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15 de enero de 2017

¿Como era el mundo de la seguridad privada en los años 80?

La presencia de un vigilante de seguridad privada, ya sea en un centro hospitalario o en una oficina bancaria, forma parte de la normalidad desde hace ya bastantes años. No era así en 1980, sin embargo, cuando Enrique Rivera Fernández (Santa Cruz de Arrabaldo, 1944) empezó a patrullar el recinto del polígono de San Cibrao das Viñas en Orense, uniformado, con porra, esposas y revólver de cachas blancas al cinto.

Lo había contratado el fallecido José Posada, entonces dirigente de la asociación empresarial. «Negar que en el primer momento suscitó recelos mi presencia, sobre todo dentro del propio polígono, sería absurdo. Pronto empecé a percibir, sin embargo, una clara corriente de simpatía y reconocimiento a mi trabajo», dice Rivera, genio y figura, a quien el fútbol había dado ya entonces una creciente popularidad. De aquella etapa de su vida recuerda especialmente las cinco temporadas en las que, de forma habitual, acompañaba como juez de línea al árbitro Raúl García de Loza. Era la época de los Gordillo, Schuster, o Hugo Sánchez. Se confiesa colchonero, pero ello no le impedía, según aclara, «actuar con total imparcialidad e independencia». Siempre con la ley y la norma por delante, añade.

En el polígono fue distinto. La autoridad la llevaba puesta. El uniforme le daba un aire distinto. No vestía pantalones cortos. Y poco a poco se fue haciendo con la situación. Su experiencia era el fútbol. Cuando le plantearon la posibilidad de hacerse cargo de la vigilancia de la primera zona industrial de la provincial, le advirtieron que debería hacer los cursos que necesitara para poder actuar dentro de la legalidad. Hizo lo exigido. En un primer momento se empleó a título particular. Posteriormente, se integró como empleado en Securitas, una de las firmas principales del sector de la seguridad privada. Allí se jubiló después de treinta años de actividad.

Disparos no llegó a haber durante aquellos años, pero alguna que otra situación de riesgo le toco vivir. De todas salió indemne. Pasa de puntillas sobre la actividad propiamente dicha, aunque resalta que, sobre todo en los primeros años, trabajo no faltaba. «Había mucho que limpiar», recuerda. Hizo lo que debía. «En coche, o a pie, todos los días iba de aquí para allá para controlar todas las zonas oscuras del polígono. Ver las calles limpias era lo que me daba tranquilidad», dice Rivera, que hubo de lidiar con la entrada de las primeras bandas de delincuentes procedentes de países del este europeo, cuya presencia era más difícil de camuflar en un entorno distinto al que encontró, del que habían desaparecido los coches hasta su llegada habituales, ocupados, sin luces y aparcados a deshora en las zonas peor iluminadas.

Entre 1980 y el 2010 cambió totalmente el escenario. Y el papel de la seguridad privada. Él, en cualquier caso, supo mantener en todo momento una excelente relación con las fuerzas de seguridad, igual en los primeros momentos, cuando la seguridad privada era casi una anécdota, una actividad que apenas pasaba de la custodia de los furgones blindados de transporte de dinero o de explosivos, como más recientemente, con un crecimiento espectacular y una normativa que cada día concede más competencias a este sector e impone más obligaciones a las empresas.

FERROL: Los sindicatos urgen al Concello a que rescinda el contrato a Segur Ibérica

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera vienen denunciando en los últimos días el “inmovilismo del gobierno local” ante los impagos que sufren los vigilantes de FIMO y el centro comercial Porta Nova, ambos de gestión pública.


La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera vienen denunciando en los últimos días el “inmovilismo del gobierno local” ante los impagos que sufren los vigilantes de FIMO y el centro comercial Porta Nova, ambos de gestión pública. La empresa que presta este servicio, Segur Ibérica, entró en concurso de acreedores el pasado mes de noviembre y desde entonces los diez empleados que trabajan en estas instalaciones no han percibido sus salarios.

El consistorio entró la pasada semana en conversaciones con el administrador único de la empresa, la firma Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, pero, según los sindicatos, todavía no se ha llegado a una solución para esta problemática.  El secretario de organización de la federación de seguridad de USO, Iván Blanco, califica de “inmovilismo y pasotismo la posición del gobierno ante la crítica situación en la que se encuentran estos trabajadores”, a los que ya se les adeudan tres nóminas. Blanco recrimina a los responsables locales por “no actuar con la responsabilidad debida” y apurar la contratación de otra empresa de seguridad para estas instalaciones municipales, rescindiendo de inmediato el contrato con Segur Ibérica por incumplir sus obligaciones.

