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26 de septiembre de 2016

Fallo del premio a los Valores Humanos de la Fundación Policía Española 2016

Resultado de imagen de fundacion policia españolaEl 21 de septiembre se reunió el jurado para valorar las candidaturas presentadas al Premio Fundación Policía Española a los Valores Humanos, resolviendo conceder ex aequo el correspondiente a 2016:

- Al policía nacional D. Luis Ángel Carnero Iglesias, a propuesta del Jefe Superior de Policía de Castilla y León, D. Manuel Javier Peña Echevarría, por su valiente actuación al salvar la vida de una mujer que se había lanzado al río Pisuerga desde el puente de Isabel la Católica. El policía se despojó de su uniformidad logrando llegar al punto en que se encontraba junto con otro joven que también se había tirado a rescatarla, procediendo entre ambos a salvar a la víctima trasladándola a la orilla, la mujer se encontraba inconsciente y un segundo policía le efectuó una maniobra cardiorespiratoria, logrando que la mujer recuperara la consciencia.

- Al policía nacional D. Gabriel Muñoz Viñuela, a propuesta del Jefe Superior de Islas Baleares, D. Antonio Emilio Jarabo de la Peña, por su valiente actuación estando libre de servicio, salvó a dos niños de 7 y 10 años que se encontraban en la playa de Son Serra de Marina, habiendo un fuerte oleaje en el mar y no podían regresar a tierra. Primero rescató a la niña y a continuación regresó a por el hermano.
El jurado ha estado formado por las siguientes personas:

- D. Carlos Conde Duque, patrono de la Fundación Policía Española, en representación del presidente de la Fundación.
- D. Manuel Correa Gamero, patrono de la Fundación Policía Española.
- D. Félix Simón Romero, patrono de la Fundación Policía Española
- D. Antonio Rodríguez Martín, subdirector general de Recursos Humanos, en representación de la Junta de Gobierno.
- D. José Manuel Pérez Pérez, subdirector general del Gabinete Técnico, en representación de la Junta de Gobierno.
- D. Mario Hernández Lores, director gerente de la Fundación Policía Española, como secretario.

La entrega del premio se realizará el próximo día 28 en el Salón de Actos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, a las 19:00 horas, dentro de los actos centrales de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía.



El fallo del Madrid Arena se conocerá este martes, cuatro años después de tragedia

La Audiencia Provincial de Madrid notificará este martes a todas las partes la sentencia del denominado caso Madrid Arena, cuatro años después de la tragedia en la que murieron cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012. Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid ha citado a los quince acusados a las 12.00 horas para firmar y recoger en mano el fallo del tribunal.

Los procesados podrán estar acompañados de sus abogados y procuradores, si bien tendrán que ser los acusados los que firmen. Quienes si podrán designar un representante legal para recoger el fallo serán los cuatro responsables civiles (Zurich, AIG, Mapfre e Hiscox) y los cinco subsidiarios (Ayuntamiento de Madrid, la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, la promotora del evento Diviertt y las compañías de seguridad Seguriber y Kontrol 34). Asimismo, deberán personarse los representantes legales de las siete acusaciones particulares y las dos acusaciones populares, aunque el sindicato Manos Limpias fue apartada del procedimiento tras ausentarse del juicio y no formular su escrito de conclusiones.

No se descarta que a la sede de las secciones penales de la Audiencia de Madrid acudan familiares de las cinco jóvenes que perdieron la vida en la fatídica fiesta de Halloween, como hicieron cuando asistieron a algunas sesiones de la vista oral. Fueron un total de 49 sesiones en las que el tribunal, presidido por la magistrada Luisa Aparicio Carril, escuchó las declaraciones de hasta 141 testigos, una cifra insólita en los juicios desarrollados en los últimos años en Madrid, y visionó decenas de grabaciones que daban cuenta de la angustia y el horror que se vivió aquella noche en el pabellón.

La sentencia llega para aclarar las circunstancias en las que murieron Belén Langdom, Cristina Arce, Rocío Oña, Katia Esteban y María Teresa Alonso y para depurar la responsabilidades penales de los quince acusados por la tragedia. Pero también para esclarecer si hubo sobreaforo, cuales fueron las causas del cierre de las salidas de emergencias, porqué no había nadie en el control de cámaras cuando se produjeron los hechos, cuales fueron los fallos de seguridad, porqué entraron tantos menores a la fiesta y quien dio la orden de aliviar la requisa y abrir el portón de carga por el que se colaron centenares de personas procedentes del macrobotellón exterior.

