Noticias Destacadas SPV Sevilla


5 de diciembre de 2016

Asiste a las I Jornadas de Puertas Abiertas de SPV Sevilla


UNAS JORNADAS DE CONVIVENCIA A LAS PUERTAS DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

El Comité Ejecutivo de SPV Sevilla ha preparado estas jornadas para que todos los que forman parte de este sindicato puedan compartir juntos unas horas de convivencia a las puertas de las fiestas navideñas, agradeciendo de corazón el apoyo y la confianza que depositan en SPV sus afiliados y simpatizantes.

Durante toda la mañana del 22 de diciembre las instalaciones de la sede social estarán de puertas abiertas para recibir a todo aquel que se quiera acercar. Se podrá degustar una muestra de dulces navideños en un rato de convivencia donde habrá ocasión de comentar las cosas que están pasando en nuestro sector. SPV quiere aprovechar este tipo de encuentros para reconocer públicamente a compañeros que llevan toda su trayectoria profesional apoyando apoyándolos con su afiliación. Como finalización de las jornadas se sorteará entre todos los compañeros que hayan pasado por la sede ese día una magnífica cesta de navidad.

No faltes... ¡Te esperamos!

La nueva cúpula de Interior, dispuesto a negociar mejoras en las condiciones laborales de los policías

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se ha referido hoy al conflicto colectivo declarado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ante el Ministerio del Interior y ha mostrado su total disposición a dialogar para mejorar las condiciones laborales de los agentes.

Ayer, el SUP declaró ese conflicto y anunció su intención de convocar movilizaciones, una decisión cuyo detonante, según el sindicato, han sido las instrucciones de la Dirección General Operativa del cuerpo para el disfrute de los permisos de navidades, que considera perjudiciales para los agentes que tienen turno de noche o turnos rotatorios completos.

El sindicato ha pedido asimismo que se convoque la mesa de seguimiento de la jornada laboral. Tras inaugurar una jornada sobre los delitos de odio en personas con discapacidad, Nieto ha querido dejar claro que el diálogo como forma de trabajo está en el ADN del nuevo equipo de Interior, entre ellos el director general de la Policía, Germán López Iglesias, que sabe que "el diálogo tiene que ser una herramienta cotidiana con los sindicatos policiales". Nieto ha explicado que sólo el SUP ha planteado este conflicto, no secundado por el resto de los sindicatos policiales, pero ha insistido en que su reivindicación es legítima.

"Tenemos que sentarnos y abordar el problema, éste y cualquier otro que se produzca", ha asegurado Nieto, quien de todos modos ha recordado que apenas lleva una semana en el Ministerio y que, lógicamente, tendrá que ponerse "un poco al día de la situación de cada ámbito" de Interior. Uno de los más importantes es, a juicio de Nieto, la relación con los funcionarios del Ministerio en general y, en particular, con los de las fuerzas de seguridad del Estado, que debe ser una "constante".

Para Nieto, el diálogo va a permitir resolver los problemas porque "la voluntad de todos los sindicatos y la nuestra es mejorar las condiciones de trabajo de los agentes" y la atención a la sociedad desde la política de seguridad nacional.

Europol crea un "calendario de adviento" con los criminales más buscados



Los criminales más buscados de la Unión Europea en una especie de "calendario de adviento"

Cada día se abrirá una nueva "ventana" en el calendario que mostrará la cara, qué aspecto podría tener en la actualidad y los cargos del criminal

La Oficina Europea de Policía, Europol, pide desde este jueves la colaboración ciudadana para localizar a los fugitivos más buscados de la Unión Europea (UE) a través de una especie de calendario de adviento, que irá mostrando cada día de diciembre a un criminal. A través de la página web www.eumostwanted.eu, la oficina quiere dar a conocer de manera original a un fugitivo, buscado por un Estado miembro diferente, hasta el próximo 23 de diciembre. "Por favor ayúdennos a encontrar a estos criminales y a hacer las calles de Europa más seguras antes de las fiestas", señala Europol.

