Agreden por segunda vez en menos de tres meses a un vigilante de seguridad destinado en Carrefour

Recibió una paliza a la puerta del Carrefour de Atxuri a manos de una persona a la que había expulsado ya en otras ocasiones

Los trabajadores y encargados de seguridad del establecimiento que Carrefour explota en la plaza Santos Juanes de Bilbao no quitan el miedo del cuerpo. A principios del pasado mes de enero relataban a este periódico que vivían «un auténtico infierno». En tres días, dos de sus vigilantes, pertenecientes a la empresa Sabico, se vieron obligados a solicitar la baja laboral a consecuencia de las heridas que sufrieron por agresiones. Dani, de 26 años, terminó la jornada del 8 de enero en el hospital con lesiones en la cara y en un hombro, lo que le obligó a llevar el brazo en cabestrillo durante días.

Ayer, casi tres meses después, este joven vigilante regresó al servicio de urgencias de su mutua con la nariz «destrozada», según un compañero, por los golpes que recibió. Cuando el reloj marcaba la una y media de la tarde, vio a un «viejo conocido» que accedía al interior del supermercado acompañado de otra persona. El trabajador le reconoció por haber mantenido una discusión hace un tiempo cuando, al parecer, intentaba hurtar productos del 'súper'. Entonces, según fuentes próximas al agredido, Dani le amonestó por su actitud y le invitó a abandonar el local. «Si pillamos a alguien robando, le pedimos que se vaya, y no pasa nada», comentan los trabajadores.

Pero ya en enero el vigilante comprobó que «no todas las personas reaccionan de igual manera». Y ayer lo sufrió en sus carnes. Según testigos, tras reconocer al presunto ladrón intentó cortarle el acceso al establecimiento, prohibición que no le sentó nada bien a juzgar por su reacción. «Mientras su amigo le sujetaba, no paraba de darle golpes», explicaban los trabajadores consultadas. Tras su paso por la mutua, formalizó su denuncia en la comisaría de la Ertzaintza de Deusto, sin que por el momento se hayan registrado detenciones. Como medida de seguridad, Sabico duplicó en enero los efectivos del servicio de seguridad, «pero ahora lo había vuelto a reducir», lamentaba un compañero de Dani. «Y aquí nadie está seguro», insistía.

FUENTE: elcorreo.com AQUÍ

La Universidad Laboral de A Coruña se vuelca con los vigilantes de Esabe adscritos a este centro

Profesores y alumnos de la Laboral organizan una acción solidaria en favor de los cuatro trabajadores que llevan 15 meses sin cobrar

Después de 15 meses y cuatro pagas extra sin cobrar, los trabajadores de Esabe Vigilancia comienza a sentir lo que es la desesperación más absoluta. Con su presidente, Juan José Pardos del Pino, en busca y captura por un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social, ellos siguen acudiendo religiosamente a sus puestos de trabajo. “Pero es que después de tanto tiempo, ya no sabes qué hacer”, lamentan. Los cuatro vigilantes cuentan sin embargo con la solidaridad de los alumnos de la Universidad Laboral donde trabajan, que han recolectado alimentos y dinero. En total, de 20 a 30 kilos de comida y 590 euros por cabeza.

Los afectados han expresado su agradecimiento por este gesto, aunque existen dudas legales sobre si pueden aceptar comida en su lugar de trabajo. En cuanto al dinero, prefieren considerarlo un préstamo. En todo caso, sus necesidades son muchas y la ayuda solo les durará un poco de tiempo. Los cuatro trabajadores están dispuestos a llegar hasta el final para defender sus derechos. Y por lo menos uno de ellos ha decidido que se encerrará en las dependencias de la Universidad Laboral en cuanto reciba la notificación de que su empresa, Sequor, ha entrado en concurso de acreedores. En realidad, ellos eran trabajadores de Esabe, pero la Xunta decidió cambiar la concesión en septiembre cuando la empresa les debía ya diez meses. Sin embargo, Sequor ha seguido el mismo camino, quizá porque también era propiedad de Prados del Pino (una circunstancia que la Xunta nunca aclaró), así que esperan recibir la notificación de que ha entrado en concurso de acreedores en breve, el próximo 8 de abril.

“Esabe ya nos debía entonces a cada uno unos 12.000 euros, a los que ahora hay que sumar los tres meses que nos debe Sequor, más lo que tardará en resolverse el concurso de acreedores”, explica uno de los cuatro afectados. Una vez encerrados, esperan permanecer allí durante varios días. De esta manera, esperan llamar la atención de las autoridades sobre su caso, que se ha dilatado durante demasiado tiempo. “Aunque todo fuera tan rápido como fuera posible, no cobraríamos el dinero que nos deben hasta dentro de tres meses, y eso ya es año y medio”, explica uno de los perjudicados. Durante todo este proceso, la polémica ha rodeado al empresario dueño de Esabe que tenía la concesión de servicio de vigilancia de numerosos centros públicos en A Coruña.

La ciudad no se ha mantenido ajena a esta polémica, dado que la desaparecida empresa era la concesionaria del servicio de vigilancia de numerosos centros públicos. En los últimos meses se duplicaron las demandas presentadas contra Esabe por impagos, con por lo menos dos juicios vistos para sentencia y otros que se han celebrado recientemente. El sindicato USO insiste además en que hay decenas de demandas contra la empresa de Juan José Prados del Pino pendientes de una citación judicial, puesto que en la provincia son más de 120 los afectados (medio millar en toda Galicia).

FUENTE: elidealgallego.com AQUÍ

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¡OJO en los relevos! en la madrugada del Sábado al Domingo los relojes se adelantarán una hora

Vigilantes de Seguridad exigen a la Junta de Andalucía los salarios impagados de Esabe

Creen que la Administración es "responsable civil subsidiario" de la actuación de Esabe

Un grupo de vigilantes de seguridad de los juzgados de Sevilla ha presentado una reclamación previa a la vía judicial ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, a la que reclama el pago de los salarios que la empresa de vigilancia Esabe dejó de abonarles en los últimos meses del año pasado. 

La petición ante la Consejería ha sido presentada por una media docena de vigilantes de seguridad, que reclaman cantidades que oscilan entre los 10.000 y 12.000 euros, correspondientes a las nóminas de julio a octubre de 2012, así como la paga extra de julio y una paga de beneficios de marzo del año pasado. Los vigilantes consideran que la Junta es "responsable civil subsidiaria" de las cantidades adeudas por la empresa de vigilancia, al haber desempeñado sus servicios en calidad de vigilante a la Administración de Justicia y todo ello porque Esabe alegó en su día para justificar el impago de las nóminas que la Junta se había retrasado en el pago de las cuantías pactadas en el contrato de prestación de servicios. 

