Noticias Destacadas SPV Sevilla


20 de julio de 2017

MADRID: Metro adjudica a Ombuds el servicio fallido de Segur Ibérica


Una sola empresa, Ombuds, se ha presentado al concurso de urgencia para sustituir a Segur Ibérica, compañía que está en vías de desaparición.

La empresa debe cerca de 12 millones de euros a Hacienda y está en proceso de disolución después de que una compañía israelí rechazara la oferta para comprarla y reflotarla. Al concurso sólo se ha presentado esta empresa, que sustituirá a la compañía de seguridad que está en disolución y que tiene en la actualidad 180 empleados en el suburbano.

La dirección del Metro podría adjudicar el servicio de forma directa, sin concurso, debido a la situación de crisis que atraviesa la empresa. Segur Ibérica tenía en la actualidad 180 vigilantes en Metro. Sin embargo, la compañía llamó a las dos principales empresas del sector y a dos de las que ya trabajan en la red para adjudicar este servicio en un concursillo. El objetivo era que la adjudicación fuera más transparente. Las elegidas fueron Prosegur, Seguridad, Eulen y Ombuds.

La convocatoria salió el pasado jueves, pero no se presentó ninguna de las empresas invitadas. Una de las razones, según explicaron fuentes que conocen la situación, es que se trata de una concesión para tan sólo unos meses hasta la adjudicación del macro-contrato de 300 millones de euros. Tras no presentarse ninguna empresa, Metro amplió el plazo para presentar ofertas hasta el pasado lunes a las 13 horas. Finalmente presentó la documentación sólo Ombuds, que será la que operará el servicio.

Fuentes del Metro indicaron que el macro concurso de los 300 millones de euros estará fallado el 1 de noviembre después de un primer retraso de tres meses. Otras fuentes indicaron que quizá se retrase algo más para estar en funcionamiento a primeros del año 2018.

Revisar las redes sociales de los empleados, ahora es necesario el consentimiento

La UE ha aprobado recientemente una regulación (PDF) de los derechos a la privacidad en los empleos que obliga a las empresas a requerir el consentimiento de los empleados a la hora de revisar sus redes sociales. Y esto afecta también a los procesos de selección cuando se están buscando candidatos para cubrir una vacante.


En este caso si se quiere revisar las redes sociales para obtener más información sobre los candidatos es necesario requerir el consentimiento previo de los mismos. Igual ocurre si para asegurarnos del cumplimiento de determinadas cláusulas contractuales, como la no competencia, revisan su actividad en las redes sociales, incluso aunque sean profesionales tipo Linkedin.

Tampoco se puede requerir a los empleados quepermitan el acceso si no lo desean, si tienen sus redes privadas, ni tampoco que acepten a alguien como amigo para que pueda acceder a dichos datos. Además siempre se tienen que utilizar medios en proporción al fin que se pretende conseguir. En este caso, no se puede estar monitorizando permanentemente, sino que el control tiene que ser más aleatorio o cuando existen ya ciertas sospechas. Lo mismo se podría decir del tráfico de datos que se realiza desde el puesto de trabajo y las comunicaciones en las empresas, como puede ser correo electrónico o mensajería instantánea. En el caso del BYOD, donde el dispositivo pertenece al empleado, las empresas podrán incorporar sistemas para prevenir el robo de datos o que la transferencia entre dicho dispositivo y la empresa se realiza con las debidas garantías, como una VPN.

Aquí también entran en juego la recogida de datos cuando tenemos un smartphone de la empresa o un vehículo, como podría ser el caso de la localización o el uso que se hace del mismo. Las empresas están obligadas a informar que existe dicho localizador y que se están recogiendo datos del mismo. La legislación entrará en vigor en mayo de 2018 y aunque parece muy garantista con los trabajadores, lo cierto es que luego no es tan sencillo cumplirla. ¿Estarías dispuesto a perder la oportunidad de un trabajo por no dejar acceso a que el reclutador revise tu actividad en las redes sociales? ¿Hasta que punto se puede negar el acceso a alguien de tu empresa sin que haya consecuecias? Una cosa es lo que diga la ley y otra diferente la práctica real.

19 de julio de 2017

CÓRDOBA: Securitas condenada a readmitir a un trabajador después de una excedencia.

CSIF gana un juicio a Securitas por negarse a reincorporar a un trabajador en excedencia.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba, a través de su Asesoría Jurídica, comunicó ayer que ha ganado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 Córdoba en la que se atendía la demanda presentada "contra la decisión unilateral de la empresa Securitas Seguridad España de no conceder a un trabajador, afiliado a la central sindical, la reincorporación a su puesto de trabajo después de una excedencia voluntaria, una vez efectuado los trámites legalmente establecidos por parte del empleado".

