Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de agosto de 2014

El médico tiene que justificar ante un inspector los casos en la que la incapacidad supere el tiempo establecido


El médico recibe ahora una notificación por ordenador con el tiempo medio de baja al firmar un parteEl médico de cabecera recibe ahora una notificación por ordenador con el tiempo medio de baja al firmar un parte

Los procedimientos para otorgar una baja laboral en España han cambiado desde hace unas dos semanas con la entrada en vigor del nuevo real decreto de incapacidad temporal aprobado por el Ministerio de Empleo. Los partes de confirmación ya no se entregan semanalmente, sino que el alta y la baja se dan a la vez en los procesos de menos de cinco días y en plazos más amplios en función de la duración estimada de la baja médica.

Otra de las novedades que introduce la ley reside en que los médicos de familia han de consultar ahora a un inspector de la UVMI (Unidad de Valoración Médica de Incapacidades) cuando firmen un parte de baja cuyos tiempos superen a los establecidos. En su mensaje de consulta, el facultativo debe esgrimir sus razones para otorgar una baja superior a la recomendada y solicitar así el permiso del inspector.

Los plazos vienen fijados por unas tablas con tiempos medios en base a enfermedades «incrustadas» en los sistemas informáticos de los centros de salud. Estos periodos vienen determinados por un documento del INSS publicado en 2013 al que se añade además un coeficiente que tiene en cuenta la profesión y la edad del trabajador. En base a este informe, estos son los días que te corresponden de baja laboral en función de algunas de las enfermedades registradas. Este tiempo estándar no es el definitivo, el resultado final es el que se obtiene con la multiplicación por el coeficiente de corrección por ocupación y edad:

FUENTE: servigilantedeseguridad.blogspot.com AQUÍ

SEVILLA: Inspección de Trabajo requiere a Prosegur para que abone el uso del vehículo propio del trabajador y otros



Báñez acaba con el monopolio de patronal y sindicatos en los cursos de formación


Desde el 1 de enero de 2015, las subvenciones se someterán a la libre concurrencia de cualquier centro de formación acreditado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la convocatoria de subvenciones para cursos de formación a ocupados de 2014, más abierta a la libre competencia y en la que por primera vez patronales y sindicatos no serán miembros del órgano colegiado que adjudica las ayudas a las que ellos mismos optan.

Las condiciones de la convocatoria, aprobada por el Servicio Público de Empleo (SEPE), implican un avance hacia el nuevo modelo de formación profesional prometido por el Gobierno y que desde hace meses se está negociando con los agentes sociales. Según su preámbulo, se trata de "la última convocatoria de un escenario de transición", que abre en torno a la mitad del presupuesto total, de cerca de 139 millones de euros, a líneas de formación a las que podrá optar cualquier centro de formación acreditado en las mismas condiciones que las organizaciones empresariales y sindicales.

De esta forma, las subvenciones ya no se repartirán mayoritariamente entre las patronales y los sindicatos más representativos a nivel estatal, algunos de los cuales están siendo investigados por presunto fraude en el uso de estos fondos. La reforma laboral de 2012 ya recogía la posibilidad de que los centros y entidades de formación participaran directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, lo que llevó a que en las convocatorias de 2012 y 2013 hasta un tercio de las líneas de formación se abrieran a la libre concurrencia.

Otras novedades significativas son la limitación del pago anticipado al 50% del importe de la subvención -cuando hasta ahora se adelantaba el cien por cien-, la restricción de la subcontratación también al 50 % y la eliminación de la posibilidad de financiar planes cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas. Como complemento para la lucha contra el fraude la convocatoria recoge que está prevista la creación dentro de la Inspección de Trabajo de una unidad especializada en el seguimiento y control de los cursos de formación, así como un régimen sancionador que impida volver a trabajar con la administración pública en el ámbito de la formación cuando se incumpla la legalidad.

Además, los requerimientos de solvencia técnica y financiera que se exigían a los centros de formación se extienden a todos los solicitantes, se pide documentación adicional para la comprobación de los requisitos, se elimina la posibilidad de justificar mediante informe auditor y se incrementa el porcentaje de seguimiento y control que realizan los propios beneficiarios del 5 al 10 %.Según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un comunicado, este viernes el BOE publicará también la convocatoria de subvenciones de 2014 para financiar la formación de jóvenes menores de 30 años, entre cuyos beneficiarios están los jóvenes de menos de 25 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Esta convocatoria tiene un presupuesto de 41,3 millones, que sumados a los 138,9 millones destinados a los planes de formación para ocupados hacen un total de 180,2 millones, de los que 90,1 millones (el 50%) estarán abiertos a la libre concurrencia de centros y entidades de formación. El Ministerio recuerda en su nota que el pasado 29 de julio en La Moncloa el Gobierno, la patronal y los sindicatos se comprometieron a firmar los V Acuerdos de Formación Profesional para el Empleo y a realizar las modificaciones normativas que permitan la transformación del sistema, hacia la que ya se ha avanzado con la convocatoria de 2014. El objetivo es que el nuevo modelo esté en vigor desde el 1 de enero de 2015 y que el cien por cien de las subvenciones se sometan a la libre concurrencia.

Convocatoria de subvenciones públicas estatales para la ejecución de planes de formación para personas ocupadas


30 de agosto de 2014

Vigilante gana en T.S.J de Galícia reclamación contra Grupo Cetssa por no abonar el "Plus de Radioscopia" íntegro

Un vigilante de seguridad del Grupo Cetssa Seguridad que prestaba servicio en el Pabellón postal de Correos de la ciudad de Vigo presentó reclamación de cantidad ante la justicia al no serle abonado íntegramente el "plus de radioscopia" de su puesto de trabajo, al considerar la empresa de seguridad que tenía que pagar el plus de radioscopia haciendo una media de horas por las que se pueda usar el escáner.

El trabajador ganó el pleito en primera instancia en el Juzgado de lo Social Nº 2 de Vigo, sentencia que fue recurrida por Grupo Cetssa Seguridad. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha vuelto a darle la razón al trabajador desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la empresa de seguridad y dictando sentencia por la cual "Deben retribuirse todas las horas trabajadas en un puesto donde se utilice un dispositivo de radioscopia, bien por la formación que se exige para ocupar ese puesto de trabajo, y no solo el tiempo efectivo en que se utilice la radioscopia, bien porque los eventuales daños a la salud se podrían producir aunque no se haga uso del dispositivo".

BARCELONA: vigilante de seguridad de falcon despedido por apoyar a compañeros de Prosegur en una reyerta


BARCELONA: Detienen a tres personas cuando trataban de robar en una empresa de Martorell

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas cuando intentaban robar en el interior de una empresa de Martorell, según ha informado hoy la policía catalana. Los hechos sucedieron la madrugada del miércoles al jueves, cuando el vigilante de seguridad de una de las empresas ubicadas en el polígono industrial de la ciudad llamó al número de emergencias 112 para denunciar que había visto cómo tres personas hacían un agujero en la valla perimetral de la empresa para acceder al interior.

El vigilante también denunció que una de las tres personas, de entre 30 y 40 años y de nacionalidad rumana, trataba de extraer la gasolina de uno de los camiones que había aparcados en el interior del recinto. Los tres detenidos se hicieron con materiales de metal y hierro y lo dejaron preparado en el interior del recinto para transportarlo en una furgoneta.