La reclamación ante la Consejería es un trámite necesario para que los vigilantes puedan acudir a los tribunales de Justicia para exigir el pago de las nóminas. La situación de los vigilantes de Esabe era tan alarmante después de más de cinco meses sin cobrar que estas personas tuvieron que recurrir a sus familiares para poder hacer frente al pago de las hipotecas y la compra de comida y el pago de otras facturas. Hubo incluso un vigilante que perdió su vivienda como consecuencia de los retrasos en el pago de sus salarios, y el caso más grave fue el de un trabajador que, según explicaron sus propios compañeros, se suicidó agobiado por la precaria situación. 

La Consejería de Justicia adjudicó finalmente el servicio de vigilancia de los juzgados en noviembre pasado a la empresa Casesa. Tan sólo un mes después, la Policía detuvo a la cúpula del grupo empresarial Esabe por un fraude a la Seguridad Social por importe de 30 millones. En la operación fueron detenidas diez personas, entre dueños, directivos y ejecutivos del grupo empresarial, a los que se atribuye haber creado un entramado empresarial para obtener beneficios ilícitos incumpliendo la normativa legal.

FUENTE: diariodesevilla.es AQUÍ

El ex escolta en huelga de hambre a las puertas de la cárcel de Botafuegos, trasladado al hospital.

El ex escolta en el País Vasco y Navarra Miguel Ángel Guerrero ha sufrido un leve desvanecimiento este mediodía, hacia las 13.00 horas, mientras leía un comunicado durante la concentración que ha protagonizado junto a familiares y otro ex escolta en su misma situación, Miguel Ángel Guerrero, lo que ha obligado a llamar al servicio de Emergencias del 061. Según confirmó José Vega, su compañero de fatigas en esta protesta, tras observarle el médico fue trasladado al Hospital Punta de Europa, donde se le estaban practicando algunas pruebas. Hay que recordar que Guerrero lleva en huelga de hambre desde el pasado lunes en demanda de un puesto de trabajo como vigilante de seguridad en la cárcel de Botafuegos, algo que tanto él como Vélez aseguran que les había prometido el Gobierno tras la actual situación de cese de la violencia de ETA, cuando ambos se quedaron en el paro. Vélez confirmó igualmente que desde las 12.00 horas de hoy está también en huelga de hambre, y aseveró que su compañero ya le ha comunicado su intención de continuar con la protesta una vez reciba el alta hospitalaria, que podría tener lugar esta misma tarde.

Concentración Alrededor de medio centenar de personas se concentró este mediodía en la rotonda de acceso al centro penitenciario Botafuegos, de Algeciras, para mostrar su apoyo al ex escolta Miguel Ángel Guerrero, que desde el lunes está en huelga de hambre en demanda de un puesto de trabajo en la empresa Sabico, que desde el próximo lunes prestará servicio de vigilancia exterior en esta prisión. Después de 72 horas de huelga, el algecireño no tuvo fuerzas siquiera para leer el comunicado que tenía preparado, con lo que fue un compañero quien se encargó de ello. Guerrero ha pasado estos días a base de “suero y café” y muestra ya síntomas de cansancio.

Acompañado de su familia y con un goteo constante de visitas. En la concentración participaron compañeros de cuerpos de seguirdad del estado, así como de empresas de seguridad privadas y representantes sindicales. Guerrero afirmó que “la recolocación en centros penitenciarios como el que tenemos ahí en frente donde a partir del 1 de abril comenzará un servicio que no cumple con lo prometido por el Ministerio del Interior. Lamento comunicaros que no tengo la respuesta que esperaba ni veo el momento de abandonar el lugar que ha sido estos tres días mi techo”. Igualmente, agradeció al alcalde, José Ignacio Landaluce, al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y a la Subdelegación del Gobierno que se hallan puesto en contacto con él. Pero insistió en que “voy a seguir aquí y en huelga de hambre como empecé hasta que se abra alguna salida”.

La concentración se ha llevado a cabo en la rotonda de acceso a Botafuegos, donde permanece acampado el antiguo escolta, que trabajó durante tres años en Navarra protegiendo a cargos públicos. Entre los asistentes se encontraba otro ex escolta, el sanroqueño José Vega, quien se ha unido a Guerrero en su huelga de hambre en demanda de una solución a su situación. El Ministerio del Interior prometió a los antiguos escoltas de altos cargos en el País Vasco y Navarra que tendrían prioridad para ser reubicados en las empresas que llevarán a cabo este servicio en 21 prisiones españolas, entre ellas la de Algeciras. Sin embargo, tanto en el caso de Guerrero como el de otros cuatro ex escoltas del Campo de Gibraltar, no han sido admitidos en el proceso de selección del personal para Botafuegos.

FUENTE: andaluciainformacion.com AQUÍ

La colaboración entre seguridad privada y pública logra frustrar un robo en un comercio de Avilés

Los vigilantes de seguridad del centro comercial de La Carriona en Avilés alertaron a las fuerzas del orden de la presencia de  una banda profesional formada por cinco encapuchados que estaban perpetrando un robo en un comercio cercano. Dos agentes de la Policía Nacional se personaron inmediatamente en el lugar de los hechos. Una vez allí, los agentes observaron cómo los cinco encapuchados reventaban los escaparates de un establecimiento anexo al complejo comercial y que está dedicado a la venta de material de automoción.

La patrulla se personó en el lugar de los hechos en un vehículo «Z» -coche patrulla- que los agentes cruzaron en el aparcamiento para impedir la huida de los presuntos ladrones. Cuando los integrantes de la banda detectaron la presencia policial, abandonaron el centro comercial en un coche de alta gama (A8). El conductor de este vehículo embistió al coche patrulla, siempre según fuentes próximas a la investigación, y, como consecuencia del golpe, los agentes de la Policía Nacional resultaron heridos. El coche en el que viajaban los supuestos integrantes de la banda tomó la calle Carriona, seguidamente, la calle Buenavista para salir de la ciudad por la variante de Avilés en sentido Oviedo. En el suceso intervino también la Policía Local, que, junto a los agentes de la Nacional, desarrolló un operativo de búsqueda aunque, desde un principio, sin mayores esperanzas de localizar a los presuntos delincuentes.