El responsable del Área de Seguridad Privada, Rafael Fernández, manifestó ayer que, "transcurrido el plazo por el que se concedió la excedencia y solicitando el reingreso en tiempo y forma", la entidad Securitas Seguridad España "no accedió a la restauración de los efectos plenos del contrato por considerar no tener vacante en las condiciones profesionales del excedente, y de su categoría profesional, con lo cual, se interpuso demanda de derecho por parte del trabajador", dándose la circunstancia de que "en la vista oral el presidente del comité de empresa fue llamado como testigo por parte de la compañía". Fernández informó de que en la sentencia se recoge que Securitas "realizó un total de 272 contrataciones en la categoría del demandante desde que éste solicitó el reingreso en la empresa al 5 de mayo de este año".

Ante estos hechos, el juez declaró "impensable que ninguno de esos 272 contratos se hubiera ajustado a las circunstancias del demandante, por lo que considera que no está justificada la negativa de la compañía a aceptar el regreso de esta persona a su puesto de trabajo". En consecuencia, CSIF insta a la empresa a cumplir "en el plazo más breve posible" la resolución.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS: Instan a Defensa a que rescinda su contrato con Marsegur

La diputada de Podemos en el Congreso Carmen Valido ha instado hoy a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a rescindir el contrato que mantiene su Ministerio con la empresa de seguridad privada Marsegur, cuya propiedad atribuye al empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

Con motivo de la visita que efectúa Cospedal a instalaciones militares en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, Valido ha pedido a la ministra que se rescinda el citado contrato con la empresa encargada de la vigilancia de los acuartelamientos, después de que el Gobierno del PP lo sacara a concurso. Según Valido, Marsegur "tomó el relevo de Seguridad Integral Canaria -propiedad de Ramírez- con una oferta todavía más baja que la anterior", lo que repercute en sus trabajadores, que se encuentran en unas condiciones laborales "precarias", que han denunciado en dos ocasiones, logrando en ambas que la Justicia anule su convenio por no ajustarse al estatal.

La última sentencia, "más dura todavía que la primera", reprocha "a Marsegur su reincidencia y el contumaz incumplimiento de la legalidad", indica la parlamentaria de Podemos. Por ello, Valido considera "intolerable y una muestra del falso patriotismo de este Gobierno" que Marsegur continúe velando por la seguridad de unas instalaciones altamente sensibles, ya que se encuentran en un nivel 4 de alerta por amenaza terrorista. Según la diputada, los 96 trabajadores de esa empresa en Las Palmas y los 20 de Tenerife llevan varios meses sin cobrar.

Para Valido, es "insólito" que la Administración siga contratando con un empresario que tiene múltiples causas en los juzgados de los Social y que además cuenta con una tercera empresa de seguridad que "todavía paga menos que las dos anteriores y con la que sigue pirateando el mercado, porque las otras no pueden competir con unas condiciones laborales dignas". EFE

CÁDIZ: Siguen las movilizaciones de la plantilla de seguridad en Navantia

La plantilla de seguridad industrial de Navantia se moviliza

UGT denuncia la precaria situación de los vigilantes, que a los que se les deben entre 3.500 y 4.000 euros 

Trabajadores de la seguridad industrial que prestan sus servicios a Navantia a través de la empresa auxiliar Segur Ibérica se han movilizado esta mañana para reivindicar el pago de las nóminas y pagas extraordinarias. Desde UGT-Navantia se ha recordado que la situación en que se encuentran estos trabajadores "sigue sin mejorar". "La anterior concesionaria, Segur Ibérica, sigue sin hacer efectivo los pagos de la nómina de junio, paga extra de julio y la liquidación por ser subrogado que esto conlleva la parte proporcional de la paga de Navidad y de beneficio, así como los pluses y horas extraordinarias realizadas. Esto puede suponer una media de 3.500 a 4.000 euros que se debe a los trabajadores", explica. 

Este problema afecta a toda la plantilla de vigilantes de Navantia existiendo unos 80 trabajadores en la Bahía y unos 200 en toda la empresa. Segur Ibérica entró en concurso de acreedores el 22 de diciembre de 2016, siendo dirigida desde entonces por un administrador concursar. Ya desde ese momento comenzaron los problemas para esta plantilla de profesionales de la seguridad que llevan desde agosto de 1994 encargándose de esta labor en nuestra empresa de una forma ejemplar. UGT afirma no entender que si Navantia ha efectuado los pagos no se abone en primer lugar los salarios de los trabajadores. Por ello, exige a Navantia que si aún debe abonar algún concepto a Segur Ibérica "le retraiga estas cantidades y lo abone directamente".

