla. Ello probará que la empresa ha hecho lo posible por evitar situaciones de violencia de género. Para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores o aquellas obligadas por su convenio colectivo es obligatorio que cuenten con un plan de igualdad en el que se adopten medidas para la eliminación de la discriminación entre hombres y mujeres.

"SPV CONTRA EL ACOSO LABORAL, POR UNA IGUALDAD SIN GÉNERO"  Recientemente hemos suscrito un acuerdo de colaboración con la coordinadora "Mujer Vigilante" para dar asesoramiento especializado en materia de acoso laboral o vulneración en igualdad de género en el ámbito de la seguridad privada de la provincia de Sevilla. Es un servicio gratuito y que no está sujeto a ningún tipo contraprestación o compromiso de afiliación. cualquier consulta será canalizada a través del correo mujervigilante@gmail.com

La igualdad de género no será plena hasta el año 2133

La brecha entre hombres y mujeres en materia de salud, educación, oportunidades económicas y representación política se ha cerrado sólo un 4% en los últimos 10 años. Según el último Informe del Foro Económico Mundial habrá que esperar 118 años para erradicarla por completo si seguimos a este ritmo.

La paridad de género en materias como salud, educación, y oportunidades económicas y políticas se ha cerrado sólo un 4% en los últimos 10 años,algo que sugiere que tendremos que esperar otros 118 años para cerrarla por completo, según ha informado el Foro Económico Mundial con el último Índice de Brecha Global de Género que sigue liderado por países nórdicos. Hasta el momento tan sólo 35 países de los 142 evaluados han logrado erradicar estas diferencias por completo.


A lo largo de estos nueve años en los que se ha ido midiendo el nivel de equidad de géneros sólo se ha visto una mínima mejoría en el ámbito laborar. De hecho, la brecha actual en materia de participación y oportunidades económicas es del 60% respecto al 56% en el que se encontraba en 2.006, año en el que comenzó a elaborarse este informe. En materia de educación, la desigualdes se han ampliado en el 22% de los países encuestadosy, mientras que más mujeres que hombres se matriculan en la universidad en 97 países, las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores cualificados en sólo 68 países y la mayoría de los líderes en sólo cuatro.

En términos económicos, la brecha se ha cerrado sólo un 3% con el progreso hacia la igualdad salarial y la fuerza de trabajo de paridad estancamiento notablemente desde 2009/2010. La lentitud de los progresos en la reducción de la brecha en las oportunidades económicas entre hombres y mujeres significa que las mujeres sólo ahora están ganando lo que los hombres ganaban en 2.006, año en que este informe fue elaborado por primera vez. En cuanto a educación se observa un avance considerable respecto a 2.006 con una mejora del 92%. A nivel mundial, 25 países ya han cerrado la brecha en este aspecto en su totalidad, siendo el mayor logro en materia deeducación universitaria, donde ahora las mujeres constituyen la mayoría de los estudiantes en 97 países. Sin embargo, a pesar de este logro en educación en cuanto a posicionamiento laboral la cifra no es tan alentadora. Tan sólo en cuatro países las mujeres ocupaban puestos de liderazgo. En salud y supervivencia, se está más cerca de la paridad, al 96% ya que 40 países han cerrado esta brecha en su totalidad.

El empoderamiento político, es otro de los pilares medidos por el índice, y es sin duda el más amplio. En todo el mundo sólo el 23% de esta brecha de género se ha cerrado a pesar de que este área también ha visto grandes mejoras. Hasta la fecha en tan sólo dos países se ha alcanzado la igualdad de géneros en el Parlamento y sólo 4 han alcanzado la paridad en los roles ministeriales. Como el año pasado, los principales cuatro naciones son Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Por otra parte, Estados Unidos pierde ocho lugares desde 2014 y otras grandes economías en los veinte primeros son Alemania, Francia y Reino Unido. España se encuentra en el puesto número 25 de la lista situándose por debajo de países como Ecuador, Senegal o Gambia, entre muchos otros

PALMA DE MALLORCA: Roba 10 euros en embutido y agrede al vigilante de seguridad que lo sorprendió

El sospechoso intentó golpear al empleado con un palo y arremetió contra él con un carro de la compra

