El fin de los contratos a Serygur desató la guerra de los espías en Madrid
La negativa de la Comunidad de Madrid a renovar a Serygur -la empresa ligada a Bárcenas y Lapuerta- el contrato de vigilancia de la Presidencia en la Puerta del Sol desató en 2009 la guerra del espionaje en Madrid entre altos cargos del Partido Popular. Los agentes de Serygur, sociedad que había establecido una relación comercial con la Comunidad de Madrid desde mucho antes de la llegada del equipo de Esperanza Aguirre, incurrieron en una conducta irregular e impropia en los cometidos de una empresa de seguridad. La Comunidad pudo demostrar que uno de los vigilantes de la compañía era el responsable del robo de objetos de valor del mismísimo despacho de la Presidencia. Aquello provocó que Esperanza Aguirre se opusiera taxativamente a la renovación de la adjudicación de la seguridad para la empresa ligada a los intereses de prohombres del partido como Álvaro de la Cruz, Ignacio del Río, Luis Bárcenas o Álvaro Lapuerta.
Para los beneficiarios de Serygur todo iba miel sobre hojuelas, con una cartera de negocio que, en 2008, sobrepasaba los 17 millones de euros, hasta que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió no renovar el contrato de la seguridad del edificio de la Presidencia. Además, expuso la situación ante los consejeros y colocó a la compañía de seguridad en cuarentena. La reacción de Bárcenas y Lapuerta no tardó en llegar. No sólo se quejaron ante la dirección de Génova, sino que, además, emprendieron una guerra soterrada contra el 'número dos' de Esperanza Aguirre. El lobby de los extesoreros lanzó una campaña denigratoria contra el vicepresidente. A finales de 2008 filtró a los medios de comunicación que González había viajado a Suráfrica "gratis total", invitado por una agencia de seguridad de la competencia. Luego todo resultó ser falso.
Álvaro Lapuerta, asimismo, denunció a Rajoy que estaba siendo espiado por elementos parapoliciales al servicio de la Comunidad de Madrid. El tesorero del PP, que tenía hilo directo con el presidente del partido, se quejaba ante Rajoy de que estaba siendo sometido a una dura vigilancia como respuesta a sus denuncias sobre unas supuestas adjudicaciones, según él "sospechosas", del Gobierno de Madrid. El caso Serygur, sin duda alguna, planeaba sobre aquella queja. La amiga de Lapuerta, la exconcejal madrileña Carmen Rodríguez Flores, a quien el tesorero popular logró colocar en un escaño del Congreso tras recomendarla insistentemente ante Rajoy, también denunció públicamente ser objeto de seguimientos. La protegida del tesorero está pendiente de una investigación interna en su partido sobre su patrimonio inmobiliario.
En enero de 2009, un mes antes de la redada de la Gürtel, estalló el conocido como caso del espionaje en Madrid. Alfredo Prada y el vicealcaldeManuel Cobo denunciaron que habían sido espiados por miembros de la seguridad de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, Ignacio González fue seguido y grabado con cámaras ocultas en un viaje oficial a Colombia como presidente del Canal Isabel II. Ambos casos están siendo investigados en instancias judiciales. Pero las filtraciones no terminaron ahí. Ese mismo mes de enero se publicó un infirme secreto sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El dosier, elaborado por la agencia catalana Método 3, ocupaba 69 folios y había sido encargado por uno de los enemigos de González en el Partido Popular. El informe estaba plagado de errores e inexactitudes.
Álvaro Lapuerta, asimismo, denunció a Rajoy que estaba siendo espiado por elementos parapoliciales al servicio de la Comunidad de Madrid. El tesorero del PP, que tenía hilo directo con el presidente del partido, se quejaba ante Rajoy de que estaba siendo sometido a una dura vigilancia como respuesta a sus denuncias sobre unas supuestas adjudicaciones, según él "sospechosas", del Gobierno de Madrid. El caso Serygur, sin duda alguna, planeaba sobre aquella queja. La amiga de Lapuerta, la exconcejal madrileña Carmen Rodríguez Flores, a quien el tesorero popular logró colocar en un escaño del Congreso tras recomendarla insistentemente ante Rajoy, también denunció públicamente ser objeto de seguimientos. La protegida del tesorero está pendiente de una investigación interna en su partido sobre su patrimonio inmobiliario.
En enero de 2009, un mes antes de la redada de la Gürtel, estalló el conocido como caso del espionaje en Madrid. Alfredo Prada y el vicealcaldeManuel Cobo denunciaron que habían sido espiados por miembros de la seguridad de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, Ignacio González fue seguido y grabado con cámaras ocultas en un viaje oficial a Colombia como presidente del Canal Isabel II. Ambos casos están siendo investigados en instancias judiciales. Pero las filtraciones no terminaron ahí. Ese mismo mes de enero se publicó un infirme secreto sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El dosier, elaborado por la agencia catalana Método 3, ocupaba 69 folios y había sido encargado por uno de los enemigos de González en el Partido Popular. El informe estaba plagado de errores e inexactitudes.
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