El Ministerio Fiscal pide cuatro años de cárcel para el principal acusado, el promotor del evento Miguel Ángel Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis delitos de lesiones por imprudencia grave; y un año y seis meses de prisión para los jefes del equipo médico, Simón y Carlos Viñals por un homicidio por imprudencia grave a cada uno de ellos. Asimismo, el Ministerio Público solicita tres años de prisión para el director de departamento de seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, Francisco del Amo; y los jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde. Y también para el vigilante de seguridad Roberto Mateos; y los socios de Control 34 Carlos Manzanares y Emilio Beillard.

Mientras que pide dos años y seis meses para el director general y número 2 de Diviertt, Santiago Rojo; el jefe de personal y número 3 de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo; y el jefe de equipo de Seguriber durante la fiesta, Jose Antonio Díaz Romero. La Fiscalía retiró la acusación contra el técnico de operaciones de Madrided, José Ruiz Ayuso, y no formuló acusación contra el que fuera máximo responsable de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, aunque las acusaciones han mantenido la pena contra él de tres años de prisión, como también han hecho con Ayuso. Además, la Fiscalía reclama indemnizaciones para las familias de las víctimas que oscilan entre los 343.700 y 243.600 euros.

Robots armados empiezan a patrullar en uno de los mayores aeropuertos de China

Su función primaria es la de actuar como cámara de seguridad, pero cuenta con un brazo en su parte inferior capaz de soltar descargas eléctricas. También es capaz de buscar explosivos, armas y estupefacientes, y su precio por unidad ronda los 13.300 euros.

El aeropuerto de la ciudad meridional china de Shenzhen, vecina a Hong Kong y una de las que tienen mayor tráfico aéreo en el país, ha puesto a patrullar robots en una de sus terminales, uno de los primeros lugares públicos en China en contar con guardianes automatizados. Según el oficial Diario del Pueblo, estos aparatos, llamados Anbot (“an” significa “seguridad” en chino), tienen un aspecto ovoidal y no demasiado humanoide, que recuerda más al R2D2 de la Guerra de las Galaxias o al Dalek de la serie Doctor Who. Su “cara” dispone de una pantalla digital y una cámara de alta definición capaz de tomar imágenes de los viajeros para ser analizadas.

Su función es por tanto, y de momento, muy similar a la de una cámara de seguridad, sólo que con mayor movilidad -puede desplazarse a una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora- y está dotado además de un “arma” de defensa (un brazo en su parte inferior capaz de soltar descargas eléctricas para reducir potenciales enemigos). El Anbot fue desarrollado por una universidad china ligada al Ejército en la ciudad central de Changsha, y también quiere ser utilizado como vigilante en escuelas y bancos. También es capaz de buscar explosivos, armas y estupefacientes, y su precio por unidad ronda los 100.000 yuanes (13.300 euros, 15.000 dólares).

25 de septiembre de 2016

Al CSIF no le gusta que la seguridad privada tenga presencia en los centros penitenciarios


INTENTO DE BOICOT DEL CSIF A LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD

Nos hacemos eco de un artículo destacado por los compañeros de SPV en Prosegur. VER AQUÍ

De nuevo el CSIF se pone en contra de nuestra profesión y puestos de trabajo, dándole más importancia a la defensa de los funcionarios que a los trabajadores de la seguridad privada. Una maniobra lamentable, dado el alto número de afiliaciones que tiene este sindicato en el sector de la seguridad privada.

Parece que no nos acabamos de enterar los que trabajamos en la seguridad privada: el CSIF es sobre todo una organización sindical de funcionarios, y siempre antepondrán sus intereses como colectivo, no dudando en machacar a otros sectores que pongan en entredicho el estatus de privilegio que tienen los funcionarios dentro del mundo laboral. Un nuevo ejemplo -otro más- es la publicación de un artículo en su página web criticando duramente la presencia de la seguridad privada en las cárceles Ver artículo de CSIF AQUÍ. Queda claro que los funcionarios no nos quieren a los vigilantes trabajando con ellos, y que harán todo lo posible por echarnos de allí.

