Los vigilantes se quejan de de la precariedad e intrusismo laboral y que la normativa los deslegitima frente a los infractores. El escándalo de Método 3 ha dado el empujón definitivo a la modificación del reglamento
Son las 00.00 en el andén de la madrileña estación de metro de Pacífico. Ya no quedan revisores. Un vigilante de seguridad comprueba en la sala de cámaras que un joven se ha saltado los tornos para evitar pagar el billete. Un compañero recibe el aviso y se acerca al muchacho para indicarle que debe abandonar la estación. "¿Qué dices? Si tú eres un segurata de mierda. No me voy de aquí a menos que venga un madero", le espeta de manera despectiva y finaliza su órdago con un escupitajo. El vigilante no toca a la persona que le está desafiando. Está atado de pies y manos. La normativa estipula que las actuaciones coercitivas de este colectivo deben de regirse por el principio de proporcionalidad. Esto supone que sólo pueden emplear la fuerza en el caso de que sean agredidos. Si el resultado de ese enfrentamiento resulta desigual y el trabajador causa mayores daños al infractor podría ser acusado de abuso de poder.
"Estamos desprotegidos", asegura Ignacio Sanchís [nombre ficticio], un vigilante de 40 años que desarrolla su labor en un supermercado madrileño de la cadena Mercadona. "Los rateros se saben la ley al dedillo. Mejor que tú y que yo. Es habitual que te recuerden cuál es tu sitio a pesar de no tener motivos y estar, encima, cometiendo un falta", manifiesta con hartazgo. Sanchís cuenta un rosario de ocasiones en la que grupos de mujeres que acuden habitualmente al establecimiento para esconder bajo sus faldas latas de salmón, envases de jamón ibérico y otros productos de elevado precio le han indicado que no podía cachearlas. "La ley nos sitúa al mismo nivel que un ciudadano más. Así es imposible hacer nuestro trabajo", protesta. La situación de este gremio contrasta con la de profesores, conductores de autobús o revisores de metro, que en algunas comunidades son autoridad pública.
La ley de seguridad privada no ha sido modificada desde hace más de dos décadas Hace apenas unos días se ha celebrado la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada. El presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), Javier Tabernero, ha aprovechado este marco para solicitar un cambio en la ley de seguridad privada que no se ha modificado desde 1992. "Nuestra normativa ha servido de inspiración a muchos países, tanto europeos como latinoamericanos. Ha permitido avanzar significativamente en la profesionalización del sector con estrictos procesos de autorización de empresas y vigilantes de seguridad. Eso no quita que la ley surgiera desde una profunda desconfianza al sector", desliza. Tabernero recuerda la lucha que tuvo lugar en el Congreso en los días previos a la aprobación de la norma.
El sector no logró que su eterna reivindicación fuese incluida en el texto. "Es cierto que entonces desapareció la figura del vigilante jurado y se nos escapó la figura de autoridad, pero las cosas han cambiado. Ahora la seguridad privada está presente de forma palpable en la vida de los ciudadanos. Estamos en los hospitales donde nacen sus hijos, en los colegios donde estudian, en los medios de transporte que utilizamos para desplazarnos y en edificios públicos", argumenta. El secretario general de la asociación, Eduardo Cobas, concreta que un 75% de la población mira con buenos ojos a este sector, según recogen sus sondeos.
El sector no logró que su eterna reivindicación fuese incluida en el texto. "Es cierto que entonces desapareció la figura del vigilante jurado y se nos escapó la figura de autoridad, pero las cosas han cambiado. Ahora la seguridad privada está presente de forma palpable en la vida de los ciudadanos. Estamos en los hospitales donde nacen sus hijos, en los colegios donde estudian, en los medios de transporte que utilizamos para desplazarnos y en edificios públicos", argumenta. El secretario general de la asociación, Eduardo Cobas, concreta que un 75% de la población mira con buenos ojos a este sector, según recogen sus sondeos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recogido el guante. Asegura que la elaboración de la nueva ley de Seguridad Privada esta ya "muy avanzada" y ha reconocido que el reglamento actual está "superado por el tiempo". Eso sí, a principios de noviembre del pasado año ya había hecho unas declaraciones muy similares. Desde APROSER confían en que el momento esté cerca. "El anteproyecto podría estar listo en un par de semanas", aventura uno de sus portavoces. El reciente escándalo de Método 3 les ha dado el empujón definitivo, puesto que vigilantes y detectives comparten ley. Fernández Díaz adelanta que el documento en el que están trabajando ofrecerá más garantías jurídicas al sector y a los ciudadanos, ya que regulará, controlará y clarificará los servicios que prestan los despachos de detectives. "Es necesaria una estrecha colaboración entre los cuerpos de seguridad del Estado y el sector de seguridad privada", ha admitido el ministro ante la prensa. Los datos respaldan su afirmación. Según los datos de Interior, España cuenta con 207.212 vigilantes de seguridad habilitados que, sólo en 2011, realizaron 1.135.789 servicios.
La cifra es prácticamente pareja al número de agentes Públicos. Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Mossos D'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral contabilizan una plantilla total de 243.580 funcionarios. "Esto no implica una privatización de la seguridad, sino un esfuerzo por aprovechar los servicios del sector privado", ha puntualizado Fernández Díaz. Sin embargo, el contenido del Libro Blanco de la Seguridad en Europa, incluye objetivos futuros que ponen en tela de juicio esta afirmación.
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