Los delincuentes abandonaron el lugar para ir a buscar la furgoneta, momento en el que aparecieron los mossos que, siguiendo las instrucciones del vigilante de seguridad, localizaron a los tres ladrones, uno de los cuales acumulaba 11 denuncias por hechos simulares. Los tres detenidos han quedado en libertad con cargos después de prestar declaración ante el juez.EFE

29 de agosto de 2014

UNI Global Union denuncia a Prosegur ante el Gobierno español tras ataque violento contra sindicalista

UNI Global Union ha pedido al gigante de la seguridad española Prosegur que denuncie públicamente la violencia contra sindicalistas tras una brutal agresión contra un dirigente sindical en América Latina.

UNI, el sindicato global para los trabajadores de seguridad, contactó al Punto Nacional de Contacto español de la OCDE en Madrid esta semana para pedir una intervención urgente, tras que Luis Cárdenas, un trabajador de Prosegur que se encontraba fuera de servicio, fuese atacado con saña en el Perú. Cárdenas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Prosegur, fue golpeado en la cabeza con una piedra en un ataque gratuito a poca distancia de su casa en Lima. No se le sustrajo ningún objeto personal. La agresión se produjo un mes después de que se circulasen panfletos anónimos al personal en las instalaciones de Prosegur en Lima, identificando a Cárdenas como un dirigente sindical con estrechos vínculos con UNI y acusándolo falsamente de malversación de fondos sindicales.

Philip Jennings, Secretario de UNI Global Unión General dijo: "Estamos indignados por este ataque contra un dirigente sindical, tratándose del más reciente de una serie de amenazas verbales y físicas contra miembros sindicales que trabajan en Prosegur." "Hemos advertido repetidamente a Prosegur de que su personal está en peligro, pero, por desgracia, se ignoraron nuestras preocupaciones y ahora un trabajador inocente ha pagado las consecuencias. UNI Global Union no descansará hasta que Prosegur denuncie públicamente la conducta amenazadora hacia todos los miembros sindicales." UNI Global Union había escrito con anterioridad a la dirección de Prosegur expresando su gran temor por la seguridad personal de los miembros sindicales en todas las operaciones latinoamericanas de la empresa española y advirtiendo que los folletos y afirmaciones incendiarias de la dirección estaban poniendo en peligro al personal.

UNI solicitó a la empresa que prohibiese la distribución de los folletos en el recinto de la empresa pero Prosegur no respondió. Luis Cárdenas, del sindicato de trabajadores de Prosegur de Perú, dijo: "Exigimos el derecho de hacer nuestro trabajo sin temor a ser perseguidos.” "Nuestros miembros permanecen desafiantes y seguirán tratando de mejorar las vidas de los trabajadores de Prosegur en Perú. Agradecemos poder contar con el apoyo del movimiento sindical nacional y mundial en esta misión." UNI Global Union presentó una queja ante el Gobierno español en noviembre de 2013 expresando que la empresa había violado repetidamente las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en cuatro países latinoamericanos. El caso sigue pendiente. Una protesta sindical está prevista tener lugar ante la Embajada de España en Lima. UNI Global Union ha solicitado a Prosegur que envíe un mensaje a sus trabajadores de que no tolerará este conflicto:

-Denunciando públicamente toda violencia contra miembros sindicales en todas sus operaciones mundiales.

-Impidiendo la distribución en el recito de la empresa de material difamatorio contra miembros sindicales.

28 de agosto de 2014

El SEPA niega las acusaciones de la asociación de vigilantes de seguridad privada AVISPA y le exige que rectifique

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), dependiente de la Consejería de Presidencia, ha negado este miércoles las acusaciones vertidas por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada AVISPA (VER AQUÍ) sobre falta de seguridad y vigilancia de las instalaciones de Llanera.

Además de ser criticar a Avispa por hacer manifestaciones "carentes de toda veracidad", desde el SEPA les exigen que rectifiquen o no descartará iniciar acciones legales. "Nos reservamos las acciones legales que estimemos oportunas contra la citada asociación si no lo hiciera", advierten desde el SEPA en una amplia nota de prensa en la que rebaten todas las críticas de la asociación. Incluso han acusado a Avispa de cometer una "gravísima irresponsabilidad" y de poner en "grave riesgo" la seguridad de las personas que trabajan en La Morgal, en Llanera. Avispa había hablado de la total ausencia de medidas de seguridad ara garantizar la correcta custodia de las armas reglamentarias. Sin embargo, desde el SEPA han replicado que es "rotundamente falso" que posea o albergue armas de fuego en sus instalaciones de La Morgal, ni en ninguna otra.

Añaden que el personal contratado para vigilancia y seguridad de las instalaciones ha permanecido estable en los últimos años y no se ha producido "ningún tipo de recorte". Los equipos de vigilancia, tanto perimetrales como interiores, facilitan la labor de vigilancia y protección del personal asignado al servicio, han explicado. "Esta falsedad es de una gravedad extraordinaria por cuanto supone publicitar la existencia de un"supuesto armero sin seguridad, lo que coloca en grave riesgo tanto las citadas instalaciones del SEPA como el personal que presta servicio en las mismas", han lamentado.

En cuanto al acceso y visionado de las imágenes captadas por los citados equipos de vigilancia, desde el SEPA aseguran que es realizado única y exclusivamente por vigilantes de seguridad privada. "Es rotundamente falso que los vigilantes de seguridad privada tengan la misión de proteger las instalaciones de la Escuela de Seguridad Pública y mucho menos del Circuito Fernando Alonso", añaden desde la entidad pública. Por último, han insistido en que las funciones que realizan los vigilantes se corresponden fielmente tanto con las recogidas en la legalidad vigente como en el pliego de condiciones técnicas del contrato.

FUENTE: europapress.es AQUÍ

A CORUÑA: El vigilante de seguridad de Correos que sufrió acoso laboral exige su readmisión

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba ayer una orden del juzgado de lo social 4 donde se cita a Esabe Vigilancia para comparecer en un acto para abordar la readmisión de uno de los trabajadores que durante años prestaron servicios a la empresa, que tuvo asignada la vigilancia de servicios municipales, como la estación de autobuses o el museo de Belas Artes.

En este caso, el requerimiento se realiza a petición de un trabajador que prestó servicio en la central de Correos, cuyo despido fue anulado por sentencia, tal como ahora pretende hacer valer. En un edicto del mismo juzgado, que también se publicaba ayer, se dispone dar ejecución a aquella sentencia, por la que se acordaba su readmisión.

El caso dista del de otros compañeros que, como él, pasaron meses sin cobrar su sueldo por las deudas de la compañía, que acabó siendo relevada de sus funciones después de detectarse un de 30 millones de euros a la Seguridad Social. En su caso, un juzgado llegó a declarar que la empresa lo había sometido a acoso laboral tras ser designado delegado sindical (y posteriormente presidente del comité de empresa) de la oficina de Correos y a dictar en su favor una indemnización de 30.000 euros. Según aquella sentencia (a la que se unieron siete actas de la Inspección de Trabajo) la depresión que sufrió estuvo directamente vinculada a las acciones de la compañía para lograr que abandonase su puesto.