Nos quieren dejar sin estos puestos de trabajo y luego dicen de la forma más hipócrita posible que se solidarizan y que sienten la precariedad que sufre nuestra profesión. Cuatro cursos y cuatro llaveros no puede tapar la realidad de las cosas. A este sindicato solo le interesa nuestras afiliaciones y delegados, pero a la hora de la verdad siempre aparece su verdadera identidad y motivación: la defensa del gremio del funcionariado y la perpetuación de sus privilegios.

Ahora son los compañeros que están haciendo una dignísima labor en el perímetro de los centros penitenciarios los que sobran, mañana quién sabe. Lo mismo le dan por decir a estos señores que los vigilantes de seguridad no pueden prestar servicio en los edificios de las distintas administraciones públicas, y que les corresponde a ellos como funcionarios ocupar esos puestos. ¿que pensarán de todo esto los compañeros vigilantes de seguridad afiliados al CSIF?

MADRID: PSOE denuncia la situacion de los trabajadores de Sinergias de Seguridad tras la bajada del 40% de sus salarios


24 de septiembre de 2016

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) cambia el uniforme de sus vigilantes de seguridad

Los vigilantes de seguridad de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) visten desde este lunes un nuevo uniforme. Este cambio permite unificar y homogeneizar la vestimenta de todos los guardias que trabajan en la red de Ferrocarriles, independientemente de la empresa contratada, y modernizar y mejorar los tejidos de las prendas de ropa, buscando la funcionalidad y la adaptabilidad de las piezas a las tareas diarias de los agentes.

La nueva vestimenta consta de una gorra, una camiseta con chaleco reflectante integrada, pantalón multi bolsillos, cinturón operativo, botas tácticas y una bolsa táctica ligada a la pierna. El nuevo equipamiento incorpora un sistema de geolocalización que, mediante la determinación de la posición geográfica de un dispositivo móvil, facilita la gestión operativa y la reacción en las tareas de seguridad, además de mejorar la protección de los vigilantes.

Un mejor servicio al cliente El cambio en los uniformes implica a todos los vigilantes de seguridad que realizan servicio a las líneas Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia, Lleida-La Pobla, a la explotación de Montserrat y en las dependencias operativas de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (oficinas corporativas, Centro Operativo de Rubí y los talleres de Martorell).

Este cambio forma parte del conjunto de acciones del Nuevo Modelo de Seguridad aplicado a FGC desde el año 2015, un modelo que quiere mejorar la capacidad de respuesta de los vigilantes, obtener una mayor resolución de incidencias, reducir los actos incívicos y alcanzar una mejor atención al cliente en incidencias de seguridad.

La primera fuerza de seguridad es privada: ya hay más vigilantes de seguridad que guardias civiles

Las compañías de seguridad privada lograron en 2015 que sus plantillas superen por primera vez en número a la Guardia Civil gracias a la crisis y a la nueva ley del sector

La patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser) ha lamentado en su balance de 2015 que la facturación del sector solo aumentara el pasado año un 2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% que creció la economía durante esos mismos 12 meses. Pero lo que Aproser no ha destacado es que su negocio alcanzó un hito que dibuja un nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional. Los vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de seguridad más numerosa de España, superando por primera vez en número de efectivos a la Guardia Civil. A laPolicía Nacional ya la superaron hace años.

La cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El número de vigilantes privados en activo subió de los 75.628 que había en 2014 a los 78.200 de 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero suficiente para rebasar en agentes a la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este diario, el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo contempla una dotación de 83.220 empleados. Sin embargo, no todas las plazas están ocupadas y en esa cifra también se incluyen efectivos en la reserva. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de este año revela que, en realidad, la Guardia Civil contaba al cierre de 2015 con apenas 75.544 funcionarios en activo. El mismo documento señala que, el 31 de diciembre de 2014, la plantilla real del Instituto Armado era de 76.596 agentes. Es decir, que mientras que el número de agentes privados de seguridad no deja de crecer, la dotación de guardias civiles está en plena contracción.