Según las primeras hipótesis, los ladrones, que siempre actuaron como una banda especializada en robos, habrían huido de la comarca avilesina inmediatamente. A juicio de los investigadores, los ladrones habrían elegido el local de venta de material de automoción precisamente por su cercanía a la salida a la Autovía del Cantábrico o a la circunvalación avilesina. Esta hipótesis la prueba el vehículo que utilizó la banda, de muy alta cilindrada. Los agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el personal de seguridad del centro comercial y la Policía Local, lograron con su intervención que los cinco encapuchados no se llevaran ningún producto ni dinero del establecimiento, según fuentes cercanas a la investigación.

FUENTE: lne.es AQUÍ

Lista de los participantes declarados aptos en las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y especialidades (Convocatoria 97/2012)

Accede al BOE de fecha 24 de Enero de 2013 AQUÍ

Detenidos "in fraganti" tras la alerta del vigilante de una fábrica del Polo Químico de Huelva

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han procedido a la detención de tres individuos que responden a las iniciales A.S.M., de 33 años de edad, F.M.H., de 32 años, y A.C.P., de 42 años, todos ellos con antecedentes policiales, al sorprenderlos ‘in fraganti’ tratando de robar numeroso material en una fábrica del Polo Químico. Fue el vigilante de seguridad de la empresa el que alertó, a través de una llamada al 091, de que varios individuos habían accedido a las instalaciones de la factoría escalando el muro de protección, de dos metros y medio de altura.

De inmediato, agentes de servicio que estaban patrullando por la zona acudieron a la fábrica. Al igual que los detenidos, los policías tuvieron que acceder a la factoría escalando el mismo muro de protección. Una vez en el interior de la empresa, los agentes sorprendieron ‘in fraganti’ a los tres individuos que, ante la presencia policial, trataron de esconderse sin éxito. Los detenidos ya tenían apilado numeroso material para llevárselo y, además, habían destrozado parte de las instalaciones. Los detenidos, junto con atestado instruido, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

FUENTE: huelvaya.es AQUÍ

El lucrativo negocio de la seguridad privada en Iberoamérica

Mientras que los especialistas en seguridad y defensa estamos inmersos en el debate sobre las políticas actuales de seguridad que se están aplicando por los estados iberoamericanos y examinando la actuación de sus fuerzas y cuerpos de seguridad públicos, en muchas ocasiones no reparamos en otro actor, que desde hace años se ha implicado directamente en este problema, las empresas privadas de seguridad. Un aspecto que complica aún más el escenario de inseguridad regional, por varios motivos, pero fundamentalmente por la falta de control estatal sobre el mismo y de coordinación con las fuerzas de seguridad estatal. Ambas cuestiones tiene importantes consecuencias que en última instancia deterioran principios fundamentales del estado de derecho.

Recientemente, un nuevo informe de la ONU, sobre Honduras, ha querido expresar su preocupación por el peso adquirido por la seguridad privada, de empresas tanto legales como ilegales. Esta república se ha convertido en el país más peligroso de América. Entre 2004 y 2011 se contabilizaron 33.933 homicidios, sobre una población de apenas ocho millones de habitantes. La evolución de esta violencia ha sido ascendente, y así, de los 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2001, se ha pasado a 92 en 2011. Convendría tener como referencia que la media mundial es de 8,8. 

Estas cifras en buena parte se deben al colapso de las instituciones estatales como la policía o la justicia. En este sentido, la implicación de las FAS, ante esta situación, con el objeto de contribuir en seguridad interior tampoco parece ser suficiente. Cabría discutir si la aplicación de medidas fundamentalmente punitivas y la militarización de la seguridad interior es la mejor opción para, cuando menos, controlar estos índices de violencia pero, en cualquier caso, su contribución no resuelve el problema de inseguridad. 

Ante esta desprotección y la incapacidad del Estado para proporcionar protección a la sociedad hondureña, ésta ha recurrido a la seguridad privada. Esto explica que el crecimiento del sector haya sido extraordinario, y además sin ningún control, puesto que además de las empresas legales, hay un nutrido grupo de empresas que trabajan ilegalmente. El crecimiento de este sector ha sido rápido y espectacular. En este país operan más de 700 compañías de seguridad privada que suman entre 60.000 y 70.000 guardias, cifra que supera en más del doble a los miembros de la Policía Nacional y el Ejército juntos. La relación del número de elementos de la policía y los guardias de seguridad es de 1 a 5, de acuerdo a la información disponible. Sin embargo, a estos datos, que contabilizan los recursos de las empresas legales, hay que sumarles, además, los provenientes del importante sector informal que actúa ilegalmente. Según el informe citado, en su mayoría esas compañías son propiedad de ex oficiales policiales o militares de alto rango que controlan el sector de seguridad en el país.

Completa la información en "la opinion del vigilante de seguridad" AQUÍ

El exescolta que reclama un trabajo en la prisión de Botafuegos (Algeciras) comienza su protesta

Miguel Ángel Guerrero se instala en la rotonda de acceso a la cárcel y enfatiza que estará día y noche y en huelga de hambre

El algecireño Miguel Ángel Guerrero, el exescolta que reclama un puesto de trabajo en la prisión de Botafuegos, inició ayer la protesta que anunció la semana para para reivindicarlo. Guerrero se apostó en la rotonda de acceso a la cárcel algecireña y, según enfatizó, allí estará día y noche, y además en huelga de hambre. 

El algecireño basa su protesta en las informaciones publicadas que señalaron que el ministerio del Interior iba a promover la contratación para determinadas funciones en las prisiones de los escoltas que desarrollaron su labor en País Vasco y Navarra y que, tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, fueron relevados de estos desempeños. Tales informaciones detallaron que vigilantes privados sustituirían a la Guardia Civil en diversos trabajos auxiliares de seguridad. 

Guerrero, que estuvo tres años de escolta en Navarra junto a cargos públicos amenazados por ETA y que lleva ya tiempo en el paro, se queja porque, según remarca, no ha sido tenido en cuenta en el proceso de selección de los guardias que entrarán a trabajar en Botafuegos.  "Va a ser muy duro", reconoció ayer, poco después de mediodía, cuando desplegó pancartas y se instaló en la rotonda, acompañado de amigos. Además añadió: "En los últimos días no he tenido apetito, por las molestias y la tensión. No he estado comiendo mucho, por lo que será peor con el sobreesfuerzo".  El algecireño asegura que Interior ha cumplido con las empresas que trabajaron en País Vasco y Navarra, tras haber adjudicado estos servicios sin concurso, pero que no lo ha hecho con los escoltas.