TOLEDO: Los vigilantes de seguridad del nuevo Hospital temen despidos tras el recurso del PSOE

Los 15 vigilantes de seguridad que custodian las obras del nuevo Hospital de Toledo están preocupados. El 1 de septiembre se publicará el pliego de condiciones que ha de asumir la empresa privada que se encargue de este servicio y sospechan que habrá una reducción en la plantilla, máxime cuando se prevé que la obra se demore tras el recurso presentado por el PSOE que pide la paralización del concurso.

Los vigilantes rotan en turnos de tres personas durante las 24 horas. El año pasado eran cuatro, pero los recortes también llegaron a sus puestos de trabajo. Ahora, les han llegado comentarios de que una sola persona estará encargada de cumplir esta misión. Ellos consideran que el número actual resulta a veces insuficiente, dado que a menudo se cuelan niños en el interior del recinto, con los consiguientes riesgos que ello conlleva en una obra de tal envergadura. Otro de su temores es que se produzca una ocupación del monumental recinto, como ya ocurrió en su día en el hospital que se construyó en una zona cercana a Los Pinos, en Olías, que nunca llegó a funcionar como centro sanitario, pero sí como albergue de numerosas familias.

Los actuales vigilantes de seguridad interpretan que el Gobierno del PP daba por hecho que los socialistas iban a presentar un recurso, con lo cual la obra iba a continuar parada y no iba a empezar en los próximos cuatro meses, según anunció en un principio el SESCAM. De ahí que no consideren necesaria "tanta" vigilancia. El colectivo argumenta que "nunca pasa nada" en la obra "porque estamos nosotros". Ahora salen en defensa de sus puestos de trabajo y de la seguridad de un megahospital cuya construcción, parece, va para largo.

BADAJOZ: Cuatro mujeres y dos hombres detenidos por delitos de hurto en establecimientos comerciales

El Cuerpo Nacional de Policía, tras el aviso del personal de seguridad privada, procedió a la detención de seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, por su presunta autoría de dos delitos de hurto.

Las detenidas escondieron su botín, ascendiendo lo hurtado a un total de 488€, en un vehículo que tenían estacionado en el parking y los hombres escondían varias .botellas de alcohol en los pantalones

El primero de los hechos sucedió en un centro comercial de la avenida de Elvas de esta ciudad, cuando la empresa de seguridad del lugar manifestó a través de una llamada a la comisaría provincial, que tenían retenidas a 4 mujeres por hurtar en varios locales. Los agentes que se entrevistaron con la responsable, les relató que a través de las cámaras de seguridad habían observado a estas personas"hurtando en diversos establecimientos del centro y escondiendo su botín en un vehículo que tenían estacionado en el parking".

Los policías comprobaron que entre las bolsas que portaban, llevaban varias prendas a las que les habían cortado los sistemas de alarma, y en el vehículo guardaban más ropa sustraída, ascendiendo lo hurtado a un total de 488€, procediendo a su inmediata detención. En el cacheo superficial practicado, les hallaron 6 tijeras, con las que supuestamente cortaban los sistemas de seguridad. Las detenidas son cuatro mujeres de entre 23 y 63 años de edad que fueron trasladadas a dependencias policiales a fin de tramitar el correspondiente atestado.

Un hora más tarde, sobre las 14.00 horas, los agentes policiales fueron alertados de la presencia de dos varones en un establecimiento comercial situado en la zona centro de Badajoz, quienes "pretendían sustraer varias botellas de alcohol sin abonarlas". Los vigilantes de seguridad del local manifestaron que fue a través de las cámaras cómo "los individuos que tenían retenidos se habían escondido varias botellas de alcohol en los pantalones y habían salido del local sin abonarlas". Además fueron informados que días anteriores habían observado que estas mismas personas hurtaban comestibles valorados en 600€, procediendo así a su inmediata detención. Los detenidos son dos varones de 34 y 39 años de edad, de nacionalidad rumana, que fueron trasladados a dependencias policiales

FUENTE: hoy.es AQUÍ

MALLORCA: Vigilante de seguridad afectado por una plaga de chinches en un centro de acogida del Consell

CCOO denuncia una plaga de chinches en un centro de acogida del Consell

CCOO denuncia que las presuntas deficiencias de las condiciones higiénico-sanitarias del Centro de Indigentes de Ca L´Ardiaca, que habrían provocado que, el pasado 20 de agosto, un Vigilante de Seguridad de MEVISA tuviera que acudir a Clinic Balear aquejado de cuantiosas picaduras de chinches por todo el cuerpo.

De confirmarse esta situación, para CCOO evidenciaría un claro incumplimiento de los más elementales protocolos en materia de salud laboral, tanto más grave cuanto que afectaría a un centro público dependiente del Consell Insular de Mallorca que alberga a drogadictos, enfermos de SIDA y personas marginales con todo tipo de patologías y enfermedades. Al parecer, el foco de esta epidemia de chinches –parásitos que se alimentan de la sangre de personas y animales- radicaría en el deplorable estado en que se encuentran los colchones en que dormían los indigentes; colchones que, aunque ya han sido retirados, en estos momentos se encontrarían hacinados en los exteriores del edificio.

Desde CCOO entienden que, si bien las medidas de seguridad e higiene han de observarse en todo momento, se deben extremar aún más cuando están referidas a centros de trabajo con un mayor factor riesgo, tales como hospitales o centros que albergan a este tipo de población. Resultaría gravísimo que el vigilante de seguridad afectado, contrajera cualquier tipo de enfermedad por el incumplimiento de la normativa más básica en materia de salud laboral. Desde CCOO consideran, asimismo, que, de confirmarse los hechos, habría una clara responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud del propio Centro de Indigentes e, incluso, de la empresa MEVISA.

CCOO también lamenta que, cuando el trabajador se desplazó a Clinic Balear (centro dependiente de Unión de Mutuas), el trato proferido fuese tan deficiente, pues el facultativo que le atendió, según las manifestaciones del propio empleado, se limitó a suministrarle una inyección y recetarle una medicación que, además, el trabajador deberá costearse de su bolsillo; sin que en ningún momento el médico instase que, dadas las presuntas circunstancias, se le realizase algún tipo de prueba.

ORENSE: Policías en segunda actividad podrán optar a las plazas convocadas para la seguridad del Palacio de Justícia

El Pazo de Xustiza elevará el número de vigilantes a nueve y podrán optar veteranos policías en activo

Por el Pazo de Xustiza de Ourense, que alberga 18 juzgados, una planta para la Fiscalía y otra para la Audiencia Provincial, transitan cientos de personas al día. En los últimos tiempos, solo 4 agentes del Cuerpo Nacional de Policía realizan labores de vigilancia y seguridad, en comparación con las 11 plazas ocupadas hace un lustro. Las jubilaciones sin cubrir mermaron el servicio. Además, dos de los cuatro vigilantes actuales son agentes en activo con condiciones laborales distintas a los que, denuncia el SUP, les adeudan casi un año de compensación.

El Ministerio del Interior y la Xunta han suscrito un convenio para paliar la situación. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en las próximos días se convocarán las plazas para cubrir las vacantes existentes, pudiendo optar los miembros del Cuerpo Nacional que estén en activo, siempre que sean mayores de 58 años y atesoren más de 25 de servicio. También se abre el concurso a agentes de segunda actividad con destino. Según el SUP, en Ourense hay 9 vacantes para el Pazo de Xustiza y está previsto que se convoque el 85%, es decir siete que se sumarían a los 2 agentes actuales en segunda actividad.