Cada día se abrirá una nueva ventanita en el calendario que mostrará la cara del criminal buscado, qué aspecto podría tener en la actualidad y los cargosde los que se le acusan. El criminal que ha estrenado la "campaña de diciembre" de Europol es el austríaco Tibor Foco, de 60 años, buscado por su país por haber disparado a una prostituta en la cabeza en 1986 y haber huido en una motocicleta -cuya fotografía también se publica- cuando gozaba de un permiso especial carcelario. Añade que lleva huido desde hace 21 años y que se le sentenció a cadena perpetua.

La web de los fugitivos más buscados de la UE la creó el pasado enero, con apoyo de Europol, la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Sospechosos(ENFAST), compuesta por los oficiales de policía de los Veintiocho y especializada en emprender acciones inmediatas para localizar y arrestar a fugitivos. La web está disponible en 19 lenguas y su contenido es gestionado y publicado por los equipos nacionales de ENFAST en los diferentes Estados miembros. Los administradores actualizan la página con información de los fugitivos más buscados y reciben también directamente cualquier pista que se les remita sobre ellos.

4 de diciembre de 2016

GRANADA: Reducen seguridad privada de edificios municipales para dárselas a policias en segunda actividad


La ciudad ahorrará 300.000 euros al año al dar tareas a los policías en segunda actividad.

Estos agentes asumirán la vigilancia de los edificios municipales en ciertos horarios, lo que reduce el contrato de seguridad privada

El contrato de vigilancia de los edificios municipales había sido objeto de crítica en los últimos años, en boca de distintos grupos municipales. El concejal de Economía, Baldomero Oliver, anunció ayer que este contrato se verá reducido en 300.000 euros anuales gracias a una reordenación de las tareas de la Policía Local. «Gracias a un trabajo intenso y riguroso del jefe de Policía Local, se ha optimizado el personal de segunda actividad y la vigilancia privada se ha reducido sustancialmente», señaló ayer Oliver, en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los asuntos que se aprobaron en la junta de gobierno local.

Esta nueva organización de los agentes de segunda actividad -a partir de cierta edad, ya no patrullan ni hacen determinadas tareas- permitirá que el contrato de control de acceso y vigilancia de edificios municipales se reduzca desde los más de 700.000 euros anuales que se venían abonando. Al ser un contrato por cuatro años, el ahorro será de 1,2 millones en los próximos ejercicios. Según apuntó el edil de Economía, habrá turnos de tarde y noche que tendrán que seguir haciendo vigilantes de seguridad en lugar de agentes, pero la factura municipal se verá reducida.

También anunció un ahorro de 100.000 euros en el contrato del seguro de asistencia sanitaria por parte del personal funcionario del Ayuntamiento de Granada. Oliver anunció que se han suscrito préstamos a corto plazo por valor de 25 millones de euros, que permitirán afrontar el pago de las facturas durante los primeros dos meses del próximo 2017. El concejal destacó que «el Ayuntamiento genera cierta confianza en las entidades bancarias», gracias a lo cual se logró el préstamo.

Presupuestos Se refirió también el concejal a la negociación de los presupuestos municipales para el ejercicio 2017, una tarea que quiere comenzar el próximo lunes 12 de diciembre, fecha en la que convocará a los grupos municipales para ir abordando el documento. Oliver apuntó que se les mandará información actualizada, ya que se sigue trabajando en las peticiones de dinero de las áreas. En referencia a la petición de 'Vamos, Granada', de convertir el cobro del agua en una tasa, señaló que es un proyecto que debe asumirse a largo plazo. «No puede ser una exigencia que haga inviable el presupuesto», señaló. «Como propuesta a medio-largo plazo es interesante», dijo.

Toneladas de droga aprehendida en Andalucía se guardan fuera del búnker de seguridad

El área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno, responsable de almacenar la droga en el búnker, se niega a conservar los fardos con la excusa de que no hay contratado suficiente personal de seguridad.

El Ministerio del Interior almacena miles de kilos de droga en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, sede que en 2008 sufrió un robo de 154 kilos de heroína y cocaína incautada a los narcos. La paradoja es que tras esa sustracción en el corazón de la policía en Andalucía, Interior construyó un búnker que ya lleva tres años abierto pero apenas contiene alijos. El área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno, responsable de almacenar la droga en el búnker, se niega a conservar los fardos con la excusa de que no hay contratado suficiente personal de seguridad.