Un hombre de 42 años ha sido detenido en Palma por robar embutido valorado en 10 euros en un supermercado y agredir al vigilante de seguridad que lo sorprendió. El sospechoso empuñó un palo con el que intentó golpear a la víctima y le tiró un carro de la compra para tratar de escapar antes de que llegara la Policía. Está acusado de un delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en un establecimiento situado en el Camí Fondo, en Palma, según explicaron fuentes policiales. Un hombre entró en el comercio como un cliente más, cogió varios paquetes de embutido que al parecer escondió entre la ropa y trató de llevárselos sin pagar. Cuando salía por la caja, el vigilante de seguridad sospechó y fue tras él. Logró interceptarlo y comprobó que había robado varios productos valorados en unos 10 euros.

El empleado consiguió retenerlo y lo llevó hasta un cuarto del establecimiento. Desde allí contactó por teléfono con la Policía Nacional y explicó lo ocurrido. Una patrulla se dirigió entonces al supermercado. Antes de que llegasen los agentes, el presunto ladrón intento escapar. Primero logró hacerse con un palo con punta que había en la estancia y se abalanzó contra el vigilante de seguridad, al que trató de golpear con el arma. El trabajador consiguió esquivarlo e intentó reducir de nuevo al acusado.

El sospechoso, sin embargo, no cejó en su empeño. Agarró un carro de la compra y arremetió contra el vigilante, intentando arrinconarlo para poder marcharse del lugar. Tras un forcejeo, la víctima volvió a inmovilizar al agresor y poco después llegó la Policía Nacional al lugar. Los agentes se hicieron cargo de la situación y se entrevistaron con el perjudicado, quien les explicó que había sido agredido por el acusado tras sorprenderlo cuando sustraía varios productos.

Los policías comprobaron que el vigilante no presentaba lesiones graves ni necesitaba asistencia sanitaria. El acusado, un hombre de 42 años, fue identificado y trasladado a comisaría para ser interrogado sobre lo ocurrido. El sospechoso está imputado por un delito de robo con violencia, ya que supuestamente agredió al vigilante tras ser sorprendido, señalaron las mismas fuentes. Estaba previsto que tras prestar declaración ante los investigadores encargados del caso fuera puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma.

Sentencia carácter agente de la autoridad para vigilantes de seguridad sin presencia policial


A CORUÑA: La fábrica de armas se queda sin vigilantes por impagos a la subcontrata

Los trabajadores de Segur Ibérica se concentran a medianoche de hoy ante la factoría de Pedralonga

La empresa de seguridad que vigilaba la fábrica de armas, Segur Ibérica, abandona el servicio esta medianoche por impagos de la concesionaria de las instalaciones del Ministerio de Defensa, según anuncian los trabajadores afectados. La plantilla destinada a la factoría de Pedralonga prevé la llegada de la Policía Nacional y la Guardia Civil al complejo, que, alegan, por ley no puede quedar sin control debido a la naturaleza de su actividad.

Manuel Gude, del comité de empresa de la subcontrata de seguridad por UGT y destinado en la fábrica, explica que Hércules de Armamento le adeuda a Segur Ibérica una cantidad de entre 400.000 y medio millón de euros, cifra que les han trasladado sus superiores.

Los trabajadores afectados son quince. El sindicato UGT solicita la intervención urgente del Ministerio de Defensa. A medianoche, hora en la que se suspenderá el servicio, se celebrará una concentración ante las puertas de la factoría, en la que estarán tanto la plantilla afectada como antiguos operarios, que llevan meses denunciando la "incomprensible" adjudicación de las instalaciones a Hércules de Armamento.

Nueva uniformidad de Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España


24 de noviembre de 2015

¡Anímate a participar en la nueva etapa del SPV Sevilla!


El Gobierno endurece el control de las bajas laborales


Un decreto que entra en vigor el 1 de diciembre cambia los criterios para recortar la duración

El control se intensifica sobre todo a partir del tercer mes, cuando interviene la Inspección. Los médicos exigen la retirada de la normativa


El sistema de bajas laborales por enfermedad común experimentará un cambio de calado en España a partir del 1 de diciembre. Ese día, martes, deberá entrar en vigor en todo el país el nuevo decreto del Ministerio de Empleo con el que el Gobierno busca endurecer el sistema que regula los procesos de incapacidad temporal (IT) en España. La intención era adaptar la normativa a la sociedad actual y dar las bajas en la función de la enfermedad «porque no es lo mismo una gripe que un cáncer», detallan diversas fuentes consultadas. Hasta ahora todo tenía el mismo tratamiento administrativo, desde lo más leve a lo más complejo. Pero a la vista del decreto finalmente aprobado muchos opinan que subyace la idea de que existe una excesiva flexibilidad y «algo de abuso».