FUENTE: europasur.es AQUÍ

El furgón de PROSEGUR no pudo descargar el dinero en CAJASTUR

La jueza Alaya cifra en 4,3 millones la cuantía de las comisiones cobradas por UGT y CCOO

Según otro de los autos de prisión, Juan Lanzas ha ganado más de 13 millones de euros de manera ilícita, que supone un cuarto de esos más de 50 millones que dice la Guardia Civil que se desviaron de comisiones en el caso de los ERE. Según consta en datos bancarios y fiscales analizados por la Guardia Civil, CCOO y UGT recibieron a través de sus sociedades 4.300.000 euros de Vitalia en concepto de comisión por los Expedientes de Regulación de Empleo que han negociado entre 2001 y 2011. La juez ha enviado a la cárcel uno de los testaferros de Juan Lanza, a Eduardo Leal del Real. 

FUENTE; cadenaser.com AQU ÍTemiqui, una empresa de UGT, y FQT, una empresa de Comisiones Obreras, son las dos sociedades de estos sindicatos que han recibido 4.300.000 euros de Vitalia en concepto de comisión por todos los Expedientes de Regulación de Empleo que han negociado entre 2001 y 2011. Así consta en datos bancarios y fiscales analizados por la Guardia Civil.

El ex sindicalista Juan Lanzas, por su intermediación entre las partes en las negociaciones de esos ERE, se llevaba un 5% en cada uno de ellos, también de Vitalia, y lo cobraba a través de las empresas pantalla de sus testaferros Eduardo Leal de Real y Juan Francisco Algarín Lamela. Son datos que aparecen en el auto de prisión de Antonio Albarracín encarcelado esta mañana por orden de la magistrada. Antonio Albarracín pasó de tener cuatro inmuebles en 2001 a poseer dieciséis en el año 2011. Antes de pagar cada inmueble adquirido a través de la sociedad PERMAR, recibía en sus cuentas abonos de diferentes empresas del holding Vitalia, incluso del entramado de las empresas pantalla de Juan Lanzas. Atrado Mensajería, una de las empresas pantalla de Lanzas, hace una transferencia a la sociedad de Albarracín, PELMAR, de 117.000 euros. La magistrada cree que este dato es una prueba objetiva del flujo de dinero ilegal que pasaba del holding de Vitalia a las empresas pantalla de Juan Lanzas y a la inversa.

Antonio Albarracín, en su declaración ante la jueza, explica que la propuesta de financiación de cada ERE que Vitalia abonaba se acordaba entre la empresa correspondiente, la Junta de Andalucía y los sindicatos. También señala que el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, le manifestó que las pólizas se firmaban con "quien decidían los sindicatos". Todas estas circunstancias llevan a la magistrada a afirmar que estamos ante "un sistema perfectamente establecido en el que la concesión de ayudas de la Junta se convierte en un verdadero negocio. Y el volumen de negocio aumenta cuantas más ayudas se conceden". Se pagan más "sobrecomisiones" con dinero público para que luego haya más dinero para repartir entre lo que la Guardia Civil denomina trama criminal. Según la jueza Alaya, la Junta pagaba a las aseguradoras Vitalia y Uniter comisiones un 15% por encima de lo habitual en el mercado.

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Alaya dice que los sindicatos cobraban sólo por aportar 'información privilegiada'  FUENTE: elmundo.es AQUI

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UGT y CCOO dicen que no participaron en la "trama corrupta" para lucrarse con los ERE

Comunicado de Prensa de UGT sobre las informaciones de los EREs en Andalucía

Accede al comunicado de prensa de UGT AQUÍ

Continúan las críticas sindicales internas al nuevo Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada

Continúan las voces críticas internas (desde las propias organizaciones sindicales firmantes) al nuevo convenio colectivo estatal de seguridad privada, texto que ya está cerrado y listo para que las autoridades competentes les den el Visto Bueno para su publicación en BOE Ver AQUÍ. Los últimos en manifestar su disconformidad han sido la Sección Sindical de CC.OO en CASESA Madrid Ver AQUÍ, la Sección sindical de CC.OO en VINSA Ver AQUÍ, la Federación de Actividades Diversas de CC.OO Baleares Ver AQUÍ, desde UGT Seguirsa Madrid Ver AQUÍ y en la Sección Sindical de UGT en Securitas Madrid Ver AQUÍ.

Un vigilante de seguridad se lesiona los tobillos al intentar auxiliar a un guardia civil en una rellerta

De la cama al sofá, y del sofá a la cama, con los dos tobillos y cinco tornillos en uno de ellos. Así debe permanecer durante al menos dos meses el vigilante de seguridad de la empresa Machín Seguridad J.J.O.Z, que persiguió a los agresores del teniente de la Guardia Civil apedreado en la cabeza en el trascurso de una reyerta, que se saldo finalmente con dos detenidos, hechos sucedidos en el municipio majorero de Antigua (Fuerteventura).

Accede a la noticia publicada en Canarias7 AQUI

Seis detenidos por agredir a dos vigilantes de seguridad de la estación de tren de El Vendrell

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de El Vendrell (Tarragona) han detenido a seis jóvenes, la mitad menores, por presuntamente agredir con palos a dos vigilantes de seguridad de la estación de tren de la población porque les reprendieron por cruzar las vías.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de El Vendrell (Tarragona) han detenido a seis jóvenes, la mitad menores, por presuntamente agredir con palos a dos vigilantes de seguridad de la estación de tren de la población porque les reprendieron por cruzar las vías.Según han informado este lunes ambos cuerpos policiales en un comunicado conjunto, la madrugada del domingo un testigo avisó a los Mossos de que se estaba produciendo una pelea entre un numeroso grupo de personas.Al desplazarse diversas patrullas de la policía catalana y la local localizaron a dos vigilantes de seguridad que acababan de ser agredidos: uno estaba semiinconsciente sobre un banco y el otro presentaba diversas lesiones, y fueron trasladados heridos leves al Hospital del Vendrell.

Los testigos coincidieron en que los vigilantes habían sido agredidos por un grupo de jóvenes, que fueron detenidos en los andenes de la estación.Todo empezó cuando los vigilantes llamaron la atención de los jóvenes porque cruzaban las vías del tren por un paso prohibido, y los jóvenes reaccionaron violentamente agrediéndoles con palos, cinturones y otros objetos.Los tres menores quedaron en libertad, bajo custodia de un tutor legal, tras declarar en la comisaría de Mossos, mientras que los otros tres han pasado la mañana de este lunes a disposición judicial por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad y una falta de lesiones.Los detenidos son tres colombianos, dos dominicanos y un español, de entre 16 y 24 años, tres de ellos vecinos de El Vendrell, uno de Viladecans (Barcelona) y dos con domicilio desconocido.

