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12 de octubre de 2014

HUELVA: Víctimas de una estafa amasada en la desesperación del desempleo

Todo comenzó entre finales de abril y principios de mayo de este año en la calle Padre Álvarez número 16 de Ayamonte. Tan solo fue necesario un cartel en la fachada de dicho inmueble, donde aparentemente se estaba habilitando unas oficinas, a nombre de una empresa que decía llamarse GPS Seguridad, donde se anunciaba que se necesitaban vigilantes para trabajar en Portugal, concretamente en puestos de auxiliares de vigilancia. 

La mecha prendió rápido y, tal y como está el mercado laboral en pocos fueron numerosos los jóvenes ayamontinos que se acercaron a dicha dirección en pos del tan ansiado empleo. Fue el caso de Toni Álvarez (47 años, casado, con un hijo y parado de larga duración), quien ha narrado a Huelva Información que se enteró de la oferta casi de casualidad, al pasar por dicha calle, situada en el centro de la ciudad fronteriza. "No lo dudé, apunté el teléfono que se indicaba, y llamé". Asegura que le informaron de las condiciones del contrato, aparentemente muy ventajosas ya que se trataba de ejercer como auxiliar de vigilante de seguridad en urbanizaciones de lujo y habitadas por extranjeros en todo el Algarve de Portugal. "Aunque yo tengo la titulación de vigilante de seguridad, no exigían nada, ni aparentemente había límite de edad", añade. 

El boca a boca funcionó rápidamente y trascendió en pocos días los límites de Ayamonte, por lo que comenzaron a acudir personas de otras localidades como Villablanca, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, y el propio país vecino, así como distintas nacionalidades ya que pese a que casi todos eran españoles, también se interesaron por la oferta de empleo marroquíes, rumanos, búlgaros y portugueses. "A todos se nos prometía empleo", asegura Álvarez.. "Nos dijeron que para ir al trabajo, aparte de inscribirte como solicitante, el cliente pediría un seguro privado personal por si pasaba algo que te pudieran trasladar sin problemas, ya que nos dijeron que la empresa no quería responsabilidades en ese sentido", ha indicado. Por ello, los interesados en trabajar pagaron cantidades como mínimo de 50 euros por el seguro, aunque hubo otros que contrataron otra póliza superior y que se gastaron más de 300 euros, porque incluía partidas distintas, como las destinadas al vestuario. 

Según Álvarez, una vez entregado el dinero de distinta forma, ya fuese en mano o mediante transferencia bancaria, les entregaban daban un supuesto seguro de la compañía Mapfre, y quedaron a la espera de que les llamasen para comenzar a trabajar. "Nos informaron hasta de los horarios y los cuadrantes de trabajo" asegura. Sin embargo, "pasaron los días y nadie llamaba, y la oficina que abrieron en Ayamonte para captar a la gente cerró aprovechando la celebración de las fiestas patronales de Ayamonte, y nadie cogía los teléfonos". Además, acudieron a la compañía Mapfre y les dijeron que lo que habían pagado era por una simple propuesta, "que era un documento sin valor ni cobertura algunos". 

La ilusión por el trabajo se desvanecía de un plumazo, lo cual era aún más grave teniendo en cuenta, como asegura Álvarez, que casi todos "somos personas paradas, que ya no percibimos ningún tipo de ayuda, y que hemos tenido que pedir prestado el dinero para el supuesto seguro a familiares, vecinos y amigos". A pesar de ello añade que "el dinero es casi lo de menos comparado con la pérdida de la esperanza de poder acceder a un puesto de trabajo". Por el momento, y sin conocerse el número real de afectados, unas 15 personas han interpuesto una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Ayamonte. No obstante, y según prosigue Álvarez, "tenemos constancia segura de al menos una treintena de afectados, sólo en Ayamonte", a los que "habría que sumar más personas tanto de aquí, como de Villablanca, Isla Cristina, Lepe, Cartaya o Portugal, con las que no tenemos ningún tipo de contacto, pero que podrían elevar enormemente la cifra". 

También reconoce que "muchos no denunciarán y, por tanto, nunca se conocerá el alcance de la presunta estafa, bien por vergüenza, bien porque pueden pensar que por 50 u 80 euros no merece la pena meterse en líos judiciales". No obstante animó a todas aquellas personas que piensen que han sido objeto de este engaño a que acudan a los puestos de la Guardia Civil de sus respectivas localidades para posteriormente poder unir todas las denuncias en una demanda conjunta. Entre los afectados, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 55 años, también hay miembros de una misma familia, como es el caso de un padre y su hijo, naturales de Lepe. Finalmente Álvarez ha lamentado que en todos los casos "se han aprovechado de la desesperación de personas desempleadas por conseguir un trabajo", sin saber calcular con exactitud a cuánto asciende la cantidad de dinero que entregaron todas las personas que han denunciado el caso.

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