El descenso del número de agentes de la Guardia Civil se explica sobre todo por la drástica reducción de las ofertas de empleo público para acceso al cuerpo. Entre 2010 y 2014, Hacienda autorizó convocatorias de únicamente el 10% de la tasa de reposición del cuerpo, es decir, que solo uno de cada 10 agentes que dejaron la Guardia Civil por voluntad propia, jubilación o fallecimiento fueron sustituidos por otro funcionario. En 2015, la convocatoria aumentó hasta el 50% de la tasa de reposición y 2016 es el primer año desde 2009 en el que salen a concurso vacantes suficientes para cubrir todas las bajas. Pero ni esos agentes se han incorporado todavía ni, cuando lo hagan, podrán revertir el descenso sufrido durante los años más duros de la crisis.

La Policía Nacional ha afrontado la misma encrucijada. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 31 de diciembre de 2014 formaban parte de la plantilla de la Policía un total de 66.519 agentes. Un año después, su número había caído hasta los 65.741, casi 13.000 menos de los que trabajan en la seguridad privada. El motivo es nuevamente el recorte al mínimo de la convocatoria de plazas de ingreso en el cuerpo. Hasta 2016 no se ha convocado una oferta que permita cubrir el 100% de las bajas que sufre anualmente la institución.

El escenario de la seguridad privada es completamente distinto. Las cifras de la patronal de seguridad privada reflejan que, a pesar de la crisis económica, el sector está aprovechando la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y, por tanto, de capacidades de las Fuerzas de Seguridad, para ganar esas posiciones. Según su estadística, solo el 17% de su facturación procede de la Administración Pública y no ha habido ninguna variación en los últimos ejercicios en ese reparto de sus ingresos. Pero la compañías de seguridad han logrado que, en plena recesión, las empresas privadas se vean obligadas a mantener el 83% restante de su facturación para poder desarrollar en condiciones óptimas de seguridad su actividad económica.

23 de septiembre de 2016

Seguridad privada: incumplimientos e inspecciones

Empresas como Seguridad Integral Canaria contratan con la Administración pese a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social

La vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha utilizado las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa para ridiculizar a los diputados que se han puesto a su tarea, sin escudarse en la inexistencia de un nuevo gobierno para holgar. La “vice” buscaba ángulos jocosos entre las 60 solicitudes de comparecencia presentadas para que los miembros del Gobierno en funciones den las debidas explicaciones. De todas maneras, en momentos de desencanto como los actuales debe evitarse hacer tabla rasa indiscriminada y denostar a todos por igual. Conviene diferenciar entre quienes cardan la lana y quienes llevan la fama. Amanecerá, pero, entre tanto, los comportamientos inertes de algunos diputados deben separarse de los que caracterizan a quienes se aplican al ejercicio del control. El principio de que nada permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia se aplica todavía con más rigor para afirmar que todas las cuestiones cambian a partir del momento en que toman estado parlamentario.

En particular, el escrito de 15 de septiembre a la Mesa del Congreso de los Diputados, de Antonio Trevín, elegido por la circunscripción de Asturias, enfoca la situación de la seguridad privada en España, menciona su perfil polémico por ser considerado a veces una vía para eludir la prestación del servicio público y diferencia entre las empresas de indudable profesionalidad y las que han proliferado en los últimos años, poco respetuosas con los derechos de sus trabajadores e incumplidoras de sus obligaciones fiscales y tributarias. Es un hecho de observación general que sin estar al corriente de esos pagos contratar con las administraciones públicas resulta imposible. Pero esa imposibilidad se ha demostrado que en absoluto es cortapisa de existir la conexión adecuada cuando la gestión corresponde a gobiernos del Partido Popular.

El caso que relata el diputado Trevín es aún más agudo porque hay sentencias judiciales firmes que conllevarán el pronto ingreso en prisión de algunos de los dirigentes de las empresas aludidas y porque se han detectado extorsiones y amenazas contra responsables sindicales enfrentados a las empresas piratas y propulsores de actuaciones judiciales, en particular contra Seguridad Integral Canaria, al considerarla incursa en delitos referentes a la Seguridad Social y la Hacienda Pública. En consecuencia, el diputado pregunta en su escrito qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno para poner orden en el sector de la seguridad privada, cómo está garantizando la seguridad de las personas que han tenido el atrevimiento de ser denunciantes de comportamientos irregulares y cuántas inspecciones ha llevado a cabo el Ministerio del Interior para verificar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de 
las empresas de seguridad privada desde 2014 en adelante.