FUENTE: lainformacion.com AQUÍ

La nueva ley de Seguridad Privada buscará potenciar el sector sin “privatizar el servicio”

El diputado popular Francisco Márquez, será el encargado de exponer en el Congreso el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que está preparando el Gobierno y que verá la luz en pocas semanas. Pero antes, el diputado ha adelantado parte de su contenido. Esta ley nace con el objetivo de potenciar la creación de empleo en el sector, favorecer la colaboración entre la seguridad privada y la pública, y dotar la actividad de mayor seguridad jurídica. Eso sí, Márquez asegura que no se busca una privatización.

El Gobierno está ultimando los detalles del anteproyecto de Ley sobre Seguridad Privada que verá la luz en las próximas semanas y que el diputado ceutí, Francisco Márquez, se encargará de exponer en el Congreso cuando entre a trámite parlamantario. Algunos de los objetivos de la nueva ley serán contribuir a dar seguridad jurídica a esta actividad y también potenciar las posibilidades de creación de empleo que este sector tiene en nuestro país, según señala Márquez. No en balde, la seguridad privada es un sector de "gran actividad económica" con más de 23.000 puestos de trabajo en España, según señala el diputado. 

Márquez explica que esta ley nace de una necesidad impuesta por el paso del tiempo. La actual normativa que regula la actividad de la seguridad privada es de 1992 y "tanto los avances tecnológicos, como la evolución de la sociedad y de sus necesidades, parece hacer necesaria una actualización, sino integral, sí muy profunda". Por ello, nada más comenzar la actual legislatura el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se comprometió a sacar adelante esta nueva ley en su primera comparecencia en la Comisión de Interior y así lo recuerda el diputado ceutí. 

Colaboración pública "En el anteproyecto de la nueva ley se parte de algunas directrices que parecen evidentes como que la seguridad de la ciudadanía en este momento no es exclusivamente una cuestión a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía autonómica o local", destaca Márquez. Para el Gobierno está claro que la seguridad privada debe colaborar con la Administración pública "para conseguir reforzar la seguridad de la ciudadanía, manteniendo en todo momento autoridad pública", según explica el diputado ceutí. "Desde lo público es de donde se deben coordinar todas las fuerzas y potencialidades que tanto desde el ámbito público como privado pueden contribuir al objetivo de lograr una mayor seguridad y el cumplimiento de la legislación vigente que garantiza la libertad de una sociedad", puntualiza Márquez.

Lo que se pretende con la nueva norma es legislar los nuevos ámbitos en los cuáles la seguridad privada está actuando y otros en los que podría actuar, según adelanta el diputado. Esta ley también busca reforzar la regulación de algunos ámbitos como la seguridad privada en acontecimientos con afluencia masiva de los ciudadanos o las actividades de los detectives privados. "Estos ámbitos deben regularse de una forma más concreta y más actual", advierte Márquez, que explica como el trabajo está casi "culminado" y que en ningún momento se pretende privatizar la seguridad pública como así han señalado algunas voces críticas. 

FUENTE: elpueblodeceuta.es AQUÍ

Radiografía al sector de la Seguridad Privada

Este documento elaborado por Marc Cools, profesor de Criminología de la Universidad de Bruselas, dibuja un mercado ferozmente competitivo, que lleva cayendo en picado desde 2009. La estrategia que ha diseñado para evitar que esta deriva continúe, pasa por ocupar nuevos segmentos de mercado que copan puestos de funcionarios públicos. Se menciona la vigilancia de presos en libertad condicional, refuerzo de la seguridad de médicos y farmacéuticos o control de alumnos en centros educativos. Tabernero justifica el avance de su colectivo en este nicho. "España está atravesando una profunda crisis que afecta a la seguridad privada por la situación económica de nuestros clientes. Esto ha contribuido a reducir en poco más de cuatro años nuestra facturación en más de 20 puntos porcentuales. Nos ha obligado a disminuir los márgenes comerciales y a sufrir fuertes retrasos en los pagos", lamenta.

Los trabajadores son los primeros en lamerse las heridas. La media de edad de los vigilantes ronda los 41 años y su nivel medio de formación está fijado en la Enseñanza Obligatoria, según la información facilitada por APROSER. La veteranía no les libra de la precariedad laboral. La mayoría cobra salarios bajos que se sitúan en torno a los 1.275 euros de media al mes en el caso de España; aunque el base ronda los 870. Otra de las características del sector es su elevada tasa de rotación, que conlleva consecuencias nefastas para el personal.  Miguel Arroyo [nombre ficticio], tiene 27 años y lleva adscrito ocho años a una de las cuatro mayores empresas de seguridad que operan en España. Desempeña su labor desde 2010 en las oficinas centrales de una compañía que ha empezado a tener problemas de liquidez. Las subcontratas fueron las primeras en recibir impagos y la empresa de seguridad decidió asumir los costes de las nóminas de sus trabajadores hasta que la situación se hizo insostenible. Después de varios meses, advirtieron a los vigilantes que rompían su relación laboral con su deudor y una pyme pasaba a hacerse cargo de las rondas. Arroyo se teme lo peor: una subrogación.

La normativa contempla que la empresa entrante, está obligada a asumir los contratos adscritos al servicio que se les adjudica, siempre que se acredite una antigüedad mínima en el puesto de siete meses. Esto que podría parecer una garantía para los vigilantes, puede proporcionarles un pase más que probable a la cola del paro. "Nuestra compañía no pudo hacer frente al pufo que le dejó su cliente a pesar de ser fuerte en el sector. Una más pequeña, se irá a la quiebra en poco tiempo y , como consecuencia, todos los subrogados se quedarán en la calle. Es injusto que uno tenga que interrumpir una relación laboral de años porque la normativa lo recoja así. Nos vemos abocados a un futuro negro", censura.