27 de agosto de 2014

OVIEDO: La asociación AVISPA alerta de la falta de seguridad y vigilancia de las instalaciones del SEPA

La asociación de vigilantes de seguridad privada Avispa ha denunciado este miércoles públicamente las deficiencias y carencias en materia de seguridad y vigilancia de las instalaciones del Servicios de Emergencias de Asturias (SEPA), situadas en Llanera. Número escaso de guardas para todo el área, así como falta de planificación y de medios tecnológicos adecuados para la custodia de armamento son algunos de los aspectos criticados.

En una nota de prensa señalan que el área "adolece, en todos los sentidos, de las mínimas, y exigibles medidas de seguridad físicas y técnicas, así como una testimonial actividad en cuanto a la protección y vigilancia activa y eficaz, mediante los oportunos recursos humanos, de sus bienes, inmuebles y personas, a pesar de ser el centro neurálgico de referencia ,- el más importante y único -, del sistema de emergencias, de cualquier tipo y naturaleza, en el Principado de Asturias". Entre las "deficiencias constatadas", apunta al "acceso por "personal no autorizado", a las imágenes captadas por el Circuito Cerrado de Video Vigilancia, incumpliendo claramente la Ley de Seguridad Privada, el Reglamento que la desarrolla y la Ley de Protección de Datos. El manejo, captación, visionado y almacenamiento de las imágenes generadas por el C.C.T.V, única y exclusivamente compete a los Vigilantes de Seguridad o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". También recuerda que "desde la unificación de las entidades, 112 y Bomberos de Asturias, en un solo ente, hace ya casi un año, no ha sido presentado ni activado el Plan de Autoprotección conjunto de las referidas instalaciones".

En la actualidad, "un solo Vigilante de Seguridad por turno, tiene que proteger una superficie extensa que corresponde con las siguientes áreas o zonas: Edificios del 112, Bomberos de Asturias; Escuela de Seguridad Pública y Circuito Fernando Alonso", critica la nota. Además, señala que "durante la prestación de su turno de trabajo, tiene que realizar otras funciones diarias, tales como: atención de centralita, rondas perimetrales, apertura de accesos, control en la sala de generadores, control del nivel de combustible, control en sótanos, control de temperaturas instalaciones, control sala de bombas, control sala de calderas, control de los niveles de gasoil, etc".

Avispa denuncia también "la total ausencia de medidas de seguridad, tanto activas como pasivas, y los medios tecnológicos adecuados para garantizar la correcta custodia de las armas reglamentarias depositadas en la Escuela de Seguridad Pública, más de 35 armas ,- modelo Parabellum-, y calibre 9 milímetros, junto con la correspondiente munición. Armas y munición, depositadas en un armero que no reúne las obligatorias medidas de seguridad según la normativa en vigor y que, aunque parezca increíble, dicho armero, no esta conectado a ninguna C.R.A. (CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS), lo que podría suponer el acceso al referido armero por personal ajeno a la propia Escuela de Seguridad Pública o sus responsables autorizados".

FUENTE: europapress.es AQUÍ

SEVILLA: El Ayuntamiento destina más de 36.529 euros para el contrato anual de vigilancia del edificio de la Gavidia

El Ayuntamiento de Sevilla promueve actualmente un procedimiento negociado sin publicidad, dotado con un presupuesto máximo de 36.529 euros que no incluye el IVA, para la contratación del servicio anual de seguridad, control y vigilancia de la antigua comisaría de la Policía Nacional de la plaza de la Concordia, conocida por la plaza homónima que se encuentra muy cerca de este inmueble propiedad ya del Consistorio hispalense.

En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, la Administración local promueve un procedimiento negociado sin publicidad con el mencionado presupuesto, para contratar labores de vigilancia en el citado edificio hasta el 21 de agosto de 2015. Y es que estos días concluye el contrato adjudicado el verano pasado a la sociedad limitada 'Hienipa Seguridad', por 32.511 euros que no incluyen el IVA, para encargarse de este concepto durante un año. Las labores a contratar, nuevamente, son la custodia del edificio a través de "un vigilante de seguridad sin arma diez horas diarias, todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos", así como "dos rondas diarias" con un coche de seguridad que habrá de estar disponible ante cualquier eventualidad y el pertinente "sistema de alarmas".

LA RECALIFICACIÓN DE LA GAVIDIA Como es sabido, el Consistorio hispalense, como dueño del edificio, promueve actualmente una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, al objeto de recalificar la parcela de esta antigua comisaría y que los suelos pasen de su clasificación inicial de Interés Público y Social (SIPS), a parcela para "gran superficie comercial", si bien esta maniobra cuenta con pronunciamientos contrarios por parte de la Administración andaluza. En concreto, la operación cuenta con un informe desfavorable de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico, que considera que esta recalificación implica una "alteración sustancial de la ordenación estructural" dispuesta para el casco histórico por la memoria de ordenación del PGOU.

EL PAPEL DEL COMERCIO El delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Francisco Javier Fernández, señalaba hace meses, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, que "el PGOU fue pensado con idea de pequeños comercios en el casco histórico, no grandes superficies comerciales", defendiendo además que el centro de la ciudad necesita "conservación ambiental, visual" y en materia de movilidad. Esta modificación del planeamiento urbano, además, incluye una recalificación de las dependencias municipales del número 14 de la calle Pajaritos y el mercado del Arenal, para que dejen de estar calificadas como fincas residenciales y pasen a ser inmuebles SIPS.

El Barómetro Socioeconómico elaborado para el ámbito de Sevilla capital por el Centro Andaluz de Prospectiva correspondiente al mes de junio de 2014, por cierto, reflejaba que el 39,4 por ciento de los encuestados aprobueba la recalificación de la finca para su transformación en centro comercial, aunque el 30 por ciento preferiría "otros usos", como el de centro cultural o centro cívico.

Ley Andaluza de Formación Profesional: La Junta endurece los controles en las ayudas para combatir el fraude

La Junta de Andalucía destinará 1.200 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Formación Profesional. El consejo de gobierno, primero tras las vacaciones ha aprobado este martes el anteproyecto de esta nueva norma. Contempla la creación de una red de centros autorizados para impartir la formación. Las entidades que quieran impartir cursos deberán estar inscritos en esta red.

No podrán depender de las subvenciones y éstas se otorgarán por concurso público. Según el consejero de Educación, Luiciano Alonso, esta Ley prohíbe la exoneración, busca la calidad en la formación y cualificación de los andaluces adelantándose a una futura normativa estatal.

La Junta de Andalucía ha aprobado este el anteproyecto de ley de Formación Profesional, con la que intenta evitar que las "empresas dependan de las subvenciones", para lo que creará una red de centros en la que deberán estar inscritas las entidades que quieran impartir formación y recibir subvenciones. Alonso ha explicado que las empresas, los sindicatos, las organizaciones empresariales y cooperativas que quieran impartir cursos de formación profesional sólo podrán hacerlo a través de centros de su titularidad y que estén autorizados. La creación de esta red de centros es el "plato fuerte" de este anteproyecto de ley, que incluye también como novedades la concurrencia competitiva para adjudicar los cursos de formación y la prohibición de exonerar a los beneficiarios de ayudas de justificar las subvenciones para poder recibir más. 