Dado que el principal depósito para alijos de drogas de la región que es puerta de entrada tradicional del hachís a Europa está inutilizado, la policía y la Guardia Civil almacenan en sus instalaciones las sustancias hasta su destrucción, una situación denunciada de manera insistente por ambos Cuerpos ante la Comisión de Policía Judicial de la capital andaluza. Las toneladas de droga almacenada fluctúan, ya que cada semana hay nuevas aprehensiones mientras que los fardos se destruyen en cementeras y un horno crematorio. La dejación del área de Sanidad implica el riesgo de un nuevo robo en una región donde bandas criminales han quitado 1.700 kilos de droga a las autoridades en Sevilla, Huelva, Málaga y Cádiz durante los últimos ocho años.

“Les construyen un búnker con sistema de retardo de apertura, control de humedad, donde la máquina sabe que el sábado no puede abrirse (…) Sanidad se debe encargar del análisis, el almacenamiento, la custodia y la destrucción, pero se incumple la ley y aquí no pasa nada”, denuncian fuentes policiales. Las Fuerzas de Seguridad interceptaron 378.702 kilos de hachís durante el año pasado y 298.734 de ellos en Andalucía (el 78%), a los que hay que sumar 1.869 kilos de cocaína, según datos del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado). El búnker de Sevilla está pensado para aglutinar la droga incautada la capital andaluza pero también la requisada en Huelva, Córdoba y Jaén.

Hay un dato que revela la dimensión del problema: de las últimas 32 sesiones de la comisión de Policía Judicial (que reúne a policía, Guardia Civil, Audiencia Provincial, Subdelegación del Gobierno y fiscalía), la destrucción de drogas se ha tratado en 16 de ellas. Es decir, el tema vuelve y vuelve a debatirse como una gota malaya sin solución. El presidente de dicha comisión y de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, censura: “Es un tema recurrente que se plantea una o dos veces al año. Estaba en vías de solución, pero convocaremos al mando de Sanidad para que nos explique por qué no se destruye con la celeridad necesaria”. El responsable de Sanidad, Salvador Rivera, ya ha declarado ante la comisión en tres ocasiones pero ahora ha rechazado opinar sobre el bloqueo para este diario. Mientras, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ve la solución muy cerca a pesar de los tres años transcurridos desde que el almacén se inauguró: “Estamos a punto de solucionarlo. Pedimos un último informe a Seguridad Privada porque antes de abrir [el búnker] tenemos que garantizarnos todas las medidas de seguridad”, arguye.

El robo de 154 kilos de cocaína y heroína en los calabozos de la Jefatura Superior de Sevilla en 2008 fue obra de un agente díscolo, detenido y condenado a 17 años de cárcel, pero las desastrosas condiciones de seguridad sirvieron de alfombra roja. ¿Ha mejorado desde entonces la seguridad? “Totalmente”, responde el comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Enrique Jiménez. La Jefatura de Policía de Sevilla está estos días pendiente del nombramiento de un nuevo jefe superior por parte del ministro, Juan Ignacio Zoido, después de la jubilación del anterior, Francisco Perea.

El problema del almacenaje de la droga antes de su destrucción en hornos no es exclusivo de Andalucía. Galicia, una de las mayores puertas de entrada de la cocaína (3.769 kilos incautados en 2015, el 17% del total), carece de un depósito judicial donde almacenar la droga intervenida, según denuncian fuentes policiales. "Es un problema serio. Hasta hace unos años se custodiaba en la comisaría de Lonzas (A Coruña) pero debido a una circular cerraron el depósito. Actualmente, cuando se interviene droga, la custodia el jefe de grupo en su despacho y si es una cantidad grande en una furgoneta precintada en la Jefatura Superior de Policía de Galicia", subrayan dichas fuentes.

En paralelo al problema del almacenaje, un factor que retrasa la destrucción es que los jueces posponen la quema de droga para garantizar los contraanálisis que piden las defensas durante la instrucción. “No hay cultura destructiva en los jueces. Cuando entra la droga el juez le da una importancia secundaria y administrativa respecto a la investigación. Es una cultura que hay que cambiar”, apunta Álvarez sobre sus compañeros jueces de instrucción. Este cambio de mentalidad ya no es tan determinante gracias a que el último cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorgó a las Fuerzas de Seguridad la potestad para destruir la droga transcurrido un mes, a menos que el juez se opusiera con una resolución motivada.