La relación con el cliente no sólo genera dolores de cabeza a la empresa de seguridad. Los propios vigilantes denuncian presiones con asiduidad. "Los supermercados donde trabajo nos exigen un mínimo de intervenciones mensuales. Los jefes de tienda están obsesionados con que justifiquemos nuestro puesto y, algunas veces, me he visto obligado a apuntar cosas que rozan el absurdo para salvar el pellejo", reconoce. Cita situaciones rocambolescas como calificar de mendicidad que un comprador pida dos céntimos en caja a otro cliente para completar el pago de un perfume o considerar comportamiento delictivo que una anciana porte una barra labial gastada sin tique aunque la lleve como muestra para comprar el mismo modelo. Mercadona niega que exista una directriz en la cadena que exija cupos a los vigilantes. "Tenemos contratadas a varias empresas de seguridad en las tiendas, a las que les pedimos que trabajen en la seguridad de jefes y trabajadores”, responde escuetamente una portavoz.

El delegado valenciano del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES) puntualiza que el vigilante se encuentra permanentemente en un delicado equilibrio entre el cliente y la empresa. "Las compañías ajenas al mundo de la seguridad no acaban de entender que no somos un gasto, sino una inversión. Una buena vigilancia impide visitas indeseadas, robos, deterioro de las infraestructuras y transmite tranquilidad", defiende. Algunos clientes se resisten a delegar la dirección de este servicio en la empresa de seguridad e imponen a sus propios criterios a los vigilantes. "Es lógico que se preocupen por su negocio, pero la medida es antiproducente", advierte.

Este delegado sindical de ATES lleva más de 20 años trabajando en el traslado de capital en furgones blindados. Es uno de los pocos que lleva arma reglamentaria y no duda en expresar su preocupación por la situación que atraviesan. "Las compañías de seguridad se dan leches por hacer el servicio más barato que su competidor y muchas veces ajustan tanto el lazo que nos vemos desamparados", apunta este sexagenario que prefiere omitir su nombre. "Los walkie-talkies que usamos son antiquísimos y fallan mucho. No nos podemos permitir estar incomunicados. Llevamos mucha responsabilidad sobre los hombros", denuncia. Su sueldo mileurista no da para muchos lujos, pero al cliente sigue pareciéndole excesivo. "Cada vez hay más compañías que están sustituyendo a los vigilantes por auxiliares de seguridad que no cuentan con nuestra formación. Estos chicos no pueden intervenir, deberían limitarse a hacer la ronda y ser supervisados por un vigilante pero, en la práctica, los suplantan", crítica. El delegado sindical pide a Interior algo más que ser reconocido como figura de autoridad. "Necesitamos que se acabe con el intrusismo y la precariedad, por nosotros y por la seguridad de la gente", reivindica.

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Agrede al vigilante de seguridad de un comercio de Bilbao para llevarse 16 sobres de jamón

24/III/2013 Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer en Bilbao a un hombre de 35 años después de que agrediera al vigilante de un supermercado que le había sorprendido cuando trataba de llevarse sin pagar 16 sobres de jamón. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, hacia las 16.30 horas de ayer, un ertzaina que realizaba labores de seguridad ciudadana por la Plaza Zabalburu vio a un individuo que salía corriendo de un supermercado y que le perseguía un vigilante de seguridad.

El agente y otro ertzaina que se encontraba en un coche patrulla, lograron interceptar al hombre que huía. El vigilante les relató que el individuo había intentado salir del supermercado sin abonar los productos que llevaba, en concreto 16 sobres de jamón, y que al darle el alto, se había revuelto violentamente y le había agredido, antes de echar a correr para huir del local. Los ertzainas comprobaron que el hombre portaba los paquetes de jamón y le arrestaron por un delito de robo con violencia.

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El Ministerio del Interior ultima el anteproyecto de la nueva ley de seguridad privada

Los vigilantes se quejan de de la precariedad e intrusismo laboral y que la normativa los deslegitima frente a los infractores. El escándalo de Método 3 ha dado el empujón definitivo a la modificación del reglamento

Son las 00.00 en el andén de la madrileña estación de metro de Pacífico. Ya no quedan revisores. Un vigilante de seguridad comprueba en la sala de cámaras que un joven se ha saltado los tornos para evitar pagar el billete. Un compañero recibe el aviso y se acerca al muchacho para indicarle que debe abandonar la estación. "¿Qué dices? Si tú eres un segurata de mierda. No me voy de aquí a menos que venga un madero", le espeta de manera despectiva y finaliza su órdago con un escupitajo. El vigilante no toca a la persona que le está desafiando. Está atado de pies y manos. La normativa estipula que las actuaciones coercitivas de este colectivo deben de regirse por el principio de proporcionalidad. Esto supone que sólo pueden emplear la fuerza en el caso de que sean agredidos. Si el resultado de ese enfrentamiento resulta desigual y el trabajador causa mayores daños al infractor podría ser acusado de abuso de poder.

"Estamos desprotegidos", asegura Ignacio Sanchís [nombre ficticio], un vigilante de 40 años que desarrolla su labor en un supermercado madrileño de la cadena Mercadona. "Los rateros se saben la ley al dedillo. Mejor que tú y que yo. Es habitual que te recuerden cuál es tu sitio a pesar de no tener motivos y estar, encima, cometiendo un falta", manifiesta con hartazgo. Sanchís cuenta un rosario de ocasiones en la que grupos de mujeres que acuden habitualmente al establecimiento para esconder bajo sus faldas latas de salmón, envases de jamón ibérico y otros productos de elevado precio le han indicado que no podía cachearlas. "La ley nos sitúa al mismo nivel que un ciudadano más. Así es imposible hacer nuestro trabajo", protesta. La situación de este gremio contrasta con la de profesores, conductores de autobús o revisores de metro, que en algunas comunidades son autoridad pública.

La ley de seguridad privada no ha sido modificada desde hace más de dos décadas Hace apenas unos días se ha celebrado la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada. El presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), Javier Tabernero, ha aprovechado este marco para solicitar un cambio en la ley de seguridad privada que no se ha modificado desde 1992. "Nuestra normativa ha servido de inspiración a muchos países, tanto europeos como latinoamericanos. Ha permitido avanzar significativamente en la profesionalización del sector con estrictos procesos de autorización de empresas y vigilantes de seguridad. Eso no quita que la ley surgiera desde una profunda desconfianza al sector", desliza. Tabernero recuerda la lucha que tuvo lugar en el Congreso en los días previos a la aprobación de la norma.