El decreto cambiará los criterios y la calificación de las bajas e intensificará el control, tanto sobre los trabajadores como, y ahí estriba la principal novedad, sobre los médicos que firman los partes de IT. Los facultativos, que se consideran señalados como «los que supuestamente engañamos al sistema», han puesto el grito en el cielo. Lo han hecho desde diferentes plataformas. Una de ellas es el Foro de Atención Primaria que engloba a profesionales de diversos ámbitos y que lleva semanas exigiendo la retirada de la polémica normativa. «Es una locura. Ni los médicos ni el sistema informático de los centros de salud y de los hospitales están preparados para asumir un vuelco de tal calibre, del que, además, no se ha informado», asegura Francisco José Sáez, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y coordinador del Grupo de IT en el Foro de Médicos de Atención Primaria.

Y el cambio, o más bien, los cambios afectarán a la forma en que se tramitan las conocidas como bajas médicas, así como a su duración y seguimiento. Es la primera vez en 49 años que el sistema de incapacidad temporal se modifica. El mismo fue implantado en 1966, en pleno franquismo, y desde entonces «no fue tocado». Es por eso, explica Sáez, que cuando un trabajador está de baja debe acudir al médico «una vez a la semana por su parte, porque en los años en que fue aprobado el sistema de IT las empresas pagaban semana a semana». A partir del 1 de diciembre, el facultativo tendrá que determinar desde el primer día cuánto durará la baja. El decreto agrupa a las IT en cuatro tipos, en función de la enfermedad y del tiempo que el médico estima que el paciente/trabajador deberá quedarse en casa. El enfermo no tendrá que acudir, como ocurre ahora, por el parte de confirmación a los tres días. Esa obligación desaparece.

La 'letra pequeña' La primera de las cuatro bajas médicas es la «muy corta», la de menos de 5 días. El enfermo saldrá de la consulta o del hospital con una indicación de baja, pero también con la fecha del día en que deberá reincorporares al trabajo. La segunda, la «corta», está pensada para procesos de entre 5 y 30 días. En ese caso, el primer parte de confirmación se dará a los siete días y los siguientes, cada dos semanas. Si la baja oscila entre 30 y 60 días, «la mediana», el primer parte será también a la semana, pero los siguientes cada 28 días. Finalmente, para las bajas superiores a los dos meses, «las largas», el parte inicial se dará a los 14 días y los siguientes, cada 35.

En principio, «parece que beneficia al paciente porque tiene que ir menos veces al médico», detalla Sáez. Pero no es así, porque lo que recoge la 'letra pequeña' del decreto es que «nos obliga a hacer un informe cada mes, y repetirlo al día 35 en el caso de bajas de dos meses. A la postre, el paciente irá más veces. Además, endurece los criterios a partir de los tres meses», cuando interviene la Inspección, organismo que ahora solo entraba en juego a partir del año de la baja.

La burocracia, advierten los profesionales de la medicina, «será mucho mayor». Además, hasta ahora la tramitación de los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común, es decir, no por accidente o dolencia profesional, se hacían siempre desde Primaria. Pero ahora «si el paciente acude a Urgencias o está ingresado, el parte lo deberá emitir el facultativo del hospital. Los médicos de Primaria no podremos activar la baja hasta que veamos nosotros al paciente, por lo que podrá perder días de trabajo ya que habrá jornadas de ausencia que no podrá justificar», alerta Sáez. Las mutuas tendrán también más poder. Estas entidades podrán hacer propuestas de alta para acelerar la reincorporación del trabajador. El médico tendrá 5 días para emitir un informe y la Inspección, otros 6. Si pasados once días la mutua no recibiera respuesta, el trabajador estaría obligado a reincoporarse a su actividad laboral.