Por ello, tras darse estas conversaciones entre el concejal del área, Álvaro Montes, y el administrador concursal, el sindicato traslada la “sensación de desgobierno” que existe en el consistorio ferrolano. Asimismo, explican que los intentos de los representantes sindicales por contactar con las partes ha sido “poco o nada fructífera”. Tras una reunión mantenida por los afectados y representantes sindicales esta misma semana, no descartan iniciar una serie de movilizaciones y protestas con el fin de que se agilicen estas negociaciones entre el consistorio y el administrador. 

CÓRDOBA: Efectivos del servicio de guardería del olivar evitan el robo de aceituna durante la pasada madrugada

Miembros de las patrullas de vigilancia privada contratadas por las cooperativas de Lucena detectaron en torno a las tres de la madrugada varios vehículos en una finca de olivar situada en el entorno del polígono industrial de Los Santos, dándose los ladrones a la fuga dejando atrás numerosos sacos de aceituna


Efectivos del servicio de guardería del olivar lograron evitar el robo de unos 7.000 kilos de aceituna durante la pasada madrugada. Miembros de las patrullas de vigilancia privada contratadas por las cooperativas de Lucena detectaron en torno a las tres de la madrugada varios vehículos en una finca de olivar situada en el entorno del polígono industrial de Los Santos, y a un grupo de personas que recogían aceituna aprovechando la claridad de la noche con luna llena. Tras apercibirse de la presencia de los guardas jurados, los ladrones se dieron a la fuga, dejando atrás la aceituna recolectada hasta ese momento y dispuesta ya en sacos para su transporte, así como los útiles utilizados para la recogida.

Se trata de uno de los primeros intentos de robo de la actual campaña olivarera. Como el pasado año, la guardería del olivar ha sido encomendada a la empresa Vigirul Seguridad, de Estepa, que inició las tareas sobre el campo lucentino en la segunda semana del mes de diciembre.

Según ha informado a LucenaHoy el presidente de la Cooperativa Olivarera Virgen de Araceli, Antonio Cañete, en la pasada campaña las cooperativas lucentinas destinaron a este programa de vigilancia privada más de 61.000 euros, a lo que hay que sumar el combustible de los vehículos utilizados para este fin. Una inversión importante, en la que participó la delegación municipal de Agricultura del Ayuntamiento de Lucena con 12.000 euros. Fruto del trabajo de las patrullas se logró la recuperación de más de 200.000 kilos de aceituna, con un valor de mercado muy superior al gasto realizado, y se colaboró con las fuerzas de seguridad en la detención de los autores de algunos de los robos frustrados.

Este año, el ayuntamiento de Lucena volverá a colaborar con los agricultores con la misma cantidad, y también se sumará el consistorio de la localidad vecina de Monturque, cuyos campos son también vigilados en el marco de este operativo, en el que resulta fundamental la colaboración de la Guardia Civil y los grupos ROCA trasladados a la zona y del resto de fuerzas de seguridad implicadas en el mismo.

14 de enero de 2017

MADRID: Un vigilante de seguridad, lanzado a las vías del Metro por unos grafiteros


Ha sufrido la fractura de una pierna y tiene diversas contusiones


Un vigilante de seguridad que se encontraba de servicio en la línea 1 de la estación de Metro de Pinar de Chamartín fue lanzado a la vía por dos grafiteros cuando emprendían la huida por el andén junto a tres “artistas urbanos” más.

Los hechos se produjeron en la mañana de este sábado cuando el empleado de seguridad fue avisado de la presencia de grafiteros en el túnel, e intentaba evitar que éstos pintaran los vagones allí estacionados. A pesar de la rápida intervención de una patrulla de vigilantes que acudió en ayuda de su compañero, éstos no pudieron evitar la brutal agresión hacia el mismo, aunque sí lograron detener a uno de los agresores.