Al riesgo potencial que soporta la policía por guardar la droga, la Guardia Civil le añade la alerta sanitaria que genera guardar en las comandancias, donde viven familias, cientos de plantas de marihuana incautadas en invernaderos. Son plantas húmedas que acarrean larvas y cuya quema debería ser inmediata, pero los jueces la retrasan una vez y otra. Por si fuera poco, el cultivo de la marihuana –y por tanto las incautaciones- se multiplica cada año porque “es el futuro de este negocio”, según coinciden fuentes policiales, ya que supone un riesgo de condenas de cárcel leves y se evita la negociación con terceros narcotraficantes habituales suministradores, marroquíes o colombianos.

3 de diciembre de 2016

Nota Urgente reunión SegurIberica y Consorcio de Servicios

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Estimados compañeros, durante el día de hoy hemos tenido la segunda reunión del proceso de ERE de las empresas SEGUR IBÉRICA y CONSORCIO DE SERVICIOS, pertenecientes al Grupo Segur.

Esta reunión se ha destinado a tratar de analizar la voluminosa documentación aportada por la empresa en la primera reunión del día 28 de Noviembre.

Iniciada la reunión, se ha puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, la falta de pago de los salarios del mes de Octubre de algunos compañeros de Segur Ibérica, y la exigencia del pago inmediato de los mismos. La representación sindical ha puesto en tela de juicio la buena fe de la empresa por la forma de llevar a cabo el proceso de negociación de ERE, ya que este ha sido combinado con un concurso de acreedores voluntario, que entendemos que si se lleva a efecto, dejaría sin efecto las negociaciones y acuerdos que se alcancen en la negociación del ERE. La parte empresarial, sigue tramitando el ERE que afecta a la totalidad de los trabajadores de la plantilla del Grupo Segur sin concretar si se ha admitido a trámite el concurso de acreedores solicitado, ni si se ha producido la venta de las unidades productivas a otra empresa ofertante.

La empresa tampoco ha desmentido los rumores de venta al grupo I-SEC. Por lo tanto, ante este clima de confusión, quedamos a la espera de la reunión del día 13 de Diciembre, en la que esperamos tener información más concreta que ayude a despejar todas las dudas que tenemos hasta el momento.

No queremos ningún vigilante de seguridad cobrando 700 euros de salario ¡ASÍ NO!



El pasado día 3 de Noviembre de 2016, ha sido publicado el Convenio Colectivo de la Empresa Terracosta Seguridad S.L. por una vigencia de 4 años , (2016-2020) para un ámbito territorial de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. El salario del Vigilante de Seguridad en esta empresa es de 725 Euros brutos, y otras tantas condiciones muy inferiores al Convenio Estatal de Empresas de Seguridad. Entre otras cosas no reconoce el derecho de subrogación de los trabajadores

Ningún trabajador de la seguridad privada debería de prestar sus servicios por menos de lo que marca el convenio colectivo estatal, que contempla ya de por sí unos salarios que no se ajustan con la responsabilidad y la peligrosidad que soporta nuestra profesión. Por tanto es evidente que no podemos ni debemos permitirle que esta empresa entre en ningún servicio donde existan vigilantes de seguridad acogidos al convenio estatal. Iniciamos el estudio de impugnación del Convenio de la Empresa Terracosta Seguridad S.L.

No queremos ningún vigilante de seguridad cobrando 700 euros de salario ¡ASÍ NO!


Convenio de ámbito inferior a la empresa no tiene prioridad aplicativa ‘ex’ art. 84.2 ET (STS 22/9/16)

Resultado de imagen de en el punto de mira SPVLa STS 22 de septiembre 2016 (rec. 248/2015), resolviendo una demanda de conflicto colectivo por impugnación de convenio, ha establecido que un convenio colectivo de ámbito inferior a la empresa no tiene reconocida la prioridad aplicativa que prevé el art. 84.2 ET. Sin duda, se trata de un pronunciamiento relevante, pues, salvo error u omisión, es la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncia al respecto. Veamos, a continuación, los detalles del caso y la fundamentación de la sentencia.