LOS CAMBIOS

-Baja de 5 días naturales. El paciente no tendrá que ir a renovarla pues el parte de alta y baja se realizará en el mismo acto médico.
-De 5 a 30 días. El primer parte de confirmación se dará a los 7 días y los siguientes cada 14 días.
-De 30 a 60 días. El primer parte será también a los 7 días y los sucesivos cada 28.
-De más de 60 días. El primero será a los 14 días y los posteriores, cada 35. En este caso, al llegar a los 90 días interviene la Inspección, que deberá hacer un informe de cada caso y situación.
-Urgencias y hospitales. Si el paciente acude a un servicio hospitalario es éste el que debe emitir el parte inicial de baja.
-Mutuas. Podrán hacer propuestas de alta médica. El médico tendrá 5 días para emitir informe contrario y la Inspección otros 6. Si a los 11 días no existe respuesta, el trabajador dejará de estar de baja.

FUENTE: elcomercio.es AQUÍ

CÁCERES: Las conserjes de la Universidad Laboral se quejan de que ejercen de vigilantes


La Junta afirma que el control de entrada y salida es una de sus labores. La Inspección de Trabajo concluye que su tarea cambia con el centro cerrado


Las ocho conserjes u ordenanzas de la Universidad Laboral, dependiente de la Junta de Extremadura, han denunciado a este periódico que están teniendo que realizar tareas ajenas a su rol profesional, consistentes en la vigilancia del centro durante los periodos no lectivos y en horario de mañana, hasta que arrancan las labores de los vigilantes de seguridad. El centro dispone en la actualidad de tres vigilantes --anteriormente había ocho--, que se hallan en una garita situada en la entrada principal de vehículos. Trabajan de lunes a viernes a partir de las 19.30 horas y fines de semana completos. En periodos no lectivos y los viernes entran a las 22.00 horas. Las ocho mujeres se quejan de que, entre diario, es una de ellas la que desempeña la labor de vigilante de 8.00 a 19.30 horas, así como durante los periodos en los que no hay actividad docente. "En Navidad, Semana Santa, verano, estamos solas hasta las 22.00 horas. Hace cuatro años que vivimos esta situación", comentó ayer María Montaña Holguín, una de las trabajadoras afectadas.

Por ello, las conserjes solicitan que su rol como vigilantes cese y que el centro se cierre durante periodos no lectivos, cuando se quedan completamente solas, si acaso acompañadas por personal de mantenimiento, y se sienten inseguras ante la posibilidad de que se produzcan robos, como ya ha sucedido, concretamente el pasado mes de abril. "Hemos tenido robos estando nosotras trabajando de vigilante", añadió. Las afectadas entregaron el pasado mayo un escrito a la consejería de Educación de la Junta de Extremadura, a la dirección de la Universidad Laboral --con quién intentó hablar ayer este periódico sin éxito-- y a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, recibiendo respuesta tan solo de este último órgano.

El informe indica que las funciones de las ordenanzas adquieren un matiz distinto durante periodos no lectivos. "Se entiende que el control de entradas tiene sentido (...) cuando el centro se encuentra operativo (...) pero queda desvirtuado en aquellos periodos en los que no existe actividad", reza el escrito, que remarca que anteriormente el servicio de vigilancia comprendía las 24 horas del día.

CAMARAS Por su parte, fuentes de la consejería de Educación manifestaron ayer que las ordenanzas no están en la garita de vigilancia, sino en su consejería, donde cuentan con cámaras de seguridad, porque el recinto es muy largo, con el objetivo de controlar quien entra y sale, la cual es una de sus labores. "No se le han dado instrucciones de que perimetren el centro, ni de hacer rondas de vigilancia. No tienen instrucciones de prohibirle el paso a nadie, simplemente toman nota y si ven algo raro llaman a sus jefes", manifestó Fernando Solís, del servicio de Coordinación. No obstante, de cara al próximo año --ante la imposibilidad de modificar el vigente contrato firmado con la empresa que se encarga de la vigilancia en el centro--, la Junta tratará de incrementar las horas de vigilancia de la empresa subcontratada para que las conserjes no tengan que quedarse solas durante periodos no lectivos.