El consejero ha subrayado que el objetivo de la ley es mejorar la cualificación profesional de la población activa andaluza y, aunque la ha desvinculado de los casos de fraude que investiga la policía y la Justicia en las ayudas a la formación para el empleo, ha reconocido que refuerza los mecanismos de control de las acciones formativas. Ha explicado que los centros privados que se incorporen a la red de centros de formación profesional tendrán que tener autonomía financiera suficiente, experiencia previa formativa y contar con un plan de calidad y, sobre todo, que "en ningún momento puedan depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de subvenciones". Además, los centros que dejen de funcionar, al menos durante un año, quedarán fuera del sistema. 

La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva y sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas, tal como señala la normativa estatal. Asimismo, el pago de las ayudas quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no se podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las beneficiarias de subvenciones. También se potencia el Consejo Andaluz de Formación Profesional, donde están representados la Junta, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que será el encargado de planificar la oferta formativa. Se elaborará un plan plurianual de innovación, calidad y evaluación que medirá las objetivos a través de la inserción laboral del alumnado. 

Con el fin de establecer una estrecha relación entre la formación profesional y el sistema productivo se elaborará un catálogo de cualificaciones profesionales para incluir las específicas del tejido productivo andaluz que no están en el listado nacional, como las de sector textil, minero y enseñanzas artísticas. 

El consejero ha subrayado que el anteproyecto de ley es innovador y pionero en España y ha avanzado que la memoria económica contempla 1.200 millones para su puesta en marcha, aunque ahora iniciará los trámites hasta su aprobación definitiva en el Parlamento. Ha hecho un llamamiento a los agentes sociales y a toda la sociedad para que participen en la mejora de dicho anteproyecto y ha restado importancia al malestar de los sindicatos con este texto, al perder el privilegio de impartir la formación, como ha ocurrido en la última década en Andalucía.El titular de Educación ha alegado que "no se deja al margen a los agentes sociales, sino que tienen un papel importante en la planificación" de la oferta formativa. 

El anteproyecto regula también la figura de los centros integrados de formación profesional para convertirlos en referencia, de forma que impartirán ofertas para obtener los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. También se posibilitará a los alumnos de formación profesional básica la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria, que no está contemplado en la LOMCE a pesar de su elevada demanda, según la Junta. La ley introduce también modificaciones en la actividad docente y la principal novedad es que los profesores podrá impartir todas las ofertas formativas conforme a su especialidad y no sólo la FP inicial como hasta ahora.

MÁLAGA: Marbella regulará la instalación de semibarreras de seguridad en urbanizaciones

Los concejales de Urbanismo (izqda.) y de Seguridad Ciudadana (dcha.) en rueda de prensaEl concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro, ha informado este martes de que el Consistorio está impulsando una ordenanza para regular la instalación de semibarreras de seguridad y garitas en las urbanizaciones y comunidades de propietarios del municipio.

El edil, que ha hablado tras la junta de gobierno local, ha indicado que este reglamento "da respuesta a las peticiones de comunidades de propietarios para el cierre parcial de sus urbanizaciones con el objetivo de garantizar la tranquilidad en sus lugares de residencia", y ha precisado que son más frecuentes en los distritos de San Pedro, de Puerto Banús y Nueva Andalucía y de Las Chapas. "Hasta ahora, el reglamento en vigor y la propia normativa del Plan General de Ordenación Urbana imposibilitaba la instalación de estos elementos en la mayor parte de los casos", ha explicado Moro, quien ha subrayado que la nueva ordenanza "trata de conjugar el tránsito público en estos viales con las demandas de los vecinos".

De este modo el edil ha especificado que "se van a poder instalar semibarreras que se levanten al acercamiento de los vehículos y también se permitirá la colocación de una garita para vigilantes de seguridad que sean contratados por la propia comunidad de propietarios". Moro ha precisado que el reglamento está ahora mismo en el periodo de exposición pública y alegaciones tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tras lo cual se procederá a su aprobación definitiva.

Por otra parte, ha señalado que el Consistorio está tramitando en un total de 23 marcos de colaboración con comunidades de propietarios y urbanizaciones. Además, ha recordado que las comunidades que requieran llevar a cabo actuaciones en sus urbanizaciones serán informadas por los técnicos municipales y se les eximirá de abonar las tasas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondientes. Moro ha asegurado que se trata de una herramienta "que está dando muy buenos resultados" y ha especificado que algunas de las comunidades de propietarios que han solicitado este marco de colaboración más recientemente son Los Lagos en Nueva Andalucía, La Torrecilla y el edificio Puerta del Mar.

26 de agosto de 2014

SEVILLA: El personal de seguridad privada sofocan las primeras llamas en el incendio de las dependencias judiciales


El incendio en los juzgados de Sevilla ha afectado a archivos de la sala tres y sótano

Los Bomberos y la policía científica investigan si el fuego, originado en torno a las 14.00 horas de este martes, pudo ser intencionado al tener dos focos

Un incendio producido en los archivos de los juzgados ha obligado a desalojar en torno a las 14.00 horas de este martes el edificio de Prado de San Sebastián donde se ubican los juzgados de instrucción y el decanato. Según han informado fuentes judiciales, al parecer el fuego se ha originado en el archivo del juzgado de instrucción número trece ubicado en la tercera planta del edificio en una máquina impresora. Han sido los vigilantes de seguridad del juzgado los que han sofocado las primeras llamas hasta que han llegado los bomberos, cuyo camión ha permanecido durante un buen rato aparcado en la puerta de las dependencias judiciales.

Sin embargo, mientras apagaban el fuego han comprobado que había otro foco en los archivos del sótano, según ha confirmado el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, que ha estado pendiente de todo lo ocurrido. Según parece tanto la policía científica como los bomberos están investigando si ha podido tratarse de un suceso intencionado al tener dos focos distintos en dos plantas diferentes del edificio, la tercera y el sótano. Ahora el juzgado de guardia ha abierto diligencias previas para determinar la causa exacta del fuego y si se trató de un hecho intencionado como apunta el dato de que hubiera dos focos distintos.

El fuego ha obligado a desalojar el juzgado y entre los magistrados que se han visto obligados a abandonar el edificio estaba la juez de instrucción número seis, Mercedes Alaya que ayer se incorporó tras las vacaciones así como al resto de profesionales que trabajan en las dependencia del Prado de San Sebastián. Los bomberos han sofocado las llamas con extintores de mano y habrían resuelto el siniestro con rapidez y sin mayores complicaciones, toda vez que la Policía Científica se ha hecho cargo de las diligencias relativas a este incendio.

Nuevo procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido

A la vista de que el procedimiento que regía la tramitación y resolución de las reclamaciones al Estado de los salarios de tramitación era demasiado complejo y poco eficaz, (intervenían en él diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilataban innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas), se ha dictado el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, que establece una nueva regulación del procedimiento, adaptada a la normativa actual, que permite la resolución de las reclamaciones y, en su caso, el abono de las cantidades en un tiempo razonable.

Para ello, se modifican tanto el Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, como el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, para atribuir, por un lado, a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la competencia para instruir y emitir la propuesta de resolución de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación, y, por el otro, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la competencia para resolver y, en su caso, efectuar el correspondiente pago derivado de tales reclamaciones.