Así mismo, aboga por que el nuevo presidente de Navantia "depure algún tipo de responsabilidad si la hubiera" entre los responsables de la empresa ya que considera que esta situación se podía haber previsto, y por lo tanto solucionado, debido a que la mala coyuntura de Segur Ibérica "arrastra de largo". "Al final ha sido como el cuento del lobo donde se ha estado avisando !que viene el lobo¡ pero nadie ha hecho nada", sostiene en un comunicado.

El convenio de los vigilantes ‘low cost’ que contrata la Administración es ilegal


La Audiencia Nacional anula el convenio colectivo de Sinergias, empresa de seguridad que paga 700 euros a sus trabajadores


La Audiencia Nacional acaba de anular el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una empresa muy conocida en el sector de la seguridad privada por pagar sueldos justo en el límite del salario mínimo interprofesional y que en los últimos meses se ha hecho con varios concursos en la Administración pública ofreciendo las ofertas más bajas.

La sentencia, del pasado 10 de julio, afirma que las "irregularidades" del convenio "conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar". La demanda fue presentada por UGT, y posteriormente se adhirió USO. Poco a poco los tribunales van anulando los convenios de este tipo de empresas de seguridad low cost, igual que ha pasado con los de otra cincuentena de multiservicios. Estas compañías pactan convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata.

Sinergias se ha hecho un hueco en la Administración ofreciendo las ofertas más baratas en las licitaciones. El propio Ministerio de Empleo ha contratado recientemente los servicios de Sinergias, que ahora se encarga de la seguridad de la sede del Fogasa y de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que gestiona este ministerio. También se ha hecho con el de la sede del Boletín Oficial del Estado y con servicios de vigilancia de otras administraciones regionales y locales.

El contrato de los CAR, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridadlow cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado. El sector de la seguridad vincula a Sinergias, y a otras firmas similares, con el polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Así lo hacen representantes sindicales de UGT y CC OO. Ramírez no figura en la empresa como administrador ni como accionista. El único vínculo formal de Ramírez es a través de una pequeña patronal, llamada Acosepri e integrada únicamente por cuatro empresas, de una de las cuales es accionista el empresario.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya actuó en mayo pasado contra Sinergias. El Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía una denuncia en la que consideraba que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social porque estaba aplicando un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las que debía. El convenio colectivo de Sinergias reducía en más de un 90% los pluses de nocturnidad y de días festivos. El sueldo base era de 660 euros, por lo que solo superaba el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rondaba los 900 euros. Este diario intentó, sin éxito, contactar con algún responsable de Sinergias.

"Probablemente Sinergias recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del convenio, como hizo Marsegur. En cuanto le anulen el convenio, a los precios que va, no va a poder pagar los salarios. Y ahí va a empezar a tener problemas", señala Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). Este sindicato está pidiendo a la Administración que rescinda los contratos con estas empresas y vigila las próximas adjudicaciones: "No se les puede seguir dando contratos a estas empresas cuando se sabe que no van a cumplir, no solo con los trabajadores sino con el cliente".

18 de julio de 2017

Fracasa el nuevo intento de negociar un convenio de Seguridad en Euskadi, al negarse a participar la patronal

Los representantes de Seguridad de UGT-Euskadi han acudido esta mañana a la reunión convocada por ELA y CCOO, en el CRL, para negociar un convenio de Euskadi y, de nuevo, este intento "ha vuelto a fracasar, porque la patronal no está dispuesta a participar en una mesa de negociación vasca".

En un comunicado, UGT ha denunciado la renuncia de ELA a defender a los trabajadores de Seguridad, "ocultándose tras sus intentos baldíos de negociar un convenio vasco", y negándose a participar en la mesa de negociación estatal, por el que se aplican las condiciones laborales de los 5.000 trabajadores de la Seguridad Privada.

El responsable del sector de Seguridad Privada de UGT-Euskadi, Isidro Campo, ha advertido de que ELA "no está haciendo nada por los trabajadores de Seguridad Privada, dado que -cómo ha hecho a lo largo de más de 30 años- sigue sin presentarse en la mesa de negociación colectiva del acuerdo estatal, el único que tienen estos trabajadores". Asimismo, ha recordado que desde hace 30 años, ELA sigue intentando un convenio de Euskadi, "a sabiendas de que es un esfuerzo estéril, dado que la representación empresarial sigue negándose a constituir esa mesa negociadora". "Se trata de un engaño a los trabajadores de que obtendrían mejores condiciones, pero no es así porque no hay patronal con la que negociar", ha destacado.