El detenido fue puesto a disposición policial por los agentes de seguridad privada, a la vez que se facilitó la identificación de dos testigos presenciales. Una unidad móvil del Samur atendió al compañero herido en la estación que, tras su trasladado al Hospital Ramón y Cajal, presentafracturas de una pierna y contusiones varias. Éste es el enésimo incidente de este tipo que se han producido en los últimos meses en las dependencias del suburbano madrileño. El modus operandi de los mal llamados “artistas callejeros” nada tiene que ver con un supuesto arte pictórico ligado al hip-hop y se acerca más a un proceder delictivo lejano al de una tribu urbana.

Según ha manifestado un trabajador de este sector, "actúan comogrupos bien organizados, planifican sus ataques con importantes medios materiales y logísticos, y no evitan el enfrentamiento con los agentes de seguridad, y lo peor es que a los dos días de ser detenidos los vuelves a tener otra vez aquí”. Vozpópuli ya se hacía eco de este problema el pasado día 7 de enero a raíz un ataque producido en la estación de Barajas, de la Línea 8, después de haber accionado el freno de emergencia. Al coste económico que nos manifestaba la compañía entonces (borrar las pintadas le cuesta a la empresa un millón de euros) habría que añadirle el coste personal que esta última agresión deja entrever. Quizá sea necesaria una modificación legislativa que endurezca las sanciones sobre estos “artistas”, que permita ahorrar en ambos costes.

ALICANTE: Un menor grafitero apedrea y gasea a un vigilante de seguridad al pillarle in fraganti

Tras colarse y pintar un vagón del tranvía, el detenido y un amigo han obligado al vigilante a refugiarse y le han rociado con un extintor tras reventar la ventana

Un menor de 17 años ha sido detenido en Alicante tras pintar con grafitis uno de los vagones del tranvía (TRAM) y, al ser sorprendido in fraganti por un vigilante, apedrearlo junto con otro joven hasta obligarle a refugiarse en una oficina, y luego reventar con un extintor la ventana y rociarle con gas. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, le han arrestado por los delitos de daños y atentado a la autoridad, según ha informado la Comisaria Provincial en un comunicado.

Estos actos vandálicos se produjeron en torno a las cinco de la madrugada, cuando el menor accedió al recinto donde quedan estacionados los tranvías de la línea Alicante-Benidorm junto a otro joven saltando una valla perimetral y firmaron "con su seña de identidad" el graffiti. En ese momento fueron sorprendidos por el vigilante de seguridad, que les recriminó la actitud. Los jóvenes, lejos de cesar en su empeño, le arrojaron piedras y le obligaron a refugiarse en una oficina cerrada para no resultar herido. Una vez consiguieron encerrar al vigilante, los jóvenes utilizaron un extintor para reventar el cristal de la oficina donde se refugió el guardia para introducir la boquilla y rociarle con el contenido, creando una nube de gas en el interior que obligó al vigilante a salir del local para poder respirar.

La firma le delata La Brigada de Información es la encargada de investigar los actos de vandalismo, y en este caso concreto a los responsables de los graffitis. Los agentes lograron concretar la identidad del arrestado gracias a la firma de autoría, el denonimado 'TAG'. Se trata de una seña de identidad que utiliza siempre y que estampa en cualquier tipo de graffiti. El detenido era menor de edad en el momento de cometer los hechos, por lo que de todo lo actuado por la policía se ha dado cuenta a Fiscalía de Menores de Alicante.

De gerente a vigilante en paro

Es el nieto del torero de San Roque de Afuera. Así era conocido su abuelo, Rey Portas: «Emigró a Venezuela y cuando volvió contó que allí había sido torero». Y de ahí le viene el apodo ya que en dicho barrio, ahora en reconstrucción, «todos éramos conocidos por los apodos, no por los nombres». Actualmente el torero es su padre, Rey Barreiro, aunque nunca se haya puesto delante de un morlaco con un capote. Esto cuenta Carlos Manuel Rey Barbosa, casi al final de una conversación en la que va relatando cómo ha pasado de ser el gerente de una empresa de consultoría durante tres lustros a obtener, cuando tuvo que cerrar la misma, la habilitación para trabajar como vigilante de seguridad, aunque está en paro. Y todo eso a pesar de que hasta ahora a las pruebas para esta tarea no podían presentarse personas con más de 55 años de edad y Carlos ya había cumplido los 56.


«Estamos arruinados» «El primer paso es muy duro: tienes que decirle a la familia que estamos arruinados», evoca, relatando un proceso que entró en su punto crítico a finales del 2015 cuando cesó la actividad en la empresa de consultoría que tenía desde hacía 15 años. «Si no es por la familia no sé dónde estaría ahora», reconoce, antes de ir desgranando como «empiezas por llamar para decir que este mes no puedo pagar la hipoteca». Una hermana, «que no está aquí, vino para ver como estaban las cosas», después de que las llamadas a los responsables de empresas con las que había venido trabajando en los últimos años no dieran resultado. «Hay personas que me conocían de mi trabajo de gerente y cuando les decía esto les tuve que dejar claro que me servía cualquier trabajo, que no me importaba estar de reponedor», explica una persona que lo mismo gestionaba las normas de calidad ISO a un empresario de Vigo que vendía un buque mercante a un país africano que a los responsables de un parque eólico que necesitaban dicha acreditación. Es una tarea para la que aún lo llaman a veces, «pero es muy esporádico y no son los precios de antes».

Por el camino fue quedando su moto, que puso a la venta, lo mismo que el coche y objetos de valor. Tras iniciar una «búsqueda muy activa de trabajo, me aprendí el término», le apuntaron la posibilidad de prepararse para vigilante de seguridad. «Pedí un crédito de 700 euros para hacer el curso», recuerda. La primera prueba la tuvo que hacer en León -«hasta entonces había en A Coruña»-, fueron varios aspirantes y «nos quedamos los cuatro que íbamos en una habitación». Rey alude a la prueba de 400 metros, «en la que te dejan fuera por dos segundos», y la primera vez no logró acabarla. En otro de los intentos se puso nervioso y volvió a quedar fuera. Para las pruebas en las que aprobó llegó a alquilar el día anterior («el coste no llegaba a dos euros») el pabellón donde se iban a celebrar. Carlos cita a las personas que le han ayudado, desde la fisioterapeuta a la que tuvo que ir por una lesión al monitor del centro social de la Sagrada Familia donde entrena. En la prueba de 400 metros, «el mínimo estaba en 1, 45 y lo hice en 1,23», explica. La nota final, 6,75 sobre diez, le habilita para ser vigilante de seguridad. Solo le falta un trabajo.

Un colectivo de 242.789 profesionales Carlos Rey quiere empezar a trabajar cuanto antes. Tras superar las pruebas que hace la Policía Nacional, la relación de aprobados se publicó en el BOP y podía tramitar la obtención de la placa acreditativa. El plazo oficial son 20 días de espera y el real más de un mes. Eso gestionándolo en la ciudad. «Me dijeron que en Madrid me lo daban al momento», y allá se fue en diciembre, viajando en bus por la noche. Tras caminar tres horas estaba ante el funcionario que le entregó la placa con el número 242.789. «No hubo más pruebas, así que estos son los vigilantes que hay ahora en España», explica este tirador olímpico, que conoció a Jaime González Chas y forma parte de los equipos de la especialidad de As Pontes y Ferrol. Es algo que le ha servido en las pruebas para ser vigilante.

13 de enero de 2017

Así son las pruebas para trabajar como vigilante de seguridad o escolta privado

En 2017 las pruebas se realizarán en enero, febrero, abril y junio, que habilitan para el ejercicio de estas profesiones, previa expedición de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP).

El Gobierno, en concreto, la Secretaría de Estado de Seguridad, convoca cada año en varias ocasiones las pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y también para escolta privado. Como especifica la orden publicada en el BOE, el 13 de enero se cierra la primera convocatoria pero no tardará en abrirse la segunda, el próximo 27 de febrero, que finalizará el 8 de marzo. Le seguirá otra convocatoria que permanecerá abierta del 26 de abril al 5 de mayo y la última de este año tendrá lugar del 26 de junio al 5 de julio.

Hay cuatro convocatorias en enero, febrero, abril y junio Los interesados inscritos en alguna de estas cuatro convocatorias que sean seleccionados para realizar las pruebas y logren superarlas serán habilitados para ejercer las citadas profesiones del ámbito de la seguridad. Aunque, eso sí, para poder empezar a trabajar en este campo el Ministerio de Interior deberá emitirles primero la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), que tiene que solicitarse antes de los tres meses siguientes tras haber aprobado estas pruebas. Los candidatos deben cumplir unos requisitos generales como por ejemplo haber superado uno o varios cursos previos - dependiendo de cada caso – de vigilante de seguridad expedido por un centro de formación de seguridad privada y tener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) u otra equivalente o superior.

Los aspirantes deben ser mayores de edad y tener nacionalidad de algún Estado miembro de la Unión Europea, de un Estado que forme parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o proceder de otro país que tenga suscrito un convenio internacional con España según el cual se reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades profesionales. Además, los candidatos deben poseer la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, excepto en el caso de profesionales de seguridad pública y privada que ya estén en activo. Como requisito específico, los aspirantes a escolta privado deben llegar a una altura mínima de 1,70 cm en hombres y 1,65 cm en mujeres.

Entre otros requisitos generales se encuentra carecer de antecedentes penales y no haber sido condenado por intromisión ilegítima en la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. Quedarán excluidos de esta convocatoria aquellos que hayan sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave en materia de seguridad, respectivamente, así como aquellas personas separadas del servicio en Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en los dos últimos años.

Qué hacer para participar en este proceso de selección Para optar a la realización de estas pruebas de selección, los candidatos tienen que rellenar el modelo 790 a través de la página web de la Policía Nacional, pagar la tasa correspondiente y presentar el impreso de solicitud firmado y con validación de haber realizado el pago. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal correspondiente aprobará la lista de participantes convocados a estas pruebas, indicando la fecha de celebración y la sede asignadas en cada caso, que puede ser A Coruña, Baleares, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza.

Los candidatos deberán superar pruebas de aptitud con carácter eliminatorio. La primera de ellas será de aptitud física y deberá presentarse un certificado médico para poder realizarla. La segunda es una prueba de conocimientos teórico prácticos, que será de 50 minutos si quiere para vigilantes de seguridad, solo de 15 minutos en el caso de los vigilantes de explosivos y deberán realizar ambas si se quiere trabajar como escolta privado. Entre el temario que incluye estas pruebas se encuentran diferentes módulos comunes de Derecho, otros del área socio y técnico profesional e incluso instrumental, así como algunos específicos en el caso de la formación previa para escolta privado y vigilante de explosivos.

CÁDIZ: Vigilantes del Puerto de Sotogrande colaboran en la localización de autores de robo en el interior de un vehículo

Las detenciones se produjeron gracias a que el servicio de vigilancia privada de la urbanización de Sotogrande comunicó a la patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, la entrada en la citada urbanización de un vehículo sospechoso con dos personas.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto Principal de Guadiaro, detuvieron a los dos autores de un robo en el interior de un vehículo ocurrido el pasado mes de septiembre en el Puerto Deportivo de Sotogrande. Los agentes acudieron al lugar y facilitaron los datos del vehículo a los vigilantes de seguridad. De inmediato se realizó una búsqueda por el complejo, localizándolos en los aparcamientos de la playa.

Una vez identificados sus ocupantes, advirtieron que ambos estaban implicados en un robo con fuerza cometido en el interior de un vehículo en el Puerto Deportivo de Sotogrande a finales del pasado verano, en el que sustrajeron una maleta con ropa y 200 euros. Por lo que se procedió a su detención. Los detenidos, de nacionalidades argelina y marroquí, con residencia en Marbella (Málaga) de 67 y 36 años de edad, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial en unión de las diligencias instruidas.

MADRID: Vigilante de seguridad colabora en la detención de los presuntos ladrones de garajes en Colmenar Viejo

La Policía Local ha localizado y detenido a los presuntos autores de los últimos robos en garajes y trasteros registrados en las urbanizaciones de Colmenar Viejo

Un importante operativo de vigilancia de la Policía Local en colaboración con la Guardia Civil ha conseguido la localización y detención de los presuntos responsables de varios robos en garajes y trasteros en Colmenar Viejo.

Un vigilante de seguridad de una urbanización de la calle Transcantábrico en el barrio de La Estación alertó a los agentes de que cuatro individuos habían entrado en los garajes sin producir ningún daño en los vehículos porque al verle “habían huido”. La Policía Local hacía en ese momento un peinado de la zona para intentar localizarles y activaba un dispositivo de vigilancia en las entradas y salidas del municipio para evitar que huyeran de la localidad.

Gracias este trabajo policial, fue localizado un vehículo de la marca Renault con los cuatro sospechosos, dos de ellos fueron detenidos por la Guardia Civil por tener requisitorias pendientes relacionadas con robos de las mismas características que los cometidos en Colmenar Viejo.

12 de enero de 2017

Defensa contrata a una firma vinculada al 'capo' de la seguridad privada

Marsegur recibe la adjudicación provisional del Gobierno para vigilar las sedes de las Fuerzas Armadas por 15 millones de euros. Esta empresa está asociada, vía Acosepri, a Seguridad Integral Canaria, compañía del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. 

El Gobierno ha adjudicado el acuerdo marco de servicios de seguridad (vigilantes con y sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos relativo al año 2017 a la empresa Marsegur Seguridad Privada SA. Una firma que tiene estrecho vínculo con el conocido como capo de la seguridad privada, el también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria SA.

El contrato partía de un presupuesto base de licitación de 18.960.000 euros (impuestos incluidos) para un periodo de ejecución de un año. Ha sido otorgado de manera provisional (será formalizado antes del 9 de febrero) por un importe de 15 millones, según fuentes conocedoras del proceso de concesión. Esta adjudicación provisional tiene fecha de15 de diciembre, según acuerdo de la Junta de Contratación, por lo que se firmó con la estancia ya de María Dolores de Cospedalal frente del Ministerio de Defensa. A este procedimiento abierto, de tramitación ordinaria, se presentaron siete ofertas, siendo finalmente elegida Marsegur por ser la "más ventajosa económicamente".  Desde la adjudicataria señalan que Miguel Ángel Ramírez "no guarda ni ha dispuesto de participación accionarial en Marsegur Seguridad Privada SA, ni ostenta ni ha ostentando cargo representativo en la misma". También subrayan que dicha empresa "no es ni ha sido en ningún momento una filial encubierta de la mercantil Seguridad Integral Canaria SA".

Sin embargo, sí que hay conexión entre Ramírez, indultado en 2013 por el Gobierno de un delito medioambiental que le condenaba a tres años y un día de cárcel, y la firma Marsegur Seguridad Privada SA. Esta entidad y la compañía Seguridad Integral Canaria SA, de la que Ramírez es propietario, constituyen, junto a Power Sic SL y Sinergias de Vigilancia y Seguridad SA, la asociación empresarial denominada "Asociación de Compañías de Seguridad Privada", en siglas Acosepri. La Dirección General de Empleo, dependiente del Ministerio de Empleo, admitió el depósito de sus estatutos mediante resolución de 11 de septiembre de 2014, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por Antonio Redondo, en representación de Marsegur; Andrés Guzmán, de Seguridad Integral Canaria; Jacobo López, de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, y Lino Chaparro, de Power Sic, todos ellos en calidad de promotores. El presidente de Acosepri es Antonio Redondo, administrador único de Marsegur. Además, Power Sic SL tiene como accionista a Ralons Servicios SL, firma de la que el capo indultado posee un 50% (de capital social), según datos del Registro Mercantil recabados por la plataforma online Insight View. La otra mitad pertenece a Seguridad Integral Canaria SA, controlada también por el presidente de la UD Las Palmas.  Para más inri, Gladys J. Acosta, una antigua apoderada de Marsegur (nombrada en julio de 2015 y cesada un año después) es la administradora única de MAR Asesores y Consultores SL, propiedad también del famoso empresario canario, incluido en el círculo de amistades de José Manuel Soria (PP), exministro de Industria.

"Rozan la esclavitud" La federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT considera que Marsegur (cuyas tres primeras letras son idénticas a las iniciales de Miguel Ángel Ramírez) es una "marca blanca" del negocio de este rey de la seguridad. Para el sindicato, Marsegur opera con unas condiciones laborales que "prácticamente rozan la esclavitud", estando "muy por debajo del Convenio de Seguridad Privada de ámbito sectorial". Así mismo, dicha federación declaró a Vozpópuli que en las semanas que restan hasta la formalización del contrato en el mes de febrero, tiene previsto exigir "en la calle" y a través de los pertinentes "elementos jurídicos" a su alcance, que el Ministerio de Defensa, como parte actuante en el concurso, y Marsegur, como adjudicataria, apliquen el Convenio Colectivo de Seguridad Privada a la totalidad de vigilantes afectados. Ramírez también está siendo investigado en la comisión de un presunto fraude fiscal de 13,78 millones de euros entre 2008 y 2013 por pagar sistemáticamente las horas extras como dietas (no tributan) a empleados de Seguridad Integral Canaria SA. En la causa del indulto, el Tribunal Supremo revocó la medida de gracia en junio de 2015.