Por lo que se refiere al procedimiento en sí, estarán legitimados para presentar la reclamación, tanto el empresario que, habiendo readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente, haya pagado los salarios de tramitación, como el propio trabajador despedido, en caso de insolvencia provisional del empresario. La reclamación podrá presentarse en cualquier registro administrativo o mediante el registro electrónico en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia y deberá ir acompañada de:

 - Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.

 - Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles.

 - Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia.

 - Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período.

 - En caso de que quien reclame sea el trabajador de una empresa declarada insolvente, copia testimoniada del auto de insolvencia provisional del empresario, con expresión de la fecha de su firmeza.

 - Si el trabajador reclamante lo fuera de una empresa en concurso de acreedores, deberá presentar certificado del administrador concursal en el que éste manifieste tener conocimiento de la reclamación formulada por parte del trabajador, y que éste no ha cobrado cantidad alguna a cargo de la masa del concurso.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los quince días siguientes. La propuesta de resolución, junto con la documentación exigida será remitida a la mayor brevedad posible a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, notificará la resolución que proceda en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta, resolución que pone fin a la vía administrativa, si bien, podrá el interesado demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso de despido. Transcurrido el plazo previsto sin que se haya notificado la correspondiente resolución, ésta podrá entenderse desestimada.

Los expedientes que estén aún pendientes de resolución definitiva a la entrada en vigor del Real Decreto se regularán conforme a lo dispuesto en esta norma, si bien, en aquellos supuestos en que el despido se produjera antes del 12 de febrero de 2012, procederá el reconocimiento de salarios de tramitación tanto en los casos de readmisión como en los que se opte por abonar una indemnización en los supuestos de despido improcedente.

La seguridad de ADIF ante el juzgado

(José Luis Heras Celemín) ADIF es un nombre de origen hebreo que significa “el preferido”. También es el acrónimo que corresponde al Administrador De Infraestructuras Ferroviarias, una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que tiene como objetivos la construcción de líneas de ferrocarril en España y la gestión de su explotación.

Adif, que en 2012 tenía 13.224 trabajadores y es propietaria de la mayoría de las líneas de ferrocarril españolas, administra 13.945 kilómetros de vías de ferrocarril y tiene a su cargo el control de 1.566 estaciones. Su misión fundamental es enlazar por ferrocarril las estaciones que pueblan nuestros territorios, “Y hacerlo de forma segura”, manteniendo en perfecto estado vías, catenarias, sistemas de señalización, centros de control de la circulación y, por supuesto, las estaciones. 

“Y hacerlo de forma segura”. El entrecomillado, que nace de la información que facilita ADIF, es lo que preocupa a usuarios, gestores y políticos. A todos interesa la seguridad en las vías y estaciones de ferrocarril por las que transitan ingentes cantidades de mercancías y, lo que es más importante, millones de viajeros. Esta seguridad es la que se cita en la querella criminal que la Asociación para la defensa del Patrimonio Común y lucha contra la Corrupción (ASPACOM) ha puesto contra cinco responsables de la empresa de seguridad privada SEGUR IBÉRICA S.A., que se ocupa de la vigilancia y seguridad en la Estación de Sants de Barcelona. 

A los querellados (Enric Cabezuelo Pey, José Luis Novales Cadierno, Eduardo Gutiérrez Bueno, Miguel Carlos Luengo Vidal y Juan Manuel González Herrero) la querellante les atribuye la comisión de presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, que dice conocer a través de los contratos de Seguridad y Vigilancia de la Biblioteca de Catalunya, por haber “tenido acceso circunstancial a información referida a los servicios de seguridad de Segur Ibérica SA a ADIF en Barcelona”.  ASPACOM cifra el fraude en 451.709,20 euros. Pero más importante que la cantidad defraudada es lo que se ha podido poner en peligro: La seguridad, que ha sufrido lo que en la querella se define como servicios no hechos según contrato y con una calidad dudosa.  La querella, que por turno de reparto llegó el 19 de diciembre pasado al juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, fue admitida a trámite por auto de la magistrada-juez doña María Pilar Rovira del Canto, de 28 de febrero de 2014, dando lugar al Procedimiento Diligencias Previas 533/2014 Sección A. 

Al comienzo del procedimiento, en el mismo auto de 28 de febrero, se advierten dos hechos: En el apartado Segundo de los “Fundamentos jurídicos”, recogiendo lo aportado en el escrito de querella que sirve de base para que sea admitida, la magistrada cita “…un principio de prueba documental que pone de manifiesto la inclusión de datos ficticios (horas, vigilantes…) en los cuadrantes de servicios presentados para la facturación de ADIF”. Mas adelante, en la Parte Dispositiva, ordena “Hágase ofrecimiento de acciones a la Entidad Pública de ADIF, como perjudicada, librando a tal efecto exhorto a Madrid”. Con ello, además de iniciar el proceso, se abre una vía para conocer la seguridad que existe en la Estación de Sants de Barcelona; y se da la oportunidad de que ADIF tome la iniciativa para recuperar posibles pérdidas, evitar fraudes y mejorar la seguridad que debe a los usuarios del ferrocarril. 

En la querella existe información que determina el fraude y pone de relieve las deficiencias que ha tenido la seguridad: Se cita una facturación de horas no realizadas según detalle de facturas y condiciones de contratos (contratos 2.7/2000.0619/0-00800 E01 y 2.7/2000.0619/0-00800 E02 LOTE NE2). Se aportan resúmenes mensuales en los que se han aumentando las horas trabajadas. E incluso se explican las tres formas usadas para cometer el fraude: Facturar más horas que las que había en el resumen mensual (enero, febrero y agosto de 2009) por importe de 506,60 €. Facturar horas no realizadas (enero de 2009 a octubre de 2010) por importe de 144.720,30 €. Y facturar horas hechas por personal no habilitado (enero a septiembre de 2009 y enero a octubre de 2010) por importe de 306.482,30 €. También se revela dónde se han prestado los servicios con los nombres usados en los partes de trabajo (SANT, FRANCIA, GRACIA), los servicios prestados en cada lugar (SANTS: V3, SCANER, SCANER LAV), e incluso existe una información que, en medio del embrollo, produce una cierta tranquilidad: Se especifica cuáles son los VS (Vigilante sin Arma) y los VA (Vigilante Armado); y se comprueba que no se han detectado irregularidades entre los vigilantes armados. 

Pero para tener una visión de lo que, según la querella, ocurría en los Servicios de Seguridad y Vigilancia que SEGUR IBÉRICA S.A. prestaba en la Estación de Sants, más que los datos económicos, es reveladora la declaración de una de las personas que trabajaron allí. Ésta es la que hace que cunda la alarma y pone en cuestión, además de la capacidad y formación de los encargados de procurar la seguridad de todos, el control que sobre ellos tienen la empresa de seguridad privada a la que pertenecen, ADIF que paga el trabajo, y las autoridades. La declaración corresponde a don David Pérez Rubio, que dice haber trabajado en la Estación de Sants como vigilante de Seguridad, que manifiesta haber sido agredido en el servicio, y que refiere que, tras la atención de los Mossos de Esquadra, se instruyeron Diligencias Previas en el Juzgado número 2 de Barcelona por la agresión. 