En su intervención en la reunión de este martes, el representante de UGT ha manifestado que esta postura patronal no es nueva, confirma que la negociación del convenio estatal sectorial está abierta y está siendo "muy complicada, pero ello no es óbice para que se dé la oportunidad de abrir nuevos ámbitos de negociación".

FERROL: Los vigilantes de Segur Ibérica en Navantia avisan de más presiones

Los vigilantes de Segur Ibérica en Navantia amenazaron ayer con realizar medidas de presión si antes del jueves no obtienen una solución para el abono de los salarios pendientes, que cifran en unos 100.000 euros.

Por la mañana realizaron una asamblea informativa a las puertas del Arsenal en la que tomaron la decisión de manifestarse desde las 13.00 horas hasta las 15.00 horas. Con esta medida pretenden presionar a Segur Ibérica para que les pague los salarios adeudados, aunque dan de plazo hasta el jueves para obtener una respuesta de la empresa. De este modo, si antes del jueves no logran una solución a su deuda salarial, anunciaron que aumentarán las medidas de presión, que tomarán en otra asamblea de trabajadores.

USO ya reclamó una solución para los vigilantes del astillero de Navantia, en Ferrol, a los que Segur Ibérica adeuda “más de 100.000 euros”. De acuerdo a un comunicado emitido por el sindicato, el servicio de seguridad de Navantia es prestado por Prosegur desde el pasado 1 de julio, ante la “inminente” liquidación de Segur Ibérica, empresa que adeuda más de 100.000 euros en salarios a los empleados del astillero. Según indicó, esta cantidad se correspondería con dos pagas y los finiquitos de los trabajadores de esta empresa, que, además, mantiene otros contratos de prestación de servicios con el Ayuntamiento de Ferrol.

Como señaló USO, el consistorio departamental “es el único cliente de Segur Ibérica en Galicia” y, por el momento, “no cuenta con otra empresa para sustituirla”. En este sentido, el secretario de organización Estatal de FTSP-USO, Iván Blanco, criticó al gobierno local, al que alerta que “se queda sin tiempo” para encontrar un servicio de seguridad para el recinto ferial de FIMO y el centro comercial Porta Nova. Asimismo, acusó al ayuntamiento ferrolano de “arrastrar durante meses” lo que “parece un problema político” que “están pagando los trabajadores” y señaló que, en la ciudad, además de Navantia, la Universidad también decidió rescindir el contrato con Segur Ibérica al ser conocedores de la situación que atravesaba la compañía. La administración concursal del Grupo Segur Ibérica ha comenzando la liquidación “pura y dura” de la empresa después que I-Sec retirara su oferta de compra por las Unidades Productivas de vigilancia y seguridad del grupo por “problemas para conseguir la financiación necesaria”.

Según el secretario de negociación de CCOO, Daniel Barragán, el plan para liquidar la compañía está “en movimiento” y se están vendido “uno a uno” todos los servicios a otras empresas. Barragán señaló que la administración concursal informó del estado actual de la compañía al sindicato.

MADRID: El Sindicato Nacional de Trabajadores y Progreso Sindical tira adelante con la huelga de Metro Y Renfe


CASTILLA LA MANCHA: Complicada situación para los vigilantes de la Junta, ante los impagos reiterados de nóminas


La Junta podría resolver la próxima semana el contrato con la adjudicataria

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que pedirá autorización al Consejo de Gobierno en su reunión de la próxima semana para proceder a resolver el contrato con la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del servicio de Seguridad Privada en los edificios de la Junta, tras varios meses sin cobrar lo estipulado por convenio.

Así lo ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa en Cuenca, donde ha asegurado que ya cuenta con "todos los informes" necesarios que "avalan que el comportamiento de la Junta es el adecuado", añadiendo que se debe exigir a las empresas que forman la UTE --Cyrasa y Sinergias de Seguridad y Vigilancia-- que "paguen a sus trabajadores de acuerdo con los convenios a nivel estatal".

"Este consejero se ha comprometido en privado, en público y en sede parlamentaria a que si consideraba que hubiera alguna merma en las condiciones de los trabajadores actuaríamos, y estamos cumpliendo a los ritmos que propusimos, que no son otros que los que marca la legislación", ha defendido. El pasado mes, una de las empresas que forman la UTE --Cyrasa-- se desmarcó de este incumplimiento, culpando a la otra entidad de los problemas con los pagos de los trabajadores.