El sector no logró que su eterna reivindicación fuese incluida en el texto. "Es cierto que entonces desapareció la figura del vigilante jurado y se nos escapó la figura de autoridad, pero las cosas han cambiado. Ahora la seguridad privada está presente de forma palpable en la vida de los ciudadanos. Estamos en los hospitales donde nacen sus hijos, en los colegios donde estudian, en los medios de transporte que utilizamos para desplazarnos y en edificios públicos", argumenta. El secretario general de la asociación, Eduardo Cobas, concreta que un 75% de la población mira con buenos ojos a este sector, según recogen sus sondeos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recogido el guante. Asegura que la elaboración de la nueva ley de Seguridad Privada esta ya "muy avanzada" y ha reconocido que el reglamento actual está "superado por el tiempo". Eso sí, a principios de noviembre del pasado año ya había hecho unas declaraciones muy similares. Desde APROSER confían en que el momento esté cerca. "El anteproyecto podría estar listo en un par de semanas", aventura uno de sus portavoces. El reciente escándalo de Método 3 les ha dado el empujón definitivo, puesto que vigilantes y detectives comparten ley. Fernández Díaz adelanta que el documento en el que están trabajando ofrecerá más garantías jurídicas al sector y a los ciudadanos, ya que regulará, controlará y clarificará los servicios que prestan los despachos de detectives. "Es necesaria una estrecha colaboración entre los cuerpos de seguridad del Estado y el sector de seguridad privada", ha admitido el ministro ante la prensa. Los datos respaldan su afirmación. Según los datos de Interior, España cuenta con 207.212 vigilantes de seguridad habilitados que, sólo en 2011, realizaron 1.135.789 servicios.

La cifra es prácticamente pareja al número de agentes Públicos. Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Mossos D'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral contabilizan una plantilla total de 243.580 funcionarios. "Esto no implica una privatización de la seguridad, sino un esfuerzo por aprovechar los servicios del sector privado", ha puntualizado Fernández Díaz. Sin embargo, el contenido del Libro Blanco de la Seguridad en Europa, incluye objetivos futuros que ponen en tela de juicio esta afirmación.

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Andalucía concentra un tercio de las 1.500 empresas de seguridad que operan en el país

La región cuenta con 56.400 de los 190.000 vigilantes de seguridad acreditados por Interior

La crisis ha provocado un aumento de robos y, también, el crecimiento de las empresas de seguridad, aunque no por ello de su facturación. De hecho, recientemente los vigilantes de Prosegur del Metro de Sevilla protestaban por sus condiciones laborales. En España existen unas 1.500 empresas de seguridad y más de 188.000 vigilantes con la tarjeta de identificación profesional proporcionada por el Ministerio del Interior. En tres años, el Gobierno ha concedido 46.747 nuevas licencias. En Andalucía, según los datos de SAC Seguridad facilitados a LA RAZÓN, se concentra un tercio de las empresas del sector de todo el país, esto es, unas 500. De los cerca de 190.000 vigilantes, el 30% se localiza en la comunidad andaluza, es decir, alrededor de 56.400.

La seguridad se ha diversificado con la crisis. Desde la seguridad informática a los aeropuertos o la protección de infraestructuras. Hasta la crisis, la seguridad movía en España más de 4.000 millones. El sector, no obstante, sufre un descenso anual del 4,5% desde 2009, tendencia que continúa en 2013, según el último informe de la Fundación Esys especializada en temáticas de seguridad. Según Pedro Escobar, director de SAC Seguridad, el sector no ha desparecido sino que «tiende hacia la diversificación y la especialización». Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Interior muestran un descenso del 0,8% de los robos con violencia e intimidación en el último trimestre de 2012 en Andalucía. De las 11.867 incidencias de 2011 se ha pasado a 11.773. Los robos con fuerza han caído un 4,6%, con un total de 70.779 casos. Por el contrario, los robos con fuerza en domicilios han experimentado un importante aumento. Se ha pasado de 17.972 a 21.961, un 22,2% más.

Por provincias, en Almería crecieron los robos con violencia e intimidación un 8,6% y los robos con fuerza en domicilios, un 26,7%. En Cádiz, aumentaron los robos con fuerza un 3,1% y en domicilios, un 22,9%. En este último apartado Córdoba experimentó un crecimiento del 36,2%; en Granada, del 16,1%; en Jaén, un escalofriante 67,3%; en Málaga, un 12,5% más; y en Sevilla, un 34,2%.Huelva es la única provincia en la que descienden todas las tipologías de robo

FUENTE: larazon.es AQUÍ

Seis empresas de seguridad conforman la UTE que trabajarán en distintas cárceles de España

La UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajabaron para el Gobierno vasco suministrando escoltas. Son Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica

La privatización de la seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior. Así lo revelan documentos internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.

Interior habla de "refuerzo" y no de sustitución. En un principio, "dos vigilantes de seguridad" por turno, lo que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. "En ningún caso supondrá una reducción de efectivos" de las unidades policiales, "tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en su fase inicial", por lo que Interior deja claro el objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.

Poca información y transparencia Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. La respuesta más clara la dio el ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se "pretende es que determinadas funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

En esta primera fase, los vigilantes nunca actuarán en solitario Los vigilantes actuarán como medio auxiliar de la Policía y Guardia Civil, tal como determina la ley 32/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. ¿Qué harán los escoltas en las prisiones?. Según la documentación de la Guardia Civil, "vigilancia de garitas, control de los accesos y de las cámaras de control. En esta primera fase nunca actuarían en solitario". No obstante, el Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", por lo que habría que cambiar este ley, algo que aún no se ha hecho. Quizás por ello, explican fuentes penitenciarias, aún no se ha adjudicado ningún contrato, sino que se ha invitado a empresas de seguridad que han formado una UTE a esta "experiencia piloto".

2.000 guardias civiles en seguridad ciudadana El sindicato CSIF asegura que este proyecto también vulnera el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que "establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas". La mayor asociación de la Guardia Civil, AUGC, no tiene ninguna duda sobre la intención final del Gobierno: "privatizar la seguridad en las prisiones", sobre todo teniendo en cuenta que las "Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo". "Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país". AUGC recuerda que el PP no llevaba este proyecto en su programa electoral. Para el principal sindicato de prisiones, Acaip, esta medida supone "un encarecimiento inexplicable del funcionamiento de las cárceles que no aporta ningún beneficio".

Como ya adelantó 20Minutos en enero de este año, Interior barajaba llevar la privatizacióna entre 15 y 21 prisiones. Finalmente los centros elegidos han sido: Alicante II, Algeciras, Puerto I y II (Cádiz), Castellón I y II, Córdoba, Pamplona I, Huelva, Teixeiro (A Coruña), León, Logroño, Mallorca, Murcia II, Dueñas (Palencia), A Lama (Pontevedra), Topas (Salamanca), Sevilla II, Valladolid, Zaragoza y Daroca (Zaragoza).