Lo preocupante, lo que hace saltar todas las alarmas y pone en cuestión la seguridad en la Estación de Sants en Barcelona, no es que un vigilante haya sido agredido, que una empresa privada no cumpla sus contratos como debe, que los Mossos de Esquadra no se enteren de quienes violan contratos a su alrededor, o que se oculte al juzgado la realidad laboral de un agredido. Lo realmente alarmante, y muy peligroso por lo que implica su testimonio, es que esa misma persona, a la que se ha tomado como vigilante de seguridad, declare que aunque estaba realizando misiones de seguridad, no estaba habilitado por el Ministerio del Interior para ejercer esa labor y que no había recibido formación para velar por la seguridad de viajeros y transeúntes. 

El caso confeso no ha sido un hecho aislado y existen otras declaraciones (del ex apoderado de la empresa de seguridad J. Albuixech Riera y del delegado sindical del sindicato ATES CATALUNYA J. M. Mayo Aragundez) que confirman lo que en la querella se presenta como práctica habitual. Eso, que es la Seguridad de ADIF y que atañe a la seguridad de todos, es lo que está en un proceso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona. De momento, son datos que sirven para considerar delitos objeto de querella, pero parece lógico que sirvan para algo más: Para que la seguridad en la Estación de Sants sea óptima. Para que ADIF y el Ministerio de Fomento vigilen que los Servicios de Seguridad y Vigilancia en las estaciones de ferrocarril sean conforme a lo contratado y legislado. Para que las autoridades se esmeren en el control. Y para que se logre que los caudales públicos destinados a seguridad sean respetados por los empresarios y políticos que los manejan.

Alaya: UGT y CCOO cobraron 7 millones sin prestar "ningún servicio"

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.

Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva".

Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros. Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran.

Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora". Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo.

Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter. La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición razonada. Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.

En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya. Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de 178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 euros".

A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia. En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico".

25 de agosto de 2014

JEREZ: Vigilante de seguridad da protección a un joven perseguido por otro chico para robarle sus pertenencias


Detenido un joven tras asaltar a un menor con una navaja y un perro de presa

La victima emprendió la carrera perseguido por el imputado hasta refugiarse en un supermercado donde el vigilante de seguridad le ofreció protección y alerto al 091

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrantes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Jerez procedieron a primera hora de la tarde del pasado miércoles 20 de agosto en el distrito oeste de la ciudad a la detención de un joven menor de edad que portaba un perro de presa y que presuntamente amenazó y persiguió con un arma blanca tipo navaja a otro chico igualmente menor de edad con la intención de robarle sus pertenencias así como de apropiarse de las zapatillas de deporte que calzaba la víctima.

Según el relato de los hechos, el joven agredido consiguió huir a la carrera mientras era perseguido por el agresor hasta conseguir refugiarse en un supermercado del barrio donde pidió ayuda al vigilante de seguridad de la superficie comercial quién le ofreció protección y llamó inmediatamente al 091 para poner los hechos en conocimiento de la policía. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente dos radio-patrullas cuyos integrantes se entrevistaron con el vigilante de seguridad y con el joven asegurándose de que se encontraba bien físicamente aunque todavía en un estado agitado de nerviosismo, pero que pudo relatar a los agentes cómo habían ocurrido los hechos así como la descripción del presunto agresor. El vigilante de seguridad por su parte pudo indicar a los policías la dirección de huida que había tomado el presunto autor. Los agentes comenzaron en esos momentos una búsqueda del sospechoso por el distrito oeste de la ciudad a la que se unieron con un coche camuflado los integrantes del Grupo de Reclamados que en esos momentos se encontraban por las inmediaciones.

Minutos después los policías localizaban al arrestado en las inmediaciones de la barriada de La Plata portando un perro de raza pitbull, mientras varios agentes se ocupaban del can otro policía procedió a realizar un cacheo al joven encontrando entre sus ropas una navajaque coincidía plenamente con la descrita por la víctima. Por este hecho, junto con otros indicios recabados en el lugar, los agentes procedieron a la detención del menor como presunto responsable de un delito de robo con violencia siendo trasladado inmediatamente hasta las dependencias de la Comisaría de Policía de Jerez donde los hechos fueron puestos en conocimiento del Fiscal de Menores de la ciudad. El perro que portaba el detenido fue requisado mediante acta de intervención y entregado a su propietario quién se trataba de una tercera persona ajena a lo ocurrido.

HUELVA: Provoca incendios en supermercados para distraer a la seguridad y poder huir sin abonar la compra


La acusada prendía fuego para distraer al vigilante de seguridad y huír con el carrito lleno

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han detenido a C.B.S., de 51 años, con antecedentes policiales, por supuestamente provocar hasta dos incendios en el interior de supermercados, del que se marchaba sin abonar el carro de la compra.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en el transcurso de una semana en dos distintos supermercados de la misma cadena de la capital. De este modo, han indicado que el objetivo era distraer al vigilante de seguridad y cajeras del establecimiento para crear la confusión «y, así, poder salir sin abonar la abundante compra».

Según el relato policial, el incendio era provocado por la autora de los hurtos. Uno de ellos, en el pasillo interior del recinto, con el peligro que podía suponer para las personas que se encontraban allí, tanto clientes como personal. Ante esto, se generaba pánico durante unos minutos y así, acudía el vigilante de seguridad y demás personal. Las llamas alcanzaron más de un metro y medio. Por su parte, los agentes, en la inspección realizada, encontraron pastillas ignifugas que aceleraban el incendio.

Los daños ascienden en uno de los supermercados a 600 euros y en el otro a 1.500 euros. Además, un establecimiento tuvo que permanecer cerrado al público durante dos horas. En el primero de los casos, la mujer pudo abandonar el local con el carro lleno, pero en el segundo, pese a ser más espectacular, no consiguió su propósito, pero salió huyendo. Así las cosas, los agentes especializados, y tras numerosas pesquisas, consiguieron identificar a la presunta autora y su posterior detención. La detenida, junto con el atestado instruido, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.

MURCIA: Deniegan incapacidad a un vigilante de seguridad al no estar en activo 6 meses tras la baja

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por un vigilante de seguridad contra la sentencia de un Juzgado que respaldó la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de no concederle la incapacidad temporal por no haber estado en activo 6 meses después de otra baja.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que este trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal como consecuencia de una operación de hernia inguinal, y el INSS, en febrero de 2011, le denegó la pensión de incapacidad permanente por no encontrarse en ninguno de sus grados, según el dictamen del equipo de valoración. En julio de ese mismo año, causó nueva baja médica con el diagnóstico de "hernia inguinal reintervenida", y, sometido a reconocimiento médico, los evaluadores determinaron que presentaba una patología similar a la que había dado origen a su primera baja.


Así, el INSS acordó que la baja médica de julio no tiene efectos económicos, "al tratarse de la misma o similar patología y, por tanto, se ha agotado y extinguido la prestación de incapacidad temporal que percibió". El Juzgado de lo Social de Murcia que primeramente entendió del asunto dio la razón al citado organismo, decisión que ahora se ve ratificada por la Sala de lo Social del TSJRM. La Sala dice que "no es posible acceder a otro proceso de incapacidad temporal por la misma patología que dio lugar al primero de ellos hasta que hayan transcurrido más de seis meses de actividad entre el cese del anterior proceso y el inicio del nuevo".

