La investigación policial queda en nada al ser absueltos once acusados del robo de mil kilos de hachís
La ardua y brillante investigación policial que le valió una condecoración a los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Huelva se ha quedado en agua de borrajas en los tribunales. De los doce imputados por el asalto al edificio de la Aduana de la capital, del que fueron sustraídos mil kilos de hachís durante las campanadas que dieron la entrada a 2013, once han salido indemnes.
El único condenado por el asalto a la sede aduanera onubense ha resultado ser el vigilante de seguridadF.J.L.R., al que el magistrado considera autor penalmente responsable de un delito de robo con fuerza en concurso con un delito contra la salud pública. Pese a aplicarle la atenuante de cooperación con la Justicia (el vigilante confesó su participación en los hechos cuando fue detenido), le aplica una pena de cuatro años de cárcel y el pago de una sanción económica de 6.132.000 euros "en atención al valor de la droga sustraída".
F.J.L.R. también tendrá que hacer frente a la parte proporcional de las costas del plenario. No obstante, le computará el año de cárcel que prácticamente ya había cumplido en prisión preventiva. El vigilante onubense sí ha sido absuelto del delito continuado de hurto y de otro delito contra la salud pública que le atribuía el Ministerio Fiscal. El titular del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, el magistrado Juan Luis Rodríguez Ponz, absuelve a A.V.V., A.J.B., J.C.M.G., J.M.G.V., C.J.R.C. del delito contra la salud pública que se les atribuía; a F.O.J., J.R.B.F. y M.C.L., los exime de toda responsabilidad en los delitos de coacciones, robo con fuerza en las cosas y contra la salud pública de los que se les acusaba; y absuelve de robo con fuerza y del delito contra la salud pública a A.D.G., M.P.R. y J.M.M.A. La abogada de tres de los acusados, Esperanza Lozano, se mostró ayer muy satisfecha con el fallo.
En una sentencia extensa (48 páginas) y ampliamente argumentada, Rodríguez Ponz da por probado que sobre las 23:58 del 31 de diciembre de 2012 un número indeterminado de individuos "cuyas identidades no se han precisado" irrumpieron a bordo de dos todoterreno en las instalaciones de la Aduana, "enmascarados con pasamontañas y provistos de guantes". Utilizaron un mando a distancia para acceder al recinto del edificio de la Agencia Tributaria y desactivaron la alarma usando la clave. Tuvieron que reventar la cerradura de una puerta interior para acceder a la puerta del depósito de hachís proveniente de incautaciones policiales. Ésta la abrieron de un empujón.
Así lograron apoderarse de casi una tonelada de hachís, "unos 950 kilos", cargándola en los dos vehículos y huyendo a San Juan del Puerto. Culminar la operación les llevó nueve minutos. F.J.L.R., de 41 años y que trabajaba como vigilante en la Aduana, fue quien les facilitó el mando a distancia y la clave "a cambio de una compensación económica no determinada". Descarta el ponente, sin embargo, que F.J.L.R. hurtara en noviembre de 2012 una tableta de hachís de las que se custodiaban en el edificio de la Plaza 12 de Octubre ni que se la regalara a J.C.M.G., alias Pocholo (de 18 años), ni que luego conviniera con éste y con su cuñado, A.V.V., la entrega de más hachís para que lo vendieran a terceros y repartieran los beneficios.
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