1. Detalles del caso El origen del conflicto radica en una demanda de conflicto colectivo por impugnación de convenio formuladas por los sindicatos UGT y USO contra la empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A. y la Comisión Negociadora (Parte Social), solicitando

“se declare nulo el convenio publicado en el BOCAM de fecha 25 de octubre de 2014 para los trabajadores de la comunidad de Madrid de la empresa Grupo Control de Empresa de Seguridad SA, y subsidiariamente para el caso de no entenderse la nulidad del mismo se declare nulos todos aquellos artículos relatados en el cuerpo de ese escrito que concurren con el convenio estatal de empresas de seguridad privada o son ilegales (18, 22, 41, 41 bis, 45 y 71)”. La STSJ Madrid 18 de mayo 2015 (rec. 197/2015), tras analizar el caso, declara la inaplicación de los referenciados artículos.

En concreto, siguiendo la síntesis que lleva a cabo el TS (y, sin perjuicio de lo que, con más detalle, se expondrá posteriormente en el apartado crítico), el TSJ de Madrid analiza el ámbito del convenio impugnado poniendo de relieve que, pese a su denominación, el mismo se circunscribe a las relaciones laborales de los trabajadores en la Comunidad de Madrid y, puesto que la empresa desarrolla actividad y presta servicios en otras zonas del territorio nacional, no puede calificarse de convenio de empresa, sino de ámbito inferior a la misma. En consecuencia, no tratándose de un convenio colectivo de empresa, sino de ámbito inferior, carece de la preferencia aplicativa del art. 84.2 ET.

Por este motivo, analiza el eventual conflicto de concurrencia con el convenio colectivo sectorial de ámbito estatal. A resultas de dicho análisis, el TSJ aprecia la indicada concurrencia y, por ello, concluye con la necesidad de expulsar del ordenamiento jurídico los preceptos del convenio impugnado que resultan incompatibles con la regulación de ámbito superior. La empresa, disconforme con este planteamiento, decide interponer recurso de casación ordinaria, alegando la infracción del art. 84 ET.

2. Fundamentación de la sentencia La fundamentación de la STS 22 de septiembre 2016 (rec. 248/2015), siguiendo la misma argumentación que la empleada en la instancia, se articula a partir de dos elementos: primero, el convenio no puede calificarse de “empresa”; y, segundo, la literalidad del art. 84.2 ET no atribuye prioridad aplicativa al convenio de ámbito inferior de la empresa. Veamos los argumentos de cada uno de ellos:

A. Convenio colectivo de ámbito inferior al de la empresa

Al igual que el TSJ Madrid, el TS confirma que, efectivamente, se trata de un convenio colectivo de ámbito inferior al de la empresa (de hecho, afirma, “ningún reproche de legalidad cabría achacarle al convenio impugnado si su ámbito fuera efectivamente el de la empresa”).

En concreto, llega a esta afirmación en base a lo siguiente:

“Ocurre que, como queda patente con la lectura del propio texto del convenio, su ámbito se circunscribe exclusivamente a los trabajadores de la empresa en la Comunidad de Madrid. Y, ciertamente, el convenio se negoció entre la empresa y la representación de los trabajadores de Madrid. Además, en lógica congruencia, la publicación del mismo se llevó a cabo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Finalmente, es asimismo un hecho conforme el que la empresa extiende su actividad y sus relaciones laborales a otras zonas del territorio nacional. Con tales premisas se hace imposible afirmar que el convenio colectivo pueda ser calificado como convenio ‘de empresa’ ya que su ámbito de afectación es obviamente inferior al del conjunto de las relaciones laborales de la empresa demandada”.

B. La prioridad aplicativa ex art. 84.2 ET sólo es predicable del convenio colectivo de empresa

Llegados a este estadio, el TS – al igual que en la instancia – entiende que “el legislador no ha optado por generalizar la prioridad de los convenios inferiores sobre los de ámbito superior”. De modo que la prioridad aplicativa que se establece en el citado art. 84.2 ET “sólo se impone respecto del convenio de empresa o del convenio colectivo de grupo o de empresas vinculadas”. Y, en esta línea, apunta que “La definición de convenio de empresa del precepto es coherente con la determinación de la legitimación para negociar del art. 87 ET , al que congruentemente se refiere el propio art. 84 ET cuando precisa acudir al concepto de grupo de empresas o pluralidad de empresas vinculadas”.