BADAJOZ: Vigilante de seguridad de comercio descubre intento de sustración de móviles valorados en 1.200 euros

El vigilante de seguridad de un establecimiento comercial situado en la avenida de Elvas de la capital pacense, alertó de la presencia de un varón en el local que había intentado sustraer varios teléfonos móviles

El vigilante manifestó que "a través de las cámaras de seguridad había observado a un hombre que, tras sacar de dos cajas teléfonos móviles, los había escondido bajo una estantería, con la clara intención de sustraerlos a la salida del establecimiento", por lo que alertó a la Policía y retuvo al presunto autor.

Los policías comprobaron la veracidad de lo manifestado y fueron informados del precio de dichos terminales, ascendiendo a 1.208 € procediendo a la inmediata detención del supuesto autor. El detenido, un varón de 42 años de edad, fue trasladado a dependencias policiales a fin de tramitar el correspondiente atestado.

24 de agosto de 2014

ALICANTE: La llamada de una empresa de seguridad a la policía frustra el asalto a la cámara acorazada de un banco


Cavan un túnel de 150 metros para asaltar una sucursal del  Banco Popular de la localidad de Elx


La policía nacional frustra el asalto a la cámara acorazada, mientras que los ladrones logran escapar

La Policía Nacional de Elx frustró ayer por la mañana el robo de una céntrica sucursal bancaria del Banco Popular. Una llamada de la empresa de seguridad privada realizada desde Madrid a la Comisaría alertó a los agentes de que algo extraño estaba ocurriendo en la oficina de la calle Jorge Juan, una de las más importantes de la ciudad alicantina. Al parecer, un haz de luz detectado a través de las cámaras de seguridad y procedente de una linterna dio la voz de alarma. Cuando los agentes de la Policía Nacional entraron en la sucursal bancaria, cerrada ayer el público, descubrieron un enorme agujero en una pared situada en la segunda planta del sótano, por donde los ladrones pretendían acceder hasta la cámara acorazada ubicada en la planta superior.

Al inspeccionar el agujero comprobaron que se trataba del acceso a un túnel, de más de un metro de altura y cerca de 150 metros de longitud, que desembocaba en una vieja vivienda unifamiliar de dos plantas situada en la calle Calderón de la Barca, a dos manzanas de la sucursal bancaria. Además estaba realizado a dos plantas de profundidad. Supuestamente la amplitud del túnel se debía a la necesidad de introducir por el mismo la maquinaria necesaria para hacer volar la cámara acorazada.

Según fuentes cercanas a la investigación, todo hace pensar que el asalto iba a tener lugar este fin de semana, aprovechando que muchos vecinos están de vacaciones, ya que la infraestructura estaba finalizada. Los investigadores piensan que, dada la magnitud de la operación, los ladrones pertenecen probablemente a una banda organizada y especializada en este tipo de robos, y que llevaba alrededor de un mes preparando la operación. Entre otras cosas, además de cavar el túnel, estudiando la cartografía y comprobando las tuberías de alcantarillado y telefonía para evitar roturas. Dentro de la vivienda fueron acumulando los escombros.

Vía de escape Los agentes creen que los ladrones estaban en el interior del banco y que, alertados de la presencia policial por una tercera persona que se encontraba en la calle vigilando, emprendieron la huida por el túnel hasta escapar. Cuando los agentes encontraron el butrón accedieron al mismo, pero no lograron localizan a los delincuentes, a los que se buscó incluso por las alcantarillas de los alrededores, así como por comercios y viviendas cercanos.

El plan trazado por los ladrones no había dejado lugar a la improvisación. La casa que habían ocupado para iniciar la construcción del túnel estaba vacía y en venta. Los agentes de la Policía Nacional interrogaron a los vecinos de la zona que aseguraron no haber sospechado nada. Al parecer los ladrones habían estado cavando durante cerca de un mes sin levantar sospechas. Los agentes de la Policía Nacional estuvieron toda la jornada en la zona tomando muestras e intentando localizar las herramientas, que pensaban podrían haber sido dejadas en un coche en la zona.

IBIZA: Porteros y vigilantes denuncian problemas de seguridad en discotecas

El personal de seguridad "hace dejación de la obligación de controlar el aforo"

Los controladores de accesos y vigilantes han denunciado ante los ayuntamientos de Ibiza problemas de seguridad en las discotecas del municipio donde aseguran que se está superando el aforo permitido, se incumplen los planes de seguridad, no hay suficiente personal de control ni está lo bastante preparado.

El presidente de la Asociación de Controladores de Accesos y Ambiente Interno de Baleares, Francisco Cruz, y el delegado del Sindicato de Profesionales de Seguridad Privada Alternativa Sindical Ibiza, Edgar Báez, han denunciado estas deficiencias en un escrito dirigido a los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulàlia, Sant Josep y Sant Antoni de Portmany, a los que reclaman más inspecciones. Según las dos entidades, en las discotecas, "beach clubs" (clubes de playa") y establecimientos similares de Ibiza se está incumpliendola normativa vigente en materia de aforo y se desarrollan actividades "potencialmente muy peligrosas por las grandes aglomeraciones que provocan". "Por lo que hemos podido comprobar, en muchos casos se vulnera la legalidad acentuando éste peligro potencial", señala el escrito.

Los representantes de los vigilantes y porteros aseguran que en la mayoría de los locales de ocio "ni está señalado ni se cumple el aforo máximo permitido, tampoco hay suficiente personal de control de admisión y de ambiente y, en algunos casos, estos vigilantes no tienen la titulación que les acredita para la función encomendada". Las entidades consideran "especialmente grave" que, "por propia voluntad o por imposición de las empresas" el personal de seguridad "haga dejación de la obligación de controlar el aforo". Los planes de seguridad de estos establecimientos están adaptados a un aforo máximo que "no se corresponde con la ocupación realque se produce en diversas ocasiones", lo que da lugar a "una situación de riesgo importante", advierten. "A nuestras asociaciones les preocupa esta situación y creemos que las administraciones competentes deben tomar cartas en el asunto, antes de que se produzcan desgracias que tengamos que lamentar, como las que se han producido en otros lugares", señala el escrito.

Las entidades denuncian que los ayuntamientos no están llevando a cabo "un control exhaustivo y permanente de la actividad de estos establecimientos para asegurar el cumplimiento de la normativa, con el fin de dar seguridad a los usuarios y tranquilidad a sus vecinos". En el escrito reclaman a los cuatro ayuntamientos de Ibiza que velen por que se cumplan los aforos permitidos, protocolos y planes de emergencia y seguridad en los locales de ocio. También piden que se controle e inspeccione que el personal de seguridad y controladores de accesos posean la titulación específica, tanto para evitar el intrusismo como el riesgo que implica que estas labores las desempeñen personas sin formación específica.

Ambas entidades consideran que se está incumpliendo la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Baleares y reclaman que se extreme la vigilancia para comprobar que los locales de ocio de Ibiza tengan siempre instalada en la entrada una placa que indique el aforo máximo permitido y que nunca se supere.

Consideran imprescindible que los establecimientos tengan planes de seguridad adaptados a la realidad de las actividades que desarrollen, controlados por personal suficientemente cualificado, que los elementos de seguridad estén en perfectas condiciones de uso y que se impida la venta y el consumo de estupefacientes tanto en el interior del establecimiento como en los alrededores. Solicitan además que los ayuntamientos adopten las medidas necesarias para evitar que las aglomeraciones de vehículos generen graves problemas de circulación en las zonas donde están ubicados lo locales de ocio.