Indultos y contraindultos Bajando al detalle, asombran los contratos asignados a Seguridad Integral Canaria Ralons, para los que no han sido obstáculo las deudas con Hacienda y la Seguridad Social de su propietario Miguel Ángel Ramírez Alonso, ni tampoco el hecho de que esté condenado por delito medioambiental. Mientras, sigue sin explicarse que fuera indultado por el Gobierno, siendo Alberto Ruiz Gallardón ministro de Gracia y Justicia. Aunque su irregularidad era tal que el indulto fue anulado después por los tribunales. Como recordaba el periódico AHORA, entre los contratos citados en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 20 de marzo de 2014 figura uno de 11 millones de euros con Patrimonio Nacional. Algunos más implican al Ministerio de Defensa por importe de 32 millones de euros y al Metro de Madrid por importe de más de 12 millones de euros. ¿Hay alguien ahí competente para aportar las debidas explicaciones? Veremos.

La patronal APROSER destaca la recuperación del sector de la seguridad privada en el último ejercicio economico

En el ejercicio económico 2015, y tras varios años de una profunda crisis en el sector, la seguridad privada en España ha experimentado una incipiente recuperación, pero todavía menor que el porcentaje de crecimiento de la economía española en este mismo período.

La facturación total del sector alcanzó los 3.481millones de euros, y aunque todavía es inferior a la realizada en 2007, representa un incremento del 2,87% en términos interanuales. De ellos, 2.159 millones corresponden al segmento de vigilancia, lo que implica un incremento del 1,79%. El área de Sistemas y Alarmas facturó 1.026 millones, con un incremento del 5,45% con respecto al año anterior, en tanto que la actividad de Transporte de Fondos alcanzó una facturación total de 296 millones de euros, con un crecimiento del 2,23%.

Las previsiones de cierre para 2016, en un escenario estable, deberían mejorar levemente las cifras de 2015, si bien las diversas incertidumbres del entorno nacional e internacional podrían tener una incidencia negativa en las cifras finales. Por otra parte, según se desprende de la información publicada por las empresas del sector, los márgenes comerciales han seguido contrayéndose, reflejándose una nueva e importante disminución en relación con 2014. La procedencia del negocio no representa variaciones significativas con ejercicios precedentes, proviniendo del sector público un 17%, frente al 83% del sector privado. A su vez, la facturación de las Administraciones Públicas muestra que el 23% procede de la Administración Estatal, la Administración Autonómica aporta el 17%, la Administración Local el 10% y las empresas públicas el restante 50%.

En cuanto a los segmentos de demanda en vigilancia, destaca el sector de Industria y energía con un 17,9%, seguido de Comercio, con un 16,1%. A continuación, las infraestructuras de transporte, que agrupan un 13,8% del total, las Entidades financieras con un 12,5%, los servicios con un 12,3% y la vigilancia en Edificios e instalaciones de Organismos Públicos, con un 8,5%. El resto se reparte en Residencial, Salud, Educación y otros. Con un total de 1.534 empresas de seguridad privada, 1.305 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 197 por la Generalitat de Catalunya y 32 por el Gobierno Vasco. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la mayoría de ellas,un 82%, tienen menos de 50 trabajadores, lo que refleja la atomización del sector.

Los vigilantes de seguridad privada en activo son 78.200, lo que representa un incremento del 3,4%, casi el doble del de la facturación. De ellos, el 87% son hombres. La edad media del personal de seguridad es de 44 años, en tanto que la del personal en estructura es de 42 años. Todas las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y las de mayor antigüedad en el sector están asociadas a APROSER. En el nivel de formación predomina FP y Bachillerato con un 47%, seguido de la enseñanza obligatoria con un 45%. Licenciados y diplomados son un 4% en cada caso. La modalidad de contratación es, mayoritariamente, de carácter indefinido, con un 82%, muestra de la apuesta del sector por la estabilidad en el empleo, situándose la rotación del personal en un 15%.

Los principales problemas a los que sigue enfrentándose el sector son: la competencia desleal, el intrusismo, la escasa rentabilidad, los bajos precios de licitación (en particular de las Administraciones Públicas), la ausencia de responsabilidad subsidiaria y la inseguridad jurídica.

El sector de la seguridad privada en España en 2015. Cifras y Datos de la patronal APROSER