Cuando los sindicalistas cobran de donde no deben
El sindicato USO disuelve su gestora en Galicia al salpicar a sus dirigentes otra (y van un montón) trama corrupta de fondos de formación. Entre los implicados aparece Antonio Duarte, denunciante del presunto fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria. Según la Policía, Duarte y los suyos cobraba comisiones ilegales de un empresario por cederle los cursos de formación del sindicato
El fraude en los cursos de formación se extiende como una epidemia por todo el territorio patrio. A falta de que en algún registro oficial conste una cosa distinta, casi estamos en condiciones de asegurar que todo empezó en ese territorio tan lleno de especificidades que es Canarias, donde al amparo del Instituto Canario de Formación y Empleo, creado en los noventa, una pandilla de salteadores de caminos se llevaron sin recato un buen puñado de unos fondos de la Unión Europea destinados a sacarnos del pozo en el que aún estamos.
Que, como dice el PP, los empresarios turísticos todavía prefieran para algunos puestos a trabajadores no isleños no es más que el resultado directo de ese fracaso colectivo que han sido los cursos de formación, destinados desde aquellos momentos a la financiación de asociaciones empresariales, sindicatos, y algún que otro espabilado que cosía para la calle. La media docena de cargos públicos que se sentaron recientemente en el banquillo tras tres quinquenios de proceso judicial, resultaron absueltos porque jamás se demostró que actuaran con negligencia ni que, por supuesto, se mamaran un solo euro. Pero lo más flagrante del caso Icfem no han sido esas absoluciones, sino que una gran parte del dinero mamado no apareciera jamás y que en ningún caso nadie apuntara hacia los que se lo llevaron a manos llenas.
La facilidad con la que esos dineros iban de mano en mano sin los menores controles ni siquiera de asistencia de los alumnos, con firmas falsificadas, cursos que jamás se impartieron y academias fantasmas, parece haber dado lugar a que otras comunidades autónomas hicieran lo mismo. Tras Canarias y Andalucía, lo último que ha estallado ha sido el caso Zeta, de cursos de formación muy sandungueros impartidos a mayor gloria de empresarios y sindicatos en Galicia.
El cazador cazado Y es en Galicia donde nos hemos encontrado con un personaje muy peculiar vinculado a la Unión Sindical Obrera (USO), central que ha disuelto fulminantemente su gestora en esa comunidad al aparecer en informes policiales tres de sus miembros cobrando indebidamente unas comisiones que generosamente les pagaba un empresario, Gerardo Crespo. En la contabilidad B de este personaje han aparecido pagos sospechosos girados en favor de ese sindicato, además de facturas correspondientes a coches de alquiler que corrían por cuenta del empresario y que los sindicalistas usaban para tareas propias de su condición.
Entre los sindicalistas salpicados por este escándalo figura uno que de un tiempo a esta parte aparece en noticias de prensa en Canarias, Antonio Duarte, que además de responsable de la gestora de USO en Galicia, es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de ese sindicato. Actuando como tal, Duarte es el promotor de la querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, empresa por la que se enfrenta a una causa penal por presunto fraude a la Hacienda Pública al haber declarado como dietas y gastos de viaje lo que en realidad (presuntamente) eran horas extraordinarias de sus vigilantes.
Nada que decir a esa querella de la fiscalía, en la que USO aparece como acusación particular, pero sí al sindicalista que no solo promovió esa acción de la justicia, sino que ha dedicado gran parte de su tiempo y de unos recursos económicos cuya procedencia hay que poner desde ahora en remojo, a una pertinaz campaña de descrédito de Ramírez y de su empresa que ha incluido desde ruedas de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, a acciones de comunicación en toda España y al reparto constante de dosieres conteniendo esa denuncia entre toda la clientela presente y futura de Seguridad Integral Canaria. Si además de su implicación en el fraude de los cursos de formación se confirmara la sospecha lanzada por el propio Ramírez de que a Duarte le pagan sus gastos las compañías de la competencia, con Prosegur a la cabeza, nos encontraríamos ante una constante en la historia de los grandes impostores denunciantes de casos de corrupción: el síndrome del cazador cazado.
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