Seis empresas en la UTE De momento la UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajaban para el Gobierno vasco el ministerio del Interior suministrando escoltas. Son Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica. Una fuente de Ombuds ha explicado que ellos aportarán más de 60 vigilantes en seis prisiones: Palencia: Castellón II, Salamanca, Huelva, Pamplona y Logroño. "El personal que va a ir a prisiones está recibiendo una formación especifica, que se suma a la que ya tiene como vigilante privado o escolta", señalan desde UGT. Lo que está claro es que los escoltas reconvertidos en las prisiones ganarán menos que lo percibían cuando daban protección en el País Vasco, según las mismas fuentes, con sueldos que rondarán los 1.200-1.300 euros.

FUENTE: 20minutos.es AQUÍ

La Universidad de Vigo se blinda con seguridad privada frente a las protestas al "decreto Wert"

La Universidad de Vigo logró reanudar ayer a puerta cerrada y entre fuertes medidas de seguridad el Consello de Goberno reventado el jueves por las protestas de profesores asociados y alumnos contra la aplicación del denominado "decreto Wert". Personal de seguridad privada del campus blindó una sesión en la que se acordó destinar 1,7 millones de euros este año a la línea de ayudas a la investigación. La decisión de limitar el acceso al público derivó una denuncia en el juzgado

De los 1,7 millones de euros establecidos en este capítulo, un 69% se - a ayudar al personal en formación a través de becas de aprendizaje y colaboración en centros de investigación, contratos predoctorales y ayudas de movilidad para investigadores predoctorales y posdoctorales. "Se incide en el equilibrio entre ámbitos de conocimientos de forma que los mejores candidatos de cada ámbito puedan ser adjudicatarios", precisó la vicerrectora de Investigación, Asunción Longo.

Denuncia La protesta de profesores y alumnos contra la aplicación de los ajustes del denominado "decreto Wert" en la Universidad de Vigo acaba en el juzgado de guardia. Trece estudiantes y tres docentes presentaron una denuncia por la reanudación del Consello de Goberno a puerta cerrada. El PDI laboral, la plataforma de profesores asociados y representantes del alumnado consideran que se incumplió el régimen interno de este órgano que declara las sesiones "abiertas a los miembros de la comunidad universitaria" y solicitaron la mediación del presidente del Tribunal de Garantías, Argimiro Rojo. Por su parte, la Universidad defiende que fue necesario "recurrir a los servicios de seguridad del campus para garantizar el trabajo de un órgano democrático en el que están representados todos los sectores de la comunidad universitaria".

FUENTE: farodevigo.es AQUÍ

CSIF-A alerta de que encargar a personal privado la vigilancia exterior de las cárceles "pone en peligro la seguridad"

El sector de Instituciones Penitenciarias del sindicato CSIF-A se ha mostrado este viernes contrario a que el Gobierno autorice la contratación de personal privado para vigilar el exterior de las prisiones, ya que esa medida, en su opinión, "pone en peligro la seguridad" de las cárceles.

El sector de Instituciones Penitenciarias del sindicato CSIF-A se ha mostrado este viernes contrario a que el Gobierno autorice la contratación de personal privado para vigilar el exterior de las prisiones, ya que esa medida, en su opinión, "pone en peligro la seguridad" de las cárceles.En una nota, el sindicato ha tachado de "error" esta decisión que, según lamenta, el Gobierno ha aprobado a través de una orden "de manera unilateral" y "desoyendo las recomendaciones y advertencias realizadas por los representantes de los empleados públicos de los centros penitenciarios".

Según recuerda CSIF-A citando el artículo 63 del Reglamento Penitenciario, hasta ahora la seguridad del exterior de las prisiones "depende de la Guardia Civil y la Policía Nacional", y aunque "el Gobierno mantiene que el personal privado será un refuerzo a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", el sindicato entiende que esta orden implica "una sustitución por la puerta de atrás" de dichos efectivos.Para esta organización, "sustituir un agente de la autoridad por un trabajador privado pone en grave riesgo la seguridad al eliminar el carácter disuasorio que suponen los agentes; supone incluir trabajadores ajenos a la institución, y, por ende, sin ningún tipo de capacitación ni preparación, dentro del centro en contacto con la población reclusa".

Además, CSIF-A ha culpado al Ejecutivo de "imponer" esta medida "con nocturnidad y alevosía", ya que, según ha apostillado, "no existe ninguna comunicación al efecto a los trabajadores", de forma que "cualquier día de abril, sin saber cómo ni cuándo, habrá dos vigilantes jurados en el control de acceso" de las cárceles.Por todo ello, la organización sindical, tras subrayar que los centros penitenciarios son "las instalaciones del Estado destinadas a albergar personas que requieren del máximo nivel de seguridad, más incluso que un juzgado", ha exigido a la Administración que "explique la aplicación de esta peligrosa medida que afecta a todo el régimen penitenciario".(EuropaPress)

FUENTE: lainformacion.com AQUÍ

¿Cómo queda finalmente el salario del profesional de la seguridad privada para el año 2013?

Desde que se firmó el nuevo convenio colectivo estatal para empresas de seguridad privada a mitades de marzo (12/III/2013), diferentes informaciones vienen calculando el impacto que tendría en el bolsillo del trabajador el acuerdo alcanzado entre la patronal del sector y los sindicatos UGT, CC.OO y USO para los años 2013 y 2014. Los hay que ven la botella medio llena, y estiman que la repercusión negativa para el trabajador será mínima, y que reportará más beneficios que perjuicios. Otros consideran que, por el contrario. será significativo el daño económico y laboral que tendrá para el trabajador el nuevo marco normativo firmado.

A modo de consulta, os dejamos lo que se ha ido publicando hasta la fecha. En la página "Seguridad de UGT Euskadi" nos ofrecen su tabla salarial Ver AQUÍ La del sindicato ATES la podéis Ver AQUÍ Y la de USO AQUÍ Hay una tabla específica para el transporte de fondos realizada por UGT LOOMIS Murcia Ver AQUÍ Por último, destacar el trabajo realizado por los compañeros de la página "Vigilantes de Seguridad Caceres" Ver AQUÍ que nos ofrecen un programa que tiene cuadrante anual, control de nomina y control de cuadrante mas las tablas salariales.

Revista News ADSI Flash, Marzo 2013

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