El sueldo medio declarado a Hacienda cae al nivel más bajo desde 2007

El descenso se debe más a la incorporación de empleos con salarios bajos que a rebajas de sueldo de los existentes


La fotografía salarial que ofrecen los datos tributarios muestra que el sueldo medio de los trabajadores declarado a Hacienda por las empresas ha caído a 18.420 euros anuales (equivalente a 14 pagas de 1.315 euros), el mínimo desde 2007, según los datos de Hacienda. El salario medio resistió bastante bien la crisis hasta 2011. En 2012, el año de la reforma laboral, cayó con fuerza. Y el descenso ha continuado en 2013 y 2014, según los datos publicados ayer. En cambio, el salario medio del grupo de los más privilegiados, los que cobran más de 10 veces el salario medio interprofesional (SMI), no ha parado de subir en toda la crisis.

La estadística de Hacienda apunta a desigualdad y precariedad, por un lado, pero también a creación de empleo, por otro. Por primera vez desde que comenzó la crisis, aumenta el número de asalariados incluidos en la información sobre Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias, cuyos datos de 2014 fueron publicados ayer por Hacienda. El total sube a 16.899.024 personas, 217.000 más que en 2013. El volumen de salarios declarados también repunta ligeramente y alcanza los 311.279 millones de euros, unos 2.600 millones más que el año anterior. Es el primer ascenso tras cinco años de caída, pero las cifras siguen muy lejos de los 366.819 millones de 2008. La crisis, en forma de pérdidas de empleo y rebajas salariales, ha pasado factura a las retribuciones de los trabajadores.

La información de Hacienda sobre salarios es una fotografía muy rica y realista de las retribuciones anuales que las empresas pagan a sus empleados en España. Las estadísticas que se basan en declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tienen el problema de que muchos están exentos de declarar. En cambio, estos son datos de retenciones y salarios de las empresas, que es obligatorio declarar desde el primer euro.

Sesgo a la baja Al tiempo, dado que es un resumen de retribuciones anuales, hay que analizarlo con cautela. Las cifras incluyen datos de pensionistas que hayan realizado algún trabajo durante el año, de trabajadores temporales o a tiempo parcial, de trabajos de verano o esporádicos que, al ser agregados y expresados en términos anuales, podrían dar a entender equivocadamente que en España hay más de un tercio de trabajos en los que el sueldo es inferior al SMI (que asciende a 9.034,2 euros anuales o 14 pagas de 645 euros). Hacienda advierte expresamente que hay un sesgo a la baja del salario medio frente a otras estadísticas y que “no se puede interpretar el número de perceptores en la cola baja de la distribución salarial (por debajo de un SMI) como personas que perciben un salario inferior al salario mínimo”.

Con todas esas cautelas por delante, el sueldo medio declarado cayó a 18.420 euros, que es el nivel más bajo desde el año 2007 y se sitúa un 3,6% por debajo del nivel que alcanzó en 2010. La impresión es que, a diferencia del año de la reforma laboral, la caída del salario medio de 2014 no se debió a rebajas de sueldo propiamente dichas sino más bien a que casi todos los trabajadores que se incorporan lo hacen en los grupos de sueldos más bajos. Eso parece ser consecuencia de la mayor precariedad y temporalidad en el empleo que ponen de manifiesto las estadísticas laborales.

Curiosamente, mientras que el sueldo medio ha caído con fuerza, el del grupo más privilegiado, el de aquellos con salarios que suponen más de 10 veces el salario mínimo, es decir, aquellos a los que las empresas declaran pagar más de 90.342 euros al año o más de 6.450 euros al mes (en 14 pagas), no ha parado de crecer. En 2014, el sueldo medio de ese grupo, en el que se incluyen 127.706 personas, aumentó un 1%, hasta 148.824 euros. Por comunidades, el sueldo medio más alto es el de Madrid (24.576 euros) y el más bajo, el de Extremadura (13.559 euros).

¿De verdad son mileuristas casi la mitad de los asalariados?

La estadística de Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributariaspresenta una riqueza de datos enorme y tiene como una de sus grandes virtudes que se trata de datos reales, de lo que se retiene y declara a Hacienda.

En ese sentido, permite una fotografía muy precisa que permite comparar qué sectores pagan mejor, en cuáles hay más desigualdad, etcétera. Pero, al tiempo, es una estadística a la que hay que aproximarse con cautela para no caer en ciertos equívocos. Los datos muestran que el mayor grupo de asalariados (3,69 millones de personas, el 22% del total) es el que cobra menos de 0,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), con un sueldo medio de 1.840 euros anuales (lo que equivale a 153 euros al mes). También indican que el 35% se queda por debajo del salario mínimo (9.034,2 euros anuales o 14 pagas de 645 euros) y casi la mitad de los aslariados está por debajo de los 14.000 euros. ¿Significa eso de verdad que casi la mitad de los asalariados españoles son mileuristas? ¿Se puede concluir que uno de cada tres empleos en España se paga por debajo del salario mínimo?

Retribuciones anuales En realidad, sacar esas conclusiones es erróneo, porque se trata de retenciones anuales. Para asalariados a tiempo completo que hayan trabajado todo el año, eso equivale a sueldo. Pero muchos casos no son así. Un ejecutivo con un sueldo de 5.000 euros que se haya jubilado en febrero con la pensión máxima, aparece como que su empresa le ha retenido menos del SMI. Alguien que acabase la carrera y trabajase desde septiembre por 2.000 euros al mes, también. Lo mismo ocurre con un estudiante que haya trabajado dos semanas en vacaciones, un jubilado parcial, con un pensionista que haya cobrado de una empresa por un artículo, una charla o un informe (hay 1,4 millones de asalariados-pensionistas en las cifras), con un trabajador despedido, o con millones de empleados que hayan trabajado parte del año y el resto cobrado paro, o que hayan trabajado a tiempo parcial.

Obviamente, que haya tanta gente con trabajo temporal o a tiempo parcial también indica precariedad, pero de ahí a concluir que millones de españoles tienen un sueldo de menos de 300 euros hay un gran trecho.

23 de noviembre de 2015

JAÉN: Condenado 6 meses cárcel estudiante por lesionar policía en protestas contra la Lomce

El juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 780 euros a Ángel González, un estudiante de 22 años, por lesionar a tres policías en las protestas contra la Lomce.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera hechos probados que sobre las 13.00 horas del 9 de mayo del 2013, y tras una manifestación estudiantil, agentes de la Policía Nacional, pidieron que se identificara al acusado, ya que previamente habían sido avisados de que una persona, que respondía a sus características, había participado en un incidente en la Universidad en el que había resultado herido un vigilante de seguridad. 

El acusado se negó inicialmente a ello "para después tirar la documentación al suelo", ante ello" el agente se agachó a recogerla, momento en que el acusado le propinó un puñetazo en el pecho y posteriormente una patada, acudiendo en auxilio del mismo dos agentes, que también sufrieron lesiones".

De igual forma ha quedado probado que dada la resistencia ofrecida por el acusado tuvieron que pedir ayuda a agentes de Policía Local quienes consiguieron introducirlo en el vehículo policial, y una vez dentro del vehículo el acusado propinó fuertes patadas al mismo ocasionando daños. A consecuencia de lo anterior un agente sufrió una fractura del meleolo peroneo, rectificación cervical y fractura del 4º arco costal anterior izquierdo, y el otro policía sufrió subluxación de la articulación trapecio metacarpiana de la mano izquierda y artritis postraumática. Por estos hechos, el fiscal solicitaba una pena de dos años y medio de prisión y multa de 36.000 euros, mientras que la defensa pedía la absolución por no quedar acreditados los hechos y si fuera condenado, la aplicación del Código Penal conforme a la nueva redacción que por el delito de atentado se establece la pena de 6 meses de prisión con la accesoria legal y por cada uno de los delitos de Lesiones la pena de 6 meses de multa a razón de 3 euros diarios.

El joven finalmente ha sido condenado responsable de un delito de atentado, dos delitos de lesiones y un delito leve de daños a una pena de seis meses de prisión y al pago de una multa de 780 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a una agente con 11.829 euros por las lesiones y secuelas sufridas, a otro con 1.300 euros y a un tercero con 1.253 euros. De igual modo deberá indemnizar al Ayuntamiento de Jaén en la cantidad de 160 euros por los daños sufridos en el vehículo policial. EFE

Formación del nuevo Comité Ejecutivo de SPV Sevilla