Por otra parte (a partir de la interpretación conjunta de los apartados 1 y 2 del art. 84 ET), asumiendo que la prioridad aplicativa del convenio de empresa actúa como excepción a la regla general que contiene el apartado 1, el Alto Tribunal entiende que debe ser interpretada restrictivamente, esto es, en los “propios términos utilizados por el legislador”. Y añade,

“cuando el apartado 2 indica las materias sobre las que rige tal prioridad lo hace en referencia exclusiva a los convenios de empresa, sin mención alguna a ninguna otro ámbito inferior ni precisión si sobre éstos últimos tendrían repercusión las misma materias. Ponemos de relieve que en algunas de esas materias se aprecia claramente que es la empresa – y no la unidad inferior- el término de referencia, como ocurre con el salario (apartado a del art. 84.2 ET) o el sistema de clasificación profesional (apartado d del art. 84.2 ET)”. Por todo ello, rechaza el motivo alegado por la empresa.

3. Valoración crítica: el principio de proximidad no abarca al convenio colectivo inferior al de empresa

Asumiendo que el convenio colectivo firmado por GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A en la Comunidad de Madrid no puede ser calificado como de empresa, la interpretación del art. 84.2 ET en sus propios términos que lleva a cabo el TS, es particularmente adecuada a la naturaleza excepcional de la prioridad aplicativa que predica el citado apartado 2º. De hecho, la lectura de la STSJ Madrid 18 de mayo 2015 (rec. 197/2015) resulta particularmente ilustrativa, especialmente, porque expone este argumento con especial detalle (y claridad). Y, por este motivo, me gustaría resaltar los elementos que creo que son principales:

Primero: es importante advertir que, a la luz de la literalidad de la norma,

“la unidad privilegiada de fijación de las condiciones de trabajo es la empresa, el grupo de empresas y la pluralidad de empresas vinculadas. Por tanto, el elemento que vertebra la prioridad aplicativa viene determinado por el elemento ‘empresa’, tratando con ello de garantizar la descentralización de la negociación colectiva para facilitar una negociación de las condiciones en un nivel más próximo y, por ello más adecuado, a la realidad de las empresas (E.M. RD-Ley 3/2012). Se trata de que el convenio de empresa opere de forma prevalente como ‘convenio de proximidad’. El convenio de empresa es, por tanto, el convenio considerado legalmente como más próximo, por tanto, el privilegiado”.

Segundo: y, derivado de lo anterior,

“la prioridad aplicativa del convenio de empresa se nos ofrece como una regla de concurrencia de orden público pero materialmente limitada”.

Tercero: asumiendo que la negociación colectiva está sujeta a la ley,

“si la ley establece una preferencia aplicativa de la negociación colectiva en la que la unidad de fijación de las condiciones de trabajo es el concepto empresa (empresa, grupos de empresas, empresas vinculadas), esta unidad no puede, a su vez, ser desmembrada por la negociación colectiva empresarial en unidades privilegiadas inferiores de fijación de condiciones de trabajo (centro o centros de trabajo en una ciudad, provincia o provincias, Comunidad o Comunidades Autónomas…) con igual preferencia aplicativa”.

Especialmente, porque si se admitiera -prosigue el TSJ-,

“ya no sería una empresa (grupo de empresa o pluralidad de empresas vinculadas) o el ámbito de la empresa, sino la parte de un todo. La ley no permite la sustitución de la parte por el todo y el todo, insistimos, es la empresa en sentido estricto o amplio (el grupo de empresas o la pluralidad de empresas vinculadas)”.

Cuarto: si el legislador hubiera querido establecer la prioridad aplicativa de unidades de fijación de condiciones de trabajo inferiores a la empresa lo hubiera así establecido de forma específica.

Quinto: siguiendo el criterio del TJUE en el caso Rabal Cañas, el centro de trabajo y el lugar de trabajo son conceptualmente distintos a la empresa, pues “es aquella parte de la empresa a la que el trabajador se halla adscrito para desempeñar su cometido”.

En este sentido (como contrapunto) repárese que, en este caso, el TSJ Madrid recurre a la doctrina del caso Rabal Cañas para destacar la diferencia entre empresa y centro de trabajo/lugar de trabajo, mientras que en la reciente STS 16 de octubre 2016 (ver al respecto en esta entrada), el Alto Tribunal recurre al carácter no excluyente de estos conceptos para, a través de una “interpretación conforme”, justificar la aplicación directa de la Directiva 98/59 (a la luz de la interpretación de la doctrina Rabal Cañas).

Sexto: si el art. 84.2 ET no fuera interpretado de este modo, podría suceder que a través del concepto “lugar de trabajo” (muy característico de algunos sectores – como el de seguridad que propicia este conflicto) se “hagan desvanecer las posibilidades de negociación colectiva integral entre trabajadores de la empresa”.

Séptimo: empleando la empresa como unidad de fijación privilegiada, y no las inferiores, se protege el principio de igualdad entre todos los trabajadores de una misma organización.

Pero, además, también se respeta el principio de unidad de empresa, a tenor del cual debe tenderse hacia un único convenio colectivo para la empresa siendo su finalidad, precisamente, la de evitar desigualdades para los trabajadores de una misma empresa.

Y, Octavo: ante el argumento de que esta interpretación es excesivamente restrictiva y que es contraria al principio de proximidad que proclama la EM del RD-Ley 3/2012 (debiéndose emplear una interpretación lata, conforme a la intentio legis que expresa el art. 84.2 ET), el TSJ arguye una batería de argumentos que trato de sintetizar a continuación:

1) el concepto empresa se amplía o expande por la ley expresamente “hacia fuera” dando cabida a organizaciones productivas coordinadas estables o temporales pero relacionadas entre sí por motivos productivos;

2) la elección del convenio colectivo de empresa como convenio privilegiado está inspirado en la flexibilidad con el objeto de incrementar la competitividad (y no en la implantación de “medidas de ajuste/dificultades” – objetivo que se alcanza a través de los arts. 41 y 82 ET y que permiten descender al centro o punto afectado para separarse de las condiciones).

3) debe ser la empresa y no el centro la que tiene que lograr con sus trabajadores el equilibro de intereses hacia un nivel más bajo o distinto que la permita competir en mejores condiciones pero siempre de forma leal e igualitaria en términos de competencia mercantil con las otras empresas del sector en el mercado; y

5) si se permitiera la fragmentación a unidades inferiores privilegiadas estaríamos permitiendo la competencia mercantil sobre las condiciones laborales a un nivel local lo que conllevaría el riesgo de degradar por completo los estándares laborales e, incluso, a la destrucción de otras empresas – competencia desleal y al dumping social. En definitiva, a la luz de lo expuesto, estimo que el criterio y argumentación esgrimidos por el TSJ y confirmados por el Tribunal Supremo resultan totalmente acertados.

FUENTE: ignasibeltran.com AQUÍ

CÁDIZ: Se amplian las concentraciones de SPV ante los impagos de Vigilantia Inversiones S.A




S.P.V. realizó el pasado día 25 de Noviembre una concentración de vigilantes de seguridad a las puertas del centro comercial Puerta Europa de la localidad de Algeciras, para protestar por el impago de los salarios de la plantilla de vigilantes de seguridad y auxiliares de servicios que prestan sus servicios en este centro, pertenecientes a la empresa Vigilantia Inversiones S.A

En apoyo de estas 14 familias de trabajadores afectados, nos concentramos los delegados sindicales de SPV a las puertas de este conocido establecimiento comercial. Ahora se amplia las concentraciones a los cuatro siguientes días: 8, 16, 23 y 30 de Diciembre o hasta que abonen los salarios adeudados.

Igualmente estamos en contacto con los propietarios del referido centro INMOBILIARIA DOS PUNTOS a fin de que realice las gestiones oportunas para asegurar el abono de estos salarios, o en su defecto, rescinda el contrato a esta empresa, pues como responsable subsidiario, debe de responder ante estos trabajadores.

¡¡¡Los días 9, 16, 23 y 30 todos a apoyar a nuestros compañeros de Vigilantia!!!

Dudas que nos surgen a los